Que el abolicionismo y los abolicionistas han hecho un daño inconmensurable al Derecho Penal Argentino y a la Administración de Justicia Penal, no es ninguna novedad. Por el contrario, es un tema demasiado trillado.

Pero muy poco se ha dicho o escrito sobre la nefasta influencia de esta supuesta corriente doctrinaria en la prevención delictual, resorte exclusivo del Poder Ejecutivo.

En medio de la inaudita ola de inseguridad que nos asola, dónde no sólo el delito aumenta en cantidad, sino que -además- se incrementa la violencia en casi todas las formas de comisión criminal y el negocio de la droga y el consumo masivo de estupefacientes inciden en forma directísima en ambas variables, los gobernantes y los aspirantes a serlo buscan las respuestas a las desesperadas demandas de la comunidad (o “de la gente”, como indican los modernos manuales de marketing político).

“Más policías en las calles”; “camaritas, botones de pánico y alarmas”; “policías municipales, locales, comunales, barriales, deportivas”, etc., parecieran ser las palabras mágicas con las que los candidatos se ilusionan para construir las soluciones a aquellas demandas “de la gente”.

Pero, con la sola presencia no alcanza. El delincuente no se intimida con la existencia de la Policía en las veredas. Ni con las cámaras. Ni con los patrulleros multicolores o con los jovencitos y jovencitas con sus impecables uniformes almidonados, caminando sin rumbo fijo por calles y avenidas… Por el contrario, los desafían constantemente. Es el ADN del criminal.

La prevención delictual es presencia policial, si. Pero también es conocimiento, información, análisis. Es táctica y estrategia. Es adelantamiento a la conducta del ilegal.

Sin embargo, nada de esto sucede con la Policía actual…

Desde hace años, diversos fallos judiciales han neutralizado -o directamente, eliminado- normas contravencionales, facultades policiales preventoras en conductas o sospechas de conducta pre-delictuales (vgr. merodeo, omisión de identificación, vagancia, etc.), eliminación de los álbumes de “modus operandi”, satanización del denominado “instinto policial” o de la llamada “actitud sospechosa”, etc.

Abolir es la cuestión.

Con los rótulos de policización, policialización, estigmatización, militarización policial, derecho penal del enemigo, entre otros términos que adornan cursos, conferencias, libros y revistas de los gurúes abolicionistas, la fuerza policial se fue quedando -exclusivamente- con la presencia, las camaritas y los patrulleros con calcos símil autos del TC 2000… Es decir, estar ahí, en la calle, con la esperanza de atrapar al delincuente in fraganti…

Obviamente, esto no es prevención. El criminal podrá ser aprehendido instantes después de haber cometido el delito… Pero ya habrá robado, violado o asesinado. La policía, en este caso, habrá llegado cinco segundos tarde. Pero tarde al fin.

¿Y el Gobierno?

Mientras los fallos abolicionistas se dedicaban a la prevención delictual, los poderes ejecutivos “acataban respetuosamente” las decisiones de la Justicia…

Presumo que por tres razones:

La primera, era la excusa perfecta para argumentar, respecto de los delincuentes, “la policía los atrapa, el poder judicial los libera”…

La segunda, constituía una oportunidad inmejorable para sostener el discurso progre-abolicionista, y ganar más adeptos.

La tercera, todavía no había nacido el “partido judicial”, y no había necesidad de recurrir las decisiones jurisdiccionales hasta las últimas instancias procesales, presionar a los jueces o amenazarlos con juicios políticos.

En tanto, los delincuentes siguen ahí, en las calles de un país que se acostumbró a vivir al margen de la ley.

Mucho se ha dicho y escrito sobre estos temas. Plataformas electorales, promesas de campaña, proyectos de reformas y contrareformas de las leyes policiales, penales y procesales penales, cambios en los paradigmas, en los discursos, en las denominaciones, etc. Todo parece inútil frente a los datos de la realidad. Sin embargo, poco se ha dicho o escrito sobre las desconfianzas entre los distintos operadores del sistema penal. Un mal silencioso, artero y letal para cualquier organización humana. Una verdadera fisura del sistema.

Veamos:

-El Poder Judicial y el Ministerio Público desconfían de la Policía. Le adjudican culpas y fracasos en la prevención, en la investigación, en la preservación de las evidencias, en la reserva de las actuaciones -secreto profesional- etc.

-La Policía desconfía de Jueces y Fiscales. Los considera engreídos/as de traje y corbata; falda y tacos altos. Funcionarios/as de escritorio, sin experiencia, soberbios y no conocedores “de la calle”, “del barro”, de la realidad… (“¡Nosotros los detenemos y ellos los liberan!”; ”¡Nosotros estamos en la calle, ellos en sus despachos alfombrados!”)

-Los Organismos de Derechos Humanos -estatales y no estatales- detestan a la Policía y al Servicio Penitenciario y viceversa, y desconfían del Poder Judicial y del Ministerio Público.

-El Poder Judicial y el Ministerio Público desconfían de los Organismos de Derechos Humanos, pero tienen terror reverencial ante sus presentaciones o declaraciones públicas.

-La Policía desconfía del Servicio Penitenciario y viceversa. Ambos tienen “celos de uniforme” respecto del otro. Se auto-adjudican el real conocimiento del delito y del delincuente, despreciando la visión de la otra fuerza de seguridad.

-Todos los organismos que integran el Sistema Penal desconfían de la prensa. Tienen pavor ante noticias que los cite, aunque sea sólo al efecto informativo. Sin embargo, muchos de sus integrantes “mueren” por aparecer en los medios masivos de comunicación y filtran permanentemente información, generando rumores o trascendidos.

Esta simple descripción de una parte de la realidad del sistema penal debería ser tenida en cuenta en futuras (y seguras) “reformas” o “contrarreformas”, ya que la posibilidad de una política criminal seria y duradera, en la República Argentina, parece una verdadera entelequia.

Adrián: ¡Hola Abel!

Abel: Hola Adrián, ¿cómo va?

Adrián: ¡Estoy impactado! ¿Te enteraste del fallo de la Sala II de Casación Penal, respecto de la tenencia de drogas en la cárcel? Los jueces dijeron que no es delito poseer estupefacientes en un establecimiento carcelario para consumo personal, que eso está protegido por el artículo 19 de la Constitución Nacional… ¡Qué locura!!!

Abel: No sé por qué estás impactado. ¡El fallo me parece brillante! Al fin nuestros jueces se han puesto los pantalones largos frente al neopunitivismo deslegitimante…

Adrián: ¿Neo… qué?

Abel: Neopunitivismo deslegitimante. ¿No has leído nada sobre la inflación de las leyes penales, el derecho penal de emergencia, el derecho penal del enemigo? ¿Te quedaste con los libros de Derecho Penal de los dinosaurios que estudiábamos en la Facultad? ¿O acaso te has convertido en un dinosaurio vos también? ¿O en un burócrata de la agencia punitiva?

Adrián: No conocía todos esos conceptos. Ni sabía de tu perfeccionamiento tan avanzado en tan modernas doctrinas. Y tengo apenas 50, che… ¡No me siento un dinosaurio como vos decís! ¿Y la “agencia”? ¿Qué es eso? Conozco las agencias de turismo, de remises…

Abel: Yo le llamo agencia a todos los organismos del aparato represivo del Estado. Vos seguramente los seguirás llamado Poder Judicial, Policía, Servicio Penitenciario, etcétera… En realidad son agencias deslegitimadas del poder punitivo. El Estado no tiene autoridad moral para imponer penas o sanciones, que por otra parte, no sirven para nada.

Adrián: Pero vivimos en una República Abel, tiene que haber un sistema penal. Leyes. Procedimientos. Sanciones. Cárceles… ¿No te parece?

Abel: ¡Para nada! Es un sistema perverso que selecciona a los más desposeídos y los extermina en las jaulas oficiales, que vos llamás cárceles…

Adrián: ¡Pero si se llaman cárceles! ¿Cómo querés que denomine a establecimientos como Marcos Paz, Ezeiza, Olmos o Sierra Chica?

Abel: Jaulas de exterminio…

Adrián: Me parece que estás exagerando. No tengo dudas que hay que mejorar -y mucho- el sistema carcelario argentino. Dotar a las unidades penitenciarias de infraestructura y personal adecuados. Darles a los internos la posibilidad de resocialización…

Abel: ¿Resocialización? ¡Ja! No seas ingenuo, Adrián. El Estado no quiere resocializarlos. Los quiere clientes del sistema por siempre. Para que perdure su discurso deslegitimante…

Adrián: Entonces no entiendo cómo estás de acuerdo con un fallo que permite a los internos drogarse dentro de una cárcel, para que sigan cometiendo tropelías muros adentro, fabricando armas blancas, violando a sus compañeros de pabellón, tratando de fugarse… ¿O me vas a negar la incidencia del consumo de drogas en casi todas las formas de comisión criminal?

Abel: ¿Qué, también estás por la criminalización del consumo de estupefacientes? ¿No leíste el fallo “Arriola”, de la Corte Suprema?

Adrián: ¡Sí, claro que leí! Y lo utilizo en mis defensas casi a diario… Pero estamos hablando de la cárcel, Abel, ¡de la cárcel! ¿Y la resocialización? ¿Y el regreso a la vida en libertad del detenido?

Abel: ¿Y por qué lo vas a obligar a “resocializarse”? ¿En qué ley figura esa pena alternativa? Si el detenido quiere seguir siendo delincuente, ¿quién es el Estado para no dejarlo a su libre albedrío? ¿No te das cuenta de que este sistema se destruye a sí mismo?

Adrián: No. Disiento con vos. Serás un todo experto en las teorías abolicionistas. Hablarás como les gusta a los nuevos profesores de Derecho Penal. Seguramente, ganarías cualquier concurso en el Consejo de la Magistratura. Pero no podrás convencerme para que ponga en una misma situación moral al que delinque y al honesto. No puede ser lo mismo el homicida que el muerto. Me niego a aceptar eso. Juré defender a todo aquel que contrate mis servicios y que yo acepte esa defensa. Pero exclusivamente desde lo técnico-jurídico. No me voy a convertir en un apologista del crimen y del criminal.

Abel: Es una lástima, Adrián, que no comprendas el verdadero sentido de mis palabras. Evidentemente, el monstruo estatal te ha seducido con sus discursos vacíos de contenido y has creído en la ilusión punitivista… Tendrías que leer más a Foucault y menos a Soler y Fontán Balestra…

Adrián: Chau, Abel.

Abel: Chau, Adrián.

Cualquier semejanza con la ficción, es pura coincidencia.