Volando mucho más bajo que el legendario filósofo, político y periodista italiano y que los grandes teólogos, en nuestras tierras existe una pseudodoctrina jurídica, pretendidamente filosófica, con veleidades de sistema único y revelador, que ha calado hondo en varias generaciones de abogados: el abolicionismo penal.

Siguiendo alguno de los postulados de pensadores como Thomas Mathiesen, Nils Christie, Louk Hulsman y Michel Foucault, los gurúes locales del abolicionismo vernáculo han creado un verdadero vocabulario gramsciano del derecho penal. Otorgan categorías ontológicas y valores de verdad a vocablos que, hasta hace muy poco tiempo, significaban otra cosa.

Hoy, en las facultades de derecho, en las escuelas de posgrado, en los consejos de la magistratura, en los institutos de derecho penal y de derecho procesal penal, en las asociaciones profesionales de criminología (crítica, por supuesto), el crimen se dice “conflicto”. Criminal se dice “sujeto en conflicto con la ley penal”. Cárcel se dice “jaula de exterminio”. Sistema penal del Estado se dice “aparato represivo”. Estado se dice “organización política deslegitimada”. Derecho Penal se dice “discurso represivo deslegitimante”. Poder Judicial, policías, servicios penitenciarios, patronatos de liberados, etcétera, se llaman “agencias del poder punitivo deslegitimado”. Reincidencia, peligrosidad, antecedentes criminales son “categorías estigmatizantes del derecho penal del enemigo”, y así. La lista es interminable, aburrida y, muchas veces, de difícil pronunciación. Eso transforma a este nuevo glosario en una herramienta muy atractiva para aquellos que deben afrontar monografías, exámenes, tesis y tesinas. Sus examinadores quedan pasmados de admiración ante semejante despliegue intelectual.

Con respecto a la palabra víctima, los capitostes del abolicionismo local y sus adláteres no han encontrado un sinónimo que sea incapaz de correr el velo de la inequidad. Entonces, lisa y llanamente, la han suprimido de su sistema. Algunos, más moderados, hablan de “damnificado” u “ofendido”.

La tergiversación del lenguaje técnico-jurídico pretende cubrir las inmensas lagunas que el abolicionismo pretende desconocer. O, tal vez, encubrir su verdadero objetivo: la destrucción del sistema penal del Estado.

Aunque con miles de fieles seguidores en las aulas, en los estudios jurídicos y en el Pretorio, los abolicionistas no podrán cambiar las nociones básicas del derecho y de la Justicia. No alcanzará con la decoración —o decoloración— de la palabra.

La palabra nos diferencia del resto del reino animal, según Aristóteles. Es decir, nos hace racionales. Sin embargo, la manipulación del lenguaje también ha llevado al hombre a la concreción —y muchas veces, la justificación— de las mayores atrocidades de la historia planetaria.

Tal vez debamos imitar a los españoles, que no llaman “cola” a los glúteos humanos, sino “culo”.

Sin embargo, en los últimos treinta años, el sentido común estuvo ausente en un lugar prohibido para dicha ausencia: el sistema penal del Estado (o aparato represivo, según la moderna terminología progre).

A la ausencia de políticas criminales sensatas y duraderas, a la negación —pública y sistemática— de los problemas que acarrean el crimen y el criminal, a la desaparición de estadísticas serias y confiables respecto de las fluctuaciones del delito y de la violencia en las conductas delictuales, se le sumó un movimiento pendular-espasmódico que osciló desde la mano dura, tolerancia cero hasta el actual y absurdo abolicionismo penal, catecismo laico, obligatorio en facultades de Derecho, escuelas de posgrado, Consejos de la Magistratura, etcétera.

La Biblia abolicionista, concebida entre otros por Michel Foucault, Thomas Mathiesen, Nils Christie, Louk Hulsman, Raúl Zaffaroni y sus seguidores vernáculos, habla del delito como una creación política. Estos gurúes nos iluminan diciendo que el proceso penal es una farsa de los poderosos, quienes les quitaron a los particulares el conflicto y la posibilidad de resolverlo entre ellos. Que la cárcel no sirve para nada. Que el Estado no está legitimado para imponer penas. Que la pena es otro hecho político para llenar de pobres e indigentes las agencias policiales y penitenciarias, para saciar las ansiedades de las clases dominantes o del imperio, frente a la sensación de inseguridad.

La víctima resulta ser el victimario y el victimario, la víctima de un sistema capitalista (o neoliberal) que le quitó oportunidades y lo empujó hacia el delito.

En este orden de ideas, la muerte violenta es una contingencia inevitable.

Estas sandeces han perturbado severamente el juicio crítico de miles de estudiantes de abogacía, graduados, posgraduados y —por supuesto— magistrados judiciales y del Ministerio Público, en todas sus instancias.

Estos galimatías, tan alejados del sentido común como la Tierra de Saturno, forman parte de una inmensa cantidad de fallos judiciales que resuelven respecto de la vida de seres humanos. De su libertad, su honra, su honor, su protección frente al criminal.

Estos sofismas integran el razonamiento de miles de jueces y fiscales en la República Argentina. La mayoría de ellos honestos y probos. Muchos asombrados frente a las descarnadas críticas que reciben cada vez que firman alguna aberración jurídico-abolicionista o son denunciados por las sorprendidas víctimas.

La locura abolicionista ha concebido jueces de ejecución que no creen en la pena. Fiscales que pretenden eliminar el sistema penal. Abogados particulares que repiten como loros que la solución para el flagelo planetario del narcotráfico y del consumo masivo de estupefacientes, y de su directísima incidencia en la conducta criminal, es liberar la venta de todas las sustancias psicoactivas para neutralizar el mercado ilegal. En este caso sí, son capitalistas y defensores de las reglas de la oferta y la demanda.

El abolicionismo penal, si fuera una religión, tendría sacerdotes ateos. Así de incoherente. Así de absurdo.

El trabajo que nos espera es arduo y complicado. Los gurúes abolicionistas, además de haber inventado un extraño idioma e instalado un peculiar discurso jurídico-penal (otro relato), han convencido a sus decenas de miles de seguidores de que constituyen una generación de abogados privilegiada. Muy alejada del vulgo, que no conoce ni entiende nada. Por eso no discuten ni debaten. Están muy por encima de nosotros, en un nivel superior, casi en el Topos Uranus de Platón.

Ojalá los tiempos de cambio que se avecinan tengan en cuenta también esta realidad terrible y patética. Hoy en los Tribunales Penales argentinos falta sentido común. Recuperémoslo.

En materia de seguridad ciudadana y sistema penal, se alzan voces para pedir el accionar del Ejército y del resto de las Fuerzas Armadas y de Seguridad para combatir al narcotráfico, cárcel para los corruptos, más policías, más cámaras de seguridad, etcétera.

¿Y las cárceles? Poco y nada.

Inaugurar cárceles —o reparar las existentes— es políticamente incorrecto. Nadie quiere la foto cortando cintas entre rejas y muros. Nadie quiere el epígrafe: “Ellos construyen cárceles. Nosotros construiremos escuelas, hospitales y fábricas”, en los afiches de la presente campaña electoral. Y de la próxima. Y de la próxima.

Inaugurar cárceles supone inversiones millonarias en obras públicas de arquitectura antipática, sin posibilidad de marquesinas, fotografías gigantes del gobernante de turno, color de pintura partidaria o carteles que indiquen: “Fulano cumple”.

Inaugurar cárceles trae aparejada la obligatoria capacitación de cientos de efectivos del servicio penitenciario y la provisión de logística (armamento, protección de los internos y del personal, sistemas electrónicos de seguridad, etcétera). Hay que instalar, organizar y mantener cocinas, comedores, baños, locutorios para abogados, sitios para recreación y visitas familiares, talleres, entre otros.

La cárcel es una pequeña ciudad entre muros. Con organización y gobierno interno. Pero, además, debe ser un sitio que —amén de la seguridad para carceleros y encarcelados— brinde la posibilidad de resocializar al que decidió o fue empujado por las circunstancias a cometer un delito, a convertirse en antisocial.

Pero esta ecuación no es tan simple. Deben sumarse al dilema las contradicciones del discurso jurídico-penal vigente en nuestro país. A saber:

Para el abolicionismo penal, la cárcel no sirve para nada. El Estado no está “legitimado” para imponer penas. La sanción penal es un abuso del poder, cuando este “sustrajo” el conflicto a los particulares y lo convirtió en “delito”.

Para el “manodurismo” penal, la cárcel no debería ser sino un depósito amurallado de criminales, lo más alejado posible de la civilización. Si fuera en la Antártida, mejor. Sólo agua y comida suficiente para la supervivencia, hasta la muerte del condenado, entre esos muros.

Para los políticos en campaña, el concepto de “cárcel” varía según el ritmo de las encuestas de opinión o los sondeos de imagen. Unas cucharaditas de abolicionismo, media tacita de manodurismo, una pizca de garantismo y una generosa ración de demagogia para acompañar el plato terminado.

Así surgen las frases vacías de contenido como: “Hay que terminar con la puerta giratoria”, “Las penas deben cumplirse”, “El delincuente debe estar en la cárcel y el honesto en su casa, tranquilo”, entre otras citas célebres.

Sin embargo, la escandalosa ola delictiva que nos azota, el fracaso en la prevención criminal, la ineficacia de la Justicia penal, los alarmantes índices de reincidencia, etcétera obligan a producir urgentes reformas en el sistema penal del Estado. Debe comenzarse por el último eslabón, la cárcel.

Si el último peldaño del sistema penal no funciona, todo lo demás se desmorona como castillo de naipes.

En las actuales circunstancias, la cárcel no cumple con sus objetivos constitucionales. La cárcel no reeduca. Más bien, es un posgrado del delito. No debe propiciarse su eliminación, pero sí su profunda reforma. El encarcelado (procesado, condenado con sentencia recurrida o condenado con sentencia firme) debe trabajar, estudiar o realizar cualquier otra actividad que no implique ocio negativo, que se traduce en violencias de la más variada índole. Pena con tratamiento. Pena con posibilidad de resocialización.

Surgirán voces que expresen que el detenido sin condena no puede ser obligado a nada. Pero si el Estado puede restringir al individuo de su principal derecho después del de la vida, la libertad, ¿cómo no va a poder restringir el “derecho” de un preso a la vagancia?

No es simple. Es complicado. Pero es posible. Y no suena tan “piantavotos”, ¿no?

Sueño con candidatos y precandidatos que formulen propuestas claras y concretas -sin eufemismos- respecto de sus proyectos en materia criminal. Sobre qué harían, si accediesen al poder, con el sistema penal del Estado, o el aparato represivo, o las agencias del poder punitivo, o la terminología que quieran utilizar o la que sus asesores de imagen les impongan.

Sueño con candidatos y precandidatos que reconozcan -sin desviarse por tangentes o colectoras- la olímpica derrota frente al avance del narcotráfico y del consumo masivo de estupefacientes en la República Argentina. Que asuman la directísima relación entre droga y aumento del delito e incremento de la violencia en casi todas las formas de comisión criminal.

Sueño con candidatos y precandidatos que propongan -al menos- un esbozo de plan para combatir este y otros crímenes organizados, como la trata de personas, el contrabando, la piratería del asfalto, la venta ilegal de armas, etcétera.

Sueño con candidatos y precandidatos que discutan abiertamente sobre el rol de la pena privativa de libertad, sobre la necesidad de un replanteo de las políticas penitenciarias, sobre la construcción de nuevas unidades y alcaldías, sobre el trabajo de los internos, etcétera.

Sueño con candidatos y precandidatos que debatan acerca de la desaparición de estadísticas criminales serias y confiables, pero necesarias e imperativas para la construcción de cualquier política criminal duradera.

Sueño con candidatos y precandidatos que no teman discutir sobre el delito protagonizado por menores de edad, o niños en conflicto con la ley penal. Sobre la edad de imputabilidad. Sobre el régimen penal juvenil.

Sueño con candidatos y precandidatos que fijen postura respecto de las fuerzas policiales y de seguridad como auxiliares de la Justicia y del Ministerio Público. Que expliquen a la ciudadanía sus planes de capacitación, de reconocimiento y de control a los efectivos.

Sueño con candidatos y precandidatos que hablen sobre inteligencia criminal y sobre espionaje ilegal. Sobre qué postura adoptarán frente al fisgoneo estatal a políticos, periodistas, empresarios, sindicalistas, estudiantes… Es decir, frente a esa frenética actividad del Estado negada, pero real, multimillonaria, pero de nivel de peluquería o de mesa de bar.

Sueño con candidatos y precandidatos que hablen sobre el catecismo laico-obligatorio instaurado en facultades de derecho, escuelas de posgrado, consejos de la magistratura, etcétera, denominado “abolicionismo”. Único discurso jurídico-penal para triunfar en el mundo del Derecho penal argentino.

Sueño con candidatos y precandidatos que eliminen para siempre el insulto a nuestra humilde inteligencia, cuando nos hablan de “sensación de inseguridad” o de “descenso de los índices delictivos”.

Hoy tengo un sueño… ¡Ojalá me despierte y se convierta en realidad!

Usina de Justicia es un grupo apartidario de argentinos y argentinas que no se resignan frente al discurso y la (in) acción oficial respecto del delito y del delincuente.

Usina de Justicia quiere reflexionar y discutir acciones concretas para el mejoramiento del Sistema Penal del Estado, entendido éste como un verdadero mecanismo que debe integrarse con los Servicios de Inteligencia,  las Fuerzas Policiales y de Seguridad, el Ministerio Público, la Administración de Justicia Penal, los Servicios Penitenciarios, los Patronatos de Liberados, etc.

Usina de Justicia quiere recuperar el verdadero discurso jurídico-penal, eliminando eufemismos y términos ambiguos, que fueron construyendo un relato absurdo y peligroso. Un relato que transformó a la víctima en victimario y al victimario en víctima. Un relato que colocó el techo antes que los cimientos. Un relato justificante del mal…

Usina de Justicia quiere desenmascarar al abolicionismo y a los abolicionistas, éstos últimos disfrazados de “garantistas”, sin miedo a ser políticamente incorrectos y sin temor a sufrir rótulos ni etiquetas… Por otra parte, no es ninguna novedad utilizar adjetivos que agravien y paralicen acciones concretas. Ya la Inquisisión utilizaba el término “hereje”, para causar terror e inacción frente a las atrocidades de la Iglesia de aquel entonces.

Usina de Justicia quiere denunciar el intento -bastante avanzado, por cierto- de destrucción del actual sistema penal argentino, instalando en Facultades de Derecho, Escuelas de Post-grado, Consejos de la Magistraturas, etc., un catecismo laico y obligatorio, basado en la obra de Eugenio Zaffaroni  y sus seguidores, cuyo “plan de lucha” figura en un libro publicado en 1989 por la Editorial Ediar, “En busca de las penas perdidas”

Usina de Justicia quiere generar luz en medio de tanta oscuridad o, mejor dicho, en medio de tanto oscurantismo.

Usina de Justicia pretende ser una voz alta y clara frente a la subordinación militante del absurdo. Frente a la aberración jurídica. Frente a la injusticia…

Usina de Justicia es, justamente, esperanza.

El informe del magistrado del Ministerio Público fue tildado por funcionarios del Gobierno Nacional de “trabajo universitario” y se lo acusó de haber movilizado  ”recursos humanos y técnicos del Estado, recursos que son limitados  y que se encuentran abocados al desempeño de sus funcionarios particulares para un proyecto personal por encima de las funciones que le corresponden a su grado…”, según informó la agencia DyN.

No es un buen antecedente en miras al sistema acusatorio que se pretende instalar en el ámbito de la Justicia Penal Federal y Nacional, que el Gobierno se irrite y reaccione de esta manera ante informes, investigaciones o denuncias de los fiscales.

Cuando se pide desde el mismo Gobierno una mayor proactividad de los fiscales, un mayor compromiso, que el Ministerio Público actúe de oficio ante conductas sospechosas de criminalidad, etc., se está pidiendo a la magistratura requirente justamente lo que hizo el fiscal Delgado: preguntar; recabar información; inquirir; investigar. Y, en su caso, promover la acción penal.

Sin embargo, la actividad perquisitiva del Ministerio Público no siempre culmina con la promoción de la acción penal pública o con la acusación ante un organismo jurisdiccional. Muchas veces, la reunión de información o de evidencias termina con el archivo de las actuaciones, con la desestimación de la denuncia o con la puesta en conocimiento a organismos no jurisdiccionales a los efectos de dirigir el reclamo, la inquietud o la queja de algún integrante de la comunidad jurídicamente organizada.

Los fiscales no generamos charlas de café o de peluquería, pedimos informes por escrito, con nuestras firmas y sellos aclaratorios.

Los fiscales no invitamos a tomar un vermut a un testigo en un bar, lo citamos legalmente a nuestros despachos mediante cédula, oficio o exhorto.

Los fiscales buscamos información, preguntamos, investigamos… Para eso estamos en el Sistema Penal del Estado.

El Ministerio Público no debe -no debería- ser acosado por los demás Poderes del Estado cuando está cumpliendo con su misión Constitucional, es decir “promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República”, según reza el art. 120 de nuestra Ley Fundamental.

En una República que se digne de serlo, un fiscal que indague los actos u omisiones de algún organismo estatal, lejos de ser perseguido, debería ser protegido por las propias autoridades cuya responsabilidad sea motivo de consulta o investigación.

Caso contrario, la fanfarria que acompañó la presentación oficial  del proyecto de Código Procesal Penal, instalando el sistema acusatorio, será sólo una melodía de bombos, redoblantes y platillos.

Mucho se ha dicho y escrito sobre estos temas. Plataformas electorales, promesas de campaña, proyectos de reformas y contrareformas de las leyes policiales, penales y procesales penales, cambios en los paradigmas, en los discursos, en las denominaciones, etc. Todo parece inútil frente a los datos de la realidad. Sin embargo, poco se ha dicho o escrito sobre las desconfianzas entre los distintos operadores del sistema penal. Un mal silencioso, artero y letal para cualquier organización humana. Una verdadera fisura del sistema.

Veamos:

-El Poder Judicial y el Ministerio Público desconfían de la Policía. Le adjudican culpas y fracasos en la prevención, en la investigación, en la preservación de las evidencias, en la reserva de las actuaciones -secreto profesional- etc.

-La Policía desconfía de Jueces y Fiscales. Los considera engreídos/as de traje y corbata; falda y tacos altos. Funcionarios/as de escritorio, sin experiencia, soberbios y no conocedores “de la calle”, “del barro”, de la realidad… (“¡Nosotros los detenemos y ellos los liberan!”; ”¡Nosotros estamos en la calle, ellos en sus despachos alfombrados!”)

-Los Organismos de Derechos Humanos -estatales y no estatales- detestan a la Policía y al Servicio Penitenciario y viceversa, y desconfían del Poder Judicial y del Ministerio Público.

-El Poder Judicial y el Ministerio Público desconfían de los Organismos de Derechos Humanos, pero tienen terror reverencial ante sus presentaciones o declaraciones públicas.

-La Policía desconfía del Servicio Penitenciario y viceversa. Ambos tienen “celos de uniforme” respecto del otro. Se auto-adjudican el real conocimiento del delito y del delincuente, despreciando la visión de la otra fuerza de seguridad.

-Todos los organismos que integran el Sistema Penal desconfían de la prensa. Tienen pavor ante noticias que los cite, aunque sea sólo al efecto informativo. Sin embargo, muchos de sus integrantes “mueren” por aparecer en los medios masivos de comunicación y filtran permanentemente información, generando rumores o trascendidos.

Esta simple descripción de una parte de la realidad del sistema penal debería ser tenida en cuenta en futuras (y seguras) “reformas” o “contrarreformas”, ya que la posibilidad de una política criminal seria y duradera, en la República Argentina, parece una verdadera entelequia.

Nada de lo que diga debe ser expresado con palabras simples o comunes. Ni siquiera para nombrar un vaso con agua… El gurú dirá, en este caso, “un recipiente cilíndrico, vidriado, que contiene un elemento líquido, incoloro, inodoro e insípido; que se dice que es agua, pero que no me consta…”

Segundo paso: Debe defenestrarse toda teoría, sistema, escuela, doctrina o ideología anterior al “verdadero” relato jurídico-penal. Todo lo pasado es falso, ruin, indigno, fascista, cavernícola o marciano. De igual manera, debe colocarse en el cadalso ideológico-doctrinario a todo autor, científico, tratadista o estudioso del “viejo” discurso punitivo.

Tercer paso: Deben cambiarse los nombres y los rótulos de las Instituciones que conforman el Sistema Penal del Estado, ahora llamado “aparato represivo”. Así, llegarán para quedarse en la nueva panacea del saber penal, las “agencias del poder punitivo”; las “policizaciones”; las “jaulas”; las “penas perdidas”; etc.

Cuarto paso: Deben conquistarse las Cátedras de Derecho Penal, de Derecho Procesal Penal, de Criminología (Crítica, por supuesto), los Institutos de Post-Grado, las Comisiones respectivas de los Colegios de Abogados, Idém de los Colegios de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público, los Comités evaluadores de los Consejos de la Magistratura, etc.

En esta inteligencia, deben relegarse de toda actividad académica, científica, decisoria, etc., todo aquel que ose rebelarse a este nuevo catecismo laico.

El o los “herejes” deben ser condenados a la “hoguera” del ostracismo.

Quinto paso: No puede faltar en todo nuevo relato (o sanata) jurídico-penal, el ataque a los medios “cooptados” por el imperialismo-capitalista-salvaje-neoliberal.

Con el rótulo de “criminología mediática” o “neo-punitivismo”, el nuevo enemigo es, por supuesto, ¡el periodismo..!

Esta simple receta es suficiente para reemplazar la bochornosa falta de una política criminal seria y duradera. Para justificar lo injustificable. Para hablar sin sonrojarse de “sensación de inseguridad”; de “descenso en los índices delictuales”; de camaritas; de policías comunales, municipales, distritales, estaduales; de Gendarmería en las calles, lejos de las fronteras; de Prefectura en los barrios chic, lejos de las vías navegables, etc.

Estos pasos reemplazan o maquillan una verdad brutal que muy pocos reconocen: el crimen y el criminal están ganando la batalla contra la honestidad y los honestos.

Mientras muchos mueren, la sanata sigue viva.