Al integrar el Ministerio Público, que en la provincia de Buenos Aires es constitutivo del Poder Judicial, soy parte interesada y, por ende, me alcanzan las generales de la ley.

Sin negar que puedan existir integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público que no honren su juramento, o que, lisa y llanamente, hayan cometido o cometan delitos, la inmensa mayoría de los integrantes de la Justicia somos gente de bien, con nuestros errores y nuestras limitaciones. Con nuestros aciertos y nuestros desatinos. Pero gente honesta al fin de cuentas, con una enorme vocación de servicio y amor por nuestro trabajo.

Sin embargo, no estamos dando las respuestas que la ciudadanía exige, en su carácter de sostén de las instituciones republicanas mediante el pago de sus tributos y destinataria de nuestras decisiones.

El fuero penal de los tribunales argentinos se ha convertido en una burbuja ideológico-doctrinaria, donde abundan teorías foráneas y estrambóticas que se ubican en el otro extremo del sentido común.

En los tribunales penales se aplauden vigorosamente las frases ininteligibles —construidas con palabras inventadas— de los gurúes locales del abolicionismo vernáculo. Se adora a su máximo exponente y se lo posiciona en la categoría de semidiós del derecho penal argentino. Se hace cola para conseguir una estampita de Michel Foucault, de Thomas Mathiesen, de Nils Christie, de Louk Hulsman, de Raúl Zaffaroni…

Pero estas conductas enfermizas no sólo alcanzan a los operadores del derecho en el pretorio, sino también a las futuras generaciones de abogados, todavía en formación. En Facultades de Derecho, Escuelas de Posgrado, Institutos de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal, Consejos de la Magistratura, etcétera, se han instalado obligatoriamente, como si se tratara de las tablas de Moisés, los ridículos postulados abolicionistas que consideran al delito como una creación política. Que el proceso penal es una farsa de los poderosos, quienes les quitaron a los particulares el conflicto y la posibilidad de resolverlo entre ellos. Que la cárcel no sirve para nada. Que el Estado no está legitimado para imponer penas. Que la pena es otro hecho político para llenar de pobres e indigentes las agencias policiales y penitenciarias, para saciar las ansiedades de las clases dominantes frente a la sensación de inseguridad… Y la más trágica, que el crimen es un mero conflicto y la muerte violenta es una contingencia inevitable.

Frente a este revoltijo de ideas inconexas y estrafalarias, no es disparatado pensar que el fuero penal del Poder Judicial está gravemente herido, casi en terapia intensiva. Habrá corruptos, sí. Pero también existe una inmensa mayoría de hombres y mujeres de bien que han abrazado estas pseudodoctrinas con total honestidad y totalmente convencidos de sus beneficios.

Esta maldita siembra de ideas afiebradas ha calado hondo en estudiantes de Abogacía, abogados particulares, fiscales, defensores, jueces de instancia, jueces superiores y hasta jueces supremos. Será un camino largo —muy largo— el que debemos recorrer aquellos que consideramos que el derecho penal es sanción, y no un pasaje a Disneyland.

Pero faltan aparecer muchos personajes en esta secuencia de sainete rioplatense: el ex secretario de seguridad Sergio Berni, por ejemplo, quien contaminó la escena del crimen en forma despiadada y recargó hasta la hipersaturación la radiobase de telefonía celular de la zona de Le Parc-Puerto Madero, hablando con su móvil durante horas. El cuerpo de peritos de la Policía Federal Argentina, protagonistas excluyentes del documental titulado Todo lo que no debe hacerse en una escena del crimen, con toda su batería de torpezas y violaciones de los protocolos más elementales de la preservación de las evidencias probatorias. La testigo que denunció el pandemonium del departamento del fiscal muerto, con decenas de personas deambulando sobre las pruebas a recolectar y que fuera tildada de mentirosa o de loca. Las “cartas” en las redes sociales de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, que sugería calificaciones legales y responsabilidades penales a pocas horas de producida la muerte violenta de Alberto Nisman. Las soeces declaraciones del ex jefe de gabinete de ministros Aníbal Fernández, que denostaba a diestra y siniestra la vida privada del procurador fallecido. Etcétera.

Mientras tanto, casi catorce meses de impunidad.

Es de esperar que los nuevos vientos que soplan en nuestra querida patria permitan al Poder Judicial cumplir con su cometido sin presiones ni amenazas. Que jueces y fiscales hagan su trabajo sin esperar al día siguiente el pedido de un juicio político o el siniestro carpetazo.

Ojalá prime el sentido común, la decencia y la racionalidad. Ojalá llegue la Justicia. La memoria de un fiscal muerto por hacer su trabajo y su familia lo merecen.

El Gobierno que se va consiguió algo inédito: agrietar, también, al Poder Judicial.

Uno de los tres poderes del Estado quedó literalmente partido al medio. Por un lado, una “agencia militante”, temblorosa, obediente y pusilánime. Temerosa hasta los límites del ridículo del poder político, de la prensa y de algunos integrantes de organismos de derechos humanos. Eso sí, se autotitula como “legítima”.

En el fuero penal, esta facción se caracteriza por la obediencia ciega y absoluta a los postulados del abolicionismo penal, a la adoración enfermiza hacia sus gurúes y a la satanización de toda persona que lleve uniforme, aunque esta haya nacido en 1990.

Por el otro lado, quedamos los restantes. Los “ilegítimos”. Estupefactos algunos frente a este abismo creado. Combativos otros ante el accionar de la espada divisoria.

De todas maneras, tardamos demasiado tiempo en reaccionar. Tuvimos que esperar que un fiscal de la nación muriera violentamente —en circunstancias aún no esclarecidas— para manifestarnos orgánica, masiva y públicamente en su honor y en defensa de su trabajo. Toleramos hasta límites insoportables que cualquier abogado se transforme en juez subrogante, sin cumplir con las mandas constitucionales y sin respetar las mayorías establecidas en el Consejo de la Magistratura para su designación.

Poco o nada dijimos respecto de la inaudita inversión del paradigma del derecho penal, donde la víctima resulta ser el victimario y el victimario, la víctima de un sistema capitalista (o “neoliberal”) que le quitó oportunidades y lo “empujó” hacia el delito. O, mejor dicho, hacia el “conflicto”, ya que esa es la terminología adecuada en estos tiempos agrietados.

“El delito es una creación político-capitalista que le quitó a los particulares la posibilidad de dirimir pacíficamente el conflicto, para que el Estado pueda mantener el negocio de la inseguridad, llenando las cárceles —o jaulas de exterminio— de pobres y oprimidos”.

Frente a este y otros disparates, los integrantes de la Justicia ilegítima nos quedamos callados durante muchos años. Vimos cómo se colonizaban las cátedras de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal de nuestras Universidades, sin decir una palabra. Vimos cómo esos estudiantes de abogacía se convertían en graduados y accedían a la magistratura, con su catecismo laico-abolicionista bajo el brazo, y miramos para el costado. Toleramos que jueces superiores, jueces de instancia, fiscales, defensores y asesores se confiesen magistrados militantes del nuevo relato, del proyecto.

Fuimos excesivamente tolerantes con el sable que nos agrietó. Reaccionamos demasiado tarde.

Les resultó fácil a los arquitectos de la grieta llevar a cabo su cometido. Tan sólo unos breves y antiguos artilugios: amenazar con el juicio político a los magistrados ilegítimos; algunos de estos aprietes se cumplieron, como el caso del fiscal José María Campagnoli. Etiquetar de “facho” a quien osara desafiar al discurso oficial. Congelar definitivamente la carrera judicial del “díscolo”, como el caso del Dr. Ignacio Rodríguez Varela, etcétera.

Ante estos y otros atropellos, también nos quedamos callados. Hubo honrosas excepciones, sí. Pero no fueron suficientes.

La grieta judicial no se cerrará con la llegada de un nuevo Gobierno. Será un trabajo mucho más largo que un simple recambio institucional. Es nuestra obligación cerrarla. Así lo reclama la ciudadanía, única destinataria de nuestros aciertos y desatinos.

Ya no son necesarios los complicados mecanismos que surgen de un librito delgado, de pocas páginas, llamado Constitución Nacional.

Ahora son vetustos esos anticuados conceptos (antes los llamábamos garantías) de “juez natural” y de “debido proceso legal”.

Ahora es el cambio. El nuevo modelo de vida. El novel relato…

Remover un magistrado judicial que no se adapte a la “nueva era” por estos días es cuestión de segundos.

“¡Marche un juez abolicionista!”. “¿Para cuándo esos camaristas desestimadores?”. “¡Hace media hora que pedí un fiscal archivador!”. Y así.

El Poder Judicial hoy está compuesto por sus cuadros permanentes y por una legión de “suplentes” dispuestos a ingresar a la cancha cuando el técnico lo decida y “para lo que guste mandar”.

¿Concursos de oposición y antecedentes? ¿Exámenes ante el Consejo de la Magistratura? ¿Acuerdo del Senado con mayorías preestablecidas en la Constitución?

De ninguna manera. Esas son prácticas de la “vieja” Justicia, monárquica y corporativa, a la que hay que “democratizar”.

Mientras tanto, se mantienen las vacantes en importantes cargos judiciales por años, se integran con magistrados subrogantes y, cuando estos perjudican con alguna de sus resoluciones al gobierno, a los integrantes del gobierno, a los amigos o los allegados de los integrantes del gobierno, etc., se los reemplaza por otros subrogantes o -directamente- por abogados de la matrícula o conjueces consustanciados con el modelo.

Se promueven leyes orgánicas del Ministerio Público en donde se establece la figura del fiscal coordinador de distrito, que es designado por la procuradora general de la Nación, por dos años y es ese funcionario el que presenta un plan o un mecanismo para la asignación de los casos, que puede ser por turnos o por el sistema que se le ocurra.

O también se establece que la procuradora general designe a los miembros del jurado para los concursos y prevé la creación de procuradurías especializadas.

Es decir, ya se puede “elegir” juez o fiscal… ¡Y si no nos gustan, los cambiamos!

El panorama es sombrío. Pero estas breves reflexiones terminan con un dejo de optimismo: siempre se puede estar un poco peor.

Por ejemplo, el emperador Calígula nombró, con acuerdo del Senado de Roma, a su caballo Incitatus como cónsul del Imperio.

Mucho se ha dicho y escrito sobre estos temas. Plataformas electorales, promesas de campaña, proyectos de reformas y contrareformas de las leyes policiales, penales y procesales penales, cambios en los paradigmas, en los discursos, en las denominaciones, etc. Todo parece inútil frente a los datos de la realidad. Sin embargo, poco se ha dicho o escrito sobre las desconfianzas entre los distintos operadores del sistema penal. Un mal silencioso, artero y letal para cualquier organización humana. Una verdadera fisura del sistema.

Veamos:

-El Poder Judicial y el Ministerio Público desconfían de la Policía. Le adjudican culpas y fracasos en la prevención, en la investigación, en la preservación de las evidencias, en la reserva de las actuaciones -secreto profesional- etc.

-La Policía desconfía de Jueces y Fiscales. Los considera engreídos/as de traje y corbata; falda y tacos altos. Funcionarios/as de escritorio, sin experiencia, soberbios y no conocedores “de la calle”, “del barro”, de la realidad… (“¡Nosotros los detenemos y ellos los liberan!”; ”¡Nosotros estamos en la calle, ellos en sus despachos alfombrados!”)

-Los Organismos de Derechos Humanos -estatales y no estatales- detestan a la Policía y al Servicio Penitenciario y viceversa, y desconfían del Poder Judicial y del Ministerio Público.

-El Poder Judicial y el Ministerio Público desconfían de los Organismos de Derechos Humanos, pero tienen terror reverencial ante sus presentaciones o declaraciones públicas.

-La Policía desconfía del Servicio Penitenciario y viceversa. Ambos tienen “celos de uniforme” respecto del otro. Se auto-adjudican el real conocimiento del delito y del delincuente, despreciando la visión de la otra fuerza de seguridad.

-Todos los organismos que integran el Sistema Penal desconfían de la prensa. Tienen pavor ante noticias que los cite, aunque sea sólo al efecto informativo. Sin embargo, muchos de sus integrantes “mueren” por aparecer en los medios masivos de comunicación y filtran permanentemente información, generando rumores o trascendidos.

Esta simple descripción de una parte de la realidad del sistema penal debería ser tenida en cuenta en futuras (y seguras) “reformas” o “contrarreformas”, ya que la posibilidad de una política criminal seria y duradera, en la República Argentina, parece una verdadera entelequia.

Adrián: ¡Hola Abel!

Abel: Hola Adrián, ¿cómo va?

Adrián: ¡Estoy impactado! ¿Te enteraste del fallo de la Sala II de Casación Penal, respecto de la tenencia de drogas en la cárcel? Los jueces dijeron que no es delito poseer estupefacientes en un establecimiento carcelario para consumo personal, que eso está protegido por el artículo 19 de la Constitución Nacional… ¡Qué locura!!!

Abel: No sé por qué estás impactado. ¡El fallo me parece brillante! Al fin nuestros jueces se han puesto los pantalones largos frente al neopunitivismo deslegitimante…

Adrián: ¿Neo… qué?

Abel: Neopunitivismo deslegitimante. ¿No has leído nada sobre la inflación de las leyes penales, el derecho penal de emergencia, el derecho penal del enemigo? ¿Te quedaste con los libros de Derecho Penal de los dinosaurios que estudiábamos en la Facultad? ¿O acaso te has convertido en un dinosaurio vos también? ¿O en un burócrata de la agencia punitiva?

Adrián: No conocía todos esos conceptos. Ni sabía de tu perfeccionamiento tan avanzado en tan modernas doctrinas. Y tengo apenas 50, che… ¡No me siento un dinosaurio como vos decís! ¿Y la “agencia”? ¿Qué es eso? Conozco las agencias de turismo, de remises…

Abel: Yo le llamo agencia a todos los organismos del aparato represivo del Estado. Vos seguramente los seguirás llamado Poder Judicial, Policía, Servicio Penitenciario, etcétera… En realidad son agencias deslegitimadas del poder punitivo. El Estado no tiene autoridad moral para imponer penas o sanciones, que por otra parte, no sirven para nada.

Adrián: Pero vivimos en una República Abel, tiene que haber un sistema penal. Leyes. Procedimientos. Sanciones. Cárceles… ¿No te parece?

Abel: ¡Para nada! Es un sistema perverso que selecciona a los más desposeídos y los extermina en las jaulas oficiales, que vos llamás cárceles…

Adrián: ¡Pero si se llaman cárceles! ¿Cómo querés que denomine a establecimientos como Marcos Paz, Ezeiza, Olmos o Sierra Chica?

Abel: Jaulas de exterminio…

Adrián: Me parece que estás exagerando. No tengo dudas que hay que mejorar -y mucho- el sistema carcelario argentino. Dotar a las unidades penitenciarias de infraestructura y personal adecuados. Darles a los internos la posibilidad de resocialización…

Abel: ¿Resocialización? ¡Ja! No seas ingenuo, Adrián. El Estado no quiere resocializarlos. Los quiere clientes del sistema por siempre. Para que perdure su discurso deslegitimante…

Adrián: Entonces no entiendo cómo estás de acuerdo con un fallo que permite a los internos drogarse dentro de una cárcel, para que sigan cometiendo tropelías muros adentro, fabricando armas blancas, violando a sus compañeros de pabellón, tratando de fugarse… ¿O me vas a negar la incidencia del consumo de drogas en casi todas las formas de comisión criminal?

Abel: ¿Qué, también estás por la criminalización del consumo de estupefacientes? ¿No leíste el fallo “Arriola”, de la Corte Suprema?

Adrián: ¡Sí, claro que leí! Y lo utilizo en mis defensas casi a diario… Pero estamos hablando de la cárcel, Abel, ¡de la cárcel! ¿Y la resocialización? ¿Y el regreso a la vida en libertad del detenido?

Abel: ¿Y por qué lo vas a obligar a “resocializarse”? ¿En qué ley figura esa pena alternativa? Si el detenido quiere seguir siendo delincuente, ¿quién es el Estado para no dejarlo a su libre albedrío? ¿No te das cuenta de que este sistema se destruye a sí mismo?

Adrián: No. Disiento con vos. Serás un todo experto en las teorías abolicionistas. Hablarás como les gusta a los nuevos profesores de Derecho Penal. Seguramente, ganarías cualquier concurso en el Consejo de la Magistratura. Pero no podrás convencerme para que ponga en una misma situación moral al que delinque y al honesto. No puede ser lo mismo el homicida que el muerto. Me niego a aceptar eso. Juré defender a todo aquel que contrate mis servicios y que yo acepte esa defensa. Pero exclusivamente desde lo técnico-jurídico. No me voy a convertir en un apologista del crimen y del criminal.

Abel: Es una lástima, Adrián, que no comprendas el verdadero sentido de mis palabras. Evidentemente, el monstruo estatal te ha seducido con sus discursos vacíos de contenido y has creído en la ilusión punitivista… Tendrías que leer más a Foucault y menos a Soler y Fontán Balestra…

Adrián: Chau, Abel.

Abel: Chau, Adrián.

Cualquier semejanza con la ficción, es pura coincidencia.