El sistema penal argentino se encuentra en crisis: alrededor del 85% de los casos que ingresan a la Justicia nunca llegan a una solución; los plazos de resolución son excesivamente prolongados y la capacidad de investigación es casi nula; sólo llega a juicio el 5% de los casos ingresados.
En términos de garantías, durante el proceso penal se vulneran de manera casi sistemática los derechos y garantías fundamentales de imputados y víctimas, ya que en lugar de cumplir con la garantía constitucional de juicio previo, se realizan “expedientes previos” atiborrados de engorrosos trámites escritos y formales y la excesiva burocracia atenta contra la publicidad, transparencia y control de los actos que debe primar en cualquier sistema republicano.