Sueño con candidatos y precandidatos que formulen propuestas claras y concretas -sin eufemismos- respecto de sus proyectos en materia criminal. Sobre qué harían, si accediesen al poder, con el sistema penal del Estado, o el aparato represivo, o las agencias del poder punitivo, o la terminología que quieran utilizar o la que sus asesores de imagen les impongan.

Sueño con candidatos y precandidatos que reconozcan -sin desviarse por tangentes o colectoras- la olímpica derrota frente al avance del narcotráfico y del consumo masivo de estupefacientes en la República Argentina. Que asuman la directísima relación entre droga y aumento del delito e incremento de la violencia en casi todas las formas de comisión criminal.

Sueño con candidatos y precandidatos que propongan -al menos- un esbozo de plan para combatir este y otros crímenes organizados, como la trata de personas, el contrabando, la piratería del asfalto, la venta ilegal de armas, etcétera.

Sueño con candidatos y precandidatos que discutan abiertamente sobre el rol de la pena privativa de libertad, sobre la necesidad de un replanteo de las políticas penitenciarias, sobre la construcción de nuevas unidades y alcaldías, sobre el trabajo de los internos, etcétera.

Sueño con candidatos y precandidatos que debatan acerca de la desaparición de estadísticas criminales serias y confiables, pero necesarias e imperativas para la construcción de cualquier política criminal duradera.

Sueño con candidatos y precandidatos que no teman discutir sobre el delito protagonizado por menores de edad, o niños en conflicto con la ley penal. Sobre la edad de imputabilidad. Sobre el régimen penal juvenil.

Sueño con candidatos y precandidatos que fijen postura respecto de las fuerzas policiales y de seguridad como auxiliares de la Justicia y del Ministerio Público. Que expliquen a la ciudadanía sus planes de capacitación, de reconocimiento y de control a los efectivos.

Sueño con candidatos y precandidatos que hablen sobre inteligencia criminal y sobre espionaje ilegal. Sobre qué postura adoptarán frente al fisgoneo estatal a políticos, periodistas, empresarios, sindicalistas, estudiantes… Es decir, frente a esa frenética actividad del Estado negada, pero real, multimillonaria, pero de nivel de peluquería o de mesa de bar.

Sueño con candidatos y precandidatos que hablen sobre el catecismo laico-obligatorio instaurado en facultades de derecho, escuelas de posgrado, consejos de la magistratura, etcétera, denominado “abolicionismo”. Único discurso jurídico-penal para triunfar en el mundo del Derecho penal argentino.

Sueño con candidatos y precandidatos que eliminen para siempre el insulto a nuestra humilde inteligencia, cuando nos hablan de “sensación de inseguridad” o de “descenso de los índices delictivos”.

Hoy tengo un sueño… ¡Ojalá me despierte y se convierta en realidad!

Usina de Justicia es un grupo apartidario de argentinos y argentinas que no se resignan frente al discurso y la (in) acción oficial respecto del delito y del delincuente.

Usina de Justicia quiere reflexionar y discutir acciones concretas para el mejoramiento del Sistema Penal del Estado, entendido éste como un verdadero mecanismo que debe integrarse con los Servicios de Inteligencia,  las Fuerzas Policiales y de Seguridad, el Ministerio Público, la Administración de Justicia Penal, los Servicios Penitenciarios, los Patronatos de Liberados, etc.

Usina de Justicia quiere recuperar el verdadero discurso jurídico-penal, eliminando eufemismos y términos ambiguos, que fueron construyendo un relato absurdo y peligroso. Un relato que transformó a la víctima en victimario y al victimario en víctima. Un relato que colocó el techo antes que los cimientos. Un relato justificante del mal…

Usina de Justicia quiere desenmascarar al abolicionismo y a los abolicionistas, éstos últimos disfrazados de “garantistas”, sin miedo a ser políticamente incorrectos y sin temor a sufrir rótulos ni etiquetas… Por otra parte, no es ninguna novedad utilizar adjetivos que agravien y paralicen acciones concretas. Ya la Inquisisión utilizaba el término “hereje”, para causar terror e inacción frente a las atrocidades de la Iglesia de aquel entonces.

Usina de Justicia quiere denunciar el intento -bastante avanzado, por cierto- de destrucción del actual sistema penal argentino, instalando en Facultades de Derecho, Escuelas de Post-grado, Consejos de la Magistraturas, etc., un catecismo laico y obligatorio, basado en la obra de Eugenio Zaffaroni  y sus seguidores, cuyo “plan de lucha” figura en un libro publicado en 1989 por la Editorial Ediar, “En busca de las penas perdidas”

Usina de Justicia quiere generar luz en medio de tanta oscuridad o, mejor dicho, en medio de tanto oscurantismo.

Usina de Justicia pretende ser una voz alta y clara frente a la subordinación militante del absurdo. Frente a la aberración jurídica. Frente a la injusticia…

Usina de Justicia es, justamente, esperanza.

El informe del magistrado del Ministerio Público fue tildado por funcionarios del Gobierno Nacional de “trabajo universitario” y se lo acusó de haber movilizado  ”recursos humanos y técnicos del Estado, recursos que son limitados  y que se encuentran abocados al desempeño de sus funcionarios particulares para un proyecto personal por encima de las funciones que le corresponden a su grado…”, según informó la agencia DyN.

No es un buen antecedente en miras al sistema acusatorio que se pretende instalar en el ámbito de la Justicia Penal Federal y Nacional, que el Gobierno se irrite y reaccione de esta manera ante informes, investigaciones o denuncias de los fiscales.

Cuando se pide desde el mismo Gobierno una mayor proactividad de los fiscales, un mayor compromiso, que el Ministerio Público actúe de oficio ante conductas sospechosas de criminalidad, etc., se está pidiendo a la magistratura requirente justamente lo que hizo el fiscal Delgado: preguntar; recabar información; inquirir; investigar. Y, en su caso, promover la acción penal.

Sin embargo, la actividad perquisitiva del Ministerio Público no siempre culmina con la promoción de la acción penal pública o con la acusación ante un organismo jurisdiccional. Muchas veces, la reunión de información o de evidencias termina con el archivo de las actuaciones, con la desestimación de la denuncia o con la puesta en conocimiento a organismos no jurisdiccionales a los efectos de dirigir el reclamo, la inquietud o la queja de algún integrante de la comunidad jurídicamente organizada.

Los fiscales no generamos charlas de café o de peluquería, pedimos informes por escrito, con nuestras firmas y sellos aclaratorios.

Los fiscales no invitamos a tomar un vermut a un testigo en un bar, lo citamos legalmente a nuestros despachos mediante cédula, oficio o exhorto.

Los fiscales buscamos información, preguntamos, investigamos… Para eso estamos en el Sistema Penal del Estado.

El Ministerio Público no debe -no debería- ser acosado por los demás Poderes del Estado cuando está cumpliendo con su misión Constitucional, es decir “promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República”, según reza el art. 120 de nuestra Ley Fundamental.

En una República que se digne de serlo, un fiscal que indague los actos u omisiones de algún organismo estatal, lejos de ser perseguido, debería ser protegido por las propias autoridades cuya responsabilidad sea motivo de consulta o investigación.

Caso contrario, la fanfarria que acompañó la presentación oficial  del proyecto de Código Procesal Penal, instalando el sistema acusatorio, será sólo una melodía de bombos, redoblantes y platillos.

Cuando el cargo esté vacante, Ud. debe postularse a la Procuración General de la Nación.

Los fiscales de todo el país – más allá de nuestras jefaturas provinciales- necesitamos a un referente como Ud. Necesitamos al frente de la Fiscalía de la República a un jurista de nota, a un experto constitucionalista, a un amante de la Ley y la Justicia. 

Pero también los representantes del Ministerio Público necesitamos a un líder independiente de cualquier poder político o económico. A un hombre valiente que hable sin tapujos y que actúe en consecuencia, sin importar mediciones de imagen, rating o sondeos de opinión…

Ante versiones que indican que la doctora Alejandra Gils Carbó, actual Procuradora General de la Nación, será promovida a la jerarquía de Ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como fiscal, como abogado, como ciudadano argentino, le ruego evalúe postularse para ocupar la Jefatura del Ministerio Público de mi amada República.

Dr. Marcelo Carlos Romero  -  Fiscal del Ministerio Público

Mucho se ha dicho y escrito sobre estos temas. Plataformas electorales, promesas de campaña, proyectos de reformas y contrareformas de las leyes policiales, penales y procesales penales, cambios en los paradigmas, en los discursos, en las denominaciones, etc. Todo parece inútil frente a los datos de la realidad. Sin embargo, poco se ha dicho o escrito sobre las desconfianzas entre los distintos operadores del sistema penal. Un mal silencioso, artero y letal para cualquier organización humana. Una verdadera fisura del sistema.

Veamos:

-El Poder Judicial y el Ministerio Público desconfían de la Policía. Le adjudican culpas y fracasos en la prevención, en la investigación, en la preservación de las evidencias, en la reserva de las actuaciones -secreto profesional- etc.

-La Policía desconfía de Jueces y Fiscales. Los considera engreídos/as de traje y corbata; falda y tacos altos. Funcionarios/as de escritorio, sin experiencia, soberbios y no conocedores “de la calle”, “del barro”, de la realidad… (“¡Nosotros los detenemos y ellos los liberan!”; ”¡Nosotros estamos en la calle, ellos en sus despachos alfombrados!”)

-Los Organismos de Derechos Humanos -estatales y no estatales- detestan a la Policía y al Servicio Penitenciario y viceversa, y desconfían del Poder Judicial y del Ministerio Público.

-El Poder Judicial y el Ministerio Público desconfían de los Organismos de Derechos Humanos, pero tienen terror reverencial ante sus presentaciones o declaraciones públicas.

-La Policía desconfía del Servicio Penitenciario y viceversa. Ambos tienen “celos de uniforme” respecto del otro. Se auto-adjudican el real conocimiento del delito y del delincuente, despreciando la visión de la otra fuerza de seguridad.

-Todos los organismos que integran el Sistema Penal desconfían de la prensa. Tienen pavor ante noticias que los cite, aunque sea sólo al efecto informativo. Sin embargo, muchos de sus integrantes “mueren” por aparecer en los medios masivos de comunicación y filtran permanentemente información, generando rumores o trascendidos.

Esta simple descripción de una parte de la realidad del sistema penal debería ser tenida en cuenta en futuras (y seguras) “reformas” o “contrarreformas”, ya que la posibilidad de una política criminal seria y duradera, en la República Argentina, parece una verdadera entelequia.