Quienes pertenecen a la intimidad política del Presidente señalan que este advierte dos dificultades para su concreción hoy: partidos políticos debilitados, como el peronismo conducido por José Luis Gioja y Daniel Scioli, o poco confiables, como el conducido por Sergio Massa, o atomizados, como el socialismo. Y en segunda instancia, la propia debilidad de su Gobierno. Si de debilidad hablamos, las instituciones están atravesadas por ella. Pero justamente esta receta, la concertación, debe aplicarse para esos momentos. El diálogo siempre fortalece, la concertación no es un ámbito de toma y daca.

Seguramente el Presidente siente que no ha domesticado los problemas centrales del país. Tiene razón, por momentos sus políticas parecerían agitar la ola del tsunami que recibió. Un ejemplo de ello es el déficit fiscal, que, como ya hemos dicho, de un 5,3% pasó a un 8% del PBI. Ni los empresarios amigos ni las inversiones externas responden a las expectativas que el Presidente había depositado en ellos, motivo por el cual debió recurrir a la presentación de un megaproyecto de ley que, al cierre de este análisis, aún no había llegado al Congreso de la Nación para su tratamiento.

Podríamos hablar de una trilogía: tres grandes y definidos temas en un mismo cuerpo, dado que cuesta trabajo encontrar el hilo conductor para su unicidad. A saber: jubilados, provincias y blanqueo. El tema provincia tiene que ver con el pago del 15% de coparticipación prometido. El tema jubilados, caballo de Troya de esta ley, es un doble acierto de Mauricio Macri. Por un lado, realiza una histórica y justa reparación a un sector olvidado. Y, por el otro lado, volcará dinero al mercado interno, lo que ayudará a su reactivación. En el medio de esto aparece el blanqueo, que, al decir del Dr. Roberto Bulit Goñi: “Los blanqueos en esencia son siempre injustos, cuestionables y cuando son sucesivos, actúan sobre la inconducta social. El blanqueo y el lavado de activos van casi siempre de la mano”. Los integrantes del Gobierno saben, porque así lo han manifestado públicamente hace apenas dos años, que todo blanqueo es impresentable. La demora en el ingreso al Congreso de este megaproyecto se debe a la necesidad que tiene Macri de convencer a una socia política muy especial: Elisa Carrió. En un mismo acto tendrá que acordar no sólo esta megaley sobre la que Carrió ya se manifestó en contra, sino además atenuar el tono acusatorio que la diputada viene teniendo hacia el papa Francisco y el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.

El diputado Luciano Laspina, presidente de la Comisión de Presupuesto, reconoce que los montos comprometidos para los jubilados están disponibles, pero agrega que lo que se obtenga en el blanqueo, sobre el cual insiste en que es plata en negro cuyo origen debe ser lícito, irá a reforzar la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Sobre las expectativas en cuanto a los posibles montos a recaudar, estima que el piso para Argentina estaría en 15 mil millones de dólares, si bien es difícil estimarlo. Además cree: “Blanquea aquel que mira a largo plazo y confía en el Gobierno”. Advierte que la política de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (entrecruzamiento de datos a partir del 2017) va a ayudar y que en lo personal nota “un interés en aumento de parte de empresarios y bancos”. El diputado Laspina reconoce la creación en el proyecto de una Comisión para el Estudio Previsional, no niega que esta pueda avanzar sobre un cambio en el sistema jubilatorio. Cree que el megaproyecto “será aprobado en general, pero habrá una gran discusión punto por punto”. El economista Aldo Pignanelli no sólo cree que el sistema se autosustenta, sino que además alcanza para cumplir con el 82% móvil. Recuerda: “Hay 100 mil millones de pesos de la Anses subsidiando a empresas a una tasa del 16%”. Sostiene: “El dólar a 14  pesos en junio ya no es competitivo. Habrá que ver si debe ir a 16, 18 o 20 pesos. Creo que el 2016 termina con una inflación del 40 por ciento”.

La soberbia de Jaime Durán Barba —que se parece mucho a lo peor del kirchnerismo— puede asesorar mal al Presidente, si es que este lo sigue escuchando. Las encuestas, aun aquellas que son fidedignas, no siempre reflejan la realidad y mucho más la de una clase media a la cual le cuesta admitir su retroceso económico. Las ponderaciones positivas hacia el Presidente pueden desdibujar la realidad. En el amplio arco de la clase media argentina se observan familias que reducen las habituales salidas a comer en un restaurante, o a cargar nafta la última semana del mes, o soportar largas filas para ser incluidos en la tarifa social de la luz o el gas, o a pedir prestada en el colectivo una tarjeta SUBE para abonar el boleto.

Además se observa cierta incoherencia en casos como el descrito por el gobernador Mario Das Neves, quien comentó que, discutiendo los tarifazos, en un momento los ministros Rogelio Frigerio y Juan José Aranguren se retiraron por veinte minutos y regresaron para comunicar que del 1800% de aumento habían bajado al 400 por ciento. En la planilla Excel del ministro Aranguren algunos de los dos porcentajes no es el correcto. Suena a una decepcionante improvisación.

Alguna vez hemos dicho que al Gobierno del presidente Macri le sobran CEO y le faltan llaves que habiliten a la política.

La semana pasada el Presidente, en reunión muy cerrada, para la cual hizo venir desde Mendoza a Ernesto Sanz para el encuentro con la diputada Elisa Carrió, le espetó a Lilita que las denuncias públicas sobre su Gobierno o allegados a la única que beneficiaban era a la ex presidente Cristina Fernández. Hoy la diputada Carrió, luego del affaire Panama Papers, podría decirle lo mismo. El especialista en estos temas, Dr. Roberto Bulit Goñi, me decía: “La constitución de estas sociedades offshore  no es un delito en sí, lo importante es lo que se hace con ellas. Son un instrumento jurídico. Insisto, lo malo no es la sociedad, sino si ofician como sociedades pantalla. Este esquema es muy utilizado, por ejemplo, por familias pudientes para facilitar adelantos de herencia”.

La lógica indica que si los fines buscados en la constitución de esta sociedad por la familia Macri hubiesen sido non sanctos, no la habrían inscrito con nombre y apellido. La diferencia prima facie, y no menor, con las corrupciones que por estos días comienza a juzgar la Justicia es que los Macri no utilizaron jardineros, ni choferes. Entonces, ¿dónde reside el inconveniente en que, como dice el dicho: “La mujer del César no sólo debe serlo sino parecerlo”? Al cierre de este análisis Mauricio Macri no había explicado por qué no figuraba esta sociedad en sus declaraciones juradas, más allá de si debía o no legalmente estar. El Presidente debe explicarlo por una sencilla razón: Cambiemos basó su campaña presidencial en conceptos de transparencia y en representar la antítesis de lo que venía ocurriendo. Para que no se desvanezca la pureza política invocada, si es necesario, debe demostrar hasta el hartazgo sus conductas empresariales. Sin un presidente nítido no hay democracia sólida. La sociedad puede disculpar al Presidente de errores o desaciertos, lo que no está dispuesta es a soportar más mentiras.

El miércoles pasado ocurrieron dos hechos de enorme importancia en el Congreso de la Nación. Por un lado, el Gobierno de Macri obtuvo, con la anuencia de los dos tercios de los senadores, el aval para acordar con los holdouts. Por lo tanto, a partir de ahora Macri no tiene las manos atadas para atraer inversiones ni para endeudarse. Casi en un mismo momento, pero en Diputados, se congregaron junto a todos los bloques de la oposición las cinco centrales sindicales, hecho histórico desde la existencia de estas últimas. Resultado de esta reunión: doscientos proyectos que tienen que ver con las vicisitudes laborales de quienes están en el circuito serán unificados para su tratamiento. Lo notorio tal vez esté —esto muestra lo vertiginoso del efecto del shock de medidas políticas— en que en enero el reclamo cegetista era por el impuesto a las ganancias sobre los salarios, la semana pasada lo fue, en síntesis, por la permanencia de la fuente laboral.

El informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) da cuenta de la incorporación a la pobreza reinante de 1.400.000 argentinos que retrocedieron en su calidad de vida.

Veinte años después, Argentina, a través del movimiento obrero, reclama al Gobierno lo mismo que en 1998: reducción del IVA para fortalecer el mercado interno; estímulos para el desarrollo de nuevas pymes para crear puestos de trabajo; “Compre trabajo argentino”, facilidades para el acceso al microcrédito y estímulo para las empresas que contraten a los jóvenes en su primer trabajo. La Unión Industrial Argentina, por su parte, solicita al ministro de Producción, entre otras herramientas, la aplicación del ajuste por inflación en los estados contables para sincerar los resultados.

A pesar del aumento de la pobreza y de la desocupación, producto de las políticas aplicadas por el nuevo Gobierno, no se ha escuchado aún sobre la implementación de programas de contención social, ni tampoco, como pide la ex ministra de Trabajo Graciela Camaño, que el Ejecutivo decrete ya le emergencia ocupacional. Hasta el día de hoy, el Gobierno de Macri parece tener claro, como dice el Lic. Daniel Arroyo, “qué hacer con el mercado, pero no con lo social. La Argentina pobre y la que está prendida con alfileres no ha recibido políticas de parte del Gobierno”.