La decisión de la Corte Suprema es una mala noticia para el país, si bien era uno de los escenarios posibles. Pese a la mala noticia, existe un dato alentador, que es el llamado que realizó hace diez días el juez Thomas Griesa para que las partes resuelvan el conflicto negociadamente. Dejó la puerta abierta para que se cierre este capítulo mediante el consenso.

La impericia ha sido el denominador común en el abordaje de este problema. Claramente, después de este fallo, la Argentina se encuentra en una posición negociadora de mayor debilidad, y requerirá hoy más que nunca una estrategia clara, prudente y con mucho profesionalismo. Si bien en el corto plazo esto suma un problema adicional a las turbulencias internas por las cuales atraviesa la economía argentina, puede ser resuelto.

El gobierno argentino debe priorizar todos los pasos posibles para evitar una cesación de pagos que impactaría negativamente sobre la producción y el trabajo de los argentinos. A su vez, debe resguardar los intereses y derechos de la gran mayoría de acreedores que ingresaron en las reestructuraciones del 2005 y la mini reestructuración del 2010.

Si no encara esta situación con responsabilidad, claramente los efectos sobre la economía serán negativos y terminarán en mayor presión cambiaria, monetario-financiera, alza en las tasas de interés y baja en el mercado de bonos y, por supuesto, como corolario, empleo y salario escaso con elevada inflación.

Si lo maneja con pericia técnica, podrá cerrar un tema que debió haber sido resuelto tiempo atrás, y le quedara aún pendiente los problemas de fondo que persisten en el frente interno, que en definitiva son aquellos que uno debe encarar de forma urgente.