En la década del sesenta, mientras Nueva York triplicaba su crimen, y Berlín y Londres lo duplicaban, Osaka y Tokio disminuían su criminalidad en un veinte por ciento. En 1974, Estados Unidos tenía cuatro veces más crimen que Japón. En 1976, las chances de ser robado en Estados Unidos eran 208 veces mayores que en Japón.

Hoy Japón tiene una tasa de 0,5 homicidios cada cien mil habitantes, mientras en Estados Unidos es de 5 y en Argentina se aproxima a 7 (en el Conurbano bonaerense es de cerca de 14). Ello sobre delitos denunciados; recordemos que en Argentina se denuncia uno de cada tres hechos.

Japón, como sabemos, es una nación industrializada y urbanizada; sus ciudades tienen tres veces la densidad habitacional que las comparables de Estados Unidos y asimismo cuenta con menos policías per cápita. ¿Dónde radica la diferencia entonces?

El prestigio y el profesionalismo de la policía japonesa son universalmente conocidos. Sus niveles de esclarecimiento de delitos son de los mayores del mundo, en hechos graves es mayor al 90 por ciento. Y ello conlleva a que el riesgo que tiene el delincuente de efectivamente ser encarcelado sea, por ejemplo, el doble del que siente en Estados Unidos (mejor no comparar con Argentina).

Una vez detenido, el delincuente japonés normalmente confiesa y pide disculpas públicas. Culturalmente, es más apegado a la ley, la que no es más gravosa comparada con otras, pero es aplicada por las cortes sin tantos tecnicismos ni largos procedimientos.

A la vez, es uno de los países con menos penetración del narcotráfico. No produce ninguna clase de tóxico y las penalidades por uso o contrabando sí son altas. El consumo de drogas es visto socialmente como de falta de carácter y debilidad en el usuario. El crimen organizado, aunque existe, es estadísticamente muy bajo. Y la compra de armas es regulada muy restrictivamente, del mismo modo que su contrabando.

También se han esbozado teorías culturales sobre el bajo crimen en Japón, haciéndose notar tres diferencias fundamentales con Occidente:

1) La uniformidad racial, étnica y cultural de la población de Japón en contraste con la diversidad de los países americanos y algunos europeos redundaría en paz social (La misma razón se ensaya para explicar el mismo fenómeno en los países nórdicos).

2) El ciudadano japonés ha podido preservar su vida de aldea en sus propias grandes ciudades; por ejemplo, todos conocen a sus vecinos, incluso la policía.

3) La cultura japonesa prefiere el trabajo y el éxito grupal al individualismo occidental; se preocupan más de sus obligaciones como miembros de su sociedad que de sus derechos individuales. Ello explicaría que su conducta antisocial, el delito como muestra de ella, sea escasa.

En definitiva, rasgos culturales milenarios mezclados con la buena labor policial y judicial se reflejan en el bajo crimen de esta sociedad.

No hay sistema de seguridad actual en el mundo civilizado que no base su estrategia de trabajo en las cifras delictuales. Y en su consiguiente pormenorizado análisis. Cualquier departamento de Policía organizado tiene su Unidad de Análisis Criminal, la que “despedaza” las cifras para saber el cuánto, el cómo, el dónde y el porqué del delito en determinada jurisdicción. Y los de más avanzada, además, cuentan con programas de predicción delictual. Basándose en ello organizan las rutinas de patrullaje e investigación.

En Argentina manejábamos hacia un lugar desconocido sin GPS (ni mapa). El anuncio oficial es un feliz principio, no hay buen tratamiento sin buen diagnóstico. Entonces, ¿qué nos están diciendo las primeras cifras?

Una aclaración previa al análisis. Las cifras estadísticas se corresponden a los delitos denunciados, es decir, a la cifra blanca. La cifra negra, el delito no denunciado, no aparecerá. Esta se calcula por surveys (encuestas al público en general). Cuanto menos confianza tiene la gente en el sistema policial y judicial, mayor será la cifra negra, porque hay delitos que no se denunciarán al advertir los ciudadanos que será una pérdida de tiempo. Ejemplo: robo de un estéreo. Las pocas surveys que se han hecho en forma privada en Argentina arrojaron el resultado de denuncia de sólo uno de cada tres delitos, con la excepción de los homicidios. Como modo de comparación, en los Estados Unidos, por cada delito denunciado hay otro que no se reporta. Resumen: con excepción de los homicidios, las estadísticas reflejarán un tercio de la realidad.

Y una segunda aclaración, también en cuanto a los homicidios, en la provincia de Buenos Aires se denunció que la Procuración General, a cargo de las estadísticas criminales, ordenaba clasificar como “averiguación de muerte”, y consiguientemente no los incluía en su estadística oficial, a los homicidios N. N. (en principio, con autor ignorado), presumiblemente con fines de tergiversar las altas cifras de este delito, en connivencia con el Gobierno anterior.

Entonces, con las salvedades expuestas, la tasa de homicidios cada cien mil personas a nivel país es, prima facie, estadísticamente aceptable, ya que se acerca a similares de grandes ciudades de Estados Unidos, aunque está muy por encima de la mayoría de las capitales europeas y, con distintos matices, en Argentina más de la mitad de la población se conglomera en un espacio reducido (Conurbano bonaerense, sur de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Rosario), donde la tasa es de dos dígitos, lo que le da características de emergencia (o epidemia, en lenguaje de la ONU). Es decir, la mitad del país vive en condiciones de inseguridad inaceptables en materia de homicidios, mientras la otra mitad, desperdigada en nuestro vasto territorio, se halla en condiciones relativamente seguras. La maravilla de la estadística no debe alejar al gobernante de esta realidad.

Robos

Las cifras cercanas a los mil robos cada cien mil personas de tasa general para Argentina nos hacen estar en el triste primer lugar de América, según cifras del Programa para Desarrollo de la ONU. En Argentina se roba el doble que en Brasil y unas seis veces más que en Perú o Bolivia, por ejemplo. Lideran la tabla cada cien mil habitantes las provincias de Mendoza, Neuquén, Salta y Córdoba.

Violaciones

También en esta clasificación, como en la de homicidios, llegar a dos dígitos significa estar en el peor lado de la tabla. Y Argentina, aún en ese límite promedio, tiene distritos con tasas preocupantes, como la provincia de Salta, con 27,5 o Mendoza, con 18,9 cada cien mil habitantes.

En definitiva, contar con estos datos es un buen comienzo para empezar a trabajar en serio en programas probados para la baja de los delitos enunciados.

Uno de los oradores en la sesión preparatoria fue el Dr. Ricardo Lorenzetti, presidente de la Suprema Corte de Justicia. En su discurso subrayó que desde el fallo Arriola, fallo de naturaleza garanto-abolicionista zaffaroniano que el máximo tribunal suscribiera en el año 2009: “Era evidente que el narcotráfico seguía creciendo”.

Y no es para menos, recordemos que cuando el Gobierno anterior pretendió, de la mano de Aníbal Fernández, legalizar la tenencia para consumo de estupefacientes —aludiendo que así se dedicarían todos los esfuerzos a luchar contra los narcotraficantes—, no pudo hacerlo por vía de ley y, por lo tanto, trató de hacerlo mediante su presión ante la Corte, que cedió y emitió el fallo nombrado.

Los presupuestos del fallo eran, en ese momento, tan absurdos como la sorpresa actual del Dr. Lorenzetti. No sólo en el país no se perseguía a los consumidores de estupefacientes, sino que tampoco a los narcotraficantes. Lo máximo que sufría el “consumidor” era una citación a un juzgado federal, donde se le notificaba que su causa había sido archivada.

A partir de este pésimo y ambiguo fallo —que dicho sea de paso no legalizó la tenencia para consumo, ya que su alcance, como todo fallo, aún de la Corte Suprema, llega al caso concreto y similares, por ende, carece así de la posibilidad de legislar—, se creó en la conciencia social la idea de legalización, que drogarse estaba bien y no habría consecuencias.

¿Y entonces por qué sorprende al juez supremo el aumento del narcotráfico y del consumo de sustancias ilícitas? Si en el momento, en vez de recurrir a clichés, se hubiera estudiado el caso de Holanda, el primer país legalizador, se hubieran dado cuenta de que estaban abriendo la puerta a lo peor.

Cómo le fue a Holanda es conocido: si bien la venta a menores en ese país está prohibida, el uso de las drogas blandas (ya no tan blandas por la manipulación que se hace a los cultivos para aumentarles la capacidad tóxica) creció notablemente entre los adolescentes. Por ejemplo, en 1984, el 4% de los menores entre 14 y 16 años las habían probado. En 1996 pasaron a ser el 28% de los varones y el 21% de las mujeres. Y los adictos ya necesitados de tratamiento aumentaron al 25 por ciento.

Al momento de la legalización, Holanda era un país prácticamente libre de cárteles de droga. Hoy es uno de los mayores productores y distribuidores, constituye una verdadera amenaza a sus vecinos. En 1996, fecha aproximada cuando se produjo la introducción de drogas derivadas de anfetaminas, el 68% de las secuestradas en Francia eran producidas en Holanda. Y también el 80% del éxtasis.

¿Quién podía creer entonces que en Argentina autorizar el uso de una sustancia tóxica podía beneficiar a alguien, excepto al narcotraficante? No existe oferta de producto en el mundo que desaparezca si la demanda crece y sí, siempre crece de la mano de la legalización. ¿O de adónde creyeron que el adicto se proveería si no de los cárteles o las bandas criminales emergentes (bacrims)?

Los efectos sobre la salud pública han sido desastrosos, y sobre la seguridad pública, peores aún.

A veces la gente cree que el narcotráfico y sus usuarios son parte de un negocio que no lo afectará en la vida cotidiana. ¡Grave error! Estadísticamente hablando, si uno se encuentra, por ejemplo, en la vía pública, en medio de una balacera, hay alta probabilidad de que esté ante una banda de narcos resolviendo disputas (como se puede apreciar mayormente en Rosario), con resultados de muerte o de heridos inocentes ajenos a ella. O también quien nos roba por unos pesos, un celular o unas zapatillas, en la mayoría de los casos lo hace para financiar su adicción. Y quien nos atropella con su vehículo a alta velocidad seguramente lo hace bajo los efectos de algún tóxico. Estos tres grupos previamente descritos en los ejemplos producen del 30% al 70% del delito violento.

En un estudio realizado en Gran Bretaña, se concluyó que el 69% de los arrestados por delitos violentos dio positivo al menos de una droga ilícita. Conociendo esto, en vez de acostumbrarnos al mal, como lo ha expresado Francisco en numerosas oportunidades, curemos a nuestros adictos, aún en forma compulsiva, como lo piden a diario sus familiares a un Estado indiferente y, por el otro lado, luchemos contra los traficantes, mayormente con inteligencia, cuidando nuestras fronteras, quitándoles sus activos, extinguiéndoles el dominio de sus bienes y condenándolos a largas penas de prisión.

La buena noticia es que nuestras autoridades actuales aseguraron que no llevarán ninguna propuesta legalizadora a la ONU.

Un delito, según nuestro Código Penal, queda en etapa de tentativa, cuando el agente (delincuente) hace todo lo posible por cometerlo, pero, por circunstancias ajenas a su voluntad, no lo consigue (artículo 42). Ejemplos: el que impacta varios tiros en una víctima pero ella, Dios o ciencia mediante, sobrevive. O el que roba golpeando con un arma a su víctima, pero a los pocos metros es detenido. El garantismo lleva aún más allá el beneficio en los casos de robo si el criminal no pudo “disponer” (disfrutar) de su botín antes de ser capturado, allí también estamos en tentativa.

Pese a que, en el primer ejemplo, la víctima fue librada a su suerte a morir. Recuerdan, por ejemplo, el caso de Carolina Píparo, adonde la víctima, embarazada, fue baleada en su vientre, lo que provocó a la postre la muerte del pequeño pero no así de su madre. Pues bien, este asesino tendría “descuento” de pena en cuanto a que no pudo matar a la madre. Lo que merecía cadena perpetua pasa a ser una condena de 10 a 15 años y a la mitad, juez de ejecución abolicionista mediante, a la calle.

En el segundo caso, mientras la víctima comienza a recuperarse de los golpes recibidos durante el robo, el criminal se verá beneficiado también con la “rebaja” de pena establecida por el Código Penal. Rebaja sustancial, de un tercio a la mitad de la pena establecida para el delito. Esto también significa el criminal a la calle, antes de que la víctima salga del hospital.

Este absurdo premio al fracaso es difícil de explicar al ciudadano de a pie. Lo que suena lógico a la gente es que el delincuente, fracasado o no, debe cumplir con la misma pena. Pero no a los abogados, que consideran al Código Penal escrito en piedra.

Esto debe corregirse, porque en otros lugares del mundo no es así. En los Estados Unidos, por ejemplo, encontramos estados adonde la misma pena lleva quien intenta el delito y no lo consigue que quien lamentablemente es exitoso. En otros, los liberales, sólo los delitos menores tienen rebaja al fracaso, nunca delitos mayores, como un robo a mano armada, una violación, un homicidio.

Aprovechando los vientos de cambio y la invitación del Sr. ministro de Justicia, Dr. Germán Garavano, a Usina de Justicia, nuestra asociación por los derechos de las víctimas y contra la impunidad, es que una vez más propondré la reforma de este artículo 44 del Código Penal que contiene el premio al criminal fracasado. Si pretendemos mejorar nuestra seguridad pública, debemos contar con una legislación acorde a estos tiempos.

Las sociedades en desorden, como la nuestra, muestran un tráfico vehicular descontrolado, a la par de un aumento general del delito.

La ciencia criminológica estudia esta relación desde hace un tiempo. Es pionero el trabajo del científico James Q. Wilson, Varieties of Police Behavior (1968). En la actualidad, la iniciativa Data-Driven Approaches to Crime and Traffic Safety (Ddacts) en los Estados Unidos ha logrado resultados importantes desde el año 2008, basada en más de treinta años de estudios, llevada a cabo en asociación con policías locales y con la autoridad nacional en seguridad vial.

Uno de los componentes más importantes de Ddacts es el análisis estratégico-táctico de los lugares adonde suceden los hechos de tránsito. Porque es más eficiente focalizarse en lugares que en conductas individuales y porque los lugares adonde hay alta cantidad de hechos de tránsito también exhiben altos índices de crimen en general.

Los programas que se están desarrollando con base en esta iniciativa, con múltiples agencias gubernamentales asociadas, están dando resultados asombrosos. Las cuatro grandes áreas evaluadas redujeron no sólo los hechos de tránsito, sino también en la misma proporción el delito en general, que bajó 9,5% en sólo seis meses. Básicamente, controlando el estricto cumplimiento de las leyes de tránsito y el manejo bajo influencia de tóxicos, legales e ilegales.

Este índice general incluyó el 29% de baja en homicidios dolosos, 17% en secuestros y 10% en lesiones dolosas y 34% en homicidios culposos vehiculares.

Hacer cumplir las leyes de tránsito tiene sus méritos en sí mismo, pero demostrar desde el Estado que hay orden mediante la aplicación de la ley trae a la sociedad el beneficio secundario y no menos importante de la baja de la actividad criminal en general.

Ello es así porque no sólo la gente honesta se mueve en vehículos, también los asesinos, los violadores, los ladrones, los vendedores de drogas, etcétera. Estos no solamente se dedican a sus crímenes, sino que a la vez no se preocupan en lo más mínimo por obedecer la ley de tránsito, y es allí adonde se logran los arrestos, secundarios a la violación vehicular. Y el consiguiente efecto preventivo de desplazamiento de la actividad delictiva hacia otros lugares menos controlados.

Por todo ello es que este tipo de programas debe ser puesto en práctica de manera urgente en nuestro país, y sugiero empezar por reformular el rol de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, actualmente de corte decorativo, por uno de aplicación de la ley vigente en rutas y autopistas. A la vez, dotar a las policías locales de entrenamiento y medios para también lograr el control estratégico vehicular efectivo en los municipios.

Según el lugar adonde se judicialicen las actuaciones será la suerte que corran los reclamantes, por cuanto, además de haber escasa comunicación interjurisdiccional en esta materia, también la especializaciòn de las diversas fuerzas de seguridad provinciales varía notablemente.

Es necesaria una estructura que centralice todo el esfuerzo de recolección de datos ante una denuncia que así lo amerite, los verifique, atienda a las presuntas víctimas, brinde apoyo multidisciplinario y, sobre todo, busque por medio de nuevas tecnologías y recursos humanos calificados a la persona perdida o desaparecida en todo el ámbito nacional, ya sea por cuanto se presume un delito federal como por colaboración con las distintas autoridades judiciales o del Ministerio Público de cualquier jurisdicción del país que así lo solicitara.

Según la Procuraduría de Trata y Protección de Personas (Protex), sobre la cantidad de personas desaparecidas o extraviadas en democracia hay más de seis mil personas desaparecidas del año 1990 a la fecha.

En el largo y doloroso derrotero recorrido junto a la familia de María Cash, si algo podemos sacar en positivo de este terrible caso, es la experticia que nos deja y nuestra intención de acercarla al nuevo Gobierno, para evitar futuros incidentes similares.

La ex diputada Patricia Bullrich nos acompañó el año anterior presentando nuestro proyecto cuando desde el Ejecutivo se hacían oídos sordos. Ahora, ya como ministra de Seguridad, le hemos aportado la adaptación del proyecto para la creación de la Secretaría Ministerial de Búsqueda de Personas junto con su correspondiente protocolo de actuación, de acuerdo con estándares internacionales. Esperemos una pronta implementación.

No estamos solos, nuestra propuesta en Change.org tiene ya más de cien mil adhesiones.

Así, hemos acercado al ministro Cristian Ritondo el proyecto de creación de una agencia —o secretaría— provincial de lucha contra el crimen organizado, una estructura ágil y dinámica que, por fuera de la fuerza policial provincial, dé al fin soluciones al ciudadano común sobre narcotráfico, trata de personas, secuestros y otros delitos complejos o en manos de la delincuencia organizada. Esta, a la vez, deberá ser la contraparte de una agencia o una secretaría que a los mismos fines cree el Gobierno nacional.

La Policía bonaerense, así, al menos sus buenos efectivos, deberá municipalizarse para enfrentar el delito común, especialmente el violento. En cuanto al servicio penitenciario también deberá explorar otras opciones, como por ejemplo la construcción de nuevas unidades, llave en mano y, por qué no —ya no debería ser mala palabra—, darle el manejo a compañías internacionales que ya han demostrado su eficiencia a la hora de hacerlo en otros lugares del mundo.

Por último, pero no menos importante, deberán evaluarse minuciosamente los nuevos nombramientos judiciales para buscar perfiles de personas que privilegien, en sus resoluciones, los derechos de las víctimas y la seguridad pública en general.

No esperemos diferentes resultados si apostamos a las mismas soluciones.

Así, el principio fue, por experiencia, aplicado a diferentes ámbitos, ya que se ha podido observar que en distintos grupos sociales el 20% de algo maneja el 80% de todo, mientras el 80%, grupo mayoritario, sólo tiene a disposición el 20% restante. Esta ley hoy se aplica a conceptos tan disímiles como estrategias de marketing y generación de software, resolución de problemas interpersonales.

Recientemente la National Academy of Sciences de los Estados Unidos enunció algo que, hasta el momento, sólo era sabido en el mundo de la criminología y la seguridad pública: que una pequeña población del total de delincuentes genera una enorme cantidad de delitos. Y cita el estudio hecho en Filadelfia sobre diez mil jóvenes delincuentes, grupo en el que el 6% de ellos resultaba responsable del 50% de todos los crímenes cometidos.

En el mismo sentido, RAND Corporation realizó una encuesta sobre prisioneros en los estados de California, Michigan y Texas. Concluyó que en los tres estados, el 10% de los delincuentes había cometido el 50% del total de los delitos y que el 80% del total de los delitos había sido cometido por el 20% de la población carcelaria. Más aún, el 1% de los criminales cometía, hasta su detención, unos cincuenta delitos violentos al año.

Estas observaciones, en manos de profesionales de justicia criminal, están orientando el trabajo policial hacia el control de los grupos de alto riesgo de comisión de multiplicidad de delitos, como las pandillas de criminales violentos o  “gangs”, mayormente implicadas en crímenes de narcotráfico o trata de personas.

Es por ello que todo plan de seguridad debe incluir programas de seguimiento de personas en probation, en libertad asistida, condicional o prisión domiciliaria; y de unidades de captura de prófugos de la Justicia, en forma personal con unidades entrenadas como los Probation Officers o Parole Officers, pero también a través de nuevas tecnologías, entre ellas los programas de reconocimiento facial, que se adaptan fácilmente al sistema de cámaras de vigilancia de la vía pública. Programas de este tipo se aplican en todas las jurisdicciones norteamericanas.

Por supuesto, Argentina debe contar con una legislación que agrave las penalidades por reincidencia e impida al reincidente las salidas de prisión anticipadas.

En nuestro país, y por vía del movimiento anacrónico impuesto por el ex juez Eugenio Zaffaroni, el llamado garanto-abolicionismo, las sentencias de los condenados no se consideran firmes hasta el absurdo de la resolución de las impugnaciones extraordinarias u organismos internacionales.

De una vez por todas la legislación argentina deberá considerar reincidente a quien se le confirme su condena en doble instancia. También la ley penal deberá ser más dura en relación con los multirreincidentes, con leyes de “three strikes”, es decir, que a la tercera condena por delitos dolosos la última deberá ser perpetua. Perpetua de verdad, no la actualmente también tergiversada.

Así, el principio de Pareto parecería indicar que detectando y separando de la sociedad al 20% de los criminales violentos tendremos el 80% menos de delito violento.

Y aquí se encontrará con dos caminos a elegir. El de tratar de corregir los males de la numerosa Policía Provincial, principal encargada de aplicar la ley y pacificar el territorio; y el de terminarlos para dar efectiva solución al ciudadano.

El primer camino es el que todos han transitado y en el que han fracasado, vista la estadística criminal de la provincia. Es el menú de una nueva cúpula policial, un nuevo ordenamiento de la fuerza, nueva capacitación, etcétera. Es un pequeño cambio para que nada importante cambie. La Policía seguirá gobernando el territorio mediante un sistema piramidal de poder —en el que no falta la connivencia con el crimen organizado— y el poder político será tentado —una vez más— por las cuantiosas cajas ilegales recaudadas.

El segundo camino, el que necesitamos los habitantes de la provincia, es el verdadero desafío. Es el quiebre de la verticalidad policial para dar poder horizontal a los buenos policías que sí quieren mejorar la situación y que arriesgan sus vidas a diario mientras ven a sus jefes llevar vidas de millonarios. Este es el camino más difícil, pero el que asegurará el éxito.

El primer paso para lograrlo es la municipalización total de la fuerza. Cada intendente contará con su propia Policía, altamente capacitada, para luchar principalmente contra el delito simple, el que afecta al ciudadano común. También deberá luchar con el complejo, pero aquí sí con el apoyo de una nueva Agencia Provincial contra el Crimen Organizado, de presencia en todos los municipios, formada con el mejor recurso humano que se pueda reclutar y altamente tecnificada. Policía de apoyo y control.

La Policía local actual, independientemente de las quejas por su entrenamiento limitado, es un híbrido que se quedó en el medio, cuasi municipal, pero insertada en la misma dependencia jerárquica piramidal descrita anteriormente y que no la favorece.

Si bien la estadística criminal es escasa y a veces hasta retocada, se sabe que aproximadamente en el territorio bonaerense hay unos diez homicidios cada cien mil personas. Este promedio del total de la provincia nos dice que en el conurbano estamos cerca de los 15. Estos números nos incluyen en el club de los lugares más inseguros del mundo.

Y recordemos que detrás de cada frío punto estadístico en nuestra provincia está la triste equivalencia a 160 personas muertas, 160 familias quebradas, 160 argentinos menos.

Asimismo, la Gobernadora deberá reinventar el vetusto y corrompido servicio penitenciario, construir nuevas unidades capaces de rehabilitar internos para así terminar con los negocios ilegales actuales. Un plan de seguridad que funciona necesita de nuevas cárceles.

Y también, por último, construir un nuevo Poder Judicial, con nuevos jueces y fiscales que se orienten equilibradamente hacia los derechos de las víctimas, inocentes y olvidadas por el abolicionismo penal impuesto desde la nación y desde la misma Procuración General de la Provincia, alineada ideológicamente con la agrupación Justicia Legítima.

En definitiva, veremos, por las medidas que se tomen luego del 10 de diciembre, si la voluntad política del cambio fundamental ha llegado.

La Gobernadora puede pasar a la historia o pasar desapercibida. Todo un desafío.

Si tuviera que sugerirles sólo 10 puntos esenciales (hay muchísimos más) a ponerse de acuerdo para mejorar nuestra seguridad, estos serían:

1) Creación de la Agencia Federal de Lucha contra el Crimen Organizado, con especial énfasis en narcotráfico, secuestros y búsqueda de personas, trata de personas, lavado de dinero y delitos interjurisdiccionales. Con enlaces con organismos internacionales especializados, como la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Las actuales estructuras de seguridad responden a antiguos sistemas en los que el crimen organizado no predominaba. Hoy el crimen violento es narcodependiente en su gran mayoría y ninguna fuerza está haciendo algo trascendente al respecto.

2) Creación de la unidad de análisis criminal, verdadera sala de situación del delito en la nación. Creación de la Unidad de Inteligencia Criminal. Con enlaces con todas las fuerzas de seguridad y la nueva agencia del punto 1.

No existe nada igual interconectado en el país. El delito complejo se combate con inteligencia y el simple se previene con data analizada. Las policías más eficientes se basan en el principio de predictive policing.

3) Inversión en herramientas tecnológicas. Se debe ampliar el sistema de videovigilancia (cámaras), comenzar con el uso de cámaras portátiles corporales a fin de transparentar el accionar policial. Además, utilizar patrulleros y barreras inteligentes de identificación de personas y vehículos en tiempo real, instalar sistemas de geodetección de disparos de armas de fuego, entre otros.

La tecnología complementa y optimiza el recurso humano disponible.

4) Promoción y ayuda a la municipalización de policías provinciales. Cada intendente de una ciudad numerosa debe hacerse cargo de la seguridad de sus habitantes y las megapolicías han demostrado su ineficiencia a la hora de enfrentar a la nueva criminalidad globalizada.

5) Traspaso de la parte de la Policía Federal que atiende a la ciudad de Buenos Aires. Por lo antedicho en el punto 4 y a fin de utilizar las actuales delegaciones federales del interior pero transformadas en su nuevo rol de la Agencia Federal Contra el Crimen Organizado (punto1).

También se articulará el traspaso de la Justicia ordinaria nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y el rápido reintegro de las demás fuerzas federales a su tarea primaria.

6) Plan de cien establecimientos carcelarios en los dos primeros años de gobierno (50 mil plazas por año).

Cuando hagamos funcionar el sistema policial-judicial, nos encontraremos con que faltan prisiones adonde aislar y reeducar a los condenados, específicamente a los toxicodependientes.

7) Construcción de centros de protección especializados para menores que hayan cometidos delitos.

La solución actual es devolver al menor, luego de cometido un delito, al entorno criminógeno del que provino, y su consecuencia es la reiteración delictiva.

Para las situaciones predelictuales o de menores en riesgo, proponemos al país el sistema de familias solidarias de la provincia de San Luis, que contendrán adecuadamente a los niños a fin de prevenir su ingreso al delito.

8) Creación de una unidad de capturas, que recibirá diariamente las capturas ordenadas por los distintos juzgados y las fiscalías. Procederá a la búsqueda de personas en rebeldía. Normalmente el rebelde es el que sigue cometiendo delitos hasta que es apresado.

También se crearán nuevas unidades de seguimiento de personas en probation, excarcelados y con libertad condicional, hoy sin control.

9) Policía Vial. El orden comienza con el ordenamiento y la penalización de conductas antisociales o delictivas en el tránsito. La relación entre incidentes de tránsito y delito escalante es directa.

10) Eliminación del vetusto sistema de comisarías y su reemplazo por el de centros de estrategia y distribución de la Policía en vía pública. Esto optimiza recursos humanos (Sistema de California).

El 10 de diciembre habrá gente festejando y otra lamentando, pero el problema de la inseguridad seguirá como hasta ahora. Exijamos a los dos candidatos un compromiso real en la lucha contra el delito ya.