Los últimos veinte años de la vida pública argentina han estado signados por los problemas derivados de la inseguridad, tema excluyente en los reclamos ciudadanos, que ha permanecido inalterable en la agenda de las prioridades.

Los justos reclamos de los vecinos que ven afectados sus bienes y su integridad son recibidos con preocupación por los encargados de asegurar la vida y la propiedad de las personas, pero los hechos demuestran que no existe una mejoría en este tramo del derecho a un estándar de vida con ciertas seguridades y previsibilidad.

La principal reacción del Estado frente a la exigencia ciudadana de más seguridad ha sido el incremento de los efectivos policiales, más patrulleros para recorrer el territorio, equipamientos más sofisticados y la masiva instalación de cámaras de seguridad. Sin embargo, la cuantiosa inversión de dineros públicos a estos fines no parece haber arrojado los resultados esperados. El virtual copamiento policial de la vía pública no parece ser suficiente para contener los hechos de violencia que aquejan a una buena parte de la población. Los casi cien mil efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires son una prueba elocuente de ello.

Probablemente haya llegado el momento en que la clase dirigente comience a elaborar propuestas en materia de seguridad pública que, sin excluir el aporte policial para la prevención y la represión del delito, no se agoten en ese recurso. Y en este sentido, nuevamente, al igual que en materia penitenciaria y de sustancias estupefacientes, existen experiencias regionales exitosas que nos pueden dar una pauta sobre los caminos a seguir. Tal el caso de Porto Alegre y Curitiba, en Brasil, el municipio de Aguascalientes, en México, o el paradigmático caso de Medellín, en Colombia, que, de ser una de las ciudades más violentas del mundo, hace poco más de diez años se ha transformado en un modelo de convivencia ciudadana e integración social que es ejemplo para el mundo entero. Continuar leyendo →