Actualmente estamos cursando invitaciones a quienes son candidatos a la presidencia. El primero en aceptar ha sido Sergio Massa.

Porque queremos saber si seguiremos en este derrotero de contar víctimas o si alguien realmente tendrá la voluntad y decisión política de cambiar este estado caótico de cosas.

Así, personalmente como miembro de la Comisión de Seguridad Pública de la Usina, pretendo saber:

*Quién está de acuerdo en proponer cambios legislativos que apunten: a reducir las excarcelaciones a nivel federal, eliminar las salidas transitorias y libertades condicionales en los delitos graves, rever la edad de imputabilidad de los menores, a la creación del delito de manejar bajo influencia de alcohol y/o drogas, a la eliminación del la disminución de pena en la tentativa en delitos graves, a la eliminación de la multi- reincidencia adoptando leyes de “3 strikes”, por las que a la tercer condena por delitos dolosos cometidos por un delincuente, la última sentencia obligatoria sea la perpetua; entre otras.

*Quién terminará con este absurdo de mantener una Policía Federal en una ciudad que es autónoma, distrayendo así estos recursos para la lucha que debe darse urgentemente contra el delito organizado federal como el proveniente del Narcotráfico, Contrabando, Trata de personas y-o secuestros, entre otros.

*Quién tiene un plan carcelario, porque todo plan de seguridad exitoso conlleva, al menos en el corto plazo, al aumento de población carcelaria.

*Quién creará Unidades de Seguimiento de personas en Probation, Excarcelados y Libertad Condicional para que las víctimas pasadas y eventuales sepan a qué se dedican los imputados o condenados cuando están en libertad.

*Quién transformará a la poco trascendente Agencia Nacional de Seguridad Vial en una Policía Vial que prevenga y reprima las actitudes temerarias al volante.

*Quién tiene en mente la creación de un nuevo organismo federal de lucha contra el crimen organizado, absolutamente imprescindible.

*Quién modificará la nueva ley de inteligencia para que la Oficina de Escuchas pase a ser manejada por la Corte Suprema y para que la nueva Agencia convierta su rol a exclusivamente el análisis de escenarios de inteligencia y contrainteligencia de objetivos nacionales e internacionales, dejando el análisis criminal interno en manos de una nueva Agencia de Lucha contra el Crimen Organizado. 

*Quién cuenta con especialistas para poner en marcha un plan de seguridad  serio desde el primer día de gobierno privilegiando la idoneidad sobre la política.

*Quién priorizará la inversión en materia de seguridad y nuevas tecnologías no sólo en lo federal sino también mediante aportes a las provincias.

*Quién NO postulará como jueces a los que se muestren abolicionistas del derecho penal vigente (o sea contrarios a la ley que juran defender) o miembros del Consejo de la Magistratura (el que también deberá conformarse de acuerdo a los mismos parámetros a futuro), ni como miembros de nuestro Supremo Tribunal ni otros organismos que afecten nuestra seguridad pública.

Cuando sepa al menos esto de boca de los candidatos prometo darlo a conocer a la ciudadanía en general, porque creo que también estará interesada en saberlo.

Con incipientes dosis de garantismo y abolicionismo penal transitaron nuestros gobiernos democráticos desde 1983, con la fortuna de que estos principios eran  sólo tomados por los gobernantes de turno como ensayos catedráticos (ámbito de donde nunca deberían haber salido), y es por ello que no causaron especial efecto negativo en la seguridad ciudadana.

A partir de los últimos 12 años, en cambio, el garanto abolicionismo, este movimiento que representado en el país por Eugenio Zaffaroni (movimiento anacrónico y demostrado fracasado en otras latitudes hace más de 40 años) llegó al poder. Desde la pésima elección del camaleónico Zaffaroni como miembro de la Corte Suprema, sus seguidores en las cátedras y otros oportunistas que ingresaron al Poder Judicial de su mano, han hecho todo lo posible por justificar a los delincuentes y su accionar, abandonando a su suerte a las víctimas, que al contrario de sus contrapartes, no habían elegido serlo.

Mientras en los Consejos de la Magistratura los exámenes eran corregidos por zaffaronianos, los aprobados llegaban a la justicia con sed de liberar delincuentes, cualquiera fuera la razón, para halagar al “maestro” del Supremo titular.

Los que hemos estudiado Seguridad Pública sabemos que, además del sistema policial, el Poder Judicial y el sistema penitenciario completan la ecuación de seguridad (o inseguridad)

En la última década, los 3 pilares funcionaron muy mal.

En la policía, los buenos oficiales se retrajeron: detener delincuentes estaba mal visto, máxime si se usaba la fuerza (que el Estado le otorgó por ley pero no de facto), seguramente el procedimiento terminaba en sumario administrativo y el criminal liberado por teléfono por el garantista de turno.

Y los malos policías aprovecharon esta “nueva onda”, y lo hicieron para lucrar delictivamente con el crimen organizado, especialmente con traficantes de drogas que veían en esta Argentina una tierra fértil para el crimen.

En el Poder Judicial pasó lo mismo, la gente de criterio, la que aplicaba el mismo Código Penal que nos hizo un país seguro sin inventar ni forzar teorías pro delincuente, se fue retrayendo; estos magistrados eran denominados “fachos”, mientras ganaban poder los “garantistas” y otros inescrupulosos que bajo esa fachada aprovechaban para vender excarcelaciones o libertades condicionales a narcos y otras yerbas.

Resta analizar el último de la tríada, el Servicio Penitenciario, que con sus pobres sueldos, las mismas limitaciones en el uso de la fuerza y una alicaída infraestructura, restringe a los buenos mientras los malos negocian informes y o escapes a los pocos presos que por multi reincidentes llegan excepcionalmente a ingresar al sistema.

Pues así hoy llegamos a tener nuestras ciudades más importantes con niveles de violencia y muertos similares a Medellín, como es el caso del gran Buenos Aires, Rosario, y acercándose rápidamente Córdoba y Mendoza.

Estos doce años resultaron así el más grave y sangriento experimento de seguridad pública nunca conocido en el país.

El 18F mostró a la gente en la calle con miedo y buscando respuesta al grave flagelo de la inseguridad, a más de rendir su merecido homenaje al Fiscal Nisman.

Es por ello que el próximo gobierno, del signo que sea, deberá desechar todo lo andado, descartar la participación de todo miembro del experimento Zaffaroni (recordemos a aquellos que firmaron el “Acuerdo de -IN- seguridad democrática”…), y volver al sano criterio de modernizar las leyes teniendo como eje a la víctima, modernizar y purificar sus fuerzas de seguridad, deberá pugnar por un poder judicial independiente en el que legal y rápidamente se someta a juicio a los criminales (promoviendo asimismo el enjuiciamiento de magistrados que así no lo hagan) , para luego alojarlos en nuevas y numerosas cárceles -que deberá construir rápidamente- para así sacar a los ciudadanos honestos de este penal abierto en el que vivimos (siendo victimizados) todos los días.

Por suerte llegó a la Corte Suprema el caso “Arévalo” y, en él, los Ministros de la Corte han dejado en claro que la reincidencia no viola el principio del “non bis in idem”, dejando de lado los criterios del apelante.

¿Es esto suficiente?

Por ahora sí. Parece dejar zanjada la cuestión y a la vez lateralmente empujar un poco más hacia el “archivo” al nuevo código zaffaroniano, el que no sólo no resulta necesario, sino que va a todas luces en contra de lo que la sociedad demanda: leyes fuertes que sean el instrumento para la lucha eficaz contra la delincuencia.

El garantismo nos dice que un Código Penal por si bajará el índice de delincuencia. Estamos de acuerdo en ello, sobre todo si se sigue con la irrisoria cifra del 3%  de condenas del 100% de los delitos investigados. El ciudadano inclinado al crimen teme por la posibilidad cierta de la aplicación de la ley, no por una ficción.

Ahora bien, ¿un Código con penas más bajas e institutos garantistas sí lo solucionaría? En absoluto. Empeoraría aún más las cosas. No sólo por el hecho de que todos los condenados saldrían en masa a pedir revisión de sus condenas por el principio de pena más benigna.

Si el Código actual no ejerce sobre la población “una amenaza seria” de sanción, lo que se conoce como prevención general, al menos ejerce la particular, cuando encuentra a jueces serios aplicándolo.

Por ejemplo, si hoy a un violador reincidente le podemos imponer 50 años de prisión y cancelarle la posibilidad de que salga a la calle anticipadamente, con el nuevo tendríamos –en el mejor y máximo de los casos- que imponerle una pena de 30 años, no habría declaración de reincidencia, y a los 15 pasaría a gozar de libertades “alternativas”.

¿Hay diferencia entre ver a un violador serial a los 15 años por la calle o verlo a los 50?

Al menos para las víctimas, sí

No toda reforma es buena. El Código Penal actual no por tener años es malo, sólo hay que aplicarlo y, si lo reformamos, que sea pensando en la víctima por una vez.

Como ejemplo (entre los varios que he propuesto públicamente) les dejo las siguientes ideas de reformas a incluir:

A) Modificación del art 42 CP Tentativa, agregado in fine.

Porque no creemos que un delincuente que agota sus medios para cometer un delito grave merezca reducción de pena por fracasar en el intento (razones ajenas a su voluntad). Ej: ¿es justo reducirle la pena al criminal que baleó a la embarazada Carolina Píparo solo porque ella no murió?

B ) Incorporación del art 108 bis: Delito de puesta en peligro a menores (Child Endagerment).

Se debe convertir en delito autónomo el poner a menores en peligro por falta de supervisión por parte de quien esté a cargo.

El menor debe ir a la escuela obligatoriamente. El padre, madre o tutor que los deje sin este derecho a la educación o los explote -por ejemplo en actividades callejeras- debe responder ante la Justicia. Se debe aplicar la Convención de Derechos del Niño, la que actualmente sólo se utiliza para dejar a menores delincuentes libres, sin preocuparse el Estado del futuro de los niños al momento en que son victimizados.

C) Modificación del art. 52 CP, Reclusión por tiempo indeterminado.

Se debe terminar con la eterna repitencia delictual de criminales peligrosos.

Procederá cuando acumule:

• Tres penas privativas de libertad (condenas), siendo una de ella mayor de 3 años.
• Cuatro penas privativas de libertad (condenas), de 3 años o menores.

Se considerarán firmes a los efectos de este artículo las condenas confirmadas en doble instancia -ejemplo Tribunal oral y casación, o Tribunal sentenciante y Superior tribunal provincial- sin perjuicio de los eventuales recursos extraordinarios que se presenten.