La semana pasada se cumplieron seis años del histórico fallo de la Corte Suprema que ordena el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Lamentablemente, no escuchamos pronunciamientos de ningún funcionario del Gobierno de la Ciudad que rinda cuentas sobre el cumplimiento de las obligaciones que el fallo les demanda. No es un tema menor: se trata del corazón mismo del área metropolitana y de la calidad de vida de millones de personas.

El Gobierno porteño debería explicar, en primer lugar, porqué se retrasa con sus cumplimientos presupuestarios con la ACUMAR, organismo designado por la Corte para cumplimentar el fallo y compuesto en un 50 % por el Estado Nacional, un 25% por la Provincia de Buenos Aires y un 25% por CABA. En segundo lugar, debe responder por los habitantes de las villas y asentamientos lindantes con el riachuelo, en severo riesgo ambiental, que esperan ser relocalizadas en complejos de vivienda que el PRO no ha terminado de construir a pesar de que se han vencido largamente los plazos. Y finalmente, existen unas 300 empresas de la CABA que continúan sin presentar el Plan de Reconversión Industrial, lo que da cuenta de la falta absoluta de control hacia la contaminación del río.

Como integrante de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, una de las organizaciones civiles que constituyen el Cuerpo Colegiado de seguimiento al fallo, puedo afirmar que la gestión del Gobierno de la Ciudad en este punto carece de planificación y evidencia una desidia preocupante.

La recuperación de la Cuenca Riachuelo-Matanza es una oportunidad única para la necesaria equiparación de los barrios del sur con los del norte de la ciudad. Es un paso indispensable para la integración armónica de toda el área metropolitana. Cumplir, como gobierno de la Ciudad, con los objetivos y responsabilidades adjudicados por la ACUMAR es una prioridad absoluta de una gestión que tenga como horizonte mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

Ello implica coordinar y concretar con ACUMAR gestiones y programas relativos al ordenamiento ambiental de la cuenca, el monitoreo de la salud de los habitantes, la urbanización de las villas, la construcción de viviendas, el proceso participativo para realizar las relocalizaciones necesarias y el cumplimiento planes de reconversión industrial a los estándares de emisión adecuados.

Más allá de los bonitos anuncios electorales sobre la “Ciudad Verde”, hasta hoy no vimos nada de eso. Lo mismo sucede con el incumplimiento de la Ley Basura Cero, la ausencia de una estrategia urbana que frene las construcciones no armónicas en barrios sobrecargados de cemento, el reciente intento de convertir la Reserva Ecológica en un basural y los emprendimientos privados en parques y plazas públicas sin consultar a los vecinos.

Para avanzar hacia una Buenos Aires en la que todos y todas vivamos mejor, hay que superar la actual dicotomía Ciudad-Nación, dejar de pasarse la pelota de las responsabilidades no resueltas y construir y articular desde una mirada amplia el diálogo necesario para cumplir con una gestión plural y eficaz.

Pero el diálogo al que hago referencia debe superar las meras buenas intenciones y plasmarse en logros concretos. Un avance en ese sentido fue sin dudas la inauguración de la Autopista Illia, fruto del trabajo conjunto entre la Ciudad y el Estado nacional. Sin embargo, en materia ambiental, los incumplimientos con el saneamiento de la Cuenca del Riachuelo y con la Ley de Basura Cero por parte del PRO no pueden caer siempre en la excusa del “no me dejan”. La Ciudad paga por cada tonelada de basura 1400 pesos, mientras que otras ciudades, como Córdoba, pagan menos de 200 pesos. Nadie los obliga. El problema actual es que se considera a la recolección de basura como un negocio privado del que sacar una tajada antes que como un servicio público.

Hay mucho para hacer. Es posible incrementar los espacios verdes de la ciudad incorporando tierras vacantes pertenecientes al Estado Nacional y las franjas costeras del Río de la Plata y del Riachuelo. Es urgente también priorizar a aquellas empresas que garanticen sustentabilidad ambiental para las compras y contrataciones por parte del GCABA, y cumplir con el ahorro del agua y el estimulo a las energías limpias en el marco de los compromisos para reducir los efectos del Cambio climático al que adhieren las grandes ciudades del mundo.

Durante mi mandato como legisladora, impulsé una normativa obliga al ejecutivo a presentar una Evaluación Ambiental Estratégica que considere las obras proyectadas en cada barrio y comuna de acuerdo a su sustentabilidad, dándole voz a los vecinos y sus organizaciones civiles. La reciente aprobación del Parque de la Estación en Once es un logro que convertimos en ley a partir de la iniciativa de los habitantes del barrio, aprovechando terrenos ferroviarios vacantes.

Cuando ponemos el eje en la gestión ambiental estamos defendiendo la calidad de vida de todos y todas. Una gestión ambiental con perspectiva metropolitana, diversa e inclusiva y no discriminatoria puede recomponer, recuperar y preservar los recursos naturales y patrimoniales de la Ciudad. Y trabajar para el desarrollo económico sustentable no sólo para el presente, sino también para las generaciones futuras.