Pocas semanas después de asumir el poder, Illia decide la medida más polémica de su administración al dejar sin efecto los contratos de concesión petrolera firmados por el gobierno desarrollista entre 1958 y 1962. La anulación de los contratos energéticos suscriptos por Frondizi significa el cumplimiento de la promesa electoral de la UCRP. Al mismo tiempo, implican un profundo retroceso respecto al avance realizado por la experiencia de la administración desarrollista en relación al logro de haber alcanzado el autoabastecimiento en materia energética. Al anular los contratos, Illia responde a la tradición “principista” del radicalismo.

La medida cae pésimo en los EEUU. El 28 de octubre, en declaraciones a Associated Press, Illia declara: “La acción se tomará de acuerdo con la ley y con nuestra Constitución. Habrá indemnización. No tomaremos medidas violentas contra nadie. El gobierno hará las cosas de acuerdo con normas legales. No es intención del Gobierno argentino echar a las compañías petroleras de la Argentina, sino anular los contratos contrarios a su política petrolera”.

A principios de noviembre, el gobierno recibe la visita de Averell Harriman, subsecretario de Estado norteamericano. El enviado de Dean Rusk se entrevista largas horas con el canciller Zavala Ortiz y se reúne con Illia en su despacho de la casa de gobierno. Se discute la Enmienda Hickenlooper, norma impulsada por el senador norteamericano que le da su nombre y que establece la suspensión de la asistencia financiera a los países que anularan contratos con ciudadanos o sociedades de los EEUU.

El propio presidente Kennedy se refirió al tema: “la Argentina tiene derecho a nacionalizar. Ello, agregó, impone medidas adecuadas de compensación” (La Nación, 15 de noviembre de 1963). Moriría asesinado una semana más tarde, en la trágica mañana de Dallas.

El embajador norteamericano formula críticas al gobierno radical. Robert McClintock afirma a Clarín (1º de abril de 1964) que “las inversiones de capital privado no encuentran interés en la Argentina a causa de la anulación de los contratos petroleros. En Estados Unidos se considera que los contratos son sagrados. Pueden reconsiderarse, modificarse, pero se debe llegar a un acuerdo”.

En cambio, el Izvestia, órgano del gobierno soviético, del 14 de noviembre de 1963 subrayó que los Estados Unidos “se han quemado con el petróleo”. Asimismo, el Partido Comunista argentino -que acompañó al justicialismo en la posición de “abstención” en las elecciones que consagraron a Illia como presidente- también respaldó la medida adoptada por la gestión radical en materia petrolera a través de una declaración de apoyo firmada por Victorio Codovilla.

Alain Rouquié señala en su obra Poder militar y sociedad política en la Argentina que la anulación de los contratos petroleros decretada por el gobierno radical hace caer drásticamente el nivel de inversiones extranjeras. De 100 a 120 millones de dólares hasta 1962, solo se reciben 34,6 millones en 1963 y poco más de 33 en 1964.

Cumplir a rajatabla las promesas electorales parece ser un compromiso central de Illia, tal vez con el objeto de contraponer su imagen a la de Frondizi, acusado para siempre de haber traicionado su propia obra Petróleo y política con la acción de gobierno desplegada durante su mandato. El gobierno da impulso a una comisión investigadora en el seno del Congreso cuyos resultados se informan un año más tarde, en octubre de 1964.

Aún hoy -año 2013- algunos radicales y no radicales siguen reivindicando la anulación de los contratos petroleros en 1963. Sin embargo, en agosto de 1987, en plena campaña electoral para las elecciones legislativas de ese año, el presidente Raúl Alfonsín reconoció que fue un error la anulación de los contratos petroleros por parte del gobierno de Illia. Alfonsín afirmó “nuestros partidos mayoritarios tienen un fuerte estatismo de trasfondo. El nuestro (radical) viene de la Convención de Avellaneda“. Alfonsín reconoció que “cuando uno gobierna se da cuenta del problema éste del estatismo”. (Ámbito Financiero, 10 de agosto de 1987).

Hoy, cincuenta años más tarde, la Argentina enfrenta nuevamente el desafío de alcanzar el autoabastecimiento y convive con la angustiosa y pesada carga de tener que recurrir a costosas importaciones de energía. Recordar los errores del pasado es un elemento central para programar el futuro de manera inteligente y responsable. El cumplimiento de los contratos y las obligaciones son el núcleo de la buena reputación internacional necesaria para satisfacer el genuino interés nacional.

Elegido en comicios viciados, con el peronismo proscripto, en 1963, la administración radical tiene, desde un inicio, una impronta partidocrática que parece buscar “borrar” todo lo actuado por el gobierno frondicista. Así, frente a la espectacularidad del desconcierto desarrollista, Illia impone un estilo de gobierno lento, carente de vértigo en el que, por caso, sólo hubo un cambio de gabinete en casi tres años. Deshacer el camino recorrido por Arturo Frondizi es la nota central de la administración de Arturo Illia. Por ello su primera medida trascendente es la anulación de los contratos petroleros firmados por el gobienro desarrollista, en apego a la tradición estatista radical y sin tener en cuenta el costo económico que dicha medida -sin duda anacrónica- significó para el país.

Obsesionado en cumplir con su plataforma, el presidente radical decretó cancelar obligaciones que el país había asumido, sin medir el daño que dicha decisión supondría para la Argentina. Sin embargo, aun hoy se habla de Illia como ejemplo de austeridad y gobierno honesto -sin duda lo era en términos personales- olvidando el costo de tal anulación de contratos. Empeñado en gobernar tan sólo con sus correligionarios, Illia olvidó que era presidente de veinte millones de argentinos y terminó siendo funcional a la estrategia golpista de las corporaciones que rápidamente se colocaron en una actitud francamente desestabilizadora de su administración.

La anulación de las concesiones petroleras es, a nuestro juicio, un fenomenal error histórico. Implica el primer desconocimiento de obligaciones por parte del país y significa el inicio de una larga sucesión de incumplimientos contractuales que le costarán caro a la imagen y al crédito de nuestro país. Significa también la dificultad que reptidamente afecta a la clase dirigente argentina de desconocer el hecho de que lo actuado por gobiernos anteriores -nos guste o no- establece una línea de continuidad histórica que no puede alterarse mediante la sola apelación al recurso infantil del voluntarismo político. ¿No es acaso un vicio repetido el no interpretar que determinados hechos existentes al momento del inicio de un gobierno constituyen hechos consumados que imponen, independientemente de su valoración, puntos de partida inexorables y nuevas plataformas en el proceso histórico?

La medida tiene por su parte el sello distintivo de la falla de origen del partido radical: la incapacidad notoria por comprender las grandes tendencias económicas mundiales sino con atraso. Sucedió con el yrigoyenismo, volvió a suceder con Illia y ocurrirá en los años 80 con el alfonsinismo. Curiosamente, los dos gobiernos de origen radical que sí entendieron el momento histórico en el que les tocó gobernar (Alvear y Frondizi) han sido expulsados por los herederos de Alem y condenados al olvido o al mote de traición.

No obstante la calamidad de haber anulado los contratos petroleros en 1963, el gobierno de Illia no merecía -visto hoy- el trágico final al que la sociedad (no sólo las Fuerzas Armadas) lo condenaron. El desenlace de junio de 1966 parece ser una suerte de “venganza” de los azules por no haber podido imponer al general Juan Carlos Onganía tras los conflictos internos de las Fuerzas Armadas en 1962/63 y el resultado de advertir las Fuerzas Armadas el hecho objetivo de que el peronismo ganaría las elecciones que se debían celebrar en 1967 y 1969. El golpe, injustificado evidentemente, se produce en momentos en que la economía argentina crece a tasas importantes y en un clima de bonanza y desplaza a un gobierno que, quizás mediocre y sin lustre, sin embargo no merecía un desenlace de tales características, sumando un nuevo episodio a la penosa lista de interrupciones institucionales inauguradas en 1930.

En síntesis, he querido aportar una visión distinta sobre el gobierno de Illia sin ánimo descalificatorio sino a los efectos de complementar su análisis histórico, que, como todos, tiene por fin comprender el pasado para interpretarlo y construir una plataforma de partida inteligente para el futuro del país.