El ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Carlos Mahiques, no podría ser tildado, precisamente, de garanto-abolicionista. Muy por el contrario, se trata de un hombre salido de la ortodoxia académica y judicial. Docente de varias universidades (entre ellas, la Universidad Católica Argentina) y juez en diversas instancias, hasta integró los máximos tribunales penales bonaerense y nacional. Sus fallos no dejan traslucir una avanzada o innovación del pensamiento, sino más bien se identifican con ideas clásicas del derecho penal.

Pero para hacer gala del sentido común no es preciso adherir a corrientes de vanguardia y rupturistas. Y es lo que hizo Mahiques hace pocos días, al comentar públicamente la situación del servicio penitenciario bonaerense (SPB) y los lineamientos de la política criminal del primer Estado argentino.

Refiriéndose a la primera de las cuestiones, manifestó que el servicio penitenciario bonaerense se ha revelado como una estructura ineficiente, invertebrada y criminógena que retroalimenta la delincuencia, dentro y fuera de los penales. Asimismo señaló como principal objetivo de su gestión un cambio de paradigma del servicio penitenciario para dejar de ser una fuerza militarizada y pasar a tener una gestión diferente. En ese sentido, anticipó que la auditoría del SPB pasará a manos civiles, lo que constituye un hecho inédito y auspicioso para interpelar la permanente sospecha que sobrevuela a este sector de la administración pública. Continuar leyendo →