Sin embargo, en los últimos treinta años, el sentido común estuvo ausente en un lugar prohibido para dicha ausencia: el sistema penal del Estado (o aparato represivo, según la moderna terminología progre).

A la ausencia de políticas criminales sensatas y duraderas, a la negación —pública y sistemática— de los problemas que acarrean el crimen y el criminal, a la desaparición de estadísticas serias y confiables respecto de las fluctuaciones del delito y de la violencia en las conductas delictuales, se le sumó un movimiento pendular-espasmódico que osciló desde la mano dura, tolerancia cero hasta el actual y absurdo abolicionismo penal, catecismo laico, obligatorio en facultades de Derecho, escuelas de posgrado, Consejos de la Magistratura, etcétera.

La Biblia abolicionista, concebida entre otros por Michel Foucault, Thomas Mathiesen, Nils Christie, Louk Hulsman, Raúl Zaffaroni y sus seguidores vernáculos, habla del delito como una creación política. Estos gurúes nos iluminan diciendo que el proceso penal es una farsa de los poderosos, quienes les quitaron a los particulares el conflicto y la posibilidad de resolverlo entre ellos. Que la cárcel no sirve para nada. Que el Estado no está legitimado para imponer penas. Que la pena es otro hecho político para llenar de pobres e indigentes las agencias policiales y penitenciarias, para saciar las ansiedades de las clases dominantes o del imperio, frente a la sensación de inseguridad.

La víctima resulta ser el victimario y el victimario, la víctima de un sistema capitalista (o neoliberal) que le quitó oportunidades y lo empujó hacia el delito.

En este orden de ideas, la muerte violenta es una contingencia inevitable.

Estas sandeces han perturbado severamente el juicio crítico de miles de estudiantes de abogacía, graduados, posgraduados y —por supuesto— magistrados judiciales y del Ministerio Público, en todas sus instancias.

Estos galimatías, tan alejados del sentido común como la Tierra de Saturno, forman parte de una inmensa cantidad de fallos judiciales que resuelven respecto de la vida de seres humanos. De su libertad, su honra, su honor, su protección frente al criminal.

Estos sofismas integran el razonamiento de miles de jueces y fiscales en la República Argentina. La mayoría de ellos honestos y probos. Muchos asombrados frente a las descarnadas críticas que reciben cada vez que firman alguna aberración jurídico-abolicionista o son denunciados por las sorprendidas víctimas.

La locura abolicionista ha concebido jueces de ejecución que no creen en la pena. Fiscales que pretenden eliminar el sistema penal. Abogados particulares que repiten como loros que la solución para el flagelo planetario del narcotráfico y del consumo masivo de estupefacientes, y de su directísima incidencia en la conducta criminal, es liberar la venta de todas las sustancias psicoactivas para neutralizar el mercado ilegal. En este caso sí, son capitalistas y defensores de las reglas de la oferta y la demanda.

El abolicionismo penal, si fuera una religión, tendría sacerdotes ateos. Así de incoherente. Así de absurdo.

El trabajo que nos espera es arduo y complicado. Los gurúes abolicionistas, además de haber inventado un extraño idioma e instalado un peculiar discurso jurídico-penal (otro relato), han convencido a sus decenas de miles de seguidores de que constituyen una generación de abogados privilegiada. Muy alejada del vulgo, que no conoce ni entiende nada. Por eso no discuten ni debaten. Están muy por encima de nosotros, en un nivel superior, casi en el Topos Uranus de Platón.

Ojalá los tiempos de cambio que se avecinan tengan en cuenta también esta realidad terrible y patética. Hoy en los Tribunales Penales argentinos falta sentido común. Recuperémoslo.

como para no considerar importantísimo

que las sociedades se esmeren en consolidar

la eficiencia de la Justicia…?

Marcos Aguinis. “Elogio de la Culpa”  (1)

El constante aumento de los índices delictivos, como asimismo el alarmante incremento del uso de la violencia en las distintas formas de comisión criminal, ambos guarismos negados desde el Poder, imponen una serena pero urgente reflexión por parte de quienes integramos el Sistema Penal del Estado. 

En esta oportunidad, no podrá eludirse uno de los temas tabú por excelencia: el narcotráfico, la narcocriminalidad y el combate -y fracaso- del Estado Argentino frente a esta problemática.

Cada vez que surge el tema de la droga y su directa incidencia en el comportamiento criminal, aparecen posturas irreductibles, discusiones de cafetín, ofendidos y ofensores, etcétera.

Algunos, tal vez por esnobismo, enarbolan posturas pretendidamente “progresistas”, exigiendo la despenalización del consumo de estupefacientes, como gran solución a la problemática,  y citan a Michel Foucault y a Antonio Escohotado a discreción, aunque muchas veces no entiendan ni jota…

Otros, en cambio, se alistan en las corrientes de “mano dura” y “tolerancia cero” de Rudolph Giuliani y William Bratton, olvidándose que dichas políticas se ennmarcan en un contrato social, donde no es el Estado el que impone la “dureza”, sino la comunidad jurídicamente organizada quien la reclama a sus dirigentes.

Mientras tanto, la droga sigue envenenando a nuestros jóvenes y está ahí, al alcance de la mano. Es evidente que la eficacia de las leyes nacionales de represión del narcotráfico, deja mucho que desear.

La pésima técnica legislativa utilizada, la falta de recursos materiales y humanos, y la carencia de grupos policiales especializados en materia de drogas en los puntos neurálgicos de la República, conspiran contra una correcta o, a lo sumo, aceptable aplicación de la norma.

Valgan como ejemplos los innumerables “megaoperativos” policiales –siempre autotitulados “xx blanca o blanco”, en un alarde de sobrehumana imaginación- con múltiples detenciones, allanamientos espectaculares, secuestros, decomisos, quema de sustancias prohibidas, etc., etc. Cuando los hechos motivos de investigación son llevados a juicio oral y público, toda aquella parafernalia de gente presa y droga secuestrada se transforma en groseras nulidades procesales, producto de supinas violaciones a las mínimas garantías constitucionales, y como resultado final la libertad de todos o casi todos los detenidos, la libre absolución de los inculpados… Y la terrible sensación de impunidad e injusticia…

Por otra parte, ¿acaso existen grandes o medianos narcotraficantes presos? ¿O simplemente van a la cárcel los últimos y penúltimos integrantes de la infame cadena? La respuesta es más que obvia…

No podrá hablarse –como irresponsablemente lo hicieran ciertos funcionarios públicos- de “sensación” con el problema de la droga. Basta recorrer cualquier ciudad, un sábado por la noche para observar –con una tristeza gigante en el alma- a jovencitos y jovencitas, casi niños, completamente “pasados” de droga y alcohol.

Jóvenes delincuentes, apenas cumplida la mayoría de edad, llegan detenidos a las comisarías, fiscalías y juzgados en un estado de excitación tal, que solamente la marihuana la cocaína, el paco o cualquier otra porquería pueden causar…

Tal vez hayan robado –o matado- por doscientos pesos…, el precio de una dosis de droga en los innumerables puestos de venta existentes en las ciudades y sus alrededores.

Pero la verdadera discusión sigue ausente. Seguimos debatiendo si debe sancionarse o no el consumo de drogas –intentando equiparar nuestra subdesarrollada Latinoamérica con Holanda, Suiza o Alemania- quedándonos en esa controversia, orgullosos… Como si hubiésemos descubierto la pólvora.

En tanto, los narcotraficantes ingresan y egresan de la República con tanta facilidad como un ama de casa al almacén del barrio, intoxican a nuestros jóvenes y continúan lavando sus activos.

La Gendarmería -policía de fronteras- cuidando autopistas urbanas… La Prefectura -policía de las aguas- cuidando barrios chic… ¡Sólo falta la Policía de Seguridad Aeroportuaria cuidando los lagos del sur! 

Este es el momento histórico de replantear el combate contra las drogas, lejos de demagogias y posturas esnobistas. Sin “importar” ideologías e institutos de otras latitudes, con realidades socioculturales e idiosincrasias totalmente distintas a las nuestras.

Aceptar desde el Estado nuestras culpas y fracasos en la lucha contra el narcotráfico y su incidencia en la criminalidad, es un buen comienzo. De este modo, demostraríamos humildad en nuestra función y respeto por la Comunidad que nos sostiene…

Lo contrario es soberbia y altanería…Y los narcotraficantes seguirán festejando.

(1) Ed. Planeta, Bs. As. 1993, pag. 37

Cada semana, el Gobierno propone algún nuevo disparate para distraer la atención pública durante siete días.

Por lo general, estos dislates, son enunciados por funcionarios de segunda, tercera y hasta cuarta línea del Poder Ejecutivo (Viceministros, Secretarios Nacionales, Directores Nacionales, etc.)

Obviamente, con el aval de sus superiores, lanzan al éter mediático todo tipo de propuestas absurdas para evaluar el impacto en la sociedad vía encuestas de opinión o sondeos de imágen, para obligar a expedirse sobre el tema a los precandidatos presidenciales o a las gobernaciones, para medir la “lealtad” o la “traición” de los integrantes del espacio político gobernante o, simplemente, para distraer a la comunidad toda con una “cortina de humo”.

En este caso, llama poderosamente la atención que sea el titular del organismo nacional de lucha contra las adicciones (Sedronar) el que proponga la legalización del consumo de sustancias psicoactivas…

Confunde peligrosamente el locuaz funcionario la no criminalización del adicto con la legalización del consumo de drogas.

Minimiza el sacerdote la incidencia directísima del consumo de estupefacientes en el aumento del delito y en el incremento de la violencia en casi todas las formas de comisión criminal.

En una simplificación adolescente, Molina vuelve a la carga con la trillada “solución argentina” para enfrentar al narcotráfico internacional: “legalizar para arruinar” el negocio ilegal del comercio de sustancia psicoactivas.

Rara paradoja la de un Gobierno que dice odiar al capitalismo pero propicia una solución de libre mercado para dejar el comercio de drogas en manos de las leyes de la oferta y la demanda…

Por supuesto, lo que nunca dijeron los sabelotodo de la solución vernácula es dónde comprará “legalmente” el consumidor de drogas la sustancia a la que es adicto. ¿Quién controlará el expendio? ¿Cuál será el origen del tóxico? ¿Acaso el Estado producirá cigarrillos de marihuana, clorhidrato de cocaína, drogas de diseño, etc.? ¿Habrá ‘mesas de saldo’ para el paco?

Demasiadas preguntas. Pocas respuestas. Mucha incoherencia.

Aunque, si de incoherencias se trata, la presente sólo sería… ¡una más!

Tal vez, para entender acabadamente la propuesta, habrá que fumar unos gramos de cannabis sativa durante el estudio del proyecto.

Para evitar reconocer la olímpica derrota frente al narcotráfico internacional y local. En su lugar, propone discusiones de café o de bar rockero sobre el uso libre de la marihuana.

Para no admitir que ha instalado -obligatoriamente- en materia penal la doctrina abolicionista de Eugenio Zaffaroni & discípulos en las Facultades de Derecho, Institutos de Post-grado, Consejos de la Magistratura, etc.

Para eludir la discusión sobre el rol de la cárcel, la necesidad de un replanteo de las políticas penitenciarias, la construcción de nuevas unidades y alcaidías, etc. En su lugar, formó el “Batayón militante”…

Para evitar la revisión metodológica y la depuración de las estadísticas criminales, sincerando las cifras reales de los delitos que se cometen en la República. Para ello, instaló la teoría de la “sensación de inseguridad”.

Para no dar el debate sobre delincuencia infanto-juvenil, incidencia de las drogas en las distintas formas de comisión criminal, necesidad de modificar los sistemas procesales penales para niños y adolescentes, creación de establecimientos adecuados para menores de edad, etc. En su lugar, huye por la tangente de temas ajenos a la política criminal.

Para evitar -por todos los medios- la etiqueta o el rótulo de “facho”, que los propios adictos al gobierno utilizan. Para ello, el relato oficial ha creado un nuevo vocabulario jurídico-penal donde las palabras “crimen”, “criminal”, “cárcel”, “orden”, “autoridad”, están terminantemente prohibidas.

Para no contradecir a la intelectualidad “progre”, que considera al criminal como una víctima de la sociedad y a ésta como la verdadera culpable de todas nuestras desdichas… Por irracional que parezca.

Para no sumar un argumento político de peso específico propio a la oposición, sobre todo en un año electoral.

Para quedar bien con Dios y con el diablo, mintiéndoles un poco a ambos… Síntesis de la política argentina en los últimos 60 años.