1) El abogado defensor de un interno alojado en una cárcel argentina reclama al juez de ejecución competente que se le garantice a su asistido la provisión de telefonía celular, para “afianzar los lazos familiares”. El magistrado resuelve favorablemente el pedido, pero -por las condiciones edilicias del establecimiento carcelario, donde abundan el hormigón armado y las estructuras metálicas- la señal celular es defectuosa o directamente nula.

El defensor exige que el Estado instale una antena de radio-base en el techo de la unidad penitenciaria, para evitar la discriminación de los individuos en contexto de encierro. El juez hace lugar y agrega, sin petición de parte, que la compañía prestataria de telefonía celular, incorpore banda ancha full, internet sin límites y descarga gratuita de aplicaciones en el equipo del interno, ya que tuvo dificultades para utilizar la plataforma Skype al comunicarse con su hermano, detenido en otra unidad carcelaria. Ante esta situación, el abogado del hermano, basándose en la novísima jurisprudencia, solicitó lo mismo para su asistido…

La empresa de telefonía apeló la decisión judicial, pero el Tribunal Superior entendió que debe ser el Estado quien garantice estos derechos. La cuestión quedó resuelta con el pago de los nuevos servicios por parte del Servicio Penitenciario.

Como el resto de la población solicitó lo mismo, la flamante radio-base de la unidad se saturó y tuvo que ser reemplazada por un nuevo equipo, también a costa del Estado.

En la actualidad, los internos han solicitado, la provisión de aparatos con tecnología 4G, atento el anuncio del Gobierno respecto de la incorporación de dicha tecnología en el país… Los abogados están trabajando en los respectivos escritos judiciales.

2) El abogado defensor de un interno alojado en una cárcel argentina reclama al juez de ejecución competente que se le garantice a su asistido los salarios correspondientes al último año de trabajo carcelario. El monto debe incluír: salario básico, antigüedad, asignaciones familiares, plus por insalubridad (el trabajador labora en un contexto de encierro, alejado de sus antiguos compañeros de oficio y con gente muy ruda a su alrededor), vacaciones y aguinaldo. Requiere además el letrado, la libertad de su defendido para afiliarse al sindicato que nuclea a los trabajadores de su oficio y la garantía plena del derecho de huelga.

El magistrado hace lugar a todos los reclamos. Pero, cuando el interno recupera su libertad, su defensor presenta demanda por despido y exige la inmediata reincorporación al mercado laboral… fuera de la cárcel, claro.

El ex interno reclama ser empleado por el Estado, ya que fue el Estado quien lo “despidió”…

El ex interno es fichado en un ministerio para realizar tareas administrativas. Pero, como no es reconocido por su oficio, demanda nuevamente al Estado por daño moral. Su abogado lleva adelante una negociación con los letrados del ministerio y se llega a una solución amigable: El Estado emplea a sus dos hijos, a su esposa y a una ex novia que lo visitaba en el penal…

3) El Tribunal Superior tiene un atraso considerable en causas penales con detenidos. La mayoría son expedientes sin sentencia definitiva. Corren los últimos días del año judicial y los escritos de “pronto despacho” son moneda corriente…

Pero los magistrados están muy concentrados en un tema que justifica dejar todo de lado y dedicarle todo su tiempo y esfuerzo: un abogado presentó un Hábeas Corpus en favor de un loro que acompaña a un anciano organillero en su diaria faena…

El pobre animal está agotado de tanto elegir las tarjetitas de la suerte de los clientes del anciano, y sus plumas -otrora multicolores- ahora están mustias y descoloridas… Para colmo, ya no dice “la papa para Pedrito”…

Los magistrados entendieron que estaban ante una cuestión institucional grave. Los derechos del ave, en tanto sujeto de derechos, estaban siendo vulnerados e hicieron lugar al Hábeas… Todo el mundo jurídico alabó la decisión de los jueces. ¡El fallo fue noticia internacional!

Sin lugar a dudas, los jueces, fiscales y demás auxiliares de la Administración de Justicia somos esclavos de la Ley y el Derecho… Pero también debemos serlo del SENTIDO COMÚN.

Así sea.

Inaugurar cárceles supone inversiones millonarias en obras públicas de arquitectura antipática; sin posibilidad de marquesinas, fotografías gigantes del gobernante de turno, color de pintura partidaria o carteles que indiquen “Fulano cumple”…

Inaugurar cárceles trae aparejada la obligatoria capacitación de cientos de efectivos del Servicio Penitenciario y la provisión de logística (armamento, protección de los internos y del personal, sistemas electrónicos de seguridad, etc.). Hay que instalar, organizar y mantener cocinas, comedores, baños, locutorios para abogados, sitios para recreación y visitas familiares, talleres, etcétera.

La cárcel es una pequeña ciudad entre muros. Con organización y gobierno interno. Pero, además, debe ser un sitio que -amén de la seguridad para carceleros y encarcelados- brinde la posibilidad de ‘resocializarse’ al que decidió o fue empujado por las circunstancias a cometer un delito, a convertirse en antisocial.

Pero esta ecuación no es tan simple.

Deben sumarse al dilema las contradicciones del discurso jurídico-penal vigente en nuestro país.

A saber:

Para el abolicionismo penal, la cárcel no sirve para nada. El Estado no está “legitimado” para imponer penas. La sanción penal es un abuso del poder, cuándo éste “sustrajo” el conflicto a los particulares y lo convirtió en “delito”…

Para el “mano-durismo” penal, la cárcel no debería ser sino un depósito amurallado de criminales, lo más alejado posible de la civilización. Si fuera en la Antártida, mejor. Sólo agua y comida suficiente para la supervivencia, hasta la muerte del condenado entre esos muros…

Para los políticos en campaña, el concepto de “cárcel” varía según el ritmo de las encuestas de opinión o los sondeos de imagen. Unas cucharaditas de abolicionismo, media tacita de manodurismo, una pizca de garantismo y una generosa ración de demagogia para acompañar el plato terminado.

Así surgen las frases vacías de contenido como “hay que terminar con la puerta giratoria”, “las penas deben cumplirse”. “el delincuente debe estar en la cárcel y el honesto en su casa, tranquilo”, entre otras citas célebres…

Sin embargo, la escandalosa ola delictiva que nos azota, el fracaso en la prevención criminal, la ineficacia de la Justicia Penal, los alarmantes índices de reincidencia, etc. obligan a producir urgentes reformas en el sistema penal del Estado. Debe comenzarse por el último eslabón, la cárcel.

Si el último peldaño del sistema penal no funciona, todo lo demás se desmorona como castillo de naipes.

En las actuales circunstancias, la cárcel no cumple con sus objetivos constitucionales. No debe propiciarse su eliminación, pero si su profunda reforma. El encarcelado (procesado, condenado con sentencia recurrida o condenado con sentencia firme) debe trabajar, estudiar o realizar cualquier otra actividad que no implique ocio negativo, que se traduce en violencias de la más variada índole. Pena con tratamiento. Pena con posibilidad de resocialización.

No es simple. Es complicado. Pero, es posible.

Y no suena tan “piantavotos”… ¿no?