En la década del sesenta, mientras Nueva York triplicaba su crimen, y Berlín y Londres lo duplicaban, Osaka y Tokio disminuían su criminalidad en un veinte por ciento. En 1974, Estados Unidos tenía cuatro veces más crimen que Japón. En 1976, las chances de ser robado en Estados Unidos eran 208 veces mayores que en Japón.

Hoy Japón tiene una tasa de 0,5 homicidios cada cien mil habitantes, mientras en Estados Unidos es de 5 y en Argentina se aproxima a 7 (en el Conurbano bonaerense es de cerca de 14). Ello sobre delitos denunciados; recordemos que en Argentina se denuncia uno de cada tres hechos.

Japón, como sabemos, es una nación industrializada y urbanizada; sus ciudades tienen tres veces la densidad habitacional que las comparables de Estados Unidos y asimismo cuenta con menos policías per cápita. ¿Dónde radica la diferencia entonces?

El prestigio y el profesionalismo de la policía japonesa son universalmente conocidos. Sus niveles de esclarecimiento de delitos son de los mayores del mundo, en hechos graves es mayor al 90 por ciento. Y ello conlleva a que el riesgo que tiene el delincuente de efectivamente ser encarcelado sea, por ejemplo, el doble del que siente en Estados Unidos (mejor no comparar con Argentina).

Una vez detenido, el delincuente japonés normalmente confiesa y pide disculpas públicas. Culturalmente, es más apegado a la ley, la que no es más gravosa comparada con otras, pero es aplicada por las cortes sin tantos tecnicismos ni largos procedimientos.

A la vez, es uno de los países con menos penetración del narcotráfico. No produce ninguna clase de tóxico y las penalidades por uso o contrabando sí son altas. El consumo de drogas es visto socialmente como de falta de carácter y debilidad en el usuario. El crimen organizado, aunque existe, es estadísticamente muy bajo. Y la compra de armas es regulada muy restrictivamente, del mismo modo que su contrabando.

También se han esbozado teorías culturales sobre el bajo crimen en Japón, haciéndose notar tres diferencias fundamentales con Occidente:

1) La uniformidad racial, étnica y cultural de la población de Japón en contraste con la diversidad de los países americanos y algunos europeos redundaría en paz social (La misma razón se ensaya para explicar el mismo fenómeno en los países nórdicos).

2) El ciudadano japonés ha podido preservar su vida de aldea en sus propias grandes ciudades; por ejemplo, todos conocen a sus vecinos, incluso la policía.

3) La cultura japonesa prefiere el trabajo y el éxito grupal al individualismo occidental; se preocupan más de sus obligaciones como miembros de su sociedad que de sus derechos individuales. Ello explicaría que su conducta antisocial, el delito como muestra de ella, sea escasa.

En definitiva, rasgos culturales milenarios mezclados con la buena labor policial y judicial se reflejan en el bajo crimen de esta sociedad.

Uno de los oradores en la sesión preparatoria fue el Dr. Ricardo Lorenzetti, presidente de la Suprema Corte de Justicia. En su discurso subrayó que desde el fallo Arriola, fallo de naturaleza garanto-abolicionista zaffaroniano que el máximo tribunal suscribiera en el año 2009: “Era evidente que el narcotráfico seguía creciendo”.

Y no es para menos, recordemos que cuando el Gobierno anterior pretendió, de la mano de Aníbal Fernández, legalizar la tenencia para consumo de estupefacientes —aludiendo que así se dedicarían todos los esfuerzos a luchar contra los narcotraficantes—, no pudo hacerlo por vía de ley y, por lo tanto, trató de hacerlo mediante su presión ante la Corte, que cedió y emitió el fallo nombrado.

Los presupuestos del fallo eran, en ese momento, tan absurdos como la sorpresa actual del Dr. Lorenzetti. No sólo en el país no se perseguía a los consumidores de estupefacientes, sino que tampoco a los narcotraficantes. Lo máximo que sufría el “consumidor” era una citación a un juzgado federal, donde se le notificaba que su causa había sido archivada.

A partir de este pésimo y ambiguo fallo —que dicho sea de paso no legalizó la tenencia para consumo, ya que su alcance, como todo fallo, aún de la Corte Suprema, llega al caso concreto y similares, por ende, carece así de la posibilidad de legislar—, se creó en la conciencia social la idea de legalización, que drogarse estaba bien y no habría consecuencias.

¿Y entonces por qué sorprende al juez supremo el aumento del narcotráfico y del consumo de sustancias ilícitas? Si en el momento, en vez de recurrir a clichés, se hubiera estudiado el caso de Holanda, el primer país legalizador, se hubieran dado cuenta de que estaban abriendo la puerta a lo peor.

Cómo le fue a Holanda es conocido: si bien la venta a menores en ese país está prohibida, el uso de las drogas blandas (ya no tan blandas por la manipulación que se hace a los cultivos para aumentarles la capacidad tóxica) creció notablemente entre los adolescentes. Por ejemplo, en 1984, el 4% de los menores entre 14 y 16 años las habían probado. En 1996 pasaron a ser el 28% de los varones y el 21% de las mujeres. Y los adictos ya necesitados de tratamiento aumentaron al 25 por ciento.

Al momento de la legalización, Holanda era un país prácticamente libre de cárteles de droga. Hoy es uno de los mayores productores y distribuidores, constituye una verdadera amenaza a sus vecinos. En 1996, fecha aproximada cuando se produjo la introducción de drogas derivadas de anfetaminas, el 68% de las secuestradas en Francia eran producidas en Holanda. Y también el 80% del éxtasis.

¿Quién podía creer entonces que en Argentina autorizar el uso de una sustancia tóxica podía beneficiar a alguien, excepto al narcotraficante? No existe oferta de producto en el mundo que desaparezca si la demanda crece y sí, siempre crece de la mano de la legalización. ¿O de adónde creyeron que el adicto se proveería si no de los cárteles o las bandas criminales emergentes (bacrims)?

Los efectos sobre la salud pública han sido desastrosos, y sobre la seguridad pública, peores aún.

A veces la gente cree que el narcotráfico y sus usuarios son parte de un negocio que no lo afectará en la vida cotidiana. ¡Grave error! Estadísticamente hablando, si uno se encuentra, por ejemplo, en la vía pública, en medio de una balacera, hay alta probabilidad de que esté ante una banda de narcos resolviendo disputas (como se puede apreciar mayormente en Rosario), con resultados de muerte o de heridos inocentes ajenos a ella. O también quien nos roba por unos pesos, un celular o unas zapatillas, en la mayoría de los casos lo hace para financiar su adicción. Y quien nos atropella con su vehículo a alta velocidad seguramente lo hace bajo los efectos de algún tóxico. Estos tres grupos previamente descritos en los ejemplos producen del 30% al 70% del delito violento.

En un estudio realizado en Gran Bretaña, se concluyó que el 69% de los arrestados por delitos violentos dio positivo al menos de una droga ilícita. Conociendo esto, en vez de acostumbrarnos al mal, como lo ha expresado Francisco en numerosas oportunidades, curemos a nuestros adictos, aún en forma compulsiva, como lo piden a diario sus familiares a un Estado indiferente y, por el otro lado, luchemos contra los traficantes, mayormente con inteligencia, cuidando nuestras fronteras, quitándoles sus activos, extinguiéndoles el dominio de sus bienes y condenándolos a largas penas de prisión.

La buena noticia es que nuestras autoridades actuales aseguraron que no llevarán ninguna propuesta legalizadora a la ONU.

Así, hemos acercado al ministro Cristian Ritondo el proyecto de creación de una agencia —o secretaría— provincial de lucha contra el crimen organizado, una estructura ágil y dinámica que, por fuera de la fuerza policial provincial, dé al fin soluciones al ciudadano común sobre narcotráfico, trata de personas, secuestros y otros delitos complejos o en manos de la delincuencia organizada. Esta, a la vez, deberá ser la contraparte de una agencia o una secretaría que a los mismos fines cree el Gobierno nacional.

La Policía bonaerense, así, al menos sus buenos efectivos, deberá municipalizarse para enfrentar el delito común, especialmente el violento. En cuanto al servicio penitenciario también deberá explorar otras opciones, como por ejemplo la construcción de nuevas unidades, llave en mano y, por qué no —ya no debería ser mala palabra—, darle el manejo a compañías internacionales que ya han demostrado su eficiencia a la hora de hacerlo en otros lugares del mundo.

Por último, pero no menos importante, deberán evaluarse minuciosamente los nuevos nombramientos judiciales para buscar perfiles de personas que privilegien, en sus resoluciones, los derechos de las víctimas y la seguridad pública en general.

No esperemos diferentes resultados si apostamos a las mismas soluciones.

Así, el principio fue, por experiencia, aplicado a diferentes ámbitos, ya que se ha podido observar que en distintos grupos sociales el 20% de algo maneja el 80% de todo, mientras el 80%, grupo mayoritario, sólo tiene a disposición el 20% restante. Esta ley hoy se aplica a conceptos tan disímiles como estrategias de marketing y generación de software, resolución de problemas interpersonales.

Recientemente la National Academy of Sciences de los Estados Unidos enunció algo que, hasta el momento, sólo era sabido en el mundo de la criminología y la seguridad pública: que una pequeña población del total de delincuentes genera una enorme cantidad de delitos. Y cita el estudio hecho en Filadelfia sobre diez mil jóvenes delincuentes, grupo en el que el 6% de ellos resultaba responsable del 50% de todos los crímenes cometidos.

En el mismo sentido, RAND Corporation realizó una encuesta sobre prisioneros en los estados de California, Michigan y Texas. Concluyó que en los tres estados, el 10% de los delincuentes había cometido el 50% del total de los delitos y que el 80% del total de los delitos había sido cometido por el 20% de la población carcelaria. Más aún, el 1% de los criminales cometía, hasta su detención, unos cincuenta delitos violentos al año.

Estas observaciones, en manos de profesionales de justicia criminal, están orientando el trabajo policial hacia el control de los grupos de alto riesgo de comisión de multiplicidad de delitos, como las pandillas de criminales violentos o  “gangs”, mayormente implicadas en crímenes de narcotráfico o trata de personas.

Es por ello que todo plan de seguridad debe incluir programas de seguimiento de personas en probation, en libertad asistida, condicional o prisión domiciliaria; y de unidades de captura de prófugos de la Justicia, en forma personal con unidades entrenadas como los Probation Officers o Parole Officers, pero también a través de nuevas tecnologías, entre ellas los programas de reconocimiento facial, que se adaptan fácilmente al sistema de cámaras de vigilancia de la vía pública. Programas de este tipo se aplican en todas las jurisdicciones norteamericanas.

Por supuesto, Argentina debe contar con una legislación que agrave las penalidades por reincidencia e impida al reincidente las salidas de prisión anticipadas.

En nuestro país, y por vía del movimiento anacrónico impuesto por el ex juez Eugenio Zaffaroni, el llamado garanto-abolicionismo, las sentencias de los condenados no se consideran firmes hasta el absurdo de la resolución de las impugnaciones extraordinarias u organismos internacionales.

De una vez por todas la legislación argentina deberá considerar reincidente a quien se le confirme su condena en doble instancia. También la ley penal deberá ser más dura en relación con los multirreincidentes, con leyes de “three strikes”, es decir, que a la tercera condena por delitos dolosos la última deberá ser perpetua. Perpetua de verdad, no la actualmente también tergiversada.

Así, el principio de Pareto parecería indicar que detectando y separando de la sociedad al 20% de los criminales violentos tendremos el 80% menos de delito violento.

Si tuviera que sugerirles sólo 10 puntos esenciales (hay muchísimos más) a ponerse de acuerdo para mejorar nuestra seguridad, estos serían:

1) Creación de la Agencia Federal de Lucha contra el Crimen Organizado, con especial énfasis en narcotráfico, secuestros y búsqueda de personas, trata de personas, lavado de dinero y delitos interjurisdiccionales. Con enlaces con organismos internacionales especializados, como la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Las actuales estructuras de seguridad responden a antiguos sistemas en los que el crimen organizado no predominaba. Hoy el crimen violento es narcodependiente en su gran mayoría y ninguna fuerza está haciendo algo trascendente al respecto.

2) Creación de la unidad de análisis criminal, verdadera sala de situación del delito en la nación. Creación de la Unidad de Inteligencia Criminal. Con enlaces con todas las fuerzas de seguridad y la nueva agencia del punto 1.

No existe nada igual interconectado en el país. El delito complejo se combate con inteligencia y el simple se previene con data analizada. Las policías más eficientes se basan en el principio de predictive policing.

3) Inversión en herramientas tecnológicas. Se debe ampliar el sistema de videovigilancia (cámaras), comenzar con el uso de cámaras portátiles corporales a fin de transparentar el accionar policial. Además, utilizar patrulleros y barreras inteligentes de identificación de personas y vehículos en tiempo real, instalar sistemas de geodetección de disparos de armas de fuego, entre otros.

La tecnología complementa y optimiza el recurso humano disponible.

4) Promoción y ayuda a la municipalización de policías provinciales. Cada intendente de una ciudad numerosa debe hacerse cargo de la seguridad de sus habitantes y las megapolicías han demostrado su ineficiencia a la hora de enfrentar a la nueva criminalidad globalizada.

5) Traspaso de la parte de la Policía Federal que atiende a la ciudad de Buenos Aires. Por lo antedicho en el punto 4 y a fin de utilizar las actuales delegaciones federales del interior pero transformadas en su nuevo rol de la Agencia Federal Contra el Crimen Organizado (punto1).

También se articulará el traspaso de la Justicia ordinaria nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y el rápido reintegro de las demás fuerzas federales a su tarea primaria.

6) Plan de cien establecimientos carcelarios en los dos primeros años de gobierno (50 mil plazas por año).

Cuando hagamos funcionar el sistema policial-judicial, nos encontraremos con que faltan prisiones adonde aislar y reeducar a los condenados, específicamente a los toxicodependientes.

7) Construcción de centros de protección especializados para menores que hayan cometidos delitos.

La solución actual es devolver al menor, luego de cometido un delito, al entorno criminógeno del que provino, y su consecuencia es la reiteración delictiva.

Para las situaciones predelictuales o de menores en riesgo, proponemos al país el sistema de familias solidarias de la provincia de San Luis, que contendrán adecuadamente a los niños a fin de prevenir su ingreso al delito.

8) Creación de una unidad de capturas, que recibirá diariamente las capturas ordenadas por los distintos juzgados y las fiscalías. Procederá a la búsqueda de personas en rebeldía. Normalmente el rebelde es el que sigue cometiendo delitos hasta que es apresado.

También se crearán nuevas unidades de seguimiento de personas en probation, excarcelados y con libertad condicional, hoy sin control.

9) Policía Vial. El orden comienza con el ordenamiento y la penalización de conductas antisociales o delictivas en el tránsito. La relación entre incidentes de tránsito y delito escalante es directa.

10) Eliminación del vetusto sistema de comisarías y su reemplazo por el de centros de estrategia y distribución de la Policía en vía pública. Esto optimiza recursos humanos (Sistema de California).

El 10 de diciembre habrá gente festejando y otra lamentando, pero el problema de la inseguridad seguirá como hasta ahora. Exijamos a los dos candidatos un compromiso real en la lucha contra el delito ya.

Lo que debe comprenderse es que tanto las escuelas como las cárceles son necesarias en cualquier sociedad. Y funcionan en diferentes etapas del sistema criminal.

La relación entre entrada al delito y educación está probada por múltiples estudios, es decir cuanta más educación, menos entra la gente al delito, y ello por varias razones muy bien sintetizadas en The Effect of Education on Crime: Evidence from Prison Inmates, Arrests, and Self-Reports, por Lance Lochner y Enrico Morett. A más estudio, más dinero gana la persona en su empleo, por lo tanto resulta menos atractivo el “pago” que ofrezca el crimen; el estar encarcelado hace que la persona con más educación deje de ganar su salario y aparezca “estigmatizado” en su ambiente, desincentivando la entrada al crimen, aún del llamado “white collar”; la persona con educación es más paciente en la consecución de sus metas, las que cree que logrará con el tiempo, al revés de quien no ve posibilidades de poder progresar por sus medios legítimos, al menos en el corto plazo; la persona que recibió educación de alguna calidad moral o social, reprime más el sentimiento de quebrar la ley; la educación en la juventud, hace que el tiempo se use en cuestiones valiosas en momentos de vulnerabilidad. Y, aún en el delito, cuanta más educación en el delincuente, menos violento el crimen que comete.

Por todo ello: sí a la educación.

Pero, a la vez, para el delincuente que ya está en el circuito criminal, por ejemplo un secuestrador, un sicario, un violador, no habrá escuela o universidad que transforme su conducta; la educación en libertad ya llegó tarde.A éste, previo proceso legal se lo debe encarcelar, y alli sí, intramuros, adonde no dañe a la sociedad, tratar de reformarlo y hacerlo una persona útil. A veces funcionará, otras no.

El sistema criminal argentino parece orientado a hacer lo contrario, alienta la entrada de primarios al sistema criminal mediante la falta de educación de calidad, la disponibilidad casi irrestricta de drogas al alcance de los menores, el fomento del “primer empleo” por parte del narcotráfico, la casi inexitente prevención general o especial de la pena, etcétera.

Por algo estamos como estamos.

En síntesis, sí a las cárceles para cumplir metas de seguridad ciudadana a corto plazo, sí a la educación de calidad, como medida que dará sus frutos a mediano y largo plazo en la misma materia.

Y así escuchamos desde medidas coherentes hasta la ya trillada seguridad por vía de “inclusión social” o del mejoramiento de la economía, y cuanto más populista el candidato, más frecuente el uso de estos términos.

Pero, ¿es real que una buena economía trae de por sí más seguridad?

No pareciera el caso. En Estados Unidos lo saben bien, porque cuando la economía estaba en pleno apogeo, la tasa delictual tocaba su punto máximo también, en la era previa a la llegada de los planes de seguridad de llamados aquí de Tolerancia Cero (hasta mitad de los 90).

Múltiples estudios, por ejemplo los citados en la “biblia” de los criminólogos modernos, Crime and Human Nature, de los profesores norteamericanos de Harvard  llegan a la conclusión de que. a mejoramiento de la economía, y dejando a las demás variables intactas, la criminalidad también escala por las nuevas oportunidades que encuentra, sobre todo la del crimen organizado.

¿Esto significa que economías pobres son seguras? No necesariamente, riqueza y seguridad van por andariveles separados, hay países ricos con mucha seguridad y países pobres también seguros, como por ejemplo Cuba.

Si riqueza y seguridad se unen, es la situación ideal, pero no lo aceptemos como regla porque no lo es.

Ejemplo nacional: nadie puede negar que la economía argentina creció en época del presidente Kirchner, y así también lo hizo la criminalidad en general, salvo excepciones puntuales en algunos ilícitos en los que se trabajó correctamente como en secuestros extorsivos.

Lo que sí ha sido comprobado en otras latitudes es que la seguridad trae desarrollo, por ello de que el crimen tiene un alto costo, social y monetario. La consultora americana RAND hizo un análisis pormenorizado del costo económico del delito, y así llegó a la conclusión que un homicidio costaba alrededor de 5 millones de dólares, no sólo por los costos directos asociados a una muerte, como gastos médicos, policíacos, de justicia y de lucro cesante del occiso, sino también por los relacionados a la locación adonde ocurría la muerte violenta, por cuanto incidía directamente sobre sus inversores, su turismo, su valor de los inmuebles, etc.

Los primarios ingresan al delito no solamente por falta de oportunidades económicas sino por exceso de oportunidades del sector ilícito, mayormente del narcotráfico. No hay plan social que valga cuando el negocio narco crece y ofrece mejores ingresos, sobre todo en sistemas policiales-judiciales de alta ineficiencia, en los cuales el riesgo de ser detenido por un largo plazo es casi nulo.

Preocupémonos entonces por mejorar la seguridad pública no sólo por obligación legal y moral del gobernante sino además porque ello traerá aparejado desarrollo sustentable para nuestro país.

Actualmente estamos cursando invitaciones a quienes son candidatos a la presidencia. El primero en aceptar ha sido Sergio Massa.

Porque queremos saber si seguiremos en este derrotero de contar víctimas o si alguien realmente tendrá la voluntad y decisión política de cambiar este estado caótico de cosas.

Así, personalmente como miembro de la Comisión de Seguridad Pública de la Usina, pretendo saber:

*Quién está de acuerdo en proponer cambios legislativos que apunten: a reducir las excarcelaciones a nivel federal, eliminar las salidas transitorias y libertades condicionales en los delitos graves, rever la edad de imputabilidad de los menores, a la creación del delito de manejar bajo influencia de alcohol y/o drogas, a la eliminación del la disminución de pena en la tentativa en delitos graves, a la eliminación de la multi- reincidencia adoptando leyes de “3 strikes”, por las que a la tercer condena por delitos dolosos cometidos por un delincuente, la última sentencia obligatoria sea la perpetua; entre otras.

*Quién terminará con este absurdo de mantener una Policía Federal en una ciudad que es autónoma, distrayendo así estos recursos para la lucha que debe darse urgentemente contra el delito organizado federal como el proveniente del Narcotráfico, Contrabando, Trata de personas y-o secuestros, entre otros.

*Quién tiene un plan carcelario, porque todo plan de seguridad exitoso conlleva, al menos en el corto plazo, al aumento de población carcelaria.

*Quién creará Unidades de Seguimiento de personas en Probation, Excarcelados y Libertad Condicional para que las víctimas pasadas y eventuales sepan a qué se dedican los imputados o condenados cuando están en libertad.

*Quién transformará a la poco trascendente Agencia Nacional de Seguridad Vial en una Policía Vial que prevenga y reprima las actitudes temerarias al volante.

*Quién tiene en mente la creación de un nuevo organismo federal de lucha contra el crimen organizado, absolutamente imprescindible.

*Quién modificará la nueva ley de inteligencia para que la Oficina de Escuchas pase a ser manejada por la Corte Suprema y para que la nueva Agencia convierta su rol a exclusivamente el análisis de escenarios de inteligencia y contrainteligencia de objetivos nacionales e internacionales, dejando el análisis criminal interno en manos de una nueva Agencia de Lucha contra el Crimen Organizado. 

*Quién cuenta con especialistas para poner en marcha un plan de seguridad  serio desde el primer día de gobierno privilegiando la idoneidad sobre la política.

*Quién priorizará la inversión en materia de seguridad y nuevas tecnologías no sólo en lo federal sino también mediante aportes a las provincias.

*Quién NO postulará como jueces a los que se muestren abolicionistas del derecho penal vigente (o sea contrarios a la ley que juran defender) o miembros del Consejo de la Magistratura (el que también deberá conformarse de acuerdo a los mismos parámetros a futuro), ni como miembros de nuestro Supremo Tribunal ni otros organismos que afecten nuestra seguridad pública.

Cuando sepa al menos esto de boca de los candidatos prometo darlo a conocer a la ciudadanía en general, porque creo que también estará interesada en saberlo.

En cuanto a lo técnico, destaco el nivel de profesionalismo y de experiencia presentado por los expositores extranjeros, quienes no dudaron, en general, en expresar como natural algo que solicitamos al Estado argentino hace bastante tiempo, la creación de una Agencia Federal contra el Crimen Organizado (algo también a lo que dio expreso apoyo el diputado Sergio Massa en su paso por el Seminario), la utilización de las Fuerzas Armadas en el control de fronteras, la profundización de la inteligencia criminal y otras medidas técnicas de coordinación nacional e internacional dedicadas a hacer de Argentina -y demás países de la región- tierra menos fértil para la instalación de organizaciones criminales.

Todos los expertos coinciden en que una democracia debe tener Fuerzas de Seguridad aún más fuertes que un régimen autoritario, porque estos basaban la seguridad en el control de la población y los democráticos en la preservación de la misma.

Más elocuente aun fue el Senador Colombiano y ex Gobernador Antonio Navarro Wolff, quien advirtió especialmente a los argentinos a no “dormirse” en la lucha contra el narcotráfico. A ellos les pasó y , como contaba, se dieron cuenta cuando ya Pablo  Escobar Gaviria dividía Medellín en áreas de comando y ponía precio de pago a la cabeza de cada policía o juez muerto que lo desafiara.

Navarro Wolff resaltó cuando hace poco dos de los criminales narcotraficantes más poderosos de Colombia se reunieron en una cumbre aquí. Sí, aquí en Buenos Aires, a dirimir su agenda secreta. ¿Por que será que eligieron Argentina?

Aun con mas policías en la calle, muchas generaciones de escándalos de corrupción policial parecía que los habían dejado sin voluntad para combatir el crimen. La jefatura cuidaba sus puestos ordenando no entrometerse en los lugares peligrosos.

El crimen, decía la teoría, era causado por problemas en la sociedad, esto lo compartían académicos, sociólogos, aun criminólogos. La policía no podría hacer nada al respecto.

Les iba a probar a todos ellos que estaban equivocados…”

Parecido a lo nuestro, ¿no? Pero éste no es un relato actual de Buenos Aires, las palabras son de mediados de los 90, y fueron dichas por Bill Bratton, el hombre que al servicio de Rudolph Giuliani, fuera el creador de la inteligencia aplicada a la forma de hacer policía, conocido aquí como “Tolerancia Cero”. Los resultados ya los conocemos, hoy se camina con mucha más tranquilidad en New York o Los Angeles ( los departamentos policiales manejados y transformados por este Jefe Policial, otrora altamente peligrosas), que en muchas de las ciudades que se niegan a aplicar métodos probados, como Buenos Aires, Rosario o Córdoba.

¿Por qué entonces no aplicamos las mismas recetas que hoy se han expandido por el mundo ? ¿Qué queremos inventar? La miseria que hoy vivimos en materia de seguridad ya la vivieron otros antes países. Aprendamos de la experiencia ajena.

Se tardó unos 15 años desde su aplicación en el mundo hasta que llegaran a montarse en Buenos Aires Centros de monitoreo de cámaras en la vía pública (el viejo COMPSTAT de NY), una mera herramienta tecnológica de las muchas que se utilizan en la lucha contra el delito. Falta mucho más y la ciudadanía espera ver resultados concretos.

A modo de ejemplo, todavía no entiendo (más allá de la mera mezquindad política) qué hace un Gobierno Federal pretendiendo dar seguridad en una Ciudad Autónoma, cuando debería dejar esa tarea en manos de la policía local (traspasándole la parte metropolitana de la Policía Federal y manteniendo las Delegaciones del Interior) y ya estar pensando en un esquema propio de prevención y represión de importantes delitos federales, especialmente el narcotráfico por ser el principal motorizador de violencia urbana, pero también los secuestros y la trata de personas, al estilo del FBI .