No hay sistema de seguridad actual en el mundo civilizado que no base su estrategia de trabajo en las cifras delictuales. Y en su consiguiente pormenorizado análisis. Cualquier departamento de Policía organizado tiene su Unidad de Análisis Criminal, la que “despedaza” las cifras para saber el cuánto, el cómo, el dónde y el porqué del delito en determinada jurisdicción. Y los de más avanzada, además, cuentan con programas de predicción delictual. Basándose en ello organizan las rutinas de patrullaje e investigación.

En Argentina manejábamos hacia un lugar desconocido sin GPS (ni mapa). El anuncio oficial es un feliz principio, no hay buen tratamiento sin buen diagnóstico. Entonces, ¿qué nos están diciendo las primeras cifras?

Una aclaración previa al análisis. Las cifras estadísticas se corresponden a los delitos denunciados, es decir, a la cifra blanca. La cifra negra, el delito no denunciado, no aparecerá. Esta se calcula por surveys (encuestas al público en general). Cuanto menos confianza tiene la gente en el sistema policial y judicial, mayor será la cifra negra, porque hay delitos que no se denunciarán al advertir los ciudadanos que será una pérdida de tiempo. Ejemplo: robo de un estéreo. Las pocas surveys que se han hecho en forma privada en Argentina arrojaron el resultado de denuncia de sólo uno de cada tres delitos, con la excepción de los homicidios. Como modo de comparación, en los Estados Unidos, por cada delito denunciado hay otro que no se reporta. Resumen: con excepción de los homicidios, las estadísticas reflejarán un tercio de la realidad.

Y una segunda aclaración, también en cuanto a los homicidios, en la provincia de Buenos Aires se denunció que la Procuración General, a cargo de las estadísticas criminales, ordenaba clasificar como “averiguación de muerte”, y consiguientemente no los incluía en su estadística oficial, a los homicidios N. N. (en principio, con autor ignorado), presumiblemente con fines de tergiversar las altas cifras de este delito, en connivencia con el Gobierno anterior.

Entonces, con las salvedades expuestas, la tasa de homicidios cada cien mil personas a nivel país es, prima facie, estadísticamente aceptable, ya que se acerca a similares de grandes ciudades de Estados Unidos, aunque está muy por encima de la mayoría de las capitales europeas y, con distintos matices, en Argentina más de la mitad de la población se conglomera en un espacio reducido (Conurbano bonaerense, sur de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Rosario), donde la tasa es de dos dígitos, lo que le da características de emergencia (o epidemia, en lenguaje de la ONU). Es decir, la mitad del país vive en condiciones de inseguridad inaceptables en materia de homicidios, mientras la otra mitad, desperdigada en nuestro vasto territorio, se halla en condiciones relativamente seguras. La maravilla de la estadística no debe alejar al gobernante de esta realidad.

Robos

Las cifras cercanas a los mil robos cada cien mil personas de tasa general para Argentina nos hacen estar en el triste primer lugar de América, según cifras del Programa para Desarrollo de la ONU. En Argentina se roba el doble que en Brasil y unas seis veces más que en Perú o Bolivia, por ejemplo. Lideran la tabla cada cien mil habitantes las provincias de Mendoza, Neuquén, Salta y Córdoba.

Violaciones

También en esta clasificación, como en la de homicidios, llegar a dos dígitos significa estar en el peor lado de la tabla. Y Argentina, aún en ese límite promedio, tiene distritos con tasas preocupantes, como la provincia de Salta, con 27,5 o Mendoza, con 18,9 cada cien mil habitantes.

En definitiva, contar con estos datos es un buen comienzo para empezar a trabajar en serio en programas probados para la baja de los delitos enunciados.

Y así, me surgen los mismos interrogantes que antes, ya no como especialista en el tema, sino como ciudadano común.

Después del 10 de diciembre:

¿Voy a poder manejar por la 9 de Julio sin que algún limpiavidrios-ladrón se me tire encima de mi auto? ¿Voy a poder estacionar en Palermo sin tener que pagarle -a la fuerza- a algún cuidacoches? ¿O manejar por la Panamericana sin que alguien me quiera pasar a 180 km/hora, sin que a nadie le importe?

Y más allá de estos detalles que alguien pudiera denominar menores, ¿Buenos Aires seguirá siendo la ciudad con más robos per cápita de Latinoamérica? ¿Y el conurbano bonaerense o Rosario seguirán con las mismas cifras -y en aumento- de homicidios que Medellín? ¿Habrá mas villas miseria que se conviertan rápidamente en territorio tomado por las organizaciones narco sin que ninguna fuerza de seguridad actúe?

¿Y las factorías de perfeccionamiento de delincuentes -cárceles actuales- seguirán hacinadas por los pocos delincuentes que llegan allí a entretenerse con sus celulares prohibidos para hacernos secuestros virtuales? ¿Seguiremos viendo cómo en nuestro barrio se “toma un terrenito o una casa” y luego pasa a ser el punto de venta de drogas, al amparo de algún puntero político y bajo la complicidad policial?

Yo sé que a muchos políticos les gusta la política por la política misma y para perpeturse en el poder y cambiar su estatus económico-social, pero si además de ello se ocuparan de la agenda de la gente, quizás obtendrían también esos beneficios y muchos más, por ejemplo, el respeto del electorado. Aunque no creo que eso importe mucho, lamentablemente.

Dada mi experiencia, quiero contarles cómo se resuelven en los Estados Unidos. Desde 1934, a partir del caso Lindbergh (secuestro seguido de muerte del hijo de 20 meses del famoso aviador norteamericano), el FBI tomó jurisdicción exclusiva sobre todos los casos de secuestros con pedido de rescate, y también de los de menores de edad -con o sin pedido de rescate. Primera diferencia: Argentina no cuenta con una Agencia Federal de lucha contra el crimen organizado.

A partir de allí, el FBI manejó los 647 casos de secuestros extorsivos que hubieron en el país hasta la década del 80, cuando prácticamente desaparecieron. ¿Por qué sucedió esto? En principio por la alta eficiencia del FBI en la resolución de los mismos. De los 647 sólo quedaron sin resolverse 3. De los 644, en el 90 % se obtuvieron condenas gravísimas, de largas penas sin derecho a parole (libertad condicional) o de muerte. Y consecuentemente, por la pobre relación entre riesgo y beneficio que existe para quien intente un delito de esta clase, ello sumado a que con la tecnología actual (rastreo de telefonía por GPS o triangulación, cámaras monitoreadas en vía pública, etc.) tanto el pedido de rescate, como el cobro del mismo, se hacen de muy difícil éxito y anonimidad, elementos éstos conocidos y evaluados por el delincuente organizado.

En cuanto al protocolo policial, de desaparecer una persona y esto ser reportado, las policías locales deben informar el hecho al Centro Nacional de Información Criminal, base de datos de alcance nacional monitoreada por el FBI. Al mismo tiempo se publicitarán en diversos medios todo tipo de datos y fotos de la víctima y del victimario si se conociera, vehículos utilizados, etc. Si la víctima además fuese un menor de edad, se activará la “Amber Alert” dándose a conocer el hecho en todos los outlets de medios de comunicación, además de las carteleras electrónicas de las autopistas.

Llegada la situación en que el FBI tomara a cargo el caso, por ser alguno de los dos específicos de su jurisdicción exclusiva (pedido de rescate o menores víctimas) o por coolaboración con otras fuerzas estaduales, este cuerpo federal especializado buscará efectivamente el apoyo de la familia para encarar dos vías fundamentales: por un lado, en base a monitoreadas comunicaciones entre captores y familiares de la víctima -y otros medios investigativos analizados- se procederá a la localización del lugar en que se mantiene al captivo. Por el otro, se procederá a una negociación también monitoreada con los delincuentes hasta conseguir la entrega de la víctima, para después, con ésta a salvo, proceder a la detención de los mismos.

Los programas especiales del FBI tratándose de niños víctimas (no sólo en secuestros) son seis, todos compuestos por expertos de primer nivel. Es evidente que Argentina carece de un organismo especializado de alcance nacional para la correcta investigación de estos casos. Si bien la jurisdicción actuante en Argentina en casos de secuestros extorsivos es la Federal, los casos son trabajados por las policías del lugar del hecho, algunas mejor preparadas que otras, algunas siguiendo protocolos, otras no.

Hemos pedido por la creación de esta nueva agencia federal de lucha contra el crimen organizado desde hace un tiempo en diversos ámbitos (que investigue Secuestros, Trata de Personas, Narcotráfico, Lavado de Dinero, Delitos interjurisdiccionales, Desaparición de Personas, etc) habiendo hasta la fecha sólo sido incluída en el Plan nacional que proponía el Dr.Alberto Rodrìguez Saá en su campaña presidencial de 2011, y recientemente, por el Diputado Sergio Massa.
En cuanto a estadística, no hay números nacionales fehacientes.

Aunque un estudio de una compañía aseguradora internacional especializada en secuestros, utilizada regularmente por empresas americanas y europeas que envían ejecutivos a países de riesgo, cuenta que el 85% de los secuestros extorsivos en el mundo se suceden en America Latina, encabezando la lista Colombia, México y Brasil. Luego vendría Argentina. El 90% del delito de esta clase no es denunciado y se resuelve pagando. Y agrega que la policía de estos lugares, se ha detectado, muchas veces se encuentra involucrada por acción u omisión pactada con los delincuentes. Datos interesantes.

En el anuncio destacó el avance en el tema, exhibiendo para ello un gráfico que mostraba un número decreciente de autorizaciones de portación de armas de fuego por parte del Renar, como elemento de lucha contra el crimen.

Pero,  ¿ayuda esto realmente a combatir el delito ?

Existen ya diversas medidas destinadas a controlar el armamento en la población civil. Por ejemplo, al momento de la compra de un arma de fuego, se requieren informes nacionales de antecedentes penales y psicológico-psiquiátricos, rechazándose la petición si existieran y asimismo se exige la habilidad en el manejo del arma, certificado esto por instructores.

El problema de las armas circulantes se da en el mercado negro. Si establecemos inspecciones exhaustivas y rutinarias a los fabricantes, distribuidores e importadores, ya tenemos un circuito legal bastante seguro.

A partir de allí dependerá del trabajo de Gendarmería en fronteras, especialmente la de Paraguay, de donde provienen la mayoría de las armas ilegales de grueso calibre. Y de la detección de las mismas por las fuerzas de seguridad cuando ya están en las grandes ciudades, donde son compradas o alquiladas por la delincuencia para cometer ilícitos.

Ningún delincuente se presenta ante el RENAR para pedir una portación de armas. Los requisitos son exhaustivos, el circuito clandestino es mucho más accesible.

Por ello que el sólo dato de la escasa autorización de portaciones legales por el RENAR dice muy poco.

Y por el contrario el desarmar a la población civil en áreas de alta criminalidad como el conurbano bonaerense tampoco es buena idea porque acrecienta aun más su estado de indefensión, ante una población delincuencial fuertemente armada.

El circulante de las armas de fuego encuentra relevancia según el grupo que las detenta dentro de una sociedad.

Por ejemplo en el estado de Texas,  el que más armas per cápita registra en EEUU, es a la vez uno de los más seguros. Porque las armas las tienen los ciudadanos honestos y no los delincuentes.

Y así escuchamos desde medidas coherentes hasta la ya trillada seguridad por vía de “inclusión social” o del mejoramiento de la economía, y cuanto más populista el candidato, más frecuente el uso de estos términos.

Pero, ¿es real que una buena economía trae de por sí más seguridad?

No pareciera el caso. En Estados Unidos lo saben bien, porque cuando la economía estaba en pleno apogeo, la tasa delictual tocaba su punto máximo también, en la era previa a la llegada de los planes de seguridad de llamados aquí de Tolerancia Cero (hasta mitad de los 90).

Múltiples estudios, por ejemplo los citados en la “biblia” de los criminólogos modernos, Crime and Human Nature, de los profesores norteamericanos de Harvard  llegan a la conclusión de que. a mejoramiento de la economía, y dejando a las demás variables intactas, la criminalidad también escala por las nuevas oportunidades que encuentra, sobre todo la del crimen organizado.

¿Esto significa que economías pobres son seguras? No necesariamente, riqueza y seguridad van por andariveles separados, hay países ricos con mucha seguridad y países pobres también seguros, como por ejemplo Cuba.

Si riqueza y seguridad se unen, es la situación ideal, pero no lo aceptemos como regla porque no lo es.

Ejemplo nacional: nadie puede negar que la economía argentina creció en época del presidente Kirchner, y así también lo hizo la criminalidad en general, salvo excepciones puntuales en algunos ilícitos en los que se trabajó correctamente como en secuestros extorsivos.

Lo que sí ha sido comprobado en otras latitudes es que la seguridad trae desarrollo, por ello de que el crimen tiene un alto costo, social y monetario. La consultora americana RAND hizo un análisis pormenorizado del costo económico del delito, y así llegó a la conclusión que un homicidio costaba alrededor de 5 millones de dólares, no sólo por los costos directos asociados a una muerte, como gastos médicos, policíacos, de justicia y de lucro cesante del occiso, sino también por los relacionados a la locación adonde ocurría la muerte violenta, por cuanto incidía directamente sobre sus inversores, su turismo, su valor de los inmuebles, etc.

Los primarios ingresan al delito no solamente por falta de oportunidades económicas sino por exceso de oportunidades del sector ilícito, mayormente del narcotráfico. No hay plan social que valga cuando el negocio narco crece y ofrece mejores ingresos, sobre todo en sistemas policiales-judiciales de alta ineficiencia, en los cuales el riesgo de ser detenido por un largo plazo es casi nulo.

Preocupémonos entonces por mejorar la seguridad pública no sólo por obligación legal y moral del gobernante sino además porque ello traerá aparejado desarrollo sustentable para nuestro país.

Con incipientes dosis de garantismo y abolicionismo penal transitaron nuestros gobiernos democráticos desde 1983, con la fortuna de que estos principios eran  sólo tomados por los gobernantes de turno como ensayos catedráticos (ámbito de donde nunca deberían haber salido), y es por ello que no causaron especial efecto negativo en la seguridad ciudadana.

A partir de los últimos 12 años, en cambio, el garanto abolicionismo, este movimiento que representado en el país por Eugenio Zaffaroni (movimiento anacrónico y demostrado fracasado en otras latitudes hace más de 40 años) llegó al poder. Desde la pésima elección del camaleónico Zaffaroni como miembro de la Corte Suprema, sus seguidores en las cátedras y otros oportunistas que ingresaron al Poder Judicial de su mano, han hecho todo lo posible por justificar a los delincuentes y su accionar, abandonando a su suerte a las víctimas, que al contrario de sus contrapartes, no habían elegido serlo.

Mientras en los Consejos de la Magistratura los exámenes eran corregidos por zaffaronianos, los aprobados llegaban a la justicia con sed de liberar delincuentes, cualquiera fuera la razón, para halagar al “maestro” del Supremo titular.

Los que hemos estudiado Seguridad Pública sabemos que, además del sistema policial, el Poder Judicial y el sistema penitenciario completan la ecuación de seguridad (o inseguridad)

En la última década, los 3 pilares funcionaron muy mal.

En la policía, los buenos oficiales se retrajeron: detener delincuentes estaba mal visto, máxime si se usaba la fuerza (que el Estado le otorgó por ley pero no de facto), seguramente el procedimiento terminaba en sumario administrativo y el criminal liberado por teléfono por el garantista de turno.

Y los malos policías aprovecharon esta “nueva onda”, y lo hicieron para lucrar delictivamente con el crimen organizado, especialmente con traficantes de drogas que veían en esta Argentina una tierra fértil para el crimen.

En el Poder Judicial pasó lo mismo, la gente de criterio, la que aplicaba el mismo Código Penal que nos hizo un país seguro sin inventar ni forzar teorías pro delincuente, se fue retrayendo; estos magistrados eran denominados “fachos”, mientras ganaban poder los “garantistas” y otros inescrupulosos que bajo esa fachada aprovechaban para vender excarcelaciones o libertades condicionales a narcos y otras yerbas.

Resta analizar el último de la tríada, el Servicio Penitenciario, que con sus pobres sueldos, las mismas limitaciones en el uso de la fuerza y una alicaída infraestructura, restringe a los buenos mientras los malos negocian informes y o escapes a los pocos presos que por multi reincidentes llegan excepcionalmente a ingresar al sistema.

Pues así hoy llegamos a tener nuestras ciudades más importantes con niveles de violencia y muertos similares a Medellín, como es el caso del gran Buenos Aires, Rosario, y acercándose rápidamente Córdoba y Mendoza.

Estos doce años resultaron así el más grave y sangriento experimento de seguridad pública nunca conocido en el país.

El 18F mostró a la gente en la calle con miedo y buscando respuesta al grave flagelo de la inseguridad, a más de rendir su merecido homenaje al Fiscal Nisman.

Es por ello que el próximo gobierno, del signo que sea, deberá desechar todo lo andado, descartar la participación de todo miembro del experimento Zaffaroni (recordemos a aquellos que firmaron el “Acuerdo de -IN- seguridad democrática”…), y volver al sano criterio de modernizar las leyes teniendo como eje a la víctima, modernizar y purificar sus fuerzas de seguridad, deberá pugnar por un poder judicial independiente en el que legal y rápidamente se someta a juicio a los criminales (promoviendo asimismo el enjuiciamiento de magistrados que así no lo hagan) , para luego alojarlos en nuevas y numerosas cárceles -que deberá construir rápidamente- para así sacar a los ciudadanos honestos de este penal abierto en el que vivimos (siendo victimizados) todos los días.

Mi relación con el caso de María Cash como asesor de la familia me ha hecho ver, en este tipo de casos, la pobre actuación altamente burocratizada de los juzgados provinciales y federales, especialmente los asentados en las provincias, que deriva en la falta de una ágil dirección de la investigación judicial, mayor o menor dependiendo de la fuerza de seguridad a la que se le asigne el caso.

Se carece de todo: protocolos de búsqueda, un sistema centralizado de registro de estos casos, comunicación entre ramas gubernamentales nacionales y estaduales, de comunicación institucional con la prensa, y, lo más importante, de unidades de búsqueda especializadas y tecnológicamente equipadas.

Me bastó ver en Salta una marcha de madres en la plaza principal un viernes a la tarde, pidiendo ellas a las autoridades por la desaparición de sus hijas (unas 50), para darme cuenta que el fenómeno va en crecimiento, muchas veces de la mano del incremento del lucrativo y deleznable delito de la trata de personas, el que se ve amparado por esta ineptitud (a veces connivencia delictual ) policial-judicial.

Es por ello que venimos presentado de unos dos años a la fecha a los Sres. ministros de Seguridad nacionales (Garré, Puricelli) y recientemente al Dr. Sergio Berni, un proyecto detallado de creación, dentro de la esfera de su Secretaría, de una Agencia Nacional de Búsqueda de Personas conjuntamente con su respectivo Protocolo de actuación, ambos basados en estándares internacionales.

De la fecha de las primeras presentaciones a la actual, no ha habido ninguna novedad de parte del gobierno nacional.

¿Esperaremos al próximo desaparecido para retomar el tema?