El Gobierno Nacional ha respondido a nuestros artículos académicos y de opinión respecto del incremento de la privatización de la educación producido desde 2003. Lo hizo por medio de un documento oficial. El documento presenta varios aspectos: reconoce que durante la gestión kirchnerista creció la matrícula de la educación privada; comete un error de apreciación al minimizar este crecimiento y un disvalor, a nuestro juicio, de no marcar esto como un problema de política educativa sino como una suerte de característica propia de la Argentina, una suerte de mandato inevitable.

El reconocimiento es valioso pero no es completo. Trata de diluir la importancia de la privatización afirmando que la participación privada subió de 22,7 a 25,7%. Esto es correcto contando todo el sistema educativo, incluyendo la educación de adultos y la especial donde, naturalmente la presencia estatal, afortunadamente, siempre es más importante.

Pero si analizamos la “educación común” (inicial, primario, secundario y superior no universitario), la participación privada va de 25,0% en 2003 a 28,2% en 2011. Y si contamos los niveles educativos que incluyen obligatoriedad de asistencia (inicial, primario y secundario), la privada en 2003 era un 24,0% del total y pasó al 27,4% en 2011. Esta minimización tiene su punto alto en el documento oficial en el desdén que expresa frente a la pérdida de alumnos de las escuelas primarias públicas desde 2003. Dice el documento oficial: “[…]en primaria el descenso de la participación de la matrícula estatal ha sido más marcado que en la secundaria donde se ha mantenido estable. Si se tiene en cuenta que el primario ya no crece -en términos de alumnos y debido a los fenómenos demográficos y de cobertura señalados-, el resultado es que la primaria estatal tiene menos alumnos que en 2003 (5,7% menos), algo que ha sido tematizado en algunas notas de prensa recientes como una ‘sangría’ de la educación pública que no es tal ni por lejos.”

El gobierno reconoce esta pérdida de alumnos (coincidimos con el documento en que son 207.477 chicos que se fueron de las escuelas públicas durante su gestión) pero arguye que no se trata de una “sangría”. Si no acuerdan con esa palabra a los efectos de caracterizar el proceso, ¿cuál habrían de usar para describir esta tendencia que no se da aisladamente en un año o dos sino desde los inicios de la gestión K y a razón de 23.000 alumnos perdidos por año? ¿Cómo describirían el hecho de que hay varias provincias en situación crítica de pérdida de alumnos?

Por ejemplo, según los propios datos oficiales en 2003 el 70% de los alumnos de las escuelas primarias del Gran Buenos Aires iban a escuelas públicas; en 2011 se redujo al 60%. Provincias como Catamarca, Formosa, Jujuy, La Rioja, Santa Fe y Mendoza perdieron más del 10% de sus alumnos de escuelas primarias públicas. Santa Cruz perdió el 15,2%. Independientemente de la palabra que escojamos para describir la situación, es evidente que se complica año a año.

Dejamos de lado la explicación basada en fenómenos “demográficos” o de “cobertura” que parecen no existir en la educación primaria privada, la que que creció durante el kirchnerismo nada menos que el 21,7% (¡contra -5,7% de la escuela pública!). Preguntamos: si con más de 23.000 chicos menos cada año no hay ni sangría ni problema, ¿cuándo lo habría? ¿Se necesitan 400.000 chicos menos en las escuelas públicas? ¿Un millón menos? ¿Hace falta llegar a medidas de ajuste y poco fecundas como el cierre de grados para registrar que el problema es grave?

Respecto de los otros niveles del sistema educativo, el menosprecio del Gobierno por el problema no es menor al no advertir estos datos relevantes:
-en la educación inicial, la cantidad total de alumnos entre 2003 y 2011 creció un 17,7% pero a razón de apenas un 11,3% para el sector público y un 34,2% para el privado; -en la escuela secundaria, la matrícula total no creció mucho durante el kirchnerismo: 7,2%. La pública creció un 6% y la privada 10,2%.

Es verdad, este proceso de privatización de la educación no arranca en 2003 -como bien señala el documento oficial y como hemos demostrado hace ya 15 años en artículos académicos- sino que se remonta a unas cuantas décadas atrás. Pero durante la gestión K se inauguran dos fenómenos nuevos que la literatura académica reservaba a gobiernos “neoliberales”:

1) Desde 2003, todo el crecimiento de la matrícula en las escuelas primarias va a la educación privada y se registra una pérdida absoluta de alumnos de las escuelas públicas, un hecho inédito en la historia escolar argentina.

2) Desde 2003, el crecimiento de la matrícula en el nivel inicial se explica mayoritariamente por la escuela privada y en el caso de la escuela secundaria la incidencia de la educación privada es sustantiva.

En síntesis, es esperanzador que el Gobierno reconozca la privatización de la educación acaecida en su gestión pero las propias cifras oficiales ameritan tomarse esto más en serio.

Sin querer queriendo

En cuanto a la explicación de este fenómeno, es notable que el Gobierno no brinde una sola pista respecto de qué elementos de toda su gestión profundizaron la privatización de la educación. En el documento, el Gobierno asume la posición del comentarista, como si nada de lo hecho u omitido en esta década en términos de política educativa hubiera causado, o al menos colaborado, en la privatización educacional que por cierto se reconoce. Fue sin querer queriendo.

De los argumentos que el documento oficial brinda para entender lo que pasa, vamos a citar el más reiterado y el que, a nuestro juicio presenta una falla de razonamiento: “Cuando se observa el conjunto del sistema educativo, la variación de la participación de la matrícula privada en años recientes no llama la atención ya que está en el orden de lo ocurrido en otros períodos de crecimiento económico y del empleo –como el de la década del sesenta– en los que las familias cuentan con mayores ingresos para solventar gastos educativos”.

El argumento del Gobierno es sencillo: desde 2003, más familias eligen escuela privada porque gracias al crecimiento económico ahora tienen dinero para pagarla. El razonamiento es extraño sobre todo proviniendo de las esferas oficiales: de ser esto cierto (en realidad nosotros hemos demostrado estadísticamente que sí es cierto) no terminan de explicar por qué más familias eligen pagar lo que por derecho constitucional les corresponde en forma gratuita; por qué aumenta la presión impositiva y al mismo tiempo la matrícula de escuela privada.

La falacia de la parte por el todo es obvia: el aumento del nivel de ingresos de la población (de un sector) no es la causa de la privatización de la educación post 2003 sino su modo de acceso. El dinero no es el origen sino un medio. Lo que el documento oficial elude es que las familias pagan escuela privada no porque tienen dinero sino porque no encuentran en las escuelas públicas la respuesta a sus expectativas. Hay evidencia sobre esto en la investigación académica.

Además, el documento apunta que más escuela privada a causa del crecimiento económico “no llama la atención”: lamentablemente, sí nos llama la atención. Quienes creemos que la escuela pública es un valor democrático en sí mismo, entendemos que no debe ser una suerte de condena para quienes no poseen recursos, como se infiere de la explicación 4 del gobierno, sino un elemento central de la sociedad democrática y para todos los sectores sociales más allá de su nivel de ingresos.

La mayoría de los países del mundo no atan el aumento de la matrícula de la escuela pública a la pobreza: al contrario, crecimiento económico y escuela pública inclusiva y de calidad son indicadores de una sociedad democrática, desarrollada y justa.

Se inicia un debate necesario

Hace ya un tiempo advertíamos sobre el brutal aumento de la matrícula de la educación privada registrado desde 2003 y reclamamos un debate serio respecto de si la tendencia educacional instaurada durante el gobierno kirchnerista es la que realmente queremos los argentinos. Este Gobierno acaba de admitir, a diferencia de lo que ocurre con la inflación, que la privatización en su gestión existe aunque –lamentablemente– no le parece grave. Se conforma con lo que sucede. Ni siquiera es un problema para la educación argentina: hace seis meses, los ministros de educación de todas las provincias aprobaron el “Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016” donde se diagnostican dificultades educacionales pero ni figura la privatización de la educación que, afortunadamente, ahora reconocen.

De nuestra parte entendemos que sí constituye un problema porque creemos en el valor inherente a una escuela pública renovada y a una escuela privada que crezca pero no a partir de los defectos de la escuela pública. Estos son los basamentos de la educación que queremos mientras el Gobierno Nacional registra la privatización de la educación promovida durante su gestión pero no lo plantea como algo que deba ser modificado.

Por el bien de la educación argentina, esperemos ampliar el debate.

El presente artículo fue escrito en colaboración con Mauro Moschetti, magister en Políticas Educativas por la Universidad Torcuato Di Tella y asistente de docencia e investigación en la Universidad de San Andrés.