Pocas semanas después de asumir el poder, Illia decide la medida más polémica de su administración al dejar sin efecto los contratos de concesión petrolera firmados por el gobierno desarrollista entre 1958 y 1962. La anulación de los contratos energéticos suscriptos por Frondizi significa el cumplimiento de la promesa electoral de la UCRP. Al mismo tiempo, implican un profundo retroceso respecto al avance realizado por la experiencia de la administración desarrollista en relación al logro de haber alcanzado el autoabastecimiento en materia energética. Al anular los contratos, Illia responde a la tradición “principista” del radicalismo.

La medida cae pésimo en los EEUU. El 28 de octubre, en declaraciones a Associated Press, Illia declara: “La acción se tomará de acuerdo con la ley y con nuestra Constitución. Habrá indemnización. No tomaremos medidas violentas contra nadie. El gobierno hará las cosas de acuerdo con normas legales. No es intención del Gobierno argentino echar a las compañías petroleras de la Argentina, sino anular los contratos contrarios a su política petrolera”.

A principios de noviembre, el gobierno recibe la visita de Averell Harriman, subsecretario de Estado norteamericano. El enviado de Dean Rusk se entrevista largas horas con el canciller Zavala Ortiz y se reúne con Illia en su despacho de la casa de gobierno. Se discute la Enmienda Hickenlooper, norma impulsada por el senador norteamericano que le da su nombre y que establece la suspensión de la asistencia financiera a los países que anularan contratos con ciudadanos o sociedades de los EEUU.

El propio presidente Kennedy se refirió al tema: “la Argentina tiene derecho a nacionalizar. Ello, agregó, impone medidas adecuadas de compensación” (La Nación, 15 de noviembre de 1963). Moriría asesinado una semana más tarde, en la trágica mañana de Dallas.

El embajador norteamericano formula críticas al gobierno radical. Robert McClintock afirma a Clarín (1º de abril de 1964) que “las inversiones de capital privado no encuentran interés en la Argentina a causa de la anulación de los contratos petroleros. En Estados Unidos se considera que los contratos son sagrados. Pueden reconsiderarse, modificarse, pero se debe llegar a un acuerdo”.

En cambio, el Izvestia, órgano del gobierno soviético, del 14 de noviembre de 1963 subrayó que los Estados Unidos “se han quemado con el petróleo”. Asimismo, el Partido Comunista argentino -que acompañó al justicialismo en la posición de “abstención” en las elecciones que consagraron a Illia como presidente- también respaldó la medida adoptada por la gestión radical en materia petrolera a través de una declaración de apoyo firmada por Victorio Codovilla.

Alain Rouquié señala en su obra Poder militar y sociedad política en la Argentina que la anulación de los contratos petroleros decretada por el gobierno radical hace caer drásticamente el nivel de inversiones extranjeras. De 100 a 120 millones de dólares hasta 1962, solo se reciben 34,6 millones en 1963 y poco más de 33 en 1964.

Cumplir a rajatabla las promesas electorales parece ser un compromiso central de Illia, tal vez con el objeto de contraponer su imagen a la de Frondizi, acusado para siempre de haber traicionado su propia obra Petróleo y política con la acción de gobierno desplegada durante su mandato. El gobierno da impulso a una comisión investigadora en el seno del Congreso cuyos resultados se informan un año más tarde, en octubre de 1964.

Aún hoy -año 2013- algunos radicales y no radicales siguen reivindicando la anulación de los contratos petroleros en 1963. Sin embargo, en agosto de 1987, en plena campaña electoral para las elecciones legislativas de ese año, el presidente Raúl Alfonsín reconoció que fue un error la anulación de los contratos petroleros por parte del gobierno de Illia. Alfonsín afirmó “nuestros partidos mayoritarios tienen un fuerte estatismo de trasfondo. El nuestro (radical) viene de la Convención de Avellaneda“. Alfonsín reconoció que “cuando uno gobierna se da cuenta del problema éste del estatismo”. (Ámbito Financiero, 10 de agosto de 1987).

Hoy, cincuenta años más tarde, la Argentina enfrenta nuevamente el desafío de alcanzar el autoabastecimiento y convive con la angustiosa y pesada carga de tener que recurrir a costosas importaciones de energía. Recordar los errores del pasado es un elemento central para programar el futuro de manera inteligente y responsable. El cumplimiento de los contratos y las obligaciones son el núcleo de la buena reputación internacional necesaria para satisfacer el genuino interés nacional.

Comienza así el período de un mes aproximadamente durante el cual la Presidencia será ejercida por quien en 1983 será candidato peronista frente a Raúl Alfonsín. Entre sus primeras medidas, cubre los cargos vacantes en el gabinete, tras las renuncias de los ministros del Interior y Defensa, Damasco y Garrido, respectivamente. Ángel Robledo es el nuevo ministro del Interior. Tomás Vottero asume en Defensa. Manuel Arauz Castex (hasta entonces intregrante de la Corte Suprema) es designado canciller[1].

Luder se entrevista con Balbín apenas asume la Presidencia. El líder de la UCR le pide adelantar las elecciones a fines de 1976.

El caso de Robledo es singular: es designado titular de Interior mientras participa de una transmisión de Tiempo Nuevo. Bernardo Neustadt dice: “Robledo entró al programa como canciller y salió como ministro del Interior”. El propio Robledo reconoce: “Me siento desconcertado, porque evidentemente me cambia totalmente los esquemas incluso mentales (…) he estado siempre al servicio del movimiento y del gobierno, me ha tocado algunas veces hacer pasos fugaces por determinada función, y parece que éste es uno más. Veremos cuánto tiempo estoy en Interior”. El 20, Robledo viaja a Nueva York, para participar de la Asamblea General de la ONU. Lo hace como titular de Interior y canciller interino, dado que Arauz Castex recién asume la Cancillería el 2 de octubre. Durante un encuentro en el Waldorf Astoria, el ministro argentino le asegura al secretario de Estado Henry Kissinger: “la subversión no hace peligrar al gobierno” (Clarín, 25 y 29 de septiembre de 1975).

También durante el interinato de Luder, hacia mediados de septiembre, se formaliza la división del bloque del Frejuli en la Cámara de Diputados entre “verticalistas” y “antiverticalistas“. Por su parte, vuelve al país Héctor Cámpora. Algunas versiones señalan que el ex presidente retorna a la Argentina para “reencauzar a la juventud peronista”, a pedido del gobierno. Se insiste en que el ministro Robledo ha realizado gestiones, pero éste las niega.

El 24, Lúder encabeza una reunión de gabinete con la presencia de los tres comandantes de las Fuerzas Armadas, general Videla, almirante Massera y brigadier Fautario.

El 5 de octubre, el país se conmueve: Montoneros ataca el Regimiento de Infantería de Monte 29 en Formosa. Mueren unas treinta personas, en su mayoría, guerrilleros. El accionar de la guerrilla se enmarca en la demencial política que en el último semestre de 1975, Montoneros pone en marcha para acelerar el proceso político desatando un ataque total contra el aparato de seguridad del Estado[2].

Dos días después, el ministro Robledo visita a Isabel Perón en Ascochinga, al parecer con el objeto de pedirle que extienda su licencia. Luego viaja Luder, con el mismo propósito. El 8, titula Clarín: “Habrían sugerido postergar la licencia”. Al día siguiente, Isabel participa en una misa por el 80 aniversario del nacimiento de Perón, realizada en la capilla de Ascochinga. Mientras tanto, en Buenos Aires sesiona el Consejo Nacional del PJ. Al término del encuentro, su secretario, Manuel Torres afirma que “Isabel reasume y hay acto”. La falta de unidad entre algunos sectores partidarios y el gobierno provisional encabezado por la dupla Luder-Robledo es evidente.

Pero el hecho institucional más relevante que tiene lugar durante la permanencia de Luder en la Presidencia es el dictado de los Decretos 2770, 2771 y 2772/75. Se extiende a todo el territorio nacional el alcance del decreto 261/75 que da intervención a las fuerzas armadas en la lucha antisubversiva, ante el desborde de las fuerzas policiales.

Luder escribió veinte años después: “En el  Congreso,  los  partidos opositores pedían mayor rigor para luchar contra la subversión. No sólo el  Gobierno manejaba información sobre la indefension de la policía. Yo dicté el decreto (para aniquilar el accionar de la subversión) con el Congreso en funciones. Nadie pidió derogarlo. Nadie fue a la Justicia para plantear una queja. Era un decreto de un gobierno constitucional frente a una situación de extrema gravedad” (La Nación, 24/3/96).

Durante el juicio a las Juntas, en 1985, Luder, Cafiero y Ruckauf negarán que del dictado de los decretos 2770, 71 y 72 pueda desprenderse una autorización al aniquilamiento físico, ni para violar la ley, privar de la libertad a personas ni para alterar el orden institucional mediante un golpe de estado (ver: María Seoane y Vicente Muleiro: El dictador, p. 465).

Carlos Ruckauf -entonces titular de Trabajo- sostuvo una década más tarde: “Firmaría de nuevo ese decreto. Porque la policía había sido superada, y hay que ponerse en la realidad que vivíamos entonces. Había un accionar subversivo que atentaba realmente contra el conjunto de la ciudadanía. Y se habilitó a las Fuerzas Armadas a que luchen contra eso, no a que comentan actos delictivos. Acá no está en discusión si había que acabar o no con la subversión. Estamos todos de acuerdo en que había que terminar con la subversión. Los que piensan lo contrario, están imaginando otro tipo de país. Lo que está en discusión aquí son los métodos empleados. Nadie habilitó a las Fuerzas Armadas para robar, ni secuestrar ni hacer desaparecer gente. Si acá se hubiera hecho la lucha antisubversiva con tribunales, con fallos y con fusilamientos, hoy no estaríamos discutiendo este tema” (Gente, 1º de enero de 1987).

También a principios de octubre, el gobernador bonaerense, Victorio Calabró, realiza críticas declaraciones contra el gobierno nacional ante representantes de la prensa internacional. Afirma que “así no llegamos al 77″. Se habla de “vacío político”[3].

Finalmente, el 17 de octubre reasume Isabel. Se celebra el día de la Lealtad con un acto en Plaza de Mayo y un discurso de la presidente desde los balcones de la Casa de Gobierno. El martes 21, vuelve a presidir el gabinete de ministros. Fracasa el intento de un sector del gobierno de extender la licencia de la presidenta hasta la finalización del período presidencial. El peronismo, y el país, pagarán un alto costo por esta decisión que provocará pocos meses más tarde el pronunciamiento del 24 de marzo de 1976.

20 años después del golpe de estado, Fernando De la Rúa (senador entonces) reflexionó que se hubiera podido evitar el golpe si se producía “la renuncia de Isabel (Perón) después de la muerte de Perón, o poco después, en ocasión de su viaje a Córdoba. Ella no debería haber vuelto al poder, porque fue volver para nada, porque aquello era la desorientación de la nave del Estado. Allí se jugó la suerte del país. Y los militares, a quienes el Congreso les rechazó la pena de muerte para los subversivos en noviembre de 1975, ya no tuvieron dudas sobre el golpe” (Clarín, 24 de marzo de 1996).

Luder recuerda: “Mientras fui presidente interino, intenté generar expectativas institucionales, señalando que íbamos a adelantar las elecciones. Recuerdo que Ricardo Balbín (líder radical de aquel entonces) me dio todo su respaldo. Esa medida desarmaba el marco de maniobra de los golpistas. Pero todas las posibilidades estaban obstruidas por la insistencia de María Estela (Isabel Perón) de permanecer en sus funciones” (Clarín, 24 de marzo de 1996).