En la década del sesenta, mientras Nueva York triplicaba su crimen, y Berlín y Londres lo duplicaban, Osaka y Tokio disminuían su criminalidad en un veinte por ciento. En 1974, Estados Unidos tenía cuatro veces más crimen que Japón. En 1976, las chances de ser robado en Estados Unidos eran 208 veces mayores que en Japón.

Hoy Japón tiene una tasa de 0,5 homicidios cada cien mil habitantes, mientras en Estados Unidos es de 5 y en Argentina se aproxima a 7 (en el Conurbano bonaerense es de cerca de 14). Ello sobre delitos denunciados; recordemos que en Argentina se denuncia uno de cada tres hechos.

Japón, como sabemos, es una nación industrializada y urbanizada; sus ciudades tienen tres veces la densidad habitacional que las comparables de Estados Unidos y asimismo cuenta con menos policías per cápita. ¿Dónde radica la diferencia entonces?

El prestigio y el profesionalismo de la policía japonesa son universalmente conocidos. Sus niveles de esclarecimiento de delitos son de los mayores del mundo, en hechos graves es mayor al 90 por ciento. Y ello conlleva a que el riesgo que tiene el delincuente de efectivamente ser encarcelado sea, por ejemplo, el doble del que siente en Estados Unidos (mejor no comparar con Argentina).

Una vez detenido, el delincuente japonés normalmente confiesa y pide disculpas públicas. Culturalmente, es más apegado a la ley, la que no es más gravosa comparada con otras, pero es aplicada por las cortes sin tantos tecnicismos ni largos procedimientos.

A la vez, es uno de los países con menos penetración del narcotráfico. No produce ninguna clase de tóxico y las penalidades por uso o contrabando sí son altas. El consumo de drogas es visto socialmente como de falta de carácter y debilidad en el usuario. El crimen organizado, aunque existe, es estadísticamente muy bajo. Y la compra de armas es regulada muy restrictivamente, del mismo modo que su contrabando.

También se han esbozado teorías culturales sobre el bajo crimen en Japón, haciéndose notar tres diferencias fundamentales con Occidente:

1) La uniformidad racial, étnica y cultural de la población de Japón en contraste con la diversidad de los países americanos y algunos europeos redundaría en paz social (La misma razón se ensaya para explicar el mismo fenómeno en los países nórdicos).

2) El ciudadano japonés ha podido preservar su vida de aldea en sus propias grandes ciudades; por ejemplo, todos conocen a sus vecinos, incluso la policía.

3) La cultura japonesa prefiere el trabajo y el éxito grupal al individualismo occidental; se preocupan más de sus obligaciones como miembros de su sociedad que de sus derechos individuales. Ello explicaría que su conducta antisocial, el delito como muestra de ella, sea escasa.

En definitiva, rasgos culturales milenarios mezclados con la buena labor policial y judicial se reflejan en el bajo crimen de esta sociedad.

No hay sistema de seguridad actual en el mundo civilizado que no base su estrategia de trabajo en las cifras delictuales. Y en su consiguiente pormenorizado análisis. Cualquier departamento de Policía organizado tiene su Unidad de Análisis Criminal, la que “despedaza” las cifras para saber el cuánto, el cómo, el dónde y el porqué del delito en determinada jurisdicción. Y los de más avanzada, además, cuentan con programas de predicción delictual. Basándose en ello organizan las rutinas de patrullaje e investigación.

En Argentina manejábamos hacia un lugar desconocido sin GPS (ni mapa). El anuncio oficial es un feliz principio, no hay buen tratamiento sin buen diagnóstico. Entonces, ¿qué nos están diciendo las primeras cifras?

Una aclaración previa al análisis. Las cifras estadísticas se corresponden a los delitos denunciados, es decir, a la cifra blanca. La cifra negra, el delito no denunciado, no aparecerá. Esta se calcula por surveys (encuestas al público en general). Cuanto menos confianza tiene la gente en el sistema policial y judicial, mayor será la cifra negra, porque hay delitos que no se denunciarán al advertir los ciudadanos que será una pérdida de tiempo. Ejemplo: robo de un estéreo. Las pocas surveys que se han hecho en forma privada en Argentina arrojaron el resultado de denuncia de sólo uno de cada tres delitos, con la excepción de los homicidios. Como modo de comparación, en los Estados Unidos, por cada delito denunciado hay otro que no se reporta. Resumen: con excepción de los homicidios, las estadísticas reflejarán un tercio de la realidad.

Y una segunda aclaración, también en cuanto a los homicidios, en la provincia de Buenos Aires se denunció que la Procuración General, a cargo de las estadísticas criminales, ordenaba clasificar como “averiguación de muerte”, y consiguientemente no los incluía en su estadística oficial, a los homicidios N. N. (en principio, con autor ignorado), presumiblemente con fines de tergiversar las altas cifras de este delito, en connivencia con el Gobierno anterior.

Entonces, con las salvedades expuestas, la tasa de homicidios cada cien mil personas a nivel país es, prima facie, estadísticamente aceptable, ya que se acerca a similares de grandes ciudades de Estados Unidos, aunque está muy por encima de la mayoría de las capitales europeas y, con distintos matices, en Argentina más de la mitad de la población se conglomera en un espacio reducido (Conurbano bonaerense, sur de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Rosario), donde la tasa es de dos dígitos, lo que le da características de emergencia (o epidemia, en lenguaje de la ONU). Es decir, la mitad del país vive en condiciones de inseguridad inaceptables en materia de homicidios, mientras la otra mitad, desperdigada en nuestro vasto territorio, se halla en condiciones relativamente seguras. La maravilla de la estadística no debe alejar al gobernante de esta realidad.

Robos

Las cifras cercanas a los mil robos cada cien mil personas de tasa general para Argentina nos hacen estar en el triste primer lugar de América, según cifras del Programa para Desarrollo de la ONU. En Argentina se roba el doble que en Brasil y unas seis veces más que en Perú o Bolivia, por ejemplo. Lideran la tabla cada cien mil habitantes las provincias de Mendoza, Neuquén, Salta y Córdoba.

Violaciones

También en esta clasificación, como en la de homicidios, llegar a dos dígitos significa estar en el peor lado de la tabla. Y Argentina, aún en ese límite promedio, tiene distritos con tasas preocupantes, como la provincia de Salta, con 27,5 o Mendoza, con 18,9 cada cien mil habitantes.

En definitiva, contar con estos datos es un buen comienzo para empezar a trabajar en serio en programas probados para la baja de los delitos enunciados.

Las sociedades en desorden, como la nuestra, muestran un tráfico vehicular descontrolado, a la par de un aumento general del delito.

La ciencia criminológica estudia esta relación desde hace un tiempo. Es pionero el trabajo del científico James Q. Wilson, Varieties of Police Behavior (1968). En la actualidad, la iniciativa Data-Driven Approaches to Crime and Traffic Safety (Ddacts) en los Estados Unidos ha logrado resultados importantes desde el año 2008, basada en más de treinta años de estudios, llevada a cabo en asociación con policías locales y con la autoridad nacional en seguridad vial.

Uno de los componentes más importantes de Ddacts es el análisis estratégico-táctico de los lugares adonde suceden los hechos de tránsito. Porque es más eficiente focalizarse en lugares que en conductas individuales y porque los lugares adonde hay alta cantidad de hechos de tránsito también exhiben altos índices de crimen en general.

Los programas que se están desarrollando con base en esta iniciativa, con múltiples agencias gubernamentales asociadas, están dando resultados asombrosos. Las cuatro grandes áreas evaluadas redujeron no sólo los hechos de tránsito, sino también en la misma proporción el delito en general, que bajó 9,5% en sólo seis meses. Básicamente, controlando el estricto cumplimiento de las leyes de tránsito y el manejo bajo influencia de tóxicos, legales e ilegales.

Este índice general incluyó el 29% de baja en homicidios dolosos, 17% en secuestros y 10% en lesiones dolosas y 34% en homicidios culposos vehiculares.

Hacer cumplir las leyes de tránsito tiene sus méritos en sí mismo, pero demostrar desde el Estado que hay orden mediante la aplicación de la ley trae a la sociedad el beneficio secundario y no menos importante de la baja de la actividad criminal en general.

Ello es así porque no sólo la gente honesta se mueve en vehículos, también los asesinos, los violadores, los ladrones, los vendedores de drogas, etcétera. Estos no solamente se dedican a sus crímenes, sino que a la vez no se preocupan en lo más mínimo por obedecer la ley de tránsito, y es allí adonde se logran los arrestos, secundarios a la violación vehicular. Y el consiguiente efecto preventivo de desplazamiento de la actividad delictiva hacia otros lugares menos controlados.

Por todo ello es que este tipo de programas debe ser puesto en práctica de manera urgente en nuestro país, y sugiero empezar por reformular el rol de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, actualmente de corte decorativo, por uno de aplicación de la ley vigente en rutas y autopistas. A la vez, dotar a las policías locales de entrenamiento y medios para también lograr el control estratégico vehicular efectivo en los municipios.

¿Cuántos en Argentina? Nadie lo sabe, las estadísticas no son nuestro fuerte. Aunque los estudios privados que han analizado el consumo de alcohol y otras drogas lícitas e ilícitas nos emparejan con el país de norte, por tal, se puede inferir que el porcentual de muertes causado por conductores bajo influencia debe ser, al menos, similar (0,005 %, o sea, alrededor de dos mil muertes -de las 7600 muertes viales del 2014, según Luchemos por la Vida Asociación Civil). Lo que también equivale a la cifra de homicidios dolosos anuales de la provincia de Buenos Aires.

¿Cómo se trata este tema bajo la órbita legal? En la mayoría de los estados norteamericanos, cuando uno es detectado manejando intoxicado por alcohol u otras drogas, el arresto es inmediato, manejar impedido es un delito, menor o mayor. Según la repitencia delictual del autor, la penalidad va desde libertad condicional a tiempo en la cárcel del condado. Ello por el solo manejo, si el impedido causa lesiones o muerte, con seguridad cumplirá tiempo en prisión.

Aquí, en cambio, manejar impedido es una infracción de tránsito. Pago la multa, el acarreo, en su caso, y sigo. Seguramente una pieza de legislación que necesitamos ajustar y pronto.

En los Estados Unidos los oficiales de policía se quejan de que cuando detienen a un ebrio manejando, estos rutinariamente les preguntan: “¿No tienen algo más importante que hacer?”. Y la respuesta es “no”, no hay nada más importante que prevenir la muerte de ciudadanos.

No solo porque ese ebrio detenido particularmente no tendrá la eventual posibilidad de matar o herir a alguien con su arma-vehículo ese día, sino porque de un estudio provisto por MADD (Mothers Against Drunk Driving) surge que dos tercios de los primarios que son arrestados nunca más cometerán el ilícito. Porque no solo es el arresto, luego viene la libertad condicional, con obligación de tomar cursos que concientizan en las muertes que se causan por esta irresponsabilidad de manejar ebrio, pagos de multas, etcétera. Y quien no lo haga, cumplirá sentencia en la cárcel del condado.

Y el otro dato importante, acorde a la agencia estadounidense en la materia, National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), es que la gente que maneja intoxicada lo hace, hasta ser arrestada, unas ochenta veces al año.

La conclusión es que el arresto de los que manejan ebrios 80 veces al año y que no repetirán su conducta salvará muchas vidas.

Como bonus, expresan los oficiales a cargo de los operativos, muchos arrestos por driving under the influence (DUI) terminan encontrando tóxicos prohibidos o gente buscada por otros delitos.

Por supuesto que también se necesitaría en nuestro país a quien refuerce esta legislación hoy ausente, y es aquí que hemos sugerido hace tiempo la creación de una policía vial activa de fuerte presencia nacional y de rol bastante distinto al pasivo de la actual Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Dada mi experiencia, quiero contarles cómo se resuelven en los Estados Unidos. Desde 1934, a partir del caso Lindbergh (secuestro seguido de muerte del hijo de 20 meses del famoso aviador norteamericano), el FBI tomó jurisdicción exclusiva sobre todos los casos de secuestros con pedido de rescate, y también de los de menores de edad -con o sin pedido de rescate. Primera diferencia: Argentina no cuenta con una Agencia Federal de lucha contra el crimen organizado.

A partir de allí, el FBI manejó los 647 casos de secuestros extorsivos que hubieron en el país hasta la década del 80, cuando prácticamente desaparecieron. ¿Por qué sucedió esto? En principio por la alta eficiencia del FBI en la resolución de los mismos. De los 647 sólo quedaron sin resolverse 3. De los 644, en el 90 % se obtuvieron condenas gravísimas, de largas penas sin derecho a parole (libertad condicional) o de muerte. Y consecuentemente, por la pobre relación entre riesgo y beneficio que existe para quien intente un delito de esta clase, ello sumado a que con la tecnología actual (rastreo de telefonía por GPS o triangulación, cámaras monitoreadas en vía pública, etc.) tanto el pedido de rescate, como el cobro del mismo, se hacen de muy difícil éxito y anonimidad, elementos éstos conocidos y evaluados por el delincuente organizado.

En cuanto al protocolo policial, de desaparecer una persona y esto ser reportado, las policías locales deben informar el hecho al Centro Nacional de Información Criminal, base de datos de alcance nacional monitoreada por el FBI. Al mismo tiempo se publicitarán en diversos medios todo tipo de datos y fotos de la víctima y del victimario si se conociera, vehículos utilizados, etc. Si la víctima además fuese un menor de edad, se activará la “Amber Alert” dándose a conocer el hecho en todos los outlets de medios de comunicación, además de las carteleras electrónicas de las autopistas.

Llegada la situación en que el FBI tomara a cargo el caso, por ser alguno de los dos específicos de su jurisdicción exclusiva (pedido de rescate o menores víctimas) o por coolaboración con otras fuerzas estaduales, este cuerpo federal especializado buscará efectivamente el apoyo de la familia para encarar dos vías fundamentales: por un lado, en base a monitoreadas comunicaciones entre captores y familiares de la víctima -y otros medios investigativos analizados- se procederá a la localización del lugar en que se mantiene al captivo. Por el otro, se procederá a una negociación también monitoreada con los delincuentes hasta conseguir la entrega de la víctima, para después, con ésta a salvo, proceder a la detención de los mismos.

Los programas especiales del FBI tratándose de niños víctimas (no sólo en secuestros) son seis, todos compuestos por expertos de primer nivel. Es evidente que Argentina carece de un organismo especializado de alcance nacional para la correcta investigación de estos casos. Si bien la jurisdicción actuante en Argentina en casos de secuestros extorsivos es la Federal, los casos son trabajados por las policías del lugar del hecho, algunas mejor preparadas que otras, algunas siguiendo protocolos, otras no.

Hemos pedido por la creación de esta nueva agencia federal de lucha contra el crimen organizado desde hace un tiempo en diversos ámbitos (que investigue Secuestros, Trata de Personas, Narcotráfico, Lavado de Dinero, Delitos interjurisdiccionales, Desaparición de Personas, etc) habiendo hasta la fecha sólo sido incluída en el Plan nacional que proponía el Dr.Alberto Rodrìguez Saá en su campaña presidencial de 2011, y recientemente, por el Diputado Sergio Massa.
En cuanto a estadística, no hay números nacionales fehacientes.

Aunque un estudio de una compañía aseguradora internacional especializada en secuestros, utilizada regularmente por empresas americanas y europeas que envían ejecutivos a países de riesgo, cuenta que el 85% de los secuestros extorsivos en el mundo se suceden en America Latina, encabezando la lista Colombia, México y Brasil. Luego vendría Argentina. El 90% del delito de esta clase no es denunciado y se resuelve pagando. Y agrega que la policía de estos lugares, se ha detectado, muchas veces se encuentra involucrada por acción u omisión pactada con los delincuentes. Datos interesantes.

Esta breve nota pretende arrojar algo de claridad al tema, con cuestiones que son ya probadas en otras latitudes pero que aquí todavía desafiamos.

1) El delito es un fenómeno complejo, por ello va a tardar mucho cambiar la situación

Con esta frase se “gana” tiempo para que luego de varias medidas fallidas todo siga igual. Si bien es cierto que el delito es multicausal (y cada delito tiene su motivación, por lo que las generalidades son inexactas) los criminólogos del siglo XXI partimos con el “beneficio” de saber que el delito violento, el que más preocupa al ciudadano, proviene su relación con el narcotráfico; ello ya ha sido desarrollado por académicos en países que sufren esta realidad antes que Argentina. De un 30 % al 70% (según sea mayor la concentración poblacional, más nos acercaremos al máximo del porcentaje) del delito violento tiene raíz en el narcotráfico, ello por tres grandes razones: primero por los homicidios entre bandas de criminales por la distribución territorial del negocio ilícito (en los que en numerosas veces caen inocentes en medio de ajustes de cuentas); segundo por el delito del adicto que necesita dinero para compra de tóxicos; y tercero, por el delito del adicto bajo influencia, causante de graves hechos de tránsito hasta ataques sexuales. Con lo que sabiendo esto, y apostando a la represión del narcotraficante y la prevención -y eventualmente- cura del adicto, ya estaremos en el buen camino.

2) Primero hay que arreglar la “cuestión social”, el desempleo y la pobreza

Otro mito que carece de sustento en material criminológico científico despojado de ideología. Si bien todos deseamos vivir en un país sin desempleo ni pobreza, ello no es obstáculo para tener una buena política de seguridad pública. También ha sido demostrado que en toda clase social existen individuos que se desvían de la ley, la diferencia radica en que cuanto más educación posee el delincuente, más difícil es su detección, más sofisticado y menos violento su crimen. Y una sociedad -la mayoría lo hace- castigada por el delito violento hace que el gobernante concentre sus esfuerzos policiales y judiciales en prevenir y reprimir el delito violento y no el conocido como “white collar”. Ello no debe relacionar al pobre con el delito. Hay sociedades muy pobres con escaso delito. Un ejemplo es Myanmar (país con menos homicidios cada 100.000 habitantes) y muy ricas con mucho delito como EEUU, lugar que tuvo su pico delictual en la época que ofrecía pleno empleo. Y luego en los EEUU (pese a la crisis del 2007 y que aún está) la tasa delictual baja año a año.

3) Con más policías y patrulleros no se soluciona

Quizás con más policías sin vocación, mal pagos y mal entrenados no, pero con una buena policía entrenada y tecnológicamente equipada sí. No es milagro que Puerto Madero tenga bajos índices delictuales. Es un lugar con mucha cantidad de prefectos y bien vigilada humana y tecnológicamente. Quienes hemos tenido el privilegio de estudiar seguridad pública sabemos que existen diversos estudios científicos que lo demuestran. Hay una relación directa entre población a atender y cantidad de policías y patrulleros necesarios para atenderla. Cuando la relación policía-población aumenta, el delito violento baja. Probado.

4) Tenemos las cárceles abarrotadas de presos y el delito sigue subiendo

Las cárceles argentinas, la mayoría precarias y contraindicadas para tratar de lograr algún tipo de resocialización del delincuente, están abarrotadas porque por décadas no siguieron el paso al crecimiento poblacional ni al poblacional delincuencial desde la entrada masiva del narcotráfico a la región.

El índice de delincuentes presos cada 100.000 habitantes de Argentina es uno de los más bajos del mundo, sólo precedidos por los países que producen mucha menos delincuencia como los nórdicos o Japón (otra cuestión de largo análisis que excede esta nota). Con el índice de delito violento que posee nuestro conurbano bonaerense y el de otras grandes urbes como Córdoba y Rosario debemos pensar en triplicar las plazas carcelarias -y llenarlas- para tener una sociedad segura.

Porque si bien el delito es un fenómeno complejo, la inseguridad no lo es: es la resultante de la relación entre delincuente suelto y delincuente preso y hoy podríamos decir que estamos viviendo en un penal abierto. No por nada Estados Unidos pasó de tener urbes inseguras a seguras, lo hizo pasando detener unos 200 delincuentes presos (Argentina no llega a esa cifra) cada 100.000 habitantes a tener 650 cada la misma cantidad de habitantes. La rehabilitación de delincuentes se debe hacer intramuros.

5) No adoptemos esquemas “de derecha” como aumentar penas y restringir excarcelaciones

El “tridente” de la seguridad pública se compone de: 1) Policía 2) Poder Judicial y 3) Servicio Penitenciario. Y esto presuponiendo que tenemos leyes acorde a los tiempos que tocan. En esto no puede haber “derecha” o “izquierda”, se supone que todos queremos vivir con seguridad. Y ello se logra teniendo leyes que no sólo garanticen los derechos del imputado de delitos sino también de las víctimas, que no eligieron serlo. Con una policía entrenada en prevenir delitos, e investigarlos y dar con sus autores cuando fracase su prevención. Con un Poder Judicial sin ideologías abolicionistas, con sentido común, cuanto más grave el delito más pena, menos excarcelaciones para delincuentes de carrera y menos beneficios de salidas carcelarias a quien se sindique con pronóstico desfavorable.

6) Los vecinos deben controlar a su policía para evitar actos de corrupción

Los vecinos pueden participar en programas específicos de prevención delictual y es ideal que lo hagan, pero la policía debe ser controlada por un departamento de Asuntos Internos diseñado a medida de estos tiempos, no basta con que se escriban sumarios, se necesita gente entrenada en operaciones encubiertas en la calle, verdaderos “cazadores” de delincuentes uniformados.

7) ¿Es la desigualdad? ¿Se sale dando trabajo e inclusión social?

Brasil y Argentina apostaron a que la llamada “inclusión social” solucionaría todos sus problemas, incluido el delito. Y ambos fracasaron en ello, porque sin entrar en discusión sobre si fueron más o menos los incluidos sociales, el delito siguió en alza, ello por lo descripto en el punto 1. Luego, los ideólogos de turno entonces nos dijeron que era la “desigualdad”. Y si bien en algunos casos, sobre todo de menores, pueden ingresar al delito por sentirse desiguales, la realidad es que lo hacen por ser captados por las redes del narcotráfico que les ofrecen el dinero y el ascenso social rápido. Combatiendo el narcotráfico y las oportunidades ilícitas, y proveyendo educación de calidad (factor también demostrado de gravitación en la entrada al delito), no sólo se combate la desigualdad sino se quita oportunidad al proveedor de trabajos ilícitos. Los que hemos estudiado el coeficiente GINI de desigualdades en comparación con el delito llegamos a la conclusión que no existe relación lineal comprobada entre uno y otro.

La conclusión es la siguiente: todos queremos un país más rico y más justo, pero ello no es garantía de seguridad pública per se. Ante las actuales circunstancias Argentina puede (y debe) ser un país seguro. Espero que este breve trabajo lleve un poco de luz a nuestros gobernantes, específicamente a los encargados de velar por nuestra seguridad, ya que es muy difícil -casi imposible- dar tratamiento cuando no se sabe el diagnóstico.