En este sentido, la República Argentina y el Estado de Israel presentan perfiles altamente complementarios y sus economías constituyen un buen ejemplo a la hora de pensar estrategias para una relación comercial de largo aliento. Nuestro país está ubicado en una posición con gran potencial emprendedor respecto del resto de América del Sur; ocupa el puesto número 56 de 130 países medidos por el Instituto de Emprendimiento y Desarrollo Global (GEDI INSTITUTE) y el sexto lugar a nivel regional, lo que evidencia las enormes posibilidades en términos de recursos humanos. Por otra parte, el perfil económico de la Argentina consolida sus bases agroexportadoras y de producción de alimentos pero también se orienta hacia una necesaria diversificación gracias a la capacidad de innovación, la creatividad y el desarrollo de nuevas industrias.

Israel, como es sabido, se ha transformado en una exitosa economía basada en la alta tecnología y la innovación, siendo sede del mayor número de emprendimientos hi-tech fuera del Silicon Valley. Un país donde se conjugan la vocación emprendedora, la formación especializada, el talento individual, la persistencia, la creatividad interdisciplinaria, la discusión permanente y el trabajo de equipo con una enorme cuota de audacia, siempre importante a la hora de asumir nuevos retos. En esa capacidad singular de su gente y de la sociedad en general, están las claves para comprender el milagro económico de Israel.

Desde la Cámara de Comercio Argentino-Israelí (CCAI) trabajamos para promover el intercambio empresarial, el flujo de inversiones y las relaciones culturales entre ambos países. Fundada en 1948, la CCAI ha sido históricamente un instrumento facilitador orientado a la apertura y consolidación de esas relaciones. Un puente de integración y desarrollo económico.

Con ese norte, la CCAI, juntamente con la Embajada de Israel y con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, lanzó en 2014 el Innovation Award, un premio anual que busca incentivar el talento y la creatividad local, promoviendo el intercambio de experiencias con el mundo empresario, académico y tecnológico de Israel. Un estímulo a la asociación de talento, creatividad, producción y tecnología.

Esta es una iniciativa, entre tantas otras, que refleja claramente el gran desafío de nuestra Cámara para los años que vienen. Hablamos de incorporar valor agregado tecnológico a nuestra producción en los diferentes sectores de nuestra economía, estimular la asociación y las oportunidades de mercado de productos argentinos e israelíes y producir sinergia entre las experiencias emprendedoras de ambas economías.

Existe un gran potencial de mayor cooperación entre los dos países en varios campos: agronegocios, alimentación, salud, sanidad animal, infraestructura, seguridad, informática, turismo. En este sentido, el papel de la CCAI es clave para incrementar el flujo de negocios entre Argentina e Israel, especialmente en el sector de las pymes, al que queremos apoyar muy especialmente. Nuestro objetivo es que la CCAI contribuya a generar un propicio ambiente de networking, es decir, reunir actores dispersos en un espacio de relacionamiento, informaciones y comunicación.

Este 2015 es un año particular ya que la Argentina tendrá un nuevo gobierno a partir del mes de diciembre. Estos acontecimientos constituyen para todos una oportunidad de fortalecer y consolidar el trabajo realizado. Siempre con la finalidad de incrementar el flujo de negocios bilaterales, incorporando nuevos objetivos estratégicos en consonancia con los actuales desafíos para la inserción de la Argentina en el comercio mundial.

No resulta prudente ni corresponde en esta hora realizar pronunciamientos apresurados, mientras la Justicia avanza en la investigación de un caso cuya trama en sí misma es compleja e incierta, como es de público conocimiento.

Con toda humildad y con el respeto que merece el delicado momento que vivimos, queremos expresar, en primer lugar, las condolencias y solidaridad con la familia y seres queridos del señor fiscal y pedir una oración en su memoria.

Quienes nos conocen y siguen el trabajo que realizamos desde la Editorial TAEDA, saben de nuestro compromiso con la causa de la Embajada de Israel, y de la AMIA, y con la memoria de las -ahora- 115 víctimas de los terribles atentados terroristas perpetrados en nuestro país. Hoy, más que nunca, acompañemos esa causa que consideramos “de todos los argentinos” y bregamos para que la Justicia pueda esperar superar los inconvenientes para esclarecer los hechos y condenar a los responsables.

Es por ello que adherimos a lo expresado recientemente por las organizaciones judías en la Argentina, la AMIA y la DAIA, respecto a que la muerte del doctor Nisman bajo ningún punto de vista debe ser “la muerte de la causa AMIA”. Y que los diez años de investigación del señor fiscal logren la necesaria continuidad, en un proceso jurídico en el que, recordemos, Irán no ha colaborado nunca con la Justicia argentina a incluso ha obstaculizado su accionar.

Asimismo nos sumamos al clamor de la ciudadanía en un enfático llamado a las autoridades y representantes de los tres poderes del Estado a poner su mayor capacidad, esfuerzo y responsabilidad para alcanzar la verdad, base de toda justicia. Un esclarecimiento total y absoluto que la sociedad y las instituciones de nuestra República merecen.

Este artículo apareció originalmente en la revista DEF

Entre los importantes debates de ideas que hoy configuran la visión de nuestro país para los años venideros, hay uno que resulta particularmente imprescindible de cara a los grandes desafíos del siglo XXI. Me refiero a la necesaria discusión con respecto a la Defensa Nacional y al rol de las Fuerzas Armadas.

Es por ello que quisiera hacer una breve reflexión acerca de la Defensa Nacional como pilar fundamental del Estado, como componente esencial de la política exterior y también como motor de desarrollo industrial. Una visión de avanzada que supimos tener los argentinos desde los albores del siglo XX y que, lamentablemente y por diversas razones, fuimos perdiendo.

Durante la década del 20, destacados hombres de las ya profesionalizadas Fuerzas Armadas asumieron como horizonte para nuestro país el de su industrialización. Fueron personalidades notables que supieron liderar procesos fundacionales, llevando “la doctrina a las cosas”, el pensamiento a la acción.

Un área clave, en ese sentido, fue la de los hidrocarburos, en la que el general Enrique Mosconi cumplió una función relevante. Fue nombrado por el presidente Marcelo T. de Alvear en 1922 como primer titular de la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (germen de la actual YPF), creada antes de dejar el poder por Hipólito Yrigoyen. El general Mosconi impulsó a lo largo de su gestión la integración vertical de la empresa y la incursión en la distribución y venta de combustibles en el mercado interno. El éxito de la gestión de Mosconi al frente de YPF quedó reflejado en las cifras de producción de petróleo de 1930, cuando se alcanzaron los 827.946 metros cúbicos, duplicando las cifras de años anteriores.

Hubo que esperar hasta la década del 40 para volver a encontrar figuras de su talla dentro del estamento militar, que retomarían el impulso industrializador. En 1941 fue creada la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), un proyecto del entonces coronel Manuel Nicolás Savio, quien se proponía desarrollar de manera armónica la movilización industrial de la Argentina. El propio Savio sería el mentor del Plan Siderúrgico Nacional, de la construcción del primer alto horno de fundición en Jujuy (Altos Hornos Zapla), y el fundador de la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina (Somisa), que terminaría de concretarse en 1961 con la inauguración de su complejo industrial en San Nicolás/Ramallo.

Lo importante es dejar aquí señalado que el puntapié de este despegue de la industria pesada en el país partió de mentes iluminadas que, dentro de las Fuerzas Armadas, tenían en mira un desarrollo autónomo de la Argentina.

En paralelo, comenzó a tomar impulso en nuestro país la industria nuclear, a partir de la creación, en 1950, durante la presidencia de Juan Domingo Perón, de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). En 1955 se creó el Instituto de Física de Bariloche que dirigió José A. Balseiro, cuyo nombre dio lustre a la ciencia en Argentina y que ha quedado inmortalizado en el Instituto que lleva su nombre. En 1958 se coronaron esos esfuerzos con la construcción del primer reactor experimental de América Latina, el RA1, y luego con la primera central nuclear de potencia de la región, Atucha I, que entraría en operaciones en 1974. Coronó esta zaga de destacadas figuras de la CNEA el almirante Carlos Castro Madero, durante cuya gestión se mantuvo la continuidad del ambicioso plan nuclear, con el avance de la construcción de dos centrales de potencia (Embalse, inaugurada en 1984, y Atucha II, luego interrumpida en la década del 90), la inauguración de la planta de agua pesada en Arroyito (Neuquén) y el enriquecimiento de uranio en la planta de Pilcaniyeu (Río Negro), anunciado en noviembre de 1983, lo que convirtió a nuestro país en uno de los pocos en el mundo capaces de controlar todo el ciclo del combustible nuclear.

La reactivación del Plan Nuclear Argentino, impulsada por el gobierno de Néstor Kirchner en 2006 y en plena vigencia en la actualidad, constituyó un verdadero renacer para el sector tras el prolongado letargo de la década del 90. Una decisión estratégica para la Argentina, que dio continuidad a una de las políticas de Estado más consistentes que hemos logrado sostener a lo largo de los años.

Otro eje del desarrollo que muestra la visión de vanguardia de la industria militar de entonces fue el avión Pulqui II. En 1947, el mayor ingeniero Juan Ignacio San Martín, director del Instituto Aerotécnico –nombre que había adquirido la pionera Fábrica Militar de Aviones de Córdoba, fundada en 1927– decidió iniciar la construcción de un avión a reacción que rompería el récord de velocidad. Se trataba de un avión de caza tecnológicamente comparable a los mejores de la época.

Hay un dato que ilustra la situación de aquella época: en 1952, según el Boletín Estadístico Aeronáutico de junio de ese año, la Fuerza Aérea Argentina contaba con 761 aeronaves.

Y, solo por citar un ejemplo más, no quiero dejar de mencionar el proyecto del submarino con propulsión nuclear que, por distintos avatares políticos y económicos, no logró desarrollarse, a pesar de las millonarias inversiones realizadas en los astilleros argentinos Tandanor y Domecq García.

Más allá de las dificultades y de las distintas coyunturas de cada época señalada, considero valioso rescatar una constante histórica que desmiente la engañosa contradicción argentina respecto de la inagotable capacidad de generar “talento individual” y de la imposibilidad de trasladar esa genialidad a un proyecto colectivo. Los ejemplos citados no sólo desechan esa creencia tan arraigada, sino que demuestran que cuando los argentinos logramos pensar y desarrollar “un verdadero proyecto de país”, todo ese talento individual es puesto al servicio de la Patria. La Argentina tuvo un proyecto de país y sus Fuerzas Armadas fueron parte fundamental de esa visión colectiva. Hombres como Mosconi, Savio o Castro Madero no fueron casos aislados, sino figuras notables dentro de un definido proyecto de país.

Los errores históricos

A partir de la década 30, las Fuerzas Armadas argentinas, por propia decisión y alentadas por mezquinos intereses sectoriales, asumieron un rol ajeno a su naturaleza. El golpe de septiembre de 1930 marcó un punto de quiebre en la institucionalidad e instauró una sucesión de interrupciones del orden democrático, que se repetirían en 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. Fueron los años de la “Argentina pendular”, donde los militares se convirtieron en árbitros, decisores y ejecutores de políticas que nada tenían que ver con su razón de ser. Desafortunadamente, dejaron de cumplir con su rol institucional y comenzaron a intervenir en golpes y maniobras palaciegas, sin que faltaran enfrentamientos dentro de las propias fuerzas.

Las divisiones entre argentinos venían de vieja data, desde el principio mismo de nuestra independencia. Primero fue la lucha entre unitarios y federales, que impidió la consolidación de la paz interior, hasta la aprobación de la Constitución de 1853. La situación se repetiría a partir de 1890 con la antinomia conservadores-radicales, que llevó a levantamientos armados y a una mutua deslegitimación política. El ascenso del general Juan Domingo Perón también generó una fuerte división entre peronistas y antiperonistas, que se agravó tras su caída. Entre 1955 y 1973, se vivieron años de alternancia entre una “democracia tutelada” por las Fuerzas Armadas y las sucesivas interrupciones del orden constitucional.

A este cúmulo de errores de las Fuerzas Armadas y de la dirigencia política de la época, se le sumó, a partir de la década del 60 y principalmente en los 70, la llamada “doctrina de la seguridad nacional”, marco teórico para justificar el “intervencionismo” de las Fuerzas Armadas en todo el continente contra el denominado “enemigo interno”, que tuvo su hora más oscura en nuestro país durante la última dictadura (1976-1983). Una trágica experiencia que por desgracia le tocó vivir a nuestra Patria en esos años.

Una tragedia de la que las Fuerzas Armadas no fueron las únicas responsables, sino que involucró a todos los sectores de nuestra sociedad, al empresariado, la Iglesia, los sindicatos y las organizaciones beligerantes. Una vez recuperada la democracia, algunos de esos actores asumieron su “cuota parte” de la responsabilidad y se lo expresaron a la ciudadanía a través autocríticas que intentaron aportar una mirada superadora y de reconciliación, luego de largos años de “guerra civil intermitente, con sucesivas falsas antinomias que dividieron y enfrentaron a sectores del pueblo y de la Nación argentina”, según expresaba el documento “Compromiso solemne por la pacificación y reconciliación nacional”, que fue dado a conocer en 1989 por el Peronismo Revolucionario, una corriente interna del Movimiento Nacional Justicialista que contenía a los dirigentes y militantes de la disuelta organización Montoneros.

Por su parte, las Fuerzas Armadas y la Iglesia realizaron en su momento  autocríticas institucionales con la aspiración de contribuir a la pacificación de nuestro país.

Como se ha dicho, la historia argentina puede leerse, a lo largo del siglo XX, como la historia de una nación incapaz de convivir pacíficamente en el marco de la legalidad y de resolver sus conflictos, tensiones y diferencias por la vía del diálogo. Detrás de cada golpe militar o quiebre constitucional, siempre hubo intereses específicos de sectores de nuestra sociedad que utilizaron a las Fuerzas Armadas como instrumento de sus intereses.

Finalmente, en 1983 los argentinos entendimos que la democracia, siempre perfectible, es el único camino que nos permite ordenar la dinámica de una sociedad y encauzar racionalmente las diferencias y nuestras contradicciones. El Estado de derecho es el único marco posible en el cual cada institución de la República –incluidas las Fuerzas Armadas– puede desempeñar su función y encontrar su razón de ser.

La democracia nos ha enseñado también el valor del diálogo como condición indispensable para el encuentro de todos los argentinos. “Es el diálogo el que hace la paz. No se puede tener paz sin diálogo. Todas las guerras, todos los combates son por falta de diálogo. En el diálogo, crecemos y maduramos”, expresó sabiamente nuestro Papa Francisco y sus palabras nos deben ayudar a no volver a confundir ese mandato.

Una imagen distorsionada

El rol equivocado que asumieron las Fuerzas Armadas a lo largo del siglo XX generó una imagen muy errada respecto de lo que debe representar la Defensa Nacional para cualquier país democrático. Un sector de la sociedad aún asocia el elemento militar con las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la década del 70, a pesar de que los jóvenes oficiales que hoy integran nuestras Fuerzas Armadas han sido formados en una concepción democrática y respetuosa de la institucionalidad. Esta imagen sesgada que todavía existe en muchos argentinos genera, a su vez, preconceptos y distorsiones que impiden el diseño de una moderna estrategia de Defensa que dé respuesta a los eventuales peligros que nos afectan en pleno siglo XXI.

Imposible no hacer aquí un breve paréntesis referido a la guerra de Malvinas, que, sin dudas, marcó un punto de inflexión en la manera de ver y entender las relaciones de la sociedad argentina con sus Fuerzas Armadas. Malvinas fue, es y será siempre una causa justa y muy cara a los sentimientos de los argentinos. Sin embargo, la conducción político-militar de la campaña del Atlántico Sur de 1982 incurrió en graves errores estratégicos que no analizaré aquí, pero que también contribuyeron a generar una imagen poco feliz de quienes conducían nuestras Fuerzas Armadas. No obstante, Malvinas supo mostrar cabalmente la otra cara de la moneda: la del heroísmo de centenares de combatientes que lo dieron todo por la Patria; la de soldados y militares profesionales que pelearon con orgullo una de las batallas más desiguales de las que se tenga memoria. Muchos de ellos dieron su vida por nuestras islas y, tras algunos años de inexplicable ingratitud, el pueblo argentino hoy reivindica y rinde homenaje a sus combatientes de Malvinas.

Las mezquindades, los personalismos y las prácticas autoritarias en las Fuerzas Armadas son parte del pasado. En la actualidad, los planes de formación de las Escuelas de Formación de Oficiales y Suboficiales tienen un enfoque plural y abierto al conocimiento de nuestra historia y la defensa del valor de nuestras instituciones.

Una mirada superadora

Los argentinos pagamos un alto precio por los errores cometidos y, a 30 años del retorno a la democracia, ya es tiempo de recuperar aquella visión de la Defensa Nacional que identificó a nuestros pioneros y replantear el rol de nuestras Fuerzas Armadas de cara a los desafíos que presenta el siglo XXI. Debemos reivindicar el verdadero rol del elemento militar en el Estado de derecho, ya que la defensa de nuestras fronteras y de nuestros recursos naturales es una misión irrenunciable. Las Fuerzas Armadas, como garantes de la paz, son un elemento constitutivo del Estado, con una función de garantía de la integridad y unidad territorial, de la independencia y de la soberanía. Constituyen la última ratio del Estado, una fuerza organizada al servicio de la Nación.

Por otra parte, a lo largo del último siglo, los desarrollos de nuestra industria militar y el pensamiento estratégico de muchos de sus integrantes permitieron a la Argentina impulsar importantes sectores de nuestra economía. La industria de la Defensa, como hemos expresado a través de ejemplos en este documento, ha sido motor de nuestro crecimiento. De ahí que, en un nuevo contexto internacional en el que la cooperación regional no puede estar ausente, la recuperación del complejo militar-industrial argentino debe ser una meta a alcanzar. Las experiencias que llevan adelante nuestras Fuerzas Armadas en sectores claves, como la energía, la mecánica, la robótica y tantos otros sectores, deben servir de incentivo para seguir adelante por esta vía de la investigación aplicada en el ámbito de la Defensa.

La Argentina de hoy merece un debate serio y responsable sobre los nuevos desafíos de la Defensa Nacional para los años por venir. Una nueva mirada, positiva y superadora, que logre recuperar el terreno perdido, pero que fundamentalmente sepa comprender las nuevas y cambiantes realidades del mundo.

Una política de Defensa actualizada, integrada a una visión de Estado moderno. Tenemos ante nosotros un sinnúmero de nuevos desafíos, como la protección de los recursos de nuestra plataforma marítima o los nuevos escenarios de conflicto en el ciberespacio, donde las fronteras son cada vez más difusas. En definitiva, solo con unas Fuerzas Armadas modernas, democráticas y preparadas tecnológicamente podremos hacer frente a los complejos retos y nuevas amenazas del siglo XXI.

Ahora bien, ¿se trata sólo de una sensación o esta preocupación de la ciudadanía se encuentra corroborada por los hechos? Las cifras así lo demuestran: según Naciones Unidas, en América Latina se comete uno de cada cinco homicidios que ocurren cada día en el planeta.

“Aunque en Latinoamérica vive el 8% de la población mundial, se cometen el 20% de todos los homicidios del planeta”, grafica el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno.

Por su parte, el Índice Mundial de la Paz 2013, elaborado por el Institute for Economics and Peace (IEP), ubica a América Latina como la segunda región más violenta del planeta, después del África subsahariana. Esta situación no es gratuita: el costo económico de la violencia estaría en el orden del 8% del PBI regional.

Más allá de las ideologías

La seguridad es una condición indispensable para una mejora de la calidad de vida de nuestra población. En los últimos años ha quedado demostrado que para enfrentar la delincuencia y el crimen hay que despojarse de preconceptos. El problema de la seguridad no es patrimonio de la llamada “política de derecha o de izquierda”. Esas apreciaciones no son más que eslóganes fáciles y simplistas, que no logran captar la complejidad del problema y no ayudan a la hora de encarar una política integral de seguridad que tome en cuenta tanto los aspectos preventivos como represivos, con la firmeza necesaria para hacer frente a las grandes organizaciones criminales, sin por ello descuidar la reinserción social de los delincuentes.

El caso de Cuba es particularmente interesante para entender que una política de seguridad no es una bandera exclusiva de la “derecha” o de la “izquierda”. Sólo un ejemplo de ello: según los últimos datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la cifra de homicidios en Cuba se ubica en apenas 5 por cada 100.000 habitantes. Esto no es casualidad sino el resultado de una férrea política del gobierno de La Habana que castiga duramente la portación ilegal de armas de fuego, con penas de privación de la libertad que van generalmente de los dos a los diez años según el tipo de armamento del que se trate, incluso en algunos casos más graves puede ser motivo de reclusión perpetua.

Asimismo y más allá de las históricas diferencias entre Cuba y los EEUU, ambos países tienen en vigencia acuerdos bilaterales clave en temas tales como lucha contra el tráfico de estupefacientes, contra la piratería y tratados sobre el problema migratorio. Una vez más, la seguridad pública entendida como una cuestión de Estado, no partidaria y sostenida en el tiempo.

Existen, a lo largo de nuestra geografía, ejemplos dignos de imitar. Un caso asombroso es el de Medellín, ciudad que a comienzos de los años 90 se encontraba sumida en el infierno, a merced del tristemente célebre Cartel liderado por Pablo Escobar -fallecido en 1993- y a la cabeza de todos los rankings en materia de asesinatos y delitos violentos. A partir de entonces, gracias a una coherente política de Estado sostenida a través de distintas administraciones, se logró llevar adelante un ambicioso plan de acción que combinó iniciativas de seguridad con inversiones en infraestructura y proyectos sociales.

Narcotráfico, un flagelo que recorre el continente

Otro de los grandes dramas latinoamericanos, profundamente ligado al problema de la violencia y la delincuencia, es el del narcotráfico. No podemos soslayar que México y Paraguay se ubican a la cabeza entre los primeros países productores de marihuana a nivel mundial, y que Colombia, Perú y Bolivia producen virtualmente la totalidad del insumo (la hoja de coca) para la elaboración de la cocaína.

Lamentablemente, en este escenario que hasta hace unos años ubicaba al Cono Sur como mera zona de tránsito de esa droga hacia mercados externos -principalmente europeos-, hoy nos coloca de frente a un creciente problema: el aumento del consumo local de drogas. Argentina, sin ir más lejos, se ubica a la cabeza de los países latinoamericanos en consumo de cocaína.

Una lucha que nos involucra a todos

La seguridad es una responsabilidad de todos. Una política integral debe partir de las necesarias medidas preventivas, que incluyen la contención de los sectores sociales expuestos a ser utilizados como “carne de cañón” por organizaciones delictivas.

El ejemplo más claro lo tenemos en las grandes urbes brasileñas, particularmente en Río de Janeiro y San Pablo, donde durante décadas grandes capos del narcotráfico tuvieron a su merced a la población de las favelas y se adueñaron de la vida de sus habitantes.

Brasil ha venido dando importantes pasos con el objetivo de “urbanizar” esos barrios e involucrar a su población en la gestión del espacio público. Esa visión estratégica se tradujo en un plan que logró mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las favelas cariocas mediante el suministro de infraestructura básica (agua potable, saneamiento, alcantarillado, alumbrado público, pavimentación, espacios abiertos para la práctica de deportes al aire libre) y un conjunto de servicios sociales (centros de atención familiar e infantil, actividades de generación de ingreso y empleo), así como la titulación de las tierras. Una política que emplea a sus Fuerzas Armadas y de Seguridad para combatir el delito organizado y que, en definitiva, permite que el Estado acceda a rincones que antes se encontraban bajo la influencia de los traficantes.

La violencia y el crimen organizado constituyen hoy una de las principales amenazas a los Estados en nuestro continente. Es uno de los grandes males del presente, que tiene en el negocio espurio de la droga su hilo conductor y que pone en riesgo el futuro de nuestras naciones.

La seguridad pública es una responsabilidad indelegable del Estado pero, vale la pena recordarlo, el Estado somos todos y cada uno de nosotros.