El Observatorio de Derechos de Personas con Discapacidad fue creado por decreto del Poder Ejecutivo de la Nación en el año 2011, en cumplimiento del mandato de la Convención de Naciones Unidas en la materia. Tiene por objeto monitorear y hacer un seguimiento de las políticas públicas, tanto nacionales como provinciales y municipales, en la ejecución de esta convención y propiciar y promover la difusión de los derechos de este grupo y el uso de un bagaje de herramientas, tanto del ámbito nacional como el internacional, para defender y garantizarlos en forma adecuada.

La Convención tiene aspectos muy novedosos e interesantes. Por ejemplo, el Comité de Naciones Unidas puede hacer investigaciones de oficio y cada país, a su vez, debe presentarle un informe periódico del estado de situación. También cuenta con el mecanismo de peticiones donde los individuos pueden reclamar ante el Comité por el incumplimiento de sus derechos. Además, en la Argentina existe un sistema interno de protección de derechos por vía de los amparos.

El Observatorio busca impulsar, a través de la difusión de buenas prácticas, el acabado cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. En esta primera etapa hemos tomado como prioridad la necesidad de crear observatorios en cada provincia. Actualmente existen sólo en Tucumán y San Juan y está en ciernes la creación de uno en la Ciudad de Buenos Aires y otro en Mendoza. Pero tenemos el objetivo central de que haya más observatorios y de fortalecer los vínculos y el intercambio de los actuales grupos de trabajo.

Además de esta línea de acción, de aquí al 2015 nos hemos fijado distintas iniciativas preponderantes. Entre ellas aparece el seguimiento de las políticas de educación inclusiva. Esto significa que no haya ni un solo niño/a o adolescente con discapacidad sin vacantes en la escuela ordinaria. Son sólo pocos los casos de discapacidad mental severa que podrían o deberían justificar el espacio excluyente de la educación especial. Se trata de algo fundamental para remover los obstáculos que hoy existen en otras esferas y sectores. Para lograrlo, necesitamos accesibilidad e interacción con las comunidades pedagógicas. Para llevar esto a cabo, es necesario todo un debate al interior del sistema educativo. Implica, además, no sólo el trabajo desde Ministerio de Educación, sino también la tarea de cada provincia y la responsabilidad de las escuelas.

En segundo lugar, trabajamos para promover el empleo y el trabajo digno. El objetivo es que el propio Estado Nacional cumpla, en todos sus ministerios y áreas, con el cupo del cuatro por ciento para que podamos ingresar en el Congreso nacional un proyecto de ley de inclusión en las compañías. Buscamos, además, avanzar en la Red de Responsabilidad Social (RS) de empresas para que no se tome a la contratación de personas con discapacidad como una acción cosmética, de marketing o de filantropía sino que haya un cambio en la modalidad organizacional, en el sentido de valorizar la diversidad. Desde el INADI, trabajamos mucho en este criterio cuando creamos la Red de Empresas por la Diversidad. Vamos a continuar en esta línea y por supuesto que lo haremos con el Ministerio de Trabajo, que ya viene desarrollando iniciativas de este tipo. Pero la idea es potenciarlo desde la difusión y desde la dinámica del intercambio con instituciones como la UIA, CAME CGERA, CGE, que representan a empresas de todos los niveles, para poder avanzar en este camino.

Por otra parte, nos ocupamos de otros temas importantísimos como lo es la accesibilidad integral y para esto ya hemos tomado contacto con la Federación Argentina de Municipios porque queremos promover el modelo de Red de Ciudades Accesibles. Se trata de un movimiento global que hace a los centros urbanos amigables no sólo para personas con discapacidad física o motriz sino también para niños/as, y adultos/as mayores. Esto implica trabajar fuertemente con los/as intendentes/as, Concejos Deliberantes, Facultades de Arquitectura y Urbanismo. También articulamos con los ministerios de transporte porque es fundamental que todo lo nuevo en materia de infraestructura y de transporte público tengan alcance y que se introduzcan las modificaciones necesarias en coches, colectivos, unidades y estaciones que todavía no están acondicionados. Para lograrlo, vamos a colaborar con la CNRT, el Ministerio de Transporte, cada uno de los gobiernos provinciales a cuyo cargo está todo el sistema de transporte público, y con la Ciudad de Buenos Aires.

Nuestra cuarta prioridad se relaciona con la salud. Estamos al tanto de la lógica de los distintos subsistemas dentro de este sector. Pero creemos que la principal barrera está en el incumplimiento de muchas de las obras sociales y las prepagas. Buscamos así fortalecer la relación con la Superintendencia de Salud y, en lo que hace a prestaciones, con el PAMI y el PROFE (Programa Federal de Salud), para ayudar a las personas con discapacidad en la emergencia pero también para promover mecanismos más sencillos y para que los servicios lleguen a tiempo y con calidad.

También queremos articular con el Ministerio de Ciencia y Tecnología en todo que se vincula con hacer alcanzables los desarrollos científicos y tecnológicos para este grupo social y así resolverles problemas y hacerles más fácil la vida cotidiana. En ese sentido, el INTI viene desarrollando una labor muy importante que valorizamos y ayudamos a difundir. Son varios los logros que consiguió en estos últimos años pero es necesario ponerlos a la luz y darlos a conocer.

Con mucho entusiasmo asumimos esta tarea que no nace con nosotros/as pero que sí estamos en condiciones de gestionar poniendo la mayor eficacia a la tarea y haciendo más plena la participación directa de las personas con discapacidad en esta gestión. Hemos convocado a la sociedad civil en su conjunto porque son varias las organizaciones no gubernamentales que ya vienen operando tanto con la CONADIS (Comisión Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad), como con el Ministerio de Desarrollo Social.

Pero la idea es que no hagamos nada sin las propias personas con discapacidad al frente de las distintas líneas de acción. Lo hemos comenzado a hacer y pensamos que esto también va a potenciar el crecimiento y la acción del propio movimiento social de este colectivo, como también va a disparar el intercambio fructífero de los distintos grupos, a nivel de las diferentes problemáticas, provincias, y ante la diversidad de discapacidades que requieren abordajes creativos y múltiples.