Y aquí se encontrará con dos caminos a elegir. El de tratar de corregir los males de la numerosa Policía Provincial, principal encargada de aplicar la ley y pacificar el territorio; y el de terminarlos para dar efectiva solución al ciudadano.

El primer camino es el que todos han transitado y en el que han fracasado, vista la estadística criminal de la provincia. Es el menú de una nueva cúpula policial, un nuevo ordenamiento de la fuerza, nueva capacitación, etcétera. Es un pequeño cambio para que nada importante cambie. La Policía seguirá gobernando el territorio mediante un sistema piramidal de poder —en el que no falta la connivencia con el crimen organizado— y el poder político será tentado —una vez más— por las cuantiosas cajas ilegales recaudadas.

El segundo camino, el que necesitamos los habitantes de la provincia, es el verdadero desafío. Es el quiebre de la verticalidad policial para dar poder horizontal a los buenos policías que sí quieren mejorar la situación y que arriesgan sus vidas a diario mientras ven a sus jefes llevar vidas de millonarios. Este es el camino más difícil, pero el que asegurará el éxito.

El primer paso para lograrlo es la municipalización total de la fuerza. Cada intendente contará con su propia Policía, altamente capacitada, para luchar principalmente contra el delito simple, el que afecta al ciudadano común. También deberá luchar con el complejo, pero aquí sí con el apoyo de una nueva Agencia Provincial contra el Crimen Organizado, de presencia en todos los municipios, formada con el mejor recurso humano que se pueda reclutar y altamente tecnificada. Policía de apoyo y control.

La Policía local actual, independientemente de las quejas por su entrenamiento limitado, es un híbrido que se quedó en el medio, cuasi municipal, pero insertada en la misma dependencia jerárquica piramidal descrita anteriormente y que no la favorece.

Si bien la estadística criminal es escasa y a veces hasta retocada, se sabe que aproximadamente en el territorio bonaerense hay unos diez homicidios cada cien mil personas. Este promedio del total de la provincia nos dice que en el conurbano estamos cerca de los 15. Estos números nos incluyen en el club de los lugares más inseguros del mundo.

Y recordemos que detrás de cada frío punto estadístico en nuestra provincia está la triste equivalencia a 160 personas muertas, 160 familias quebradas, 160 argentinos menos.

Asimismo, la Gobernadora deberá reinventar el vetusto y corrompido servicio penitenciario, construir nuevas unidades capaces de rehabilitar internos para así terminar con los negocios ilegales actuales. Un plan de seguridad que funciona necesita de nuevas cárceles.

Y también, por último, construir un nuevo Poder Judicial, con nuevos jueces y fiscales que se orienten equilibradamente hacia los derechos de las víctimas, inocentes y olvidadas por el abolicionismo penal impuesto desde la nación y desde la misma Procuración General de la Provincia, alineada ideológicamente con la agrupación Justicia Legítima.

En definitiva, veremos, por las medidas que se tomen luego del 10 de diciembre, si la voluntad política del cambio fundamental ha llegado.

La Gobernadora puede pasar a la historia o pasar desapercibida. Todo un desafío.

Lo que debe comprenderse es que tanto las escuelas como las cárceles son necesarias en cualquier sociedad. Y funcionan en diferentes etapas del sistema criminal.

La relación entre entrada al delito y educación está probada por múltiples estudios, es decir cuanta más educación, menos entra la gente al delito, y ello por varias razones muy bien sintetizadas en The Effect of Education on Crime: Evidence from Prison Inmates, Arrests, and Self-Reports, por Lance Lochner y Enrico Morett. A más estudio, más dinero gana la persona en su empleo, por lo tanto resulta menos atractivo el “pago” que ofrezca el crimen; el estar encarcelado hace que la persona con más educación deje de ganar su salario y aparezca “estigmatizado” en su ambiente, desincentivando la entrada al crimen, aún del llamado “white collar”; la persona con educación es más paciente en la consecución de sus metas, las que cree que logrará con el tiempo, al revés de quien no ve posibilidades de poder progresar por sus medios legítimos, al menos en el corto plazo; la persona que recibió educación de alguna calidad moral o social, reprime más el sentimiento de quebrar la ley; la educación en la juventud, hace que el tiempo se use en cuestiones valiosas en momentos de vulnerabilidad. Y, aún en el delito, cuanta más educación en el delincuente, menos violento el crimen que comete.

Por todo ello: sí a la educación.

Pero, a la vez, para el delincuente que ya está en el circuito criminal, por ejemplo un secuestrador, un sicario, un violador, no habrá escuela o universidad que transforme su conducta; la educación en libertad ya llegó tarde.A éste, previo proceso legal se lo debe encarcelar, y alli sí, intramuros, adonde no dañe a la sociedad, tratar de reformarlo y hacerlo una persona útil. A veces funcionará, otras no.

El sistema criminal argentino parece orientado a hacer lo contrario, alienta la entrada de primarios al sistema criminal mediante la falta de educación de calidad, la disponibilidad casi irrestricta de drogas al alcance de los menores, el fomento del “primer empleo” por parte del narcotráfico, la casi inexitente prevención general o especial de la pena, etcétera.

Por algo estamos como estamos.

En síntesis, sí a las cárceles para cumplir metas de seguridad ciudadana a corto plazo, sí a la educación de calidad, como medida que dará sus frutos a mediano y largo plazo en la misma materia.

He escrito muchas veces sobre lo que el Estado debe trabajar en Política Criminal (esencialmente desaceleradores de entrada de personas al circuito criminal, por ejemplo, programas anti-drogas desde la escuela primaria) y en su Plan de Seguridad, basado en sus 3 pilares: Policía, Sistema Judicial y Sistema Penitenciario.

El juego más o menos armónico de principios y actores en estas tres funciones (basados por supuesto en una legislación coherente) deviene en más o menos seguridad ciudadana.

Ahora bien, cuando se trabaja en forma acertada en los dos primeros pilares, es decir en el sistema policial y en el sistema judicial, el tercero siente sobrecargada su infraestructura, ya que un correcto actuar de los primeros deviene en el mayor encierro de delincuentes que, verdad de Perogrullo, causan la inseguridad que sufrimos.

Entonces, así como correctamente se está buscando municipalizar las policías, del mismo modo se deberán municipalizar los detenidos, para evitar así la superpoblación de las obsoletas megacárceles provinciales, las que en muchos casos se convierten en verdaderos centros de corrupción.

Así funciona el sistema municipalizado en los Estados Unidos, con su policía municipal, y sus “county jails” o cárceles de lo que aquí sería de cada partido, manejadas por la institución del Sheriff del condado, ello sin perjuicio del sistema de cárceles provinciales (state prisons) para casos, normalmente, de máxima seguridad.

Ya la provincia de Buenos Aires está mostrando esta falencia, por cuanto la oportuna declaración de emergencia en la seguridad pública ha provocado mayor cantidad de detenidos, y esto ha provocado una puja –ya judicializada- por anular el plan oficial de volver a mantener detenidos en comisarías, que si bien parece urgente, desnaturaliza así el rol policial preventivo e investigativo del delito.

Por ello, cualquier plan de seguridad que pretenda seriamente devolver una calle segura a la gente honesta, por consiguiente enviando los delincuentes a la cárcel, deberá en forma urgente planear ( y exigir a los municipios ) la construcción de cárceles en cada partido provincial, de acuerdo a la criminalidad que se produzca en cada distrito.

Por ahora no lo he visto en ningún plan anunciado, espero esta nota lleve información y atención al respecto.

Este tópico puede ser ampliado con la lectura de mi Tesis Doctoral (1994-1999) publicada por la Universidad del Salvador (disponible online) “El Management Privado aplicado al Sistema Carcelario en crisis”.

La Política Criminal del Estado debe prever metas a mediano y largo plazo para evitar la entrada de actores al sistema penal, por ejemplo, elaborando planes de rescate y cuidado de menores en riesgo, de fortalecimiento de la familia evitando la violencia doméstica, y sobre todo poniendo especial énfasis en los programas educativos antidroga en las escuelas desde los primeros grados (está probado que los alumnos “tratados” con estos programas son menos proclives a experimentar drogas y caer en el delito).

Por el contrario, el Plan de Seguridad, debe contener medidas para la solución rápida del problema de la delincuencia urbana, es decir apuntado a prevenir hechos delictivos y  a separar del seno social a quien agrede a sus integrantes. La gente necesita soluciones ya, no a 10 o 20 años. Los Planes que esporádicamente se muestran en Argentina como exitosos, no lo son. Un plan eficiente debe mostrar al menos una baja sostenida en la tasa de criminalidad del 20% anual.

Porque el delito no es gratis. Además de su impacto en la víctima directa y su entorno, tiene un costo muy alto, social y económico. La consultora RAND de Estados Unidos, especialista en mediciones no convencionales, encontró que sumando costos directos (por ejemplo gastos médicos, policiales, judiciales, etc.) e indirectos (pérdida de turismo, inversiones, caída del valor de la propiedad, entre otros), un homicidio doloso en una gran ciudad cuesta aproximadamente 5 millones de dólares.

¿Qué nos dice esto? Que el gobernante debe invertir en seguridad, en uniformados, en patrulleros, en cárceles y en tecnología para prevenir delitos y así evitar estos costos mayores, sociales y económicos.

Luego, pasando específicamente al método de trabajo,  el gobernante necesita un “equipo” para enfrentar el delito. Este es conformado por el mismo gobernante que toma la decisión política de hacerlo y por el equipo de expertos que lo aconsejará con el know how,  el cómo hacerlo en base a conocimientos, técnicas y protocolos de probada eficiencia.

El equipo técnico, al tomar una jurisdicción a su cargo, deberá, como primer paso, auditar completamente el sistema de seguridad, algo que raramente observamos en nuestro país.

¿Qué significa esto? Que analizará minuciosamente la estructura policial y coadyuvantes (por ejemplo, municipales), sus rutinas de trabajo, sus unidades, su relación numérica con relación a la población a atender, su disposición geográfica, su nivel técnico científico y también su grado de corrupción.

A la vez, meticulosamente se estudiará la criminalidad del área, su estadística cierta, también, en su caso, por encuesta pública, su cifra negra (delito no denunciado), los tipos de crimen, de criminal y de víctima, y el medio ambiente en que se produce, entre otros aspectos.

En base a este análisis de auditoría de performance, surgirán entonces las necesidades de reingeniería de estructura policial, de equipamiento tecnológico para enfrentar el delito prevaleciente (por caso, se aplican programas específicos en lugares en los que prevalecen el robo automotor, y que deben ser diferentes que en los de robos con armas o ataques sexuales, u otros) y de creación de programas de policía comunitaria acorde enfocados esencialmente en la prevención del delito y captura de criminales.

¿Si esto funciona? Por supuesto y en todo el mundo, se los aseguro.

Y Argentina no debe ser la excepción.

Brevemente, comento una experiencia. Durante el año 2011, por expresa decisión del entonces gobernador Alberto Rodríguez Saá trabajamos en la provincia de San Luis , y así, mediante diversas medidas e incorporaciones, produjimos una baja del índice de crimen violento (VCR en denominaciòn del FBI) en alrededor del 40%.

Hay que devolver a la Argentina la seguridad que supimos conocer en otras épocas, una ciudad a la vez, una provincia a la vez.