La reforma procesal penal es una buena oportunidad para que en toda la justicia penal ordinaria en el ámbito geográfico de la Ciudad de Buenos Aires rija un único sistema de enjuiciamiento aplicando el Código Procesal Penal porteño. Y no existen argumentos sólidos serios para que esto no sea así.

Vale recordar que, en la actualidad, el Código Procesal Penal de la Nación rige no sólo para el ámbito federal, sino también para la Justicia Criminal Nacional Ordinaria. Es decir, para los procedimientos penales competencia de los fueros Correccional e Instrucción de los tribunales con asiento en la Capital Federal.

El sistema procesal penal a aplicarse en la Ciudad no debería formar parte del debate nacional en el Congreso de la Nación; los porteños ya contamos con un Código Procesal Penal con un sistema acusatorio moderno redactado y aprobado por la Legislatura porteña integrada por legisladores votados por los vecinos de la Ciudad.

Si aplicamos el Código Procesal Penal de la Ciudad a todos los casos penales resolvemos parte del problema, y podemos centrar el debate legislativo nacional en el modelo de sistema acusatorio que queremos para la Justicia Federal en materia penal.

Un código para el fuero penal federal de todo el país, pensando en cuáles son los problemas y desafíos específicos que se plantean en esa competencia encargada de investigar y juzgar casos complejos y de trascendencia nacional.

Centremos la discusión en cómo queremos investigar el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado, en cuáles deberían ser las herramientas para que los fiscales puedan investigar de manera independiente y eficaz los delitos de mayor trascendencia institucional y con mayor impacto en la opinión pública.

Aprovechemos la oportunidad para fijar una política pública sostenida en el tiempo que mejore la capacidad de respuesta del Estado ante el flagelo de las drogas y las mafias organizadas; para investigar, enjuiciar y meter presos a los narcos y políticos corruptos.

Encaucemos el debate en los temas realmente importantes y centrales del sistema penal; en cómo hacer para que el fuero federal obtenga mejores resultados y tenga una política criminal dotada de una persecución penal eficaz para los delitos más graves e importantes, en las cuestiones imprescindibles para tener un país justo, equitativo y con posibilidad de desarrollarse.

Evitemos la tentación de discutir interminablemente sobre el concepto de conmoción social o la expulsión de extranjeros, discutamos lo importante de verdad; discutamos sobre cómo combatimos el narcotráfico, sobre la forma más eficiente de investigar la corrupción y el modo de desbaratar el crimen organizado. Solo de esta forma tendremos más y mejor democracia.