Las sociedades en desorden, como la nuestra, muestran un tráfico vehicular descontrolado, a la par de un aumento general del delito.

La ciencia criminológica estudia esta relación desde hace un tiempo. Es pionero el trabajo del científico James Q. Wilson, Varieties of Police Behavior (1968). En la actualidad, la iniciativa Data-Driven Approaches to Crime and Traffic Safety (Ddacts) en los Estados Unidos ha logrado resultados importantes desde el año 2008, basada en más de treinta años de estudios, llevada a cabo en asociación con policías locales y con la autoridad nacional en seguridad vial.

Uno de los componentes más importantes de Ddacts es el análisis estratégico-táctico de los lugares adonde suceden los hechos de tránsito. Porque es más eficiente focalizarse en lugares que en conductas individuales y porque los lugares adonde hay alta cantidad de hechos de tránsito también exhiben altos índices de crimen en general.

Los programas que se están desarrollando con base en esta iniciativa, con múltiples agencias gubernamentales asociadas, están dando resultados asombrosos. Las cuatro grandes áreas evaluadas redujeron no sólo los hechos de tránsito, sino también en la misma proporción el delito en general, que bajó 9,5% en sólo seis meses. Básicamente, controlando el estricto cumplimiento de las leyes de tránsito y el manejo bajo influencia de tóxicos, legales e ilegales.

Este índice general incluyó el 29% de baja en homicidios dolosos, 17% en secuestros y 10% en lesiones dolosas y 34% en homicidios culposos vehiculares.

Hacer cumplir las leyes de tránsito tiene sus méritos en sí mismo, pero demostrar desde el Estado que hay orden mediante la aplicación de la ley trae a la sociedad el beneficio secundario y no menos importante de la baja de la actividad criminal en general.

Ello es así porque no sólo la gente honesta se mueve en vehículos, también los asesinos, los violadores, los ladrones, los vendedores de drogas, etcétera. Estos no solamente se dedican a sus crímenes, sino que a la vez no se preocupan en lo más mínimo por obedecer la ley de tránsito, y es allí adonde se logran los arrestos, secundarios a la violación vehicular. Y el consiguiente efecto preventivo de desplazamiento de la actividad delictiva hacia otros lugares menos controlados.

Por todo ello es que este tipo de programas debe ser puesto en práctica de manera urgente en nuestro país, y sugiero empezar por reformular el rol de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, actualmente de corte decorativo, por uno de aplicación de la ley vigente en rutas y autopistas. A la vez, dotar a las policías locales de entrenamiento y medios para también lograr el control estratégico vehicular efectivo en los municipios.

¿Cuántos en Argentina? Nadie lo sabe, las estadísticas no son nuestro fuerte. Aunque los estudios privados que han analizado el consumo de alcohol y otras drogas lícitas e ilícitas nos emparejan con el país de norte, por tal, se puede inferir que el porcentual de muertes causado por conductores bajo influencia debe ser, al menos, similar (0,005 %, o sea, alrededor de dos mil muertes -de las 7600 muertes viales del 2014, según Luchemos por la Vida Asociación Civil). Lo que también equivale a la cifra de homicidios dolosos anuales de la provincia de Buenos Aires.

¿Cómo se trata este tema bajo la órbita legal? En la mayoría de los estados norteamericanos, cuando uno es detectado manejando intoxicado por alcohol u otras drogas, el arresto es inmediato, manejar impedido es un delito, menor o mayor. Según la repitencia delictual del autor, la penalidad va desde libertad condicional a tiempo en la cárcel del condado. Ello por el solo manejo, si el impedido causa lesiones o muerte, con seguridad cumplirá tiempo en prisión.

Aquí, en cambio, manejar impedido es una infracción de tránsito. Pago la multa, el acarreo, en su caso, y sigo. Seguramente una pieza de legislación que necesitamos ajustar y pronto.

En los Estados Unidos los oficiales de policía se quejan de que cuando detienen a un ebrio manejando, estos rutinariamente les preguntan: “¿No tienen algo más importante que hacer?”. Y la respuesta es “no”, no hay nada más importante que prevenir la muerte de ciudadanos.

No solo porque ese ebrio detenido particularmente no tendrá la eventual posibilidad de matar o herir a alguien con su arma-vehículo ese día, sino porque de un estudio provisto por MADD (Mothers Against Drunk Driving) surge que dos tercios de los primarios que son arrestados nunca más cometerán el ilícito. Porque no solo es el arresto, luego viene la libertad condicional, con obligación de tomar cursos que concientizan en las muertes que se causan por esta irresponsabilidad de manejar ebrio, pagos de multas, etcétera. Y quien no lo haga, cumplirá sentencia en la cárcel del condado.

Y el otro dato importante, acorde a la agencia estadounidense en la materia, National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), es que la gente que maneja intoxicada lo hace, hasta ser arrestada, unas ochenta veces al año.

La conclusión es que el arresto de los que manejan ebrios 80 veces al año y que no repetirán su conducta salvará muchas vidas.

Como bonus, expresan los oficiales a cargo de los operativos, muchos arrestos por driving under the influence (DUI) terminan encontrando tóxicos prohibidos o gente buscada por otros delitos.

Por supuesto que también se necesitaría en nuestro país a quien refuerce esta legislación hoy ausente, y es aquí que hemos sugerido hace tiempo la creación de una policía vial activa de fuerte presencia nacional y de rol bastante distinto al pasivo de la actual Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Actualmente estamos cursando invitaciones a quienes son candidatos a la presidencia. El primero en aceptar ha sido Sergio Massa.

Porque queremos saber si seguiremos en este derrotero de contar víctimas o si alguien realmente tendrá la voluntad y decisión política de cambiar este estado caótico de cosas.

Así, personalmente como miembro de la Comisión de Seguridad Pública de la Usina, pretendo saber:

*Quién está de acuerdo en proponer cambios legislativos que apunten: a reducir las excarcelaciones a nivel federal, eliminar las salidas transitorias y libertades condicionales en los delitos graves, rever la edad de imputabilidad de los menores, a la creación del delito de manejar bajo influencia de alcohol y/o drogas, a la eliminación del la disminución de pena en la tentativa en delitos graves, a la eliminación de la multi- reincidencia adoptando leyes de “3 strikes”, por las que a la tercer condena por delitos dolosos cometidos por un delincuente, la última sentencia obligatoria sea la perpetua; entre otras.

*Quién terminará con este absurdo de mantener una Policía Federal en una ciudad que es autónoma, distrayendo así estos recursos para la lucha que debe darse urgentemente contra el delito organizado federal como el proveniente del Narcotráfico, Contrabando, Trata de personas y-o secuestros, entre otros.

*Quién tiene un plan carcelario, porque todo plan de seguridad exitoso conlleva, al menos en el corto plazo, al aumento de población carcelaria.

*Quién creará Unidades de Seguimiento de personas en Probation, Excarcelados y Libertad Condicional para que las víctimas pasadas y eventuales sepan a qué se dedican los imputados o condenados cuando están en libertad.

*Quién transformará a la poco trascendente Agencia Nacional de Seguridad Vial en una Policía Vial que prevenga y reprima las actitudes temerarias al volante.

*Quién tiene en mente la creación de un nuevo organismo federal de lucha contra el crimen organizado, absolutamente imprescindible.

*Quién modificará la nueva ley de inteligencia para que la Oficina de Escuchas pase a ser manejada por la Corte Suprema y para que la nueva Agencia convierta su rol a exclusivamente el análisis de escenarios de inteligencia y contrainteligencia de objetivos nacionales e internacionales, dejando el análisis criminal interno en manos de una nueva Agencia de Lucha contra el Crimen Organizado. 

*Quién cuenta con especialistas para poner en marcha un plan de seguridad  serio desde el primer día de gobierno privilegiando la idoneidad sobre la política.

*Quién priorizará la inversión en materia de seguridad y nuevas tecnologías no sólo en lo federal sino también mediante aportes a las provincias.

*Quién NO postulará como jueces a los que se muestren abolicionistas del derecho penal vigente (o sea contrarios a la ley que juran defender) o miembros del Consejo de la Magistratura (el que también deberá conformarse de acuerdo a los mismos parámetros a futuro), ni como miembros de nuestro Supremo Tribunal ni otros organismos que afecten nuestra seguridad pública.

Cuando sepa al menos esto de boca de los candidatos prometo darlo a conocer a la ciudadanía en general, porque creo que también estará interesada en saberlo.