En principio, una persona que antes de septiembre de 2013 ganaba $15.001 y quedaba afectado por el impuesto, en la actualidad paga casi el 14% de su salario bruto en ganancias, cuando en 2003 era solo el 1,6%. Así, el mayor impacto de ganancias sobre el salario generó que sus ingresos reales cayeran 12% en 2014 y 6,5% en 2015.

Algunas cifras regionales comparadas son más que demostrativas para entender por qué es un disparate lo que los trabajadores pagan en concepto de impuesto a las ganancias. En Argentina, un ingreso de US$2.500 paga la alícuota máxima de 35%, mientras que en Uruguay, para pagar la alícuota máxima el salario debe ser de US$14.100, en Chile de US$11.400 y en Perú US$6.100.

Por otro lado, donde existe un derecho constitucional vulnerado el oficialismo ve una oportunidad para el clientelismo. Así, prefiere mantener la situación estructural que perpetúa la violación del derecho a cambio de poder preservar una herramienta clientelar. El ejemplo más claro de esto puede verse en los recibos de sueldo. Quienes hoy ganan menos de 15.000 pesos pero más de 8.326 pesos (el mínimo no imponible previsto en la ley) no pagan impuesto a las ganancias debido al último decreto en la materia de 2013. En el recibo de sueldo figura “Beneficio Decreto 1242/2013” para hacer alusión a la exención. Es decir, el oficialismo no hace efectivos los derechos constitucionales, sino que otorga beneficios dispuestos por la generosidad del príncipe a quien todos debemos estarle agradecidos.

Por su parte, el paro se legitima aún más ante las declaraciones del Ministro de Economía y de la Presidenta, que desconocen toda realidad de forma sistemática. Del mismo modo en que para el oficialismo medir la pobreza estigmatiza, negando una realidad evidente, lo mismo sucede con ganancias. Ello así, pues en el mejor de los casos, no ven en el reclamo de ganancias un reclamo válido, lo que implica un verdadero ninguneo a los trabajadores que pagan un impuesto al salario y que cada vez luchan más por llegar a fin de mes. Mientras que, en el peor de ellos, buscan a como dé lugar mantener un instrumento que tiene una doble finalidad: apretar a los sindicatos en las negociaciones de paritarias y guardar una carta electoralista para seguir con anuncios por cadena nacional.

En el medio de estas pujas de poder, se encuentran en calidad de rehenes los pobres, los desempleados, los trabajadores. Cuando la política deja de trabajar para ellos es una señal que indica que debemos mejorarla. Hace mucho tiempo que la política oficial niega a los pobres y mantiene en vilo a los trabajadores y desempleados. La conclusión es evidente.

El populismo, que es el sacrificio del futuro en el altar del presente, evita planear e invertir, que son actividades cuyos frutos no se ven inmediatamente. El horizonte del populista es el día siguiente. En el caso del sistema ferroviario, la diferencia entre los magros ingresos tarifarios y los recursos necesarios, no ya para invertir, sino para mantener mínimamente en funcionamiento los trenes, se cubren con subsidios. Como éstos se asignan en forma absolutamente discrecional, opaca y sin ningún control, se dieron las condiciones perfectas para generar inequidad, más una corrupción de una magnitud escandalosa, causa de la falta de controles y transparencia.

El Gobierno, a pesar de su retórica estatista, infló al Estado mientras lo hizo cada vez más ineficaz. Lo que pasó en Once no fue obra de la casualidad. Antes y después hubo episodios similares, con menor gravedad y trascendencia pública. El desapego por la calidad de vida –y por la vida misma- de cientos de miles de compatriotas que diariamente viajan en las peores condiciones es inaudito. Las imágenes de la tragedia son una postal funesta que exhibe por sí sola la hipocresía del “relato”.

Le corresponde a la Justicia determinar las responsabilidades civiles y penales, y esperamos que así suceda en el juicio oral que comenzará en marzo. La función judicial es mirar hacia atrás y reparar, en la medida de lo posible, los daños causados. El resto de los órganos estatales debe dar la debida asistencia a quienes han padecido lesiones físicas y psíquicas, y a los familiares de los fallecidos.

Pero, junto a esa imprescindible tarea de reparación, la sociedad en su conjunto tiene que advertir las consecuencias a las que llevan las políticas populistas y corruptas. La inflación galopante, la falta de energía, la creciente inseguridad, el crecimiento del narcotráfico, entre muchos otros problemas, no han surgido por generación espontánea, sino por la acumulación irresponsable de políticas populistas y de una concepción autoritaria del poder, que tiende a debilitar las instituciones republicanas y los mecanismos de control.

Como demuestra el hecho de que el Gobierno ignoró durante años las advertencias de la Auditoría General de la Nación sobre el estado de los trenes, hay una íntima relación entre la falta de un sólido Estado de Derecho y las muertes de Once. La reconstrucción de la República y de un Estado ágil, eficaz y transparente, que promueva la calidad de vida de los argentinos, será la condición indispensable para que nadie vuelva a poner en riesgo su vida cada vez que toma un tren para ir a su trabajo.