El artículo me resultó un tanto curioso, ya que al igual que el autor de la nota, he estudiado en la misma facultad, en la misma época, y hasta hemos tenido a los mismos profesores, compartiendo incluso varias materias.

Habiendo dicho esto debo confesar que jamás en mi vida he conocido a un “neoliberal”. Tal es así que no he encontrado dicha categoría en ningún tratado de filosofía política, con la excepción de algún panfleto incendiario de bajo vuelo o de la boca de algún excéntrico líder tercermundista que pretendía encontrar en el “neoliberalismo” el chivo expiatorio para justificar los propios fracasos nacionales.

Pero tengo la sensación que nuestro “gurú” está confundiendo el supuesto “paradigma neoliberal” con el paradigma “neoclásico”. ¿Qué es esto último? Pues nada más que una síntesis entre las principales ideas formuladas por los economistas clásicos (Smith, Ricardo, Malthus, Marshall) y la tradición dominante que impera en la economía desde la década del 50 de fuerte raigambre keynesiana e intervencionista, y entre cuyos máximos exponentes podríamos incluir a economistas contemporáneos como Samuelson, Krugman y Stiglitz. Así, sobre aquella tradición clásica se fue gestando otra nueva, conocida como la síntesis neoclásica que es la que ha predomina actualmente en la academia, y la que estaría sujeta a discusión.

Los reproches que se la hacen a esta corriente del pensamiento están asociados en mayor medida con aspectos metodológicos y los supuestos bajo los cuales se ha construido la mayoría del andamiaje neoclásico. La obsesión por la modelización matemática y la necesidad de contar con modelos simplificados de la realidad han requerido la adopción de premisas muy irreales. Desde la forma esquematizada bajo la cual individuos y empresas toman decisiones (maximizaciones sujetas a restricciones), la disponibilidad y uniformidad de información, la función del empresario, la visión simplificada de la rivalidad y la competencia en el mercado, la dimensión temporal, hasta la obsesión por los equilibrios. Esta particular forma de ver y analizar la economía también se extendió al mundo de las finanzas y a la forma en la cual se valúan muchos de los más sofisticados activos financieros. Incluso muchas de las estrategias de trading y los modelos predictivos en finanzas se basan en la misma metodología neoclásica, manteniendo incluso muchos de sus supuestos irreales.

¿Qué tiene que ver esta discusión teórica con la realidad? En que muchos actores del mercado, incluidos los propios responsables de diseñar la política económica, utilizan estos modelos para tomar decisiones. Un ejemplo. El hecho de haber asumido a rajatabla todos los supuestos implícitos en estos modelos de decisión llevó a muchos fondos de inversión y bancos a subestimar de manera sistemática ciertos riesgos del mercado. Este hecho sumado a la mala estimación de la correlación y la interdependencia de determinadas variables financieras llevaron a importantes quebrantos y constituyen uno de los factores que originaron y agravaron al crack financiero del 2008 originado en el tramo sub-prime del mercado hipotecario americano. ¿Esto significa que hay que tirar todas estas teorías por la borda? No necesariamente, pero es evidente que es necesario revisar la conveniencia de seguir asumiendo como válidos ciertos supuestos que no se verifican en la realidad. Pero eso es harina de otro costal.

¿Y qué tiene que ver todo esto con el liberalismo? Pues poco y mucho. En primer lugar, el “liberalismo” no es una doctrina económica sino una filosofía abarcativa que se funda en la moral y la ética, y que a partir de un conjunto de axiomas definidos de manera apriorística sostiene determinados corolarios económicos. Pero yendo al tema que nos ocupa, podríamos decir que el liberalismo, grosso modo, tiene una visión sobre la acción humana de cuya observación se desprende un entendimiento sobre la vida económica. Si bien la diferencia puede ser sutil, existe un abismo metodológico e interpretativo con respecto a la visión “neoclásica” cuya razón de ser se encuentra, como acabamos de ver, en modelos de equilibrio basados en supuestos mayormente irreales. Pero una particular escuela de pensamiento poco tiene que ver con una filosofía política y ética como es el liberalismo.

¿Dónde está la conexión de todo esto? En que, a pesar de las deficiencias metodológicas mencionadas, la escuela neoclásica nos indica que para maximizar el bienestar general se deben respetar muchos de los postulados que propone el liberalismo en su faceta económica, a saber, precios libres, y un contexto de libre empresa, para que los empresarios y los emprendedores puedan coordinar el proceso de producción.

Pero ¿la situación de “crisis” en el paradigma neoclásico se puede extrapolar a una filosofía más amplia como el liberalismo que va mucho más allá de un mero paradigma económico? Pues claro que no. No hay tal cosa como “crisis del liberalismo”, y la discusión no pasa por aquí. Es más, si contemplamos la muestra que nos ofrecen los primeros treinta países más prósperos del mundo uno observa que dichas sociedades se encuentran organizadas en torno a una democracia republicana y liberal, con división de poderes, completa independencia de la justicia con respecto al poder político y respeto irrestricto de la propiedad privada. En el plano económico son sociedades donde impera el libre mercado, los precios libres, y la libertad de empresa, y donde como consecuencia de lo anterior ha florecido una densa red de empresarios y emprendedores que crean riqueza, innovan y demandan empleo, amén de que pagan impuestos que engrosan el presupuesto público.

La discusión que se está dando en la academia y en el mundo desarrollado no tiene nada que ver con desmontar las bases de la economía de mercado y la democracia liberal, sino que tiene que ver en cómo mejorar los incentivos y la coordinación económica, como hacer más transparentes a los mercados para evitar la subestimación del riesgo, y cómo tener una mejor regulación prudencial para evitar el sobreendeudamiento (apalancamiento), entre otras cosas.

Más allá de esto el capitalismo liberal está “vivito y coleando” por más que les pese a los populistas y a ciertos “gurues”.

La encíclica Populorum Progessio (PP) tomaba nota de esto marcando un alejamiento con respecto al espíritu de la Rerum Novarum. A partir de la PP adquiere fuerza una prédica que relativizaba los derechos de propiedad, y que los condicionaba según fueran las  necesidades del “bien común”, y también se observaba una escalada en las críticas hacia el sistema y la moral capitalista.

A partir de esos años se produce un acercamiento de muchos sectores del cristianismo hacia las posturas marxistas y las tesis socialistas más radicales. En Latinoamérica, dicho acercamiento quedó de manifiesto en la llamada Teología de la Liberación.

¿Por qué mencionamos estos antecedentes? Porque son estos últimos los que moldearon gran parte del pensamiento de los obispos y sacerdotes del tercer mundo. Por lo expuesto, nos interesa conocer hasta qué punto el Papa Francisco se vio alcanzado por estas tesis, si adhiere a estas últimas, y si a lo largo de los años, ha ido desarrollando o aggiornando una nueva postura, sobre todo en esta nueva era de mayor complejidad y de cambios tan dramáticos en la estructura social y económica mundial.

En primer lugar, podemos afirmar que en Francisco efectivamente existe una “línea latinoamericanista” a tal punto que el nuevo Papa formaba parte del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM). ¿Qué nos dice esto? Pues basta ver algunas de las posturas manifestadas por la propia CELAM a lo largo de los últimos años.

El primer ejemplo lo vemos cuando en 1998 la CELAM a través del monseñor Oscar Andrés Rodríguez declaró la necesidad de condonar las deudas que el Tercer Mundo mantenía con los principales centros financieros mundiales poniendo en duda la legalidad de los contratos bajo los cuales se había contraído dicha deuda. Era obvio que esta exhortación se hacía cuando había llegado el momento de pagar las cuentas y también obviaba el hecho de que el capital que había que devolver no pertenecía a los bancos sino a ahorristas de todo el mundo que oportunamente habían canalizado sus ahorros a través de dichas instituciones financieras.

En segundo lugar, hay en muchos de los documentos de la CELAM una clara influencia de la Teoría de la Dependencia, la cual sostenía que existía una desigual distribución del poder económico mundial y unos injustos términos de intercambio que condenaba a las economías latinoamericanas a conformar una periferia dependiente del poder económico mundial concentrado en unos pocos países centrales. Tesis desmentidas por muchos de los países de la periferia, como los dragones del sudeste asiático (Singapur, Corea del Sur, Hong Kong, entre otros), que en pocas décadas comenzaron a dejar atrás el subdesarrollo y la miseria.

Tampoco la CELAM se quedó atrás en su crítica hacia la globalización y la economía de mercado como atestiguan varios pasajes de los documentos surgidos de la reunión celebrada en Puebla, México en 1979. Al parecer el nivel de subdesarrollo de nuestras sociedades no se debía a la falta de capital y a la poca productividad de nuestras economías, sino al hecho de que “…grupos minoritarios nacionales asociados con intereses foráneos se han aprovechado de las oportunidades que abren estas viejas formas de libre mercado, para medrar en su provecho y a expensas de los intereses de los sectores populares…”.

Si vamos a las declaraciones más recientes de Francisco, podemos rescatar las dirigidas a la propia CELAM en la Jornada Mundial de la Juventud celebrada recientemente en Brasil. Si bien dicho discurso estuvo más enfocado en remarcar los cambios que son necesarios realizar dentro de la propia Iglesia, tanto a nivel de la actividad pastoral como de las propias estructuras internas, también hubo pasajes donde condenó explícitamente el “reduccionismo” de las ideologías “desde el liberalismo de mercado hasta la categorización marxista”. No es la primera vez que esto ocurre, el hecho de igualar estas dos formas de ver el mundo, aun cuando las hayan producido resultados tan dispares en los países en los cuales se los ha aplicado. Las economías planificadas y dirigidas bajo férreos totalitarismos de partido único han colapsado y han desaparecido tras la caída del muro de Berlín. No obstante, en la actualidad las sociedades más prosperas del planeta son aquellas organizadas en torno a una democracia liberal y en donde impera una economía de mercado. Esta observación es la que llevó al Papa Juan Pablo II a adoptar una postura más positiva sobre el libre mercado tal cual lo atestigua la encíclica Centesimus Annus promulgada en 1991.

Concluimos entonces que el Papa Francisco si bien no ha mostrado una mirada demasiado alentadora sobre el liberalismo entendido en su concepción más amplia y abarcativa, que incluye una fuerte visión sobre la moral y la ética, tampoco debemos engañarnos pensando que forma parte de los obispos tercermundistas más radicalizados que adhirieron en su momento a la anacrónica Teología de la Liberación. Las ideas económicas y sociales que pareceríamos encontrar en Francisco se enmarcan en una “tradición latinoamericanista” mucho más moderada. La de la “opción preferencial por los pobres”, la del alivio contra la pobreza a través de acciones de base en las propias comunidades, aceptando también el rol del Estado y el uso del presupuesto público para mitigar las carencias sociales, pero esto último sin caer en un paternalismo estatal verticalista que podría fomentar prácticas clientelares y populistas que tanto conocemos en la Argentina y en el resto de la región.

Nos resulta entonces de particular interés indagar sobre el pensamiento y la visión del máximo pontífice sobre los principales temas que interesan a nuestras sociedades dada esta enorme potencialidad para influir sobre la opinión pública.

Vale una aclaración. Si bien estamos puntualizando la figura de Francisco reconocemos que la Iglesia Católica es una institución con estructuras, jerarquías y tradiciones de más de dos mil años de antigüedad, y que el Papa es en la mayoría de los casos el portavoz del pensamiento de la Iglesia Católica en su conjunto. Por lo tanto, y por añadidura, también nos referimos a esta última.

Si esto último es así, cabe preguntarse: ¿ha habido dentro de la Iglesia una visión rectora o una síntesis integradora alineada a las santas escrituras que brindara una perspectiva sobre la economía, la sociedad y la política, además de las cuestiones religiosas y espirituales? Y si es así, ¿encontramos en el nuevo Papa Francisco una desviación con respecto a dicha “línea fundacional”?

Hay que mencionar en primer lugar, que a pesar de las tradicionales posturas “antiliberales” de la Iglesia, algo lógico teniendo en cuenta que dichas ideas liberales siempre propugnaron una sociedad laica y abierta (es decir antiestamental y antijerárquica), y más aún considerando el creciente proceso de secularización que siguió tras la Revolución Francesa y la idea de separar el Estado de la Iglesia, hacia fines del siglo XIX y principios del XX se comienza a forjar una “línea” bien definida dentro del seno de la Iglesia Católica. El encargado de reafirmar dichas posturas sería Gioacchino Pessi, quien en 1878 asume como Papa bajo el nombre de León XIII. Este último publica dos importantes encíclicas, la Quod apostolici muneris y la más influyente Rerum Novarum. Dichas encíclicas condenan de manera explícita las ideas socializantes y las tesis comunistas, la idea de lucha de clases, y la negación que hacen estás últimas doctrinas de la propiedad privada consagrada en el derecho natural romano. Por el contrario, e inspirado en los católicos clásicos y sobre todo en Santo Tomás de Aquino, hay una defensa abierta a la propiedad privada, el afán de lucro, y hasta a la sana competencia entre las personas para que estas pudieran progresar. Estas encíclicas, especialmente la Rerum Novarum, serían la piedra basal para lo que luego se conocería como Doctrina Social de la Iglesia (DSI).

Tras el fallecimiento de León XIII en 1903 pasarían varios sucesores (Benedicto XI, Pío X, Pío XI y Pío XII), quienes no se apartarían de la línea fijada en la Rerum Novarum, que a esa altura ya era la Carta Magna de la Iglesia en materia social. Incluso antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, y bajo la creciente influencia de las doctrinas comunistas y fascistas, la Iglesia bajo el papado de Pío XI emite dos documentos condenando al nazismo y al comunismo, la Mit brenender Sorge y la Divini Redemptoris, respectivamente. Había una posición muy clara de la Iglesia respecto a la propiedad privada y al comunismo.

Sin embargo, hacia fines de la década del cincuenta se comienza a producir un cambio en la atmósfera intelectual de Occidente. Por un lado, las ideas keynesianas y la idea de que el Estado debía encabezar el desarrollo económico y tener un “rol activo” estaban pasando por un alto período de popularidad desplazando a teorías más ortodoxas basadas en la economía clásica, ya desprestigiada y pasada al olvido. Por otro lado, las economías de las URSS, debido a su crecimiento, estaban reduciendo su “brecha” con respecto a las naciones occidentales y capitalistas. Eran años en los que el comunismo ya se había extendido y consolidado en la URSS, Europa Oriental, China, Mongolia, Corea, Vietnam del Norte, y se había extendido hasta Cuba, amenazando incluso con extenderse al resto de América Latina en el marco de la exportación de la revolución cubana.

Estos profundos cambios impactarían en la Iglesia y en su manera de ver los problemas sociales.

Así lo atestigua la encíclica Populorum Progressio (PP) de Pablo VI (quien asume en 1963), documento que en uno de sus pasajes remarca “…los bienes creados deben llegar a todos de forma justa, según la regla de la justicia inseparable de la caridad. Todos los demás derechos, sean los que sean, comprendidos en ellos los de propiedad y comercio libre, a ello están subordinados…”.

La PP marca un claro alejamiento con respecto a la esencia de la Rerum Novarum, y también tendrá una influencia decisiva sobre la visión económica y política de muchos obispos y sacerdotes del tercer mundo y su furibunda condena al afán de lucro, la competencia, y la propiedad privada. A partir de aquí se consolida dentro de la Iglesia una postura que condena la moral del sistema capitalista y de una dialéctica antimercado, sin percatarse por un segundo que nuestras naciones son subdesarrolladas precisamente por carecer de los suficientes niveles de acumulación de capital y por carecer de un vigoroso entramado empresarial que sólo puede operar y desarrollarse cuando los derechos de propiedad están fuertemente garantizados y cuando hay libertad de empresa (precios libres).

Aquí hacemos una pausa y nos preguntamos. ¿En qué tradición podríamos incluir al Papa Francisco? ¿Pertenece más bien a la vieja escuela de la Rerum Novarum o lo podríamos englobar en la tradición latinoamericanista fuertemente influenciada por la Popolorum Progressio? ¿Tienen vigencia ya estas antiguas visiones? ¿Se está gestando con Francisco una “re-actualización” o aggiornamiento de la Iglesia a la nueva realidad global que la aleje de estas viejas categorías? ¿Hay una nueva síntesis?

En los próximos días contestaremos estas preguntas en la segunda y última parte de este informe.

La decisión del productor obedecería a la creciente “politización” de aquellas organizaciones y su estrecha vinculación con el actual gobierno. La carta es una excelente muestra de un conjunto de posturas y actitudes muy habituales dentro de la “intelectualidad” y de gran parte de nuestra sociedad, acentuadas durante la última década. Hay puntos muy interesantes de la carta para analizar.

En primer lugar, creo que es válida la decisión de Rivas. Es mejor cambiar que persistir en el error. No obstante, me pregunto por qué motivo este tipo de personalidades han necesitado más de diez años de latrocinio kirchnerista y de falsificación de la historia para ver las verdaderas intenciones del gobierno y de aquellos que los secundan. Me podrán decir que las personas pueden cambiar, y que tienen derecho a hacerlo. Sí, claro que lo tienen. Pero ¿qué pensaba Rivas a lo largo de estos diez años, mientras el autoritarismo gubernamental crecía sin límite alguno, mientras se perseguían periodistas y civiles disidentes, mientras se expropiaban empresas, mientras se construía un aparato de propaganda y manipulación psicológica financiado con dineros públicos, mientras se rentaban historiadores para arrancar ciertas páginas de la historia argentina vinculadas a los excesos de la izquierda revolucionaria, mientras se firmaban acuerdos con la teocracia iraní, mientras se recibían los petrodólares venezolanos, o mientras el matrimonio K incrementaba su fortuna en más de catorce veces alegando haber sido “abogados exitosos”?

En segundo lugar, Rivas manifiesta reiteradamente su admiración hacia las abuelas de Plaza de Mayo y la “altísima dignidad” con la que han llevado su “lucha”. Espero no ofender, pero soy muy escéptico con respecto a estas posturas. ¿Estará también de acuerdo Rivas con la reivindicación que han hecho estas organizaciones de “derechos humanos” del terrorismo subversivo y la lucha armada? ¿Estará de acuerdo con la constante exaltación que hace esta  gente de la satrapía venezolana y la dictadura castrista? ¿Estará de acuerdo con el hecho de que Madres y Abuelas de Plaza de Mayo (organizaciones civiles y sin fines de lucro) actualmente reciben de manera discrecional gran parte del presupuesto de la Presidencia de la Nación (a través de su Secretaría General) por montos multimillonarios y de los escandalosos negociados que surgieron de esta repartija los cuales ya son de conocimiento público?

Rivas menciona reiteradamente su “consciencia ética” y su admiración por la lucha de los “derechos humanos”. Estas palabras se escucharon mucho durante la última década. Sin embargo, los únicos derechos que parecen defenderse son de aquellos que simpatizan con la izquierda. Los “derechos humanos” es un concepto que debería ser abarcativo, ecuánime, sin distinciones ideológicas, y con el elevado propósito de buscar la verdad y la justicia. A pesar de que la comisión que juzgó a los militares reconocía el carácter “revolucionario” y de escala “continental” del accionar subversivo, actualmente no hay ningún personero de dichas organizaciones de izquierda que estén detenidos o rindiendo cuentas a la justicia. Las víctimas del terrorismo revolucionario superan las 18.000 (según el “Proyecto Víctimas” de la ONG CELTYV) y en la actualidad siguen sin ser reconocidas por el “relato oficial”, su memoria sin ser debidamente reparada, y sus testimonios parecen haber sido borrados de nuestra historia. ¿Por qué nunca escuchamos hablar a Rivas sobre estas víctimas? ¿Por qué estas últimas quedan fuera de su prédica si él mismo dice ser un defensor de los “derechos humanos”?

Reflexiono y hago memoria. Por eso cuando Rivas comenta que fue a la cárcel de Devoto en la época de Cámpora para liberar a  los “presos políticos” empiezo a recordar. Ellos también querían, como Rivas, una sociedad “solidaria, justa, equitativa y de signo nacional”. Las eternas consignas detrás de las cuales se escondían las verdaderas intenciones de los terroristas del ERP, FAP, FAL y Montoneros y su falsa “revolución proletaria”. Pero sobre este punto, hay que llamar la atención de los desprevenidos y los incautos. Esos “presos políticos” que se refiere Rivas eran terroristas de extracción marxista-leninista que habían sido encarcelados por una Cámara Federal Penal, creada a los efectos de combatir al terrorismo subversivo y surgida por ley en 1972, cuando se crea todo un andamiaje institucional para encauzar la lucha antisubversiva por vías legales. Dicha cámara estuvo vigente desde el 72 hasta su disolución en el 73 apenas asume Cámpora, cuando se dicta una amnisitía de carácter “urbi et orbi” que libera a todos los terroristas que habían sido juzgados “con la ley en la mano”. ¿Qué hicieron estos últimos cuando fueron liberados? Lejos de mostrar arrepentimiento por su accionar retomaron la lucha armada, pero previamente intentaron asesinar a los jueces que integraban la Cámara Federal que los había juzgado. Todos los jueces tuvieron que exiliarse del país, salvo el juez Quiroga que no un tuvo la misma suerte ya que murió acribillado por la espalda por estos “luchadores populares”.

Carlos Rivas en su carta menciona reiteradamente su ética, su moral, y su conciencia cívica. La gente de izquierda siempre lo hace. El problema es que aquello no es ni ética ni es moral.

Resulta que el sábado por la mañana junto con el resto del equipo de PRO Libres que lidera el histórico Pedro Benegas nos desplegamos por varios puntos de la capital porteña para realizar las habituales “panfleteadas” y charlas con los vecinos. En la esquina en la cual estaba mi grupo también estaban los militantes del Frente para la Victoria, todos muy jóvenes y como es esperable para su edad, bastantes entusiastas. Obviamente terminamos hablando de política.

Finalizando nuestra charla se acerca fugazmente la funcionaria Marcó del Pont, quien venía a buscar a sus militantes con quienes estábamos debatiendo junto a Facundo Chidini (presidente de la Juventud), los únicos dos militantes de PRO Libres que nos habíamos quedado. A los pocos segundos de llegada la funcionaria se produjo lo inevitable.

Reproduzco a continuación el fugaz debate que mantuve con la funcionaria.

Mariano Muruzábal (MM): –Dejen de darle a la maquinita que vamos a volar por los aires.

Marco del Pont (MdP): –¿Por qué decís eso?

MM: –Lo digo porque hace seis años que tenemos una inflación superior al 20% anual. Y este año la proyección se ubica nuevamente por arriba de dicha cifra. Desde que están ustedes la canasta básica de alimentos se multiplicó por siete. ¿Les parece poco?

MdP: –No vemos que la inflación sea un problema mientras los sueldos acompañen la suba de precios.

MM: –Lo que ustedes no se dan cuenta es que la renegociación de sueldos en el sector privado raramente logra igualar el aumento de precios. A su vez, dichas “actualizaciones” se realizan en su mayoría una vez al año, mientras que los precios se incrementan a diario. Y a esto hay que sumar a todos los trabajadores que se encuentran en la informalidad (cerca de 1/3 del total según cifras de la propia OIT) y que están fuertemente limitados a la hora de renegociar sus sueldos.

MdP: –Se viene trabajando para que ello no ocurra y para que las negociaciones sean lo más abarcativa posible.

MM: –Es que el problema no es sólo de los trabajadores. Miren lo que están haciendo con los actuales jubilados y con los que se van a jubilar en las próximas décadas. Con los primeros, y debido a estos niveles de inflación, han aplanado la pirámide jubilatoria, a tal punto que actualmente cerca del 85% de la clase pasiva cobra la mínima ($2200 aprox.), amén de todos los juicios que se han activado por reajuste de haberes (y que los pobres jubilados nunca van a cobrar ya que los plazos de resolución pueden durar años). Ni quiero pensar en los que hoy están aportando pesos al sistema previsional y que se van a jubilar dentro de dos o tres décadas.

MdP: –¿A qué te referís?

MM: –A que el peso ha perdido desde el 2003 a la fecha más del 75% de su poder de compra. Con la inflación acumulada hasta hoy, un peso de 2003 hoy tiene un poder de compra de casi 20 centavos. Con estos niveles de inflación y de depreciación del peso ¿qué perspectivas puede tener alguien que hoy aporta pesos y que espera seguir recibiendo pesos dentro de treinta años?

MdP: –Es que nuestra política monetaria busca apuntalar varios frentes, no solo el consumo, sino también la oferta de crédito. En este sentido también estamos tratando de ampliar las líneas hipotecarias que es una deuda pendiente.

MM: –Eso también es parte del problema. En primer lugar porque todo el dinero nuevo que crean del aire y que vuelcan a la economía, termina empujando los precios ya que la capacidad productiva no puede expandirse al mismo ritmo. Y todo ese dinero nuevo que crean, indefectiblemente se termina “reciclando” a través de los bancos, quienes incrementan aún más la cantidad de “dinero” al convertir esos mayores saldos ociosos en nuevos préstamos. Es lo que dicen los balances de los principales diez bancos privados de la Argentina. Su cartera de préstamos está compuesta en mayor medida por préstamos al consumo, y descuento de documentos y cheques. Estos conceptos prácticamente explican más del 60% de la capacidad prestable de los bancos. Son todos fondos que empujan el consumo más allá de las capacidades reales de nuestra economía. Claro está que el mecanismo para ajustar este desequilibrio es a través de la suba de precios. Las líneas hipotecarias representan menos del 8% de los fondos prestados. Es algo lógico. Los bancos no prestan su dinero sino el que captan de los depositantes. Pero a estos últimos hay que pagarles (tasa de interés pasiva). Y a esta última tasa también hay que sumarle los costos de la intermediación más las primas por inflación y devaluación. Hoy no es negocio para los bancos otorgar créditos hipotecarios. Se están llenando de plata financiando el consumo de corto plazo.

MdP: –Ya me tengo que ir, pero lo que te puedo decir es que uno de nuestros principales problemas es que la gente sigue pensando en dólares. Hay que terminar con esta “lógica del dólar”.

MM: –Lo que ustedes tienen que entender es que la gente cuando toma decisiones, no sólo está influenciada por lo que le ocurre y lo que espera para el futuro, sino que también está condicionada por los propios recuerdos y las pasadas experiencias. Toda esta información constituye un estímulo demasiado fuerte. Es en base a estos estímulos que la gente decide. Nuestros niveles de inflación son inéditos en el mundo y en el propio vecindario. El mercado de cambios está destruido y el riesgo devaluatorio acecha. Nuestra “memoria monetaria” incluye la destrucción de cinco monedas en menos de un siglo y recurrentes episodios inflacionarios. Toda la batería de controles y regulaciones que han impuesto incluyendo la imposibilidad de convertir el peso al dólar, han sido siempre la antesala a episodios de fuerte devaluación y espiralización inflacionaria. Para que la gente deje de pensar en el dólar la política monetaria y cambiaria tiene que ser radicalmente opuesta a la actual.

MdP: –Chau.

MM: –Nos vemos.

A confesión de parte relevo de prueba. Que cada uno saque sus conclusiones.

N. de E.: Voceros de Mercedes Marcó del Pont hicieron llegar a Infobae la siguiente aclaración:

Mientras acompañaba a militantes del Frente para la Victoria en una actividad en una esquina de la Ciudad, Marcó del Pont conversó también con militantes de otros partidos. Pero el contenido del diálogo que transcribe el columnista Muruzábal es una creación propia y no se ajusta en absoluto a lo que ocurrió.

En la Argentina tradicionalmente la forma más visible y escandalosa que han utilizado los funcionarios públicos para enriquecerse ha sido a través del presupuesto público y la infinidad de variantes para succionar recursos del erario público, ya sea, a través de sobreprecios, adjudicaciones de obras o servicios a empresas amigas -a cambio de un soborno, claro está-, licitaciones directas a empresas vinculadas a los propios funcionarios, y al uso de la estructura estatal para obtener ventajas en operaciones fraudulentas (i.e. compra de tierras fiscales a precio vil para su posterior reventa  a precio de mercado), entre otras poca ingeniosas pero certeras maniobras.

Desafortunadamente, también hemos vuelto a incorporar viejas estructuras que en el pasado han sido enormes caldos de cultivo para la corrupción como las elefantiásticas empresas del Estado, verdaderos monumentos a la ineficiencia y la corrupción, y verdaderas máquinas de devorar recursos públicos. Lo podemos ver hoy en día con el lamentable ejemplo de Aerolíneas Argentinas (AA) gestionada por una cúpula gerencial cuyo único mérito es rendir pleitesía al poder político de turno y de formar parte de la misma agrupación política creada por el hijo de la presidenta. Hoy AA acumula pérdidas por más de 3500 millones de dólares (el equivalente a tres American Airlines) que son sufragados por los ciudadanos que producen y pagan impuestos. Y el panorama tampoco luce alentador ya que ahora AA ni siquiera está en condiciones de pagar impuestos en tiempo y forma.

Pero hay más, además de esta corrupción ya tradicional, visible, y tan común a nuestro país, también se han extendido otras formas más sutiles, menos visibles, pero no así menos costosas o menos inmorales (respecto de cuán costosa será cuestión de hacer los números, pero no me caben dudas de que es más inmoral). Lo que hemos visto con las contrataciones para los últimos festejos patrios y populares, o con los subsidios a la corporación de la cultura es una lamentable práctica que se ha venido aceptando en nuestro país y que consiste en utilizar los recursos públicos para comprar conciencias, a través de la imagen del político en esta especie de rol de albacea y filántropo desinteresado que fomenta alegremente a trovadores populares con la plata del erario público pensando en que no hay un ápice de corrupción ya que no se queda con nada. Claro que no se queda con nada. Lo que nadie parece darse cuenta es que lo que no se queda el político en realidad se lo está entregando a otro. Pero eso tiene otro nombre. Se llama compra de voluntades, compra de conciencias. Tráfico de favores. O acaso no hay coincidencia en que casi inequívocamente los autodenominados artistas populares que reciben dichas prebendas (dinero del pueblo para hablar más precisamente) son curiosamente todos sin excepción “oficialistas”? Extraña coincidencia.

Esta postal no difiere demasiado de la del lobbysta industrial que pide al gobernante restringir o limitar la competencia poniendo como excusa alguna ínfula nacionalista perjudicando así al resto de los trabajadores que ahora deben pagar más caro a un industrial nacional más ineficiente. Pero hay algo moralmente superior en el lobbysta en el caso que nos ocupa. Este último al menos no oculta su intención. Su intención es ganar plata. Como es más ineficiente, debe hacer lobby frente a los gobernantes. Y ya sabemos que los lobbystas al encolumnarse todos tras un interés común frente al resto de la sociedad que se encuentra atomizada y pobremente representada pueden finalmente imponer sus intereses frente a un gobernante que muchas veces cede frente a la presión del lobby.

Por eso, sepan ustedes, los “artistas con consciencia social”, que son un lobby como cualquier otro, que obtienen los dineros del pueblo porque son un grupo con mayor poder de influencia, y que esos dineros que reciben para financiar su “arte” no provienen del bolsillo dadivoso de su presidenta sino del sudor de todo el pueblo argentino (1/3 del cual todavía sigue bajo línea de pobreza) incluso de aquellos que a ustedes les dan asco.

¿A qué viene todo esto?

A que todas aquellas experiencias nos sugieren que a medida que los desequilibrios que se han incubado en la economía se acumulan, la incertidumbre cambiaria crece pari-passu hasta que finalmente al Banco Central no le queda más remedio que permitir que el tipo de cambio se ubique en niveles “realistas”.

Pero ¿cómo saber cual sería un “nivel realista” en un contexto como el actual donde no hay una referencia inequívoca ya que el mercado de cambios se encuentra desdoblado? Actualmente la demanda minorista debe abastecerse en el mercado marginal o paralelo, mientras que la demanda mayorista debe recurrir a operaciones de deuda para hacerse de dólares. De estas operaciones surgen el “dólar blue” y “dólar contado con liqui”, respectivamente. Lo curioso de estos valores es que al parecer nos estarían brindando una referencia bastante ajustada a lo que es la realidad del Banco Central.

Cuando uno analiza la situación patrimonial del Banco Central es posible observar que en base al nivel de reservas y la cantidad de pasivos monetarios generados, existe una “relación de conversión” que parecería estar alineada a los valores a los cuales se realiza la compra/venta de dólares, tanto a nivel minorista (dólar blue) como a nivel mayorista (dólar contado con liqui). Y que dichos valores se alejan sensiblemente del tipo de cambio “oficial” (brecha cambiaria). Dicha “relación de conversión”, a su vez, nos da una referencia objetiva, ya que nos indica grosso modo el nivel del tipo de cambio necesario para que el Banco Central pueda rescatar los pesos emitidos con el stock de reservas disponibles. Veamos los números.

En el cuadro observamos que la brecha entre el dólar paralelo y el dólar oficial era ínfima (sólo del 9%) a inicios de 2012. Casi 18 meses después, y luego de que se acentuaran los controles y las restricciones del mercado de cambios, dicha brecha se ha ampliado a más del 50%.

Estas estimaciones nos permiten inferir que cuando el gobierno decida “normalizar” el mercado de cambios se verá forzado a sincerar una devaluación que como mínimo deberá estar cercana al 53%, la cual permitirá llevar el tipo de cambio de los 5,33 (valor oficial) a un valor cercano a la realidad del mercado marginal (7,98 pesos por dólar) y compatible con la situación patrimonial del Banco Central (relación de conversión de 8,17 pesos por dólar).

Cuanto mayor sean los desequilibrios acumulados mayor será la inminencia y la magnitud de esta devaluación.

Los motivos que han llevado al anuncio de esta ley deberían ser evidentes si uno observa el contexto económico actual y sobre todo el caos cambiario en el que se encuentra la Argentina. La virtual destrucción del mercado oficial y único de cambios ha obstruido fuertemente el flujo de divisas.

A esto se suma un importante drenaje de dólares generado por una incesante demanda minorista que ha sido empujada al mercado marginal o paralelo, y una demanda mayorista que utiliza instrumentos de deuda para hacerse de dólares a un tipo de cambio especial a esta operatoria, conocido en la “city” como “contado con liqui” (precio implícito que surge de los pesos desembolsados para comprar los bonos en la plaza local y los dólares finalmente obtenidos tras la venta de dichos instrumentos en una plaza extranjera).

Con la ley de blanqueo el gobierno intentaría cumplir varios objetivos a través de una sola medida. Por un lado, busca fomentar el ingreso de capitales al sistema (tanto los provenientes del exterior como los que se encuentran en cajas de seguridad o “bajo el colchón”) ya que permitiría el reingreso de dólares a través de los cedines sin la necesidad de justificar el origen de dichos fondos. A su vez, también busca dinamizar el golpeado mercado inmobiliario, que muestra signos alarmantes de desaceleración y fue herido de muerte tras la imposición de las restricciones cambiaras (el famoso “cepo”). Por último, el gobierno también confía en que la creación de estos instrumentos brindaría cierto aire al mercado paralelo al suministrar un nuevo instrumento que además de estar respaldado en dólares también sería endosable y que actuaría como sustituto de dicha moneda.

Hay varios aspectos a tener en cuenta.

En primer lugar, no hay cifras concretas sobre el monto que finalmente ingresará al sistema, ya que a diferencia a lo que ocurre con una colocación de deuda donde se hacen rondas de inversión con potenciales suscriptores, en este caso, se trata de dólares que en teoría están “en negro”. Fuentes oficiales hablan de un monto cercano a los 4 mil millones de dólares. ¿Cuán realista es dicha cifra? Imposible saberlo. Pero aun cuando tomemos el supuesto (muy fuerte por cierto) de que dicha cifra sea una buena estimación, fuentes del mercado inmobiliario aseguran que ese monto sería insuficiente para disparar una reactivación del sector. En el mejor de los casos serviría para apuntalar levemente la actividad y que el cierre del año no sea tan malo. Estamos hablando del mejor escenario.

En segundo lugar, veamos la pregunta que se hace un potencial inversor. ¿Es un buen momento para ingresar capitales y destinarlos a la compra de inmuebles o la financiación de proyectos inmobiliarios? El sector inmobiliario en la Argentina se encuentra en una etapa claramente recesiva, con poco volumen de operaciones, y con un mercado desinflado que ya empieza a corregir a la baja. Los inmuebles en la Argentina siguen siendo caros en comparación con otras plazas del mundo. Desde el punto de vista especulativo, ¿sería una buena decisión de inversión entrar al mercado justamente cuando se está iniciando su baja?

En tercer lugar, se trata de un instrumento que tendrá un ciclo de vida muy corto. Se trata de un sustituto extremadamente imperfecto para afianzarse en el mercado y sólo tiene razón de ser para instrumentar el blanqueo y mientras persista la imposibilidad de operar en el mercado único de cambios. Pero esto es algo que no durará por mucho tiempo. La unificación o normalización del mercado de cambios va a ocurrir indefectiblemente, más temprano (con este gobierno) o más tarde (con otro gobierno), pero así será. Cuando esto ocurra, ¿qué pasará con los Cedines?

Por último, tengamos en cuenta que como todo “certificado” se trata de un papel que representa “en teoría” un equivalente en dólares. No obstante, persiste el riesgo de que el emisor (o sea, el gobierno) finalmente no honre la cancelación de dicho papel (bien podrían racionar los dólares o incluir nuevas condiciones ad-hoc que dificulten la cancelación del certificado). En este sentido el propio Guillermo Moreno aseguró que “los dólares que suscribieron el Cedin quedarán en una cuenta especial de respaldo a dichos certificados”. Pero claro, éstas son sólo palabras, la palabra de un funcionario desacreditado, que pertenece a un gobierno en caída libre, con una economía que languidece, y con una preocupante escasez de dólares. ¿Qué puede llegar a pasar si la situación económica sigue agravándose? ¿Hasta qué punto pueden llegar si el drenaje de reservas continúa? Como el “pez por la boca muere” y dado que se trata de un gobierno que ya ha dicho en reiteradas ocasiones que “va por todo” (yo les creería) los eventuales tenedores de cedines deberían contemplar un escenario de “emergencia económica” que justifique eventualmente la no cancelación de dichos certificados. No es algo descabellado, ya que este gobierno cuidando nuestros ahorros ofrece una imagen similar a la de un gato cuidando a un canario.

Recordemos que, de confirmarse la proyección de más de 20% de inflación para este año, el 2013 ya sería prácticamente el sexto año consecutivo (salvo 2009, cuando la inflación estuvo levemente por debajo de 16%) con una inflación superior al 20% y que actualmente se ha reputado como “ilegal” la compra de dólares para atesoramiento aun cuando todos los  funcionarios del gobierno tienen sus ahorros denominados en dicha moneda.

Además de nuestro triste pasado y presente inflacionario la Argentina también tiene más de setenta años de alquimias cambiarias presentadas oportunamente bajo pomposos nuevos “planes” que buscaban generar un “shock” de confianza en la moneda nacional.

Si bien la inflación fue un fenómeno inédito prácticamente en la primera mitad del siglo XX, ya a mediados de los años cincuenta (Plan Prebisch, 1956) comenzaban a implementarse una interminable sucesión de planes de estabilización y diversos esquemas cambiarios, los cuales terminaron todos en sonoros fracasos, con una sucesión de devaluaciones y espiralizaciones inflacionarias.

Luego del fracaso del Plan Prebisch para estabilizar la economía Argentina, nuestro país volvía a recurrir a préstamos externos para poder aplicar un nuevo “Plan de Estabilización” (1958) que le permitiera unificar el mercado de cambios y hacer frente así a la demanda reprimida de divisas, en el marco de una economía y un país con altos niveles de conflictividad. Dicho plan fue un fracaso ya que el Banco Central siguió suscribiendo letras del Tesoro para poder asistirlo financieramente a través de la emisión monetaria. La moneda finalmente se devaluó en 1962 luego de un plan que no logró contener el déficit público ni la inflación.

Años más tarde del “Plan de Estabilización” de Frondizi anunciado en 1958, la Argentina volvía a experimentar serios vaivenes institucionales y serios fracasos económicos en especial desde el año 1966 hasta el año 1970, y donde luego de varias devaluaciones se sustituye el peso moneda nacional por el peso Ley 18.188.

Lo que siguió a aquellos años tampoco fue mejor en materia económica, monetaria y cambiaria. Los años que van de 1973 a 1976 se caracterizaron por la recesión económica, el incremento de la deuda (para financiar gasto público), y un déficit fiscal que se hacía difícil de financiar. Hacia 1976 la moneda volvía a devaluarse (otra vez), y la inflación volvía a repuntar.

El proceso de reorganización nacional asumía en marzo de 1976 en el medio de la escasez generalizada y de una inflación que amenazaba con espiralizarse y en convertirse en hiperinflación. Luego de normalizar el mercado de cambios y controlar la inflación por un tiempo en 1979 se ensaya un nuevo esquema cambiario, la famosa “tablita”. Esta consistía en un cronograma de devaluación que se anunciaba de antemano de forma tal de poder fijar las expectativas del mercado a las paridades preanunciadas por el gobierno.  Las altísimas tasas de interés locales fomentaron una generalizada “bicicleta financiera” que consistía en aprovechar los enormes diferenciales de tasa de interés, y la paridad semifija para hacer enormes retornos en moneda dura. Este esquema reventó en 1981, y se sucedieron nuevas rondas de devaluaciones y el resurgimiento de la inflación. En aquellos años un ministro sentenciaba públicamente la célebre frase “el que apuesta al dólar pierde”. Como era de esperar, ocurrió lo contario. 

En los quince años que van de 1970 a 1985 se destruyen dos monedas más. Así, surge en 1985 otro plan monetario y cambiario conocido como “Plan Austral”. Dicho plan le quitó tres ceros a la anterior moneda, y si bien logró controlar las expectativas inflacionarias por un tiempo, es otro plan que termina en fracaso con una fuerte devaluación en 1989  y una hiperinflación.

Luego de la hiper del 89 se anuncia otro plan de estabilización y un nuevo esquema cambiario (1991) conocido como “la convertibilidad”, que ataba la paridad del peso al dólar a una relación de 1 a 1. Dicho esquema dura un poco más (11 años) que todos los planes cambiarios implementados en los últimos cincuenta años, aunque termina de la misma manera, con una megadevaluación a inicios del 2002 y el resurgimiento de la inflación.

Pues bien, aquí nos encontramos en 2013 con una inflación superior al 20% anual y la virtual imposibilidad de convertir el peso en el mercado “oficial” de cambios. Eso sí, el gobierno nos dice que no va a devaluar y que el que apuesta al dólar pierde. No se dan cuenta que tienen más de 70 años en contra.

Estos relevamientos son importantes, no sólo porque permiten identificar aquellos hogares con necesidades en materia de ingresos, sino también debido a la ausencia de información pública en la materia (hecho inédito en el país). Recordemos que desde 2008 la Argentina no cuenta con estadísticas fiables luego de que el actual gobierno decidiera la intervención del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) para poder fraguar las cifras de precios, y con ello adulterar las cifras de pobreza, indigencia, y nivel de actividad.

La ayuda a las personas en situación de pobreza e indigencia es necesaria. Vivimos en comunidad y está justificado utilizar parte del presupuesto nacional para ayudar a los están en una situación desafortunada o aquellos que no se pueden valer por sí mismos. Pero en este sentido hay que remarcar que, según el propio informe de la UCA, las asignaciones y planes asistenciales solo representan el 16% de los ingresos de los hogares pobres (27% en el caso de los hogares indigentes), con lo cual podemos inferir que dichas asignaciones son tal solo un paliativo, una ayuda, que en el mejor de los casos complementa y refuerza los magros ingresos de dichos hogares. La solución a la pobreza estructural evidentemente pasa por otro lado.

El primer interrogante que surge al analizar estas cifras es: ¿cómo pueden observarse (y hasta admitirse) estos niveles de pobreza en un país que se vanagloria de haber tenido un proceso de recuperación y crecimiento a tasas del orden del 6,77% (últimos diez años) luego de la implosión económica de los años 2001/2002? Téngase presente, y a modo de poner las cifras en perspectiva histórica, que el promedio de pobreza en la década del 70 era cercana al 5%, durante los 80% ascendía al 23% y en los noventa al 22% (siempre en promedio). En los últimos diez años de gobierno kirchnerista las cifras de pobreza parecen trepar hacia nuevos máximos históricos.

Pues bien, más allá del crecimiento que se contabiliza en las cuentas nacionales, los ingresos de los argentinos han sido esmerilados por una inflación que ha crecido alocadamente, superando el 20% anual durante los últimos cinco años, y acumulando una suba cercana al 300% desde el 2003. Aún más, si se toma la canasta básica de alimentos (en lugar del índice general), los precios se han multiplicado por seis desde el inicio de la actual administración a la fecha. Así, no hay crecimiento que pueda compensar tamaña destrucción de ingresos (recordemos que, según algunas estimaciones, por cada punto adicional de inflación se generan 150.000 nuevos pobres).

Además de la inflación, debemos mencionar que la gran causa originaria de la pobreza estructural se encuentra en la débil y errática inserción laboral de esta franja poblacional, al encontrarse muchas de estas personas empleadas en trabajos sin tanta continuidad, de muy baja calificación, o simplemente al estar subempleadas (es decir, al no poder conseguir trabajos full-time). Nuevamente surge el mismo interrogante, ¿cómo puede ser que existan estos problemas luego de la supuesta revolución productiva y de crecimiento que se autoproclama desde el gobierno? Una causa la encontramos en la dinámica del mercado laboral que no ha sido lo suficientemente fuerte como para absorber con eficacia a todos los deciles poblaciones. En este sentido, podemos hacer dos observaciones.

En primer lugar, podemos mencionar la queja de muchos empleadores sobre la dificultad para cubrir determinadas vacantes debido a la ausencia de mano de obra “calificada”. Esto habla de una deficiencia educativa y, más aún, una ausencia de experiencia acumulada en rubros u oficios particulares, probablemente ocasionada por los acentuados vaivenes económicos que ha sufrido la Argentina y la resultante inestabilidad laboral, que conspira contra la adquisición de “know-how” y la especialización de la fuerza laboral.

En segundo lugar, hay que considerar la “relativamente” débil demanda de empleo, en relación a las necesidades de la población en condiciones de trabajar. Pensemos por un segundo en la autoevidente afirmación de que además de alguien que busca empleo (oferta) hace falta empresas (demanda) que puedan absorber dicha mano de obra. Es en este último sentido donde uno puede encontrar una explicación a toda esta problemática social y que pone en evidencia las falencias del autoproclamado “modelo de crecimiento con inclusión social”. Si las que demandan empleo son las empresas, lo esperable es que el país (y particularmente los que diseñan las políticas públicas) pueda fomentar su multiplicación (o al menos evitar que no se vayan). La performance de la Argentina en este rubro es decepcionante. Según estimaciones del FMI, la Argentina captó durante 2012 un paupérrimo 1,4% del flujo total de inversiones financieras en la región. El país que captó la mayor cantidad de fondos fue Brasil (37,8%) algo esperable debido al gran tamaño de dicha economía, y también debido a la confianza en el rumbo económico de dicho país. Pero lo realmente sorprendente es que países mucho más chicos que la Argentina nos sobrepasan de manera abrumadora. Chile absorbe el 11,9% de dichos flujos, mientras que Colombia y Perú tienen una participación del 6,2% y 5,5% respectivamente, sextuplicando y quintuplicando a la Argentina. Enorme oportunidad histórica que desaprovechamos teniendo en cuenta que la tasa de interés internacional está en los niveles más bajos del último siglo (1,7% actual contra un promedio de 6,6% observado durante la década del noventa, y más del 10% observada durante los ochenta). Pero ¿para qué sirven estos “flujos especulativos”? Veamos, la capacidad de inversión de las empresas y la capacidad de consumo de los particulares no sólo está determinada por los ingresos corrientes sino también por el acceso a fuentes de financiamiento (capacidad de endeudamiento). El mayor financiamiento (y encima a menor costo) fomenta la demanda de inversión privada y la capacidad de consumo.

Pero dejemos de lado la “inversión especulativa” que no goza de buena reputación en la argentina kirchnerista donde el gobierno las tilda de avaras y fugaces golondrinas. Si tomamos a la inversión “real” la situación es exactamente la misma. La propia Cepal en su último informe (2012) sobre “Inversión Extranjera Directa” (IED) muestra la pobre performance de nuestro país. Así, la IED por habitante de la Argentina asciende a 178 dólares anuales. Para poner esta cifra en perspectiva observamos que la IED en países como Chile, Perú, Colombia, y Uruguay, dicha cifra asciende a 1040 USD, 261 USD, 282 USD y 750 USD, respectivamente. La gravedad de nuestra mala performance es que se trata de “inversión real”, es decir, aquella que está directamente relacionada con la demanda de empleo formal y de calidad. Este es el “eslabón perdido”, la razón que permite explicar la imposibilidad de muchos compatriotas de encontrar un empleo que les suministre un nivel de ingresos necesarios para escapar de la pobreza y la marginalidad.

Antes de finalizar, y sin ánimos de autoflagelarnos, sino con el sano propósito de entender las causas de nuestros problemas, nos podemos preguntar por qué no somos un polo de atracción, un imán, para la inversión externa que son las que en última instancia generan la demanda de empleo. La respuesta se encuentra en las malas decisiones en materia económica y la poca seguridad jurídica del país. ¿Por ejemplo? Dejo algunos para que cada uno reflexione: estatización de Aerolíneas Argentinas (cuyas pérdidas acumuladas superan los 3500 millones de dólares, el equivalente a tres American Airlines), la expropiación de los fondos depositados en las ex AFJP (cerca 18.000 millones de dólares), expropiación de YPF (pero sólo del paquete accionario de Repsol, sin darles indemnización, y sin tocar las acciones del otro grupo empresario afín al gobierno), imposibilidad para comprar divisas extranjeras (cepo cambiario), imposibilidad de girar utilidades al exterior (y a las casas matrices), restricción discrecional de importaciones, control de precios, Ley de Reforma del Mercado de Capitales (que permite al gobierno intervenir en los órganos de decisión de las empresas), entre otras. Como se puede ver, en economía las malas decisiones se pagan, o mejor dicho, la pagan los pobres.