Así y todo, siempre se trata de armonizar esta relación, por lo que se han acuñado conceptos como “economía verde” o “crecimiento verde”. Lo que se busca es desacoplar el crecimiento económico del deterioro del medioambiente. ¿Pero eso está pasando? Una alternativa para responder esta pregunta es tomar el fenómeno del cambio climático. Si uno mira los últimos 25 años, puede decirse que hay cuatro tipos de situaciones a nivel de los países. Un grupo de naciones está logrando un desacoplamiento absoluto de las emisiones del PBI (sus emisiones bajan mientras el producto crece y el ratio emisiones/PBI baja). Este es el caso de Alemania, Dinamarca y varios países desarrollados. ¿Cómo lo están logrando? Son economías maduras que experimentan un aumento del sector servicios a expensas del manufacturero (que contamina más). Aun dentro de sectores productivos tradicionalmente contaminantes, han incorporado tecnologías más limpias. Además, se han generado cambios en los comportamientos de los consumidores (generalmente inducidos vía precios) que han permitido ahorros de energía sustanciales. Y, justamente, producir energía es una actividad normalmente contaminante.

Luego, hay otro conjunto de países (que incluye a Australia, Japón y Estados Unidos) que viene desacoplando la economía de las emisiones, pero de forma débil. Este desacoplamiento relativo significa que crece el producto, al mismo tiempo se emite más, aunque la intensidad de las emisiones gases/PBI decrece. Este panorama es menos deseable para el planeta, ya que en las negociaciones internacionales ha quedado claro que, para que no aumente la temperatura de la Tierra a niveles insostenibles, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero deben bajar.

Una situación aún menos deseable para el planeta la constituye un tercer grupo de naciones (que incluye a parte del mundo en desarrollo), que no está desacoplando las emisiones de la actividad económica. Su producción aumenta, junto con su cantidad y la intensidad de emisiones. Este es el caso de varios países petroleros (como Arabia Saudita).

Finalmente, hay un cuarto grupo, que está constituido por los Estados que, estando en recesión, bajan la contaminación que generan más de lo que puede atribuirse a la crisis. Esto significa que se encuentran en una trayectoria de decrecimiento verde. Son unos pocos casos (cuatro de alrededor de doscientas jurisdicciones).

¿En qué está la Argentina en este tema? En la categoría de desacople débil. Tomando los últimos 25 años, en promedio, el país ha crecido y las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado menos que el producto. En el corto plazo, estamos todos buscando volver a crecer, ¡esperemos que sea crecimiento verde! Para lograrlo, hay mucha política ambiental (y de todos los sectores) para hacer.

Es de esperar que el secretario de Ambiente designado por el nuevo Presidente de Argentina viaje a las negociaciones sobre cambio climático. Lo preocupante es que, aunque seguramente será el primer compromiso internacional del Presidente electo, no se habló nada sobre este tema en el debate presidencial. Lo que es aún peor es que no se mencionó el cambio climático ni otro problema ambiental. Una búsqueda rápida del texto transcrito del debate señala cero palabras referidas a las futuras políticas ambientales del próximo Presidente. Y eso que, últimamente, la Argentina ha enfrentado distintas problemáticas al respecto: las papeleras en Uruguay, el caso del Riachuelo, los reclamos sobre la basura entre la capital y la provincia de Buenos Aires, la cuestión de la minería en las provincias del oeste, etcétera.

El hecho es que los candidatos debatieron acerca de cuatro ejes, el primero de los cuales fue el desarrollo económico y humano, al cual siguieron dos bloques dentro de la misma temática (educación, seguridad y derechos humanos) y un cuarto segmento sobre fortalecimiento democrático. Puede pensarse que los organizadores fueron culpables de que el tema haya estado ausente. En ese caso, uno puede achacarles que en vez de hablarse de desarrollo económico y humano, Mauricio Macri y Daniel Scioli debieron debatir sobre desarrollo sostenible o sustentable, el cual incluye tres aspectos: desarrollo que contempla un crecimiento económico que es verde y socialmente inclusivo. En otras palabras, el desarrollo sostenible lo es económica, ambiental y socialmente.

Si a los organizadores les faltó esta tercera pata, tal vez es porque la percepción que tienen es que a los argentinos no les interesa el cuidado del medioambiente. No obstante, si uno concluyera que a la comunidad no le importa saber si el nuevo Gobierno va a apoyar que se difunda la información sobre las mediciones binacionales del desempeño ambiental de las plantas de papel de Uruguay o si planea una acción fuerte sobre el Riachuelo, debería asumir que al mundo sí le importan los temas ambientales.

Para que la nueva administración convierta a Argentina en un país más confiable debe tener una política ambiental que lo sea. Esto beneficiará al país para colocar sus productos en el exterior, pero también para debatir en foros no ambientales, e incluso para pedir créditos a organismos multilaterales. Se necesita una posición consistente en materia de cambio climático. Argentina ha presentado objetivos de reducción de gases invernadero, como la comunidad internacional lo pedía. Estos fueron considerados por algunos analistas como insuficientes. Pero, ¿qué piensa hacer la nueva administración? ¿Los mantendrá? ¿Los cambiará para que estén en línea con sus nuevas políticas? Ojalá los candidatos estén, al menos, pensando un poco en estos temas, aunque no se les ocurriera mencionarlo en el debate. Lo van a necesitar para dar sus primeros pasos ante la comunidad internacional reunida en París.

Para hacer frente a este fenómeno, la comunidad internacional viene negociando posibles soluciones desde 1992 con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Tal como se decidió en la reunión de las partes de dicha convención en Copenhague en 2009, se propuso intensificar la cooperación para luchar contra el cambio climático teniendo en cuenta la opinión científica de que, para “permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible”, el aumento de la temperatura mundial a fin de siglo debería permanecer por debajo de 2 ºC en relación con la era preindustrial.

Parte de esta intensificación en las acciones se observó en la Cumbre de Cancún en el año 2010, a raíz de la que varios países en desarrollo y desarrollados presentaron compromisos voluntarios de mitigación de gases de efecto invernadero. Esta se evidencia también en que todos los países acordaron en Durban en 2011 presentar formalmente acciones para mitigar el cambio climático. Por eso, se están preparando en todas las naciones contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional (INDC, por sus siglas en inglés) para presentar en la cumbre del clima de este año.

Hasta el momento son 56 países los que han presentado contribuciones para ser consideradas en la reunión de Francia de finales de 2015. La mayoría de estos compromisos consisten en reducciones de emisiones con respecto a un año base en el pasado o con respecto a trayectorias proyectadas. Sin embargo, algunas de las propuestas de Copenhague-Cancún (es el caso de China e India) y también algunos de los compromisos para París (es el caso de China y Singapur) se basan en reducir intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Esto es, en lograr bajas en la relación entre las emisiones y el PBI. Algunos piensan que la propuesta significa desacoplar (“desenganchar”) los GEI del PBI y así lograr un crecimiento más limpio. Pero este desacople no basta. Lo que se necesita es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Se sabe hoy que, para llegar a dicha meta de temperatura, las GEI deben reducirse entre 40 % y 70 % a mitad de siglo, en referencia al año 2010. De hecho, este es uno de los resultados más resaltados por el quinto informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático.

Un menor ratio emisiones/PBI puede darse si las emisiones bajan y el PBI sube. Eso se llama en la jerga “desacople absoluto” y va en el sentido buscado. Pero también puede bajar dicho ratio, porque tanto emisiones como PBI suben, pero las emisiones lo hacen menos que el PBI. Ese “desacople relativo” no es suficiente para lograr el desarrollo sostenible, ya que implicaría una economía en crecimiento con mayores emisiones. Tampoco es el objetivo disminuir la intensidad de carbono a costa de reducir emisiones más de lo que se reduce el PBI. En este último caso, también se estaría lejos del camino del crecimiento verde, ya que no se crecería, aunque se cumpliría con bajar la intensidad de GEI.

En resumen, no basta con que la trayectoria de las emisiones sea distinta que la del producto, ¡hay que reducir las emisiones! Es una buena idea pensar en esto en vísperas de la Cumbre de París y cuando Argentina prepara su contribución al nuevo acuerdo universal sobre el clima.

Muchos chicos de nuestro país están expuestos a la violencia doméstica, ya sea porque escuchan amenazas entre sus padres o las reciben de ellos. Esto los pone en una situación difícil. Como ha sido ampliamente estudiado, el efecto de vivir rodeado de violencia, cuando no es la muerte o un daño físico reparable, suele estar acompañado de ansiedad, problemas en el rendimiento escolar, aumento de la agresividad.

Aunque el maltrato ocurra en el hogar, no se trata de un hecho privado, porque todo lo que concierne al desarrollo integral de un niño es un tema de interés público. Esto es así por, al menos, dos cuestiones fundamentales: porque al ser menores no pueden protegerse tan fácilmente por sus propios medios, pero también porque las consecuencias de esa violencia generan consecuencias sociales indeseables en otros niños u otros adultos. Hay evidencia de que los niños enfrentados a situaciones violentas en sus hogares disminuyen los resultados en pruebas de lectura y matemática con respecto a sus pares en las escuelas, y aumentan la mala conducta de la clase. Se ha comprobado también que los niños que sufren violencia en sus casas suelen ser luego adultos violentos y, por lo tanto, tienden a perpetuar el daño recibido.

Ahora bien, toda la sociedad debe proteger a los niños: los médicos, los maestros y también los vecinos. Centrándonos justamente en el sistema educativo, el artículo 67 de la ley n.^o 26.206 de 2006 de educación nacional, referido a las obligaciones de los docentes, afirma en el inciso e): “proteger y garantizar los derechos de los/as niños/as y adolescentes que se encuentren bajo su responsabilidad, en concordancia con lo dispuesto en la ley n.^o 26.061” (ley nacional de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes).

Existen protocolos en las escuelas que establecen que los maestros deben avisar a sus superiores si observan signos de violencia doméstica en sus alumnos. Con esto es con lo que no cumplieron ni la directora del jardín de infantes ni la maestra del niño de 5 años que hace unos días fue asesinado en su casa. Por eso es que el Ministerio de Educación de la ciudad les inició un sumario administrativo y las suspendió (con goce de sueldo) hasta que se efectúe la investigación correspondiente. Se hizo lo que se tenía que hacer. Si no se hubiese tomado esta medida, muy raramente la escuela podría contribuir a disminuir los casos de maltrato infantil. Siempre habría incentivos para no cumplir con las obligaciones si no hay costos por la inconducta (por ejemplo, el miedo a las represalias de los padres o de la propia escuela por obligar a las autoridades a hacer más tareas). Como decimos los economistas, los incentivos tienen que estar alineados. El que hace bien su trabajo debe ser reconocido y el que lo hace mal debe ser sancionado. En este caso, no hacer bien un trabajo costó la vida de un chico de 5 años. La Unión de Trabajadores del Estado decidió realizar un paro de 24 horas en repudio a la sanción, la sociedad no debería acompañarlo. Los niños merecen ser defendidos.

Sin embargo, el entusiasmo con los celulares en Argentina se termina cuando uno mira que los reclamos por la prestación de servicios que dan las empresas de telefonía celular han empezado a ser recurrentes entre los usuarios. Es más, según lo afirman varios artículos periodísticos recientes, este tipo de quejas lidera el ranking en los organismos de defensa del consumidor de los distintos niveles de gobierno. La problemática la venimos sufriendo todos los ciudadanos y es el reflejo de la falta de poder fiscalizador del Estado.

Como ilustración vale una anécdota personal. Mantengo la misma línea de teléfono hace bastante tiempo, como la mayoría de las personas que hace varios años usamos celulares. Nunca he cambiado mi plan desde la contratación original, que consistía en un precio dado y una serie de servicios (básicamente minutos de llamadas libres, cierta cantidad de mensajes de texto libres, algunos números de llamada gratuitos y uso de internet ilimitado).

A principios de abril, por el robo de mi móvil en un colectivo (otro problema de falta de poder del Estado), concurrí a la compañía de celular para dar de baja el chip y aproveché para preguntar si podía bajar los costos de mi plan. Para ello, pedí que me detallaran los servicios que tenía y las alternativas. Ahí descubrí que lo que yo pensaba que contenía mi plan no eran más los servicios originales (los minutos libres a otras empresas de celulares habían bajado a la mitad). Pero me aseguraban que mi plan seguía siendo el mismo: efectivamente el nombre no había cambiado. En el ínterin, recibí una comunicación de la empresa en la que me informaban que el costo de mi línea volvería a aumentar 14 %. Cuando finalmente compré un nuevo teléfono, volví a ir a la empresa a buscar el nuevo chip e hice el ejercicio de volver a preguntar qué servicios tenía. Resulta ser que, a partir de mayo, mi plan ya no incluía números libres (excepto uno: a una línea fija).

Este caso es un ejemplo más de fracaso regulatorio, pero también de relato. ¿Cuál es la diferencia entre lo que pasó con las paritarias de los aceiteros (que lograron un aumento de sus salarios de bolsillo del 36 % -cumpliendo la pauta fijada por el gobierno de que sea del 27,8 %- usando el artilugio de “adicionales” salariales) o de los bancarios (negociaron subas del 33 % con “sumas no remunerativas”) y lo que pasa con los celulares? Es exactamente lo mismo: el aumento de la tarifa se conjuga con servicios cada vez menores.

Las empresas de telefonía móvil juegan con los consumidores y el Estado mira para otro lado, preocupándose más por defender el relato que el bienestar de los ciudadanos. El Estado tiene un rol fiscalizador de la actividad económica que no puede ser desatendido. Esperemos el futuro sea mejor.

Este año casi 1.000 chicos se anotaron para ingresar en el Colegio Nacional Buenos Aires y 480 de éstos lograron ser admitidos. Los que ingresaron, tuvieron más de 7 de promedio en los exámenes. Todos los ingresantes superaron un excelente curso de ingreso. Excelente tanto en la organización, en el nivel de los contenidos dictados, en la contención de los alumnos, como en el cuidado de la equidad. Esto último tiene que ver con que el CNBA, además de brindar becas a alumnos de bajos ingresos, también organiza un curso de apoyo gratuito para éstos (los demás suelen ir a academias particulares, cuyo costo es similar al de un colegio privado promedio).

Una vez obtenido el ingreso (cuyo orden de mérito se anuncia a fines de diciembre), los alumnos deben esperar a febrero para el sorteo de los turnos. El Nacional tiene divisiones en cada uno de los 3 turnos: mañana, tarde y vespertino (que termina a las 22:30 aproximadamente). El sorteo es con un bolillero, por lo tanto depende exclusivamente del azar. Se ha dejado de lado el orden de mérito para la elección prioritaria del turno, mecanismo que hasta hace un tiempo sí existía.

Lo que ha estado pasando en los últimos años es que algunos padres, en parte por la “sensación de inseguridad”, pero también por lo inadecuado para la organización de la familia de que un chico de 12 o 13 años asista al colegio secundario de noche, han renunciado a vacantes del turno vespertino. En respuesta a ello, el Colegio ha intensificado el cuidado de la salida de los alumnos del vespertino. Pero también ha cambiado 2 de las divisiones del turno vespertino para que los tres primeros años los alumnos cursen de día y, cuando ya son más grandes (en 4to y 5to año), ahí sí cursen de noche. Por lo tanto, hoy en día, solamente a 96 alumnos (3 divisiones) les toca “la noche”.

El turno “noche” es visto por la mayoría de los padres y alumnos como un castigo. Pero el azar elige por igual a alumnos con distinto orden de mérito. Si bien el problema ha disminuido (hay menos alumnos en esa situación), aún se dan casos de chicos con excelentes notas en el ingreso, que finalmente no van al Colegio por el tema del turno. El Colegio cubre entonces las vacantes liberadas con alumnos de la lista de espera.

Si bien es cierto que la nota en exámenes no lo es todo en la formación de un alumno (perfectamente alumnos con menos de 7 en el ingreso pueden tener luego carreras excelentes), el mecanismo de sorteo del turno hace que el “Colegio” (como les gusta llamarlo a sus egresados) quede a mitad de camino entre el mérito y la “casualidad”.

Un nuevo concepto (crecimiento verde inclusivo) se está discutiendo a nivel internacional. El mismo ha venido a dinamizar otro más establecido: el desarrollo sustentable. Crecimiento verde inclusivo implica políticas concretas de crecimiento, reducción de la pobreza y la desigualdad con respeto al ambiente. Las medidas de “enverdecimiento con inclusión” que son convenientes para cada país dependen de su propia realidad. Aún así, las que son en general consideradas con mayor potencial incluyen las de infraestructura urbana, y dentro de éstas las que mejoran al acceso de la población a servicios de agua y saneamiento.

De acuerdo a las últimas estimaciones de la OMS y de UNICEF para 2013, 36% de la población del mundo (2,5 miles de millones de personas) carece de sistemas de saneamiento adecuado y 768 millones no tienen agua potable. Como consecuencia de ello, son millones las muertes y enfermedades asociadas al agua. Para hacer frente a esta problemática, dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas se incluyó el de reducir la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. Según OMS/UNICEF la meta se ha alcanzado a nivel global para agua, pero aún no se logra en cloacas.

Uno se pregunta entonces cuál es la situación en Argentina en infraestructura de agua y saneamiento. Nosotros hemos analizado esto en proyectos de Fulbright y red LATN. Con datos de los censos 1991, 2001 y 2010 encontramos que el porcentaje de población con acceso a agua de red ha subido del 68%, al 78% y luego al 83%, mientras que el porcentaje de la población con acceso a desagües cloacales ha aumentado del 34% al 43% y al 49%. Junto con la mayor cobertura, hay una disminución de la desigualdad interprovincial. En 1991, solo 7% de los habitantes de Misiones tenían cloacas mientras en CABA el 95% tenía desagües cloacales. En 2010, Misiones sigue teniendo las peores condiciones relativas pero, según el censo, 17% de sus habitantes tienen cloacas. El coeficiente de Gini interprovincial para agua (que vale 0 si hay igualdad total y 1 si hay completa desigualdad) se ha reducido de 0,12, a 0,08, y a 0,07, y el de cloacas ha bajado de 0,26, 0,22, y 0,19. También es positivo que parte de la expansión ha sido vía “empleos verdes” con planes como Agua+Trabajo en que las obras las hacen cooperativas formadas por beneficiarios del Plan Jefes y Jefas.

Aun así, queda mucho por hacer. En Argentina no se cuida el consumo de agua ya que su precio no tiene relación estrecha con su uso; el tratamiento de los desechos cloacales está aún en niveles muy bajos; la regulación ambiental de los efluentes está basada en estándares que son escasamente fiscalizados (dada la baja capacidad de los organismos ambientales) en vez de mecanismos más flexibles como impuestos a los efluentes líquidos, la expansión depende fuertemente de subsidios. Hay avances, sin embargo alcanzar el desarrollo sustentable requiere todavía tomar medidas.

Mucho se ha hablado en estos días de la toma de colegios de la Ciudad por las reformas en los planes de estudio, de la importancia de evaluaciones como la prueba PISA 2012 cuyos resultados se darán a conocer en diciembre, y seguramente se hablará de los ruidosos festejos del día del estudiante del fin de semana. Este interés por la educación es esperable dada la importancia de contar con mano de obra bien educada en una economía crecientemente globalizada.

La economía se ha sumado a esta discusión. John Maynard Keynes alguna vez dijo que la economía es “una forma de pensar”, entonces era esperable que la ciencia económica se inmiscuya en temas de educación. En efecto, a lo largo de los años se ha mostrado empíricamente que las personas más educadas tienen más estabilidad laboral, mejor salud, etc. Pero, mucho en la economía de la educación tiene que ver con cuestiones de incentivos. Por ejemplo, cómo los padres eligen entre escuelas si ellas compiten entre sí o cómo se debe remunerar a los docentes.

Es aceptado de forma general, luego de centenares de estudios, que maestros y profesores desempeñan el rol más importante en qué, cómo y cuánto van a aprender los estudiantes. No hay ninguna otra característica de las escuelas (ni el tamaño de las clases, ni ningún recurso informático) que influencie tanto el rendimiento educativo como el docente. Atraer personas calificadas, pero sobre todo, motivarlas para esforzarse el máximo es uno de los principales desafíos de las instituciones educativas. Pero, no hay consenso sobre la mejor manera de lograrlo.

Recientemente se han implementado esquemas de incentivos vía pagos a los docentes por los resultados de sus alumnos en pruebas estandarizadas o en evaluaciones a los que ellos mismos se someten. En estudios recientes para México, Bolivia y Chile, se observa un efecto positivo en los resultados de alumnos de escuelas secundarias. Una de las críticas a estos esquemas es que los educadores no solamente deben lograr que los alumnos obtengan mejores puntajes sino también desarrollar en ellos autoestima, el ser una persona de bien, etc. Casi todos los que hemos pasado por el sistema educativo podemos recordar un profesor excepcional y ello no necesariamente está asociado a la calidad de su enseñanza sino a que fuera cariñoso, comprometido, etc.  Sin embargo, aunque es cierto que es difícil medir el desempeño de los docentes, su remuneración no puede depender principalmente de su antigüedad en el cargo o de ajustes por inflación, sino que debería estar más estrechamente relacionado con su calidad y su dedicación. Los planes de estudio son importantes, pero los docentes lo son más.