Lo que debe comprenderse es que tanto las escuelas como las cárceles son necesarias en cualquier sociedad. Y funcionan en diferentes etapas del sistema criminal.

La relación entre entrada al delito y educación está probada por múltiples estudios, es decir cuanta más educación, menos entra la gente al delito, y ello por varias razones muy bien sintetizadas en The Effect of Education on Crime: Evidence from Prison Inmates, Arrests, and Self-Reports, por Lance Lochner y Enrico Morett. A más estudio, más dinero gana la persona en su empleo, por lo tanto resulta menos atractivo el “pago” que ofrezca el crimen; el estar encarcelado hace que la persona con más educación deje de ganar su salario y aparezca “estigmatizado” en su ambiente, desincentivando la entrada al crimen, aún del llamado “white collar”; la persona con educación es más paciente en la consecución de sus metas, las que cree que logrará con el tiempo, al revés de quien no ve posibilidades de poder progresar por sus medios legítimos, al menos en el corto plazo; la persona que recibió educación de alguna calidad moral o social, reprime más el sentimiento de quebrar la ley; la educación en la juventud, hace que el tiempo se use en cuestiones valiosas en momentos de vulnerabilidad. Y, aún en el delito, cuanta más educación en el delincuente, menos violento el crimen que comete.

Por todo ello: sí a la educación.

Pero, a la vez, para el delincuente que ya está en el circuito criminal, por ejemplo un secuestrador, un sicario, un violador, no habrá escuela o universidad que transforme su conducta; la educación en libertad ya llegó tarde.A éste, previo proceso legal se lo debe encarcelar, y alli sí, intramuros, adonde no dañe a la sociedad, tratar de reformarlo y hacerlo una persona útil. A veces funcionará, otras no.

El sistema criminal argentino parece orientado a hacer lo contrario, alienta la entrada de primarios al sistema criminal mediante la falta de educación de calidad, la disponibilidad casi irrestricta de drogas al alcance de los menores, el fomento del “primer empleo” por parte del narcotráfico, la casi inexitente prevención general o especial de la pena, etcétera.

Por algo estamos como estamos.

En síntesis, sí a las cárceles para cumplir metas de seguridad ciudadana a corto plazo, sí a la educación de calidad, como medida que dará sus frutos a mediano y largo plazo en la misma materia.

La Política Criminal del Estado debe prever metas a mediano y largo plazo para evitar la entrada de actores al sistema penal, por ejemplo, elaborando planes de rescate y cuidado de menores en riesgo, de fortalecimiento de la familia evitando la violencia doméstica, y sobre todo poniendo especial énfasis en los programas educativos antidroga en las escuelas desde los primeros grados (está probado que los alumnos “tratados” con estos programas son menos proclives a experimentar drogas y caer en el delito).

Por el contrario, el Plan de Seguridad, debe contener medidas para la solución rápida del problema de la delincuencia urbana, es decir apuntado a prevenir hechos delictivos y  a separar del seno social a quien agrede a sus integrantes. La gente necesita soluciones ya, no a 10 o 20 años. Los Planes que esporádicamente se muestran en Argentina como exitosos, no lo son. Un plan eficiente debe mostrar al menos una baja sostenida en la tasa de criminalidad del 20% anual.

Porque el delito no es gratis. Además de su impacto en la víctima directa y su entorno, tiene un costo muy alto, social y económico. La consultora RAND de Estados Unidos, especialista en mediciones no convencionales, encontró que sumando costos directos (por ejemplo gastos médicos, policiales, judiciales, etc.) e indirectos (pérdida de turismo, inversiones, caída del valor de la propiedad, entre otros), un homicidio doloso en una gran ciudad cuesta aproximadamente 5 millones de dólares.

¿Qué nos dice esto? Que el gobernante debe invertir en seguridad, en uniformados, en patrulleros, en cárceles y en tecnología para prevenir delitos y así evitar estos costos mayores, sociales y económicos.

Luego, pasando específicamente al método de trabajo,  el gobernante necesita un “equipo” para enfrentar el delito. Este es conformado por el mismo gobernante que toma la decisión política de hacerlo y por el equipo de expertos que lo aconsejará con el know how,  el cómo hacerlo en base a conocimientos, técnicas y protocolos de probada eficiencia.

El equipo técnico, al tomar una jurisdicción a su cargo, deberá, como primer paso, auditar completamente el sistema de seguridad, algo que raramente observamos en nuestro país.

¿Qué significa esto? Que analizará minuciosamente la estructura policial y coadyuvantes (por ejemplo, municipales), sus rutinas de trabajo, sus unidades, su relación numérica con relación a la población a atender, su disposición geográfica, su nivel técnico científico y también su grado de corrupción.

A la vez, meticulosamente se estudiará la criminalidad del área, su estadística cierta, también, en su caso, por encuesta pública, su cifra negra (delito no denunciado), los tipos de crimen, de criminal y de víctima, y el medio ambiente en que se produce, entre otros aspectos.

En base a este análisis de auditoría de performance, surgirán entonces las necesidades de reingeniería de estructura policial, de equipamiento tecnológico para enfrentar el delito prevaleciente (por caso, se aplican programas específicos en lugares en los que prevalecen el robo automotor, y que deben ser diferentes que en los de robos con armas o ataques sexuales, u otros) y de creación de programas de policía comunitaria acorde enfocados esencialmente en la prevención del delito y captura de criminales.

¿Si esto funciona? Por supuesto y en todo el mundo, se los aseguro.

Y Argentina no debe ser la excepción.

Brevemente, comento una experiencia. Durante el año 2011, por expresa decisión del entonces gobernador Alberto Rodríguez Saá trabajamos en la provincia de San Luis , y así, mediante diversas medidas e incorporaciones, produjimos una baja del índice de crimen violento (VCR en denominaciòn del FBI) en alrededor del 40%.

Hay que devolver a la Argentina la seguridad que supimos conocer en otras épocas, una ciudad a la vez, una provincia a la vez.