Se le suma a ello una catarata de sospechas y suspicacias respecto de algunos sectores de la Policía de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de Santa Fe, que perjudican notablemente el objetivo final: un resultado positivo en los múltiples y frenéticos rastrillajes, en pos de encontrar con vida a los peligrosos evadidos y regresarlos a prisión.

Cuando finalice esta crisis, el Gobierno nacional y los Gobiernos provinciales tendrían que discutir un plan nacional de emergencias en seguridad, sus correspondientes protocolos de actuación y fundamentalmente la designación de un comandante general conjunto que responda directamente a un comité de crisis nacional, pero que, a su vez, tenga la facultad de coordinar las órdenes operativas para todas las fuerzas de seguridad federales (Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal) y las policías provinciales y de la ciudad de Buenos Aires.

Sin este comandante general conjunto, las distintas fuerzas de seguridad de la república deben seguir las órdenes de sus respectivos jefes superiores, muchas veces sin coordinación ni planificación previa entre ellos.

Los celos de uniforme y la absurda competencia para determinar quién llegó primero conspiran gravemente en el éxito de las operaciones como la que tiene en vilo al país.

En un Estado donde se nombran funcionarios todos los días, donde se crean secretarías, subsecretarías, direcciones, subdirecciones, comités, agencias, comisiones, etcétera, designar a una persona lo suficientemente capacitada, con probada experiencia y con ascendencia sobre el personal policial y de las fuerzas de seguridad para dar cabal cumplimiento a las órdenes de las autoridades ejecutivas en una crisis de seguridad determinada no parece una empresa imposible.