La sociedad argentina parece estar atravesada por distintos tiempos y distintos intereses. A los sectores sociales medios les cautivan los procedimientos televisivos de Guillermo Marijuán, los Báez y los Fariñas. Este sector social todavía al pagar los desbordantes aumentos impositivos eleva sus epítetos al Gobierno anterior, y tiene gran parte de razón: el kirchnerismo, especialmente en su versión Cristina, no dejó estropicio por hacer, pero Cambiemos viene aportando dolor al dolor.

Los trabajadores, los autónomos, los jubilados que viven de un salario y no llegan a fin de mes no están en la sintonía anterior, lo que no significa que no disciernan sobre lo que pasó y que no deseen que los corruptos vayan a la cárcel. Pero su problema es otro, es la urgencia y la necesidad de no sentirse abandonados por el Estado cuando no llegan a fin de mes.

En cuanto a los estratos económicos superiores, que supuestamente deberían apoyar, entender y comprometerse con el actual Gobierno, no lo hacen. En cuatro meses se fugaron cuatro mil millones de dólares. ¡Esto no es ni respaldo ni confianza!

Nadie toma un colectivo con destino al norte si desea viajar al sur. La iteración de aumentos de luz, gas, nafta (con explicaciones de Ripley en boca de uno de los ministros preferidos del presidente Macri), más la apertura de mercados con la importación de productos elaborados, es decir, con mano de obra extranjera incluida, más las lebac al 38%; no pueden hablarnos de una intención gubernativa de generar trabajo genuino y de cortar con la timba financiera. Entonces ¿cómo marchamos con credibilidad hacia una Argentina sin pobreza, es decir, con trabajo? ¿De qué forma el mes que viene la inflación hociqueará?

La semana pasada un multitudinario acto convocado por los representantes del trabajo le señalaron al Presidente que la preocupación que los envuelve es genuina. La respuesta del Gobierno fue muy buena, en ningún momento se ignoró lo ocurrido, ni se agredió ni se desconoció la legitimidad de los reclamos. Es más, el Gobierno ha dicho que comparte la misma agenda, la cuestión es, como señaló Juan Carlos Schmid, de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT): “Que coincidamos en el diagnóstico no significa que acordemos en la forma de resolverlo. Debemos recordar que es el Gobierno el que tiene la responsabilidad de solucionar los problemas”.

Las condiciones para atraer inversiones sólo están dadas en un punto no menor, que es el levantamiento del cepo y el acuerdo con los holdouts. En cuanto al resto de los indicadores (inflación, desocupación, déficit fiscal, más la ausencia de reglas claras), son desalentadores. No obstante, si mágicamente mañana ingresan inversiones, existen dos problemas: primero, que vengan no significa que comience el auge del empleo y, segundo: si deciden venir a Argentina, ¿la infraestructura con la que cuenta nuestro país puede acompañar ese desembarco?

Si el Presidente llama a una concertación social, los ciudadanos que lo votaron y los que no lo hicieron se lo reconocerán. El problema hoy no es vetar una ley que marca la emergencia del empleo, el problema es entender qué les sucede a las personas que tienen que caminar para llegar a una escuela porque no les alcanza para el boleto del transporte. Las que no tienen para comprar la garrafa social y los que no quieren conectarse clandestinamente a la electricidad para paliar el frío. Los que no tienen internet para ver dónde se ofrecen Precios Cuidados. Los que no pueden comprar el remedio para su salud. Los emprendedores y las pymes sopapeadas por la baja del consumo y el aumento de la presión fiscal.

La necesidad de la concertación se basa en que los actores que la integren serán los vasos comunicantes de las distintas realidades que el Gobierno necesita conocer y hoy ignora. Para ser más clara: si la concertación funcionase, es muy probable que en vez de sacarles los subsidios a la gente más destutelada —sean individuos o pymes—, se los habrían eliminado a algún petrolero, más allá de que algún gobernador se enojara.

Flaco favor le está haciendo a su socio político, la Unión Cívica Radical (UCR) al llevarlos a votar en contra de lo que defendieron siempre. El radicalismo es un partido de procedencia nacional y popular y ha votado en contra de tutelar el trabajo y, algo que es peor para la historia de la UCR, avalar a un Gobierno que ha perdido la sensibilidad para con la universidad pública. A las universidades, empezando por la Universidad de Buenos Aires, las ha dejado sin presupuesto de gastos de funcionamiento, ha cortado todos los contratos y quiere que los docentes se conformen para el presente año con un 15%, cuando todas las paritarias no cierran por menos de un 30 por ciento. Pareciese que algún prejuicio en este tema merodea por la cabeza del Presidente. ¿Esta es la manera de apostar por la educación? El propio ministro del área, Esteban Bullrich, ha dicho que sólo uno de cada cien jóvenes de los sectores más humildes puede obtener un título universitario. ¿Hasta cuándo la UCR seguirá doblándose sin quebrarse?

La provincia de Santa Fe ha sido una de las más damnificadas por las inundaciones. Para acomodar un poco la situación, después de este desastre, el Gobierno nacional debería llegar rápidamente con capital para siembra de trigo, por ejemplo. Para tener una idea de la magnitud de lo ocurrido, el desastre en la producción primaria deja una pérdida de alrededor de cuatro mil millones de dólares sólo en Santa Fe; si sumamos la zona centro, la cifra impacta. El ministro Ricardo Buryaile, quien no emerge de la zona productiva por excelencia, no está rápido de reflejos para entender y actuar en consecuencia.

Se llevó a cabo en Rosario el Cuarto Congreso Nacional de la Red Antimafia. La conclusión es que la corrupción se ha vuelta endémica, miles de familias la padecen dado que la corrupción mata y lamentablemente se suceden los gobiernos que anuncian erradicarla, pero sólo la enmascaran.

Ahora la Argentina interna lo espera. Lo más acuciante pasa por la inflación. El presidente arriesgó un 20% para el año en curso. Su equipo económico deberá arremangarse y mucho, ya que entre diciembre y enero los números ya muestran un 9-10 por ciento. El principal problema reside en acordar precios, en realidad, retrotraerlos. Aquí los negociadores y los armadores de consensos deberán contar con la plasticidad política que Mikhail Baryshnikov exhibió en los escenarios del mundo.

El primer logro de la cartera laboral de Jorge Triaca reside en que las paritarias en serio se trasladen a marzo. Los bancarios escalonaron una suma fija hasta entonces y Momo Venegas ayudó con un 28% para el agonizante sector frutihortícola. Es decir, los gremios acordaron sumas puentes hasta ver qué pasa. Mientras tanto, el Gobierno trabaja sobre una reforma tributaria. El mínimo no imponible ascendería a treinta mil pesos; ante esto Juan Carlos Schmid dijo: “Para que sirva, debería revisarse por escalas”. También se analiza el aumento de la asignación universal por hijo, la reducción del IVA en los artículos de la canasta familiar. Las modificaciones alcanzarían a los monotributistas y a los autónomos. Si bien existe un gran hermetismo, todo indicaría que la compensación económica vendría de la mano de más impuestos internos y a los bienes. El paquete legislativo lo estaría supervisando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Según técnicos que monitorean los números de la economía, el aumento en las tarifas en Buenos Aires provocaría un piso inflacionario cercano al 4 por ciento. Otro de los problemas a resolver es el real levantamiento del cepo. Si bien se pueden adquirir dólares en los bancos, el 90% del mercado de dólares lo constituyen el comercio exterior y las inversiones, es aquí donde el beneficio de la medida aún atraviesa dificultades.

El peronismo en oposición siempre se ha apoyado en el sindicalismo (recordar a Saúl Ubaldini) y en la liga de gobernadores, especialmente cuando su conducción, como ahora, está acéfala. Estos últimos han decidido entrar en funciones y por la reunión de San Juan llegó la invitación para este miércoles a la Rosada. El Presidente debe cuidar esta relación, marzo llega pronto y especialmente en el Senado requerirá de los fuertes representantes de las provincias en dicho cuerpo. No sólo necesitará la aprobación de la designación de los ministros de la Corte Suprema, sino también el acuerdo para los directores del Central, Federico Sturzenegger incluido.

Para seguir la saga de los gobernadores, la relación con Santa Fe llegó a su máximo pico de voltaje cuando el pasado viernes el gobernador Miguel Lifschitz llamó a conferencia de prensa y juró defender a Santa Fe ante tanta campaña sucia y estigmatización. La entrevista al evadido narco Ramón Machuca Cantero, realizada en noviembre y puesta al aire días atrás, más los informes especiales sobre los barrios de Las Flores y La Granada de Rosario, llevó a decir al ministro de Gobierno Pablo Farías: “Me parece que sobre un problema real (droga y narcos), que lamentablemente atraviesa no sólo a Santa Fe sino a toda la Argentina, hubo un excesivo montaje”. A continuación, aclaró: “El diálogo con el Gobierno nacional es muy bueno y lo vivido, en todo caso, puede tener que ver con segundas o terceras líneas del PRO”. Luego rescató la buena química con el ministro de Interior Rogelio Frigerio y con el secretario de Asuntos Políticos de dicha cartera, Adrián Pérez.

No obstante, las secuelas de los prófugos sicarios y la ridiculización del video que blandió el secretario de Seguridad de la nación, Eugenio Burzaco, pueden hacer el resto. Pero se sigue apagando el fuego con nafta. El diputado Federico Angelini, del PRO santafesino, sostuvo, en referencia a los dichos del gobernador: “Si algo ha avanzado en estos años de Gobierno socialista, es el poder de las bandas narcocriminales”.

Estas primeras semanas de gobierno dejan como saldo la necesidad de más y mejor política.