Hace pocos días, Amnistía Internacional se reunió con el ministro de Justicia de la nación, Germán Garavano, para presentarle sus principales preocupaciones en materia de derechos humanos en el país. Desde nuestra perspectiva, el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del área de Justicia, debe asumir un liderazgo que permita situar a este tema en el centro de las iniciativas y los programas, para así consolidar a la Argentina como un ejemplo a nivel mundial de respeto, protección y promoción de los derechos fundamentales.

Durante el encuentro con el ministro Garavano, planteamos nuestra preocupación por las vacantes disponibles en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y solicitamos que se tuviera en cuenta la diversidad de género en su integración a la hora de postular nuevos miembros.

Sin embargo, el nombramiento en comisión de dos jueces anunciado por la Presidencia marcó un precedente lamentable. Por un lado, no fue designada una mujer, lo cual viola el balance de género al que obligan los postulados del decreto 222/03 y los principios constitucionales y de derecho internacional de los derechos humanos. Por otro lado, no existen situaciones de urgencia ni de excepcionalidad que justifiquen recurrir a un nombramiento en comisión, sin acuerdo del Senado. Se viola la división de poderes y se afecta de este modo la independencia, la imparcialidad y la legitimidad del máximo tribunal.

En otro orden, subrayamos la importancia de sostener el trabajo de la querella del Ministerio de Justicia en el juicio oral y público por el encubrimiento a la investigación del atentado a la AMIA, como así también —fundamentalmente— mantener la relación y el apoyo a los familiares.

Lo mismo planteamos en relación con los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, en los que el rol activo de la Secretaría de Derechos Humanos como querellante resulta crucial.

Destacamos la necesidad de implementar una efectiva política de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, a partir de la mirada amplia y abarcativa de las distintas manifestaciones de la violencia que contempla la ley 26485. En este sentido, consideramos imprescindible delinear una política nacional prioritaria y transversal del Estado a través de todas sus agencias, que no limite su acción sólo al plano doméstico e interpersonal, sino que destine los recursos humanos, financieros e institucionales necesarios para llevar a cabo esas acciones, con una mirada integradora de todas las formas de manifestación de la violencia contra la mujer. En este punto, advertimos sobre la violencia que ejerce el Estado cuando no establece políticas eficaces para implementar el aborto legal y remarcamos la necesidad de encarar de manera urgente un debate legislativo serio al respecto.

Finalmente, compartimos nuestro diagnóstico respecto a la violación estructural de los derechos que sufren las comunidades indígenas en la Argentina y señalamos la necesidad de trabajar de manera prioritaria en una política de Estado que aborde esta situación. En este marco, sugerimos y alentamos a que el nuevo Gobierno nacional reciba y escuche a las comunidades indígenas. Puntualmente, manifestamos la necesidad de que se reciba al líder qom Félix Díaz y a representantes de los qopiwini, que durante más de nueve meses acamparon en la avenida 9 de Julio, en pleno centro porteño, a la espera de una respuesta del Estado a sus reclamos.

El respeto, la promoción, la protección y el efectivo disfrute de los derechos humanos de todas las personas es la piedra angular sobre la que se sustenta un Estado de derecho. Además, se trata de una herramienta fundamental con la que cuentan los Estados para garantizar que, bajo su Gobierno, todas las personas puedan vivir con dignidad y sin discriminación, independientemente de su género, raza, origen étnico o cualquier otra condición. Por eso, la agenda de derechos humanos debe ser prioritaria y central en todas las intervenciones, los planes y las propuestas del Gobierno. En ese contexto, lo más relevante es que las buenas intenciones se vayan traduciendo efectivamente en hechos, cuanto antes.

Existen suficientes evidencias de que ser crítico del orden oficial en China implica correr riesgos de sufrir hostigamiento e intimidación, ser detenido arbitrariamente o incluso ser víctima de desaparición forzada. Un ejemplo es lo que ha estado sucediendo en el último tiempo con un grupo de personas que formaron una organización llamada Movimiento de Nuevos Ciudadanos, para reclamar una mayor transparencia en la actividad del gobierno y mejoras en la educación de los hijos de los inmigrantes, entre otras cuestiones. Hasta abril pasado, 70 de sus miembros habían sido detenidos.

A pesar de la apertura económica, el sistema político se mantiene con el paso de los años. A fines de 2013, el Partido Comunista de China anunció el cierre de sus célebres campos de re-educación, que funcionaron durante casi 60 años y en los que se permitía alojar por hasta cuatro años a personas detenidas sin proceso. Allí, los internos debían trabajar en condiciones durísimas por un pago mínimo o, incluso inexistente. Sin embargo, las pruebas iniciales reunidas por Amnistía Internacional indican que en realidad los cambios han sido cosméticos, ya que las autoridades utilizan otras vías para mantener encerrados y torturar a los disidentes. Aunque la tortura es oficialmente ilegal, en la práctica, tanto los opositores políticos como los delincuentes comunes son sometidos a prácticas como la electrocución, palizas, denegación de tratamiento médico e inyección forzada de drogas.

Un caso emblemático es el de Ilham Tohti, un intelectual de la región autónoma uigur del Sing-kiang, crítico de las políticas del gobierno de Beijing hacia su etnia. Thoti fue detenido en enero de este año, bajo la acusación de separatismo y desde entonces está incomunicado, sin siquiera acceso a un abogado. Últimamente, se supo que estaría siendo sometido a un juicio en secreto, en el que podría ser condenado a prisión perpetua. Las autoridades se negaron a confirmarlo o desmentirlo.

En China todas las personas que sufren violaciones de sus derechos enfrentan barreras para acceder a la Justicia, que no es independiente ni imparcial sino que está controlado por el Partido Comunista, a través de los nombramientos, el manejo del presupuesto y otras herramientas.

El resultado es que millones de personas recurren a las peticiones, un sistema extrajudicial, por el cual es el gobierno el que canaliza reclamos, garantizado por la Constitución china. En 2013, se estima que se presentaron unas 600.000 peticiones por mes, principalmente por cuestiones como desalojos de tierras rurales y demoliciones de construcciones urbanas. Muchas de esas personas que recurren a las peticiones son detenidas u hostigadas, por autoridades locales que buscan que los casos no lleguen a altos funcionarios o no trasciendan públicamente.

La comunidad internacional debe actuar y presionar a las autoridades chinas para que esta realidad cambie. Y las autoridades que lo recibieron en su visita a la Argentina perdieron una buena oportunidad de hacerlo.

El nuevo texto, que debe discutirse ahora en la Cámara de Diputados, establece que el embrión es persona desde el momento de su fecundación, en lugar del momento de su implantación en el vientre materno, que era la propuesta original de la comisión redactora de la reforma. De ser aprobado tal cual salió de la Cámara alta, este artículo estaría sacrificando los derechos de las mujeres y los hombres para dar prevalencia a valores morales, éticos o religiosos. Esto es así porque, en la práctica, se limitaría a las mujeres y familias acceder a la fertilización asistida para concretar su proyecto de familia deseado.

El derecho a tener hijos forma parte del ámbito de los derechos a la libertad personal, la intimidad, la vida privada y familiar. La posibilidad de acceder a la tecnología médica para ejercerlo es un reconocimiento a la autonomía y a la identidad de las personas, tanto en su dimensión individual como de pareja. Si bien los Estados son responsables de regular y fiscalizar la prestación de los servicios de salud, es su obligación garantizar el acceso a métodos de planificación familiar seguros, eficaces y accesibles.

Amnistía Internacional promueve y defiende el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Imponer a la sociedad el criterio de que la existencia de la persona comienza con la fecundación del embrión resulta una violación a estos derechos. Los Estados no pueden imponer una única idea y pensamiento a todas las personas a través de su sistema administrativo, civil o penal, y mucho menos legislar o criminalizar a quienes disienten con esa noción.

No existe consenso desde la ciencia, la teología o la ética acerca del inicio de la vida humana. En un fallo reciente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que los Estados deben permitir diferentes y contradictorias opiniones sobre este tema; las concepciones morales, religiosas o de cualquier otro tenor que consideran que hay vida desde la fecundación del óvulo “no pueden justificar que se otorgue prevalencia legal a este idea porque ello implicaría imponer un tipo de creencia específica a otras personas que no las comparten”. Y concluyó que hasta su implantación en el útero, el embrión no puede ser entendido como persona.

La protección y promoción de salud sexual y la salud reproductiva de las mujeres es un imperativo de derechos humanos. La reforma al cuerpo normativo central en materia civil debe constituirse en una instancia fundamental para adecuar, ordenar y actualizar el ordenamiento jurídico a las nuevas demandas de una sociedad en constante evolución. El texto del artículo 19 aprobado en el Senado transita un camino contrario al que nuestro país ha expresado con el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo y de la identidad de género. Es un momento oportuno para repensar esta política.

Si se hubiera dado intervención a la Corte Penal Internacional y se hubieran aplicado sanciones selectivas (como el congelamiento de los bienes del presidente Assad) es posible que la población siria se hubiese librado de los gravísimos abusos que padeció.

Hoy se ha llegado a una situación en la cual, salvo que cambie la dinámica y se ejerza una presión efectiva sobre todas las partes, es difícil que unas negociaciones resuelvan por sí solas la crisis. Las investigaciones y consultas a especialistas realizadas por Amnistía Internacional indican que muy probablemente se utilizaron armas químicas la semana pasada en las poblaciones de Zamalka y Ain Tarma, al este de Damasco. Sin embargo, la organización no tiene la información suficiente sobre quién utilizó o emitió esos agentes químicos y hace falta una investigación independiente en el lugar, para llegar a resultados concluyentes.

Sin perjuicio de que Amnistía Internacional no condena ni aprueba la posible intervención militar y tampoco adopta una posición sobre la legalidad o las bases morales para justificar esa acción, en caso de que concreten su anunciada intención de actuar contra el gobierno sirio, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia deben proteger a la acción civil. Esto significa concretamente: abstenerse de realizar ataques indiscriminados y desproporcionados, no situar objetivos militares en zonas densamente pobladas o en las proximidades de ellas y evitar utilizar a la población civil para proteger a objetivos militares (es decir, como escudos humanos).

En cuanto a Rusia y los demás aliados del gobierno sirio, deben dejar de suministrar armas y equipos a las fuerzas gubernamentales. Además, deben trabajar junto con otros Estados para presionar a Siria para que deje de cometer crímenes de derecho internacional y conceda el acceso sin restricciones a las organizaciones humanitarias, a la Comisión de Investigación de la ONU y a las organizaciones de derechos humanos.

La comunidad internacional en general no puede seguir postergando la adopción de medidas para aliviar la terrible situación humanitaria existente dentro del país, donde se cree que hay más de cuatro millones de personas desplazadas de sus hogares. Se debe compartir la responsabilidad respecto de la asistencia y protección de los refugiados que han huido del conflicto, que hoy representan una enorme presión para los vecinos de Siria. Y todos deben, también, aceptar la responsabilidad compartida de investigar y enjuiciar los crímenes de lesa humanidad cometidos en Siria.