Hace unas semanas se realizó en el Senado Nacional una charla preparatoria para la sesión especial convocada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para formalizar políticas contra el narcotráfico (Ungass), a celebrarse en Nueva York esta semana y que contará con la presencia de las señoras ministras de Relaciones Exteriores y de Seguridad, Ing. Susana Malcorra y Dra. Patricia Bullrich, respectivamente.
Uno de los oradores en la sesión preparatoria fue el Dr. Ricardo Lorenzetti, presidente de la Suprema Corte de Justicia. En su discurso subrayó que desde el fallo Arriola, fallo de naturaleza garanto-abolicionista zaffaroniano que el máximo tribunal suscribiera en el año 2009: “Era evidente que el narcotráfico seguía creciendo”.
Y no es para menos, recordemos que cuando el Gobierno anterior pretendió, de la mano de Aníbal Fernández, legalizar la tenencia para consumo de estupefacientes —aludiendo que así se dedicarían todos los esfuerzos a luchar contra los narcotraficantes—, no pudo hacerlo por vía de ley y, por lo tanto, trató de hacerlo mediante su presión ante la Corte, que cedió y emitió el fallo nombrado.
Los presupuestos del fallo eran, en ese momento, tan absurdos como la sorpresa actual del Dr. Lorenzetti. No sólo en el país no se perseguía a los consumidores de estupefacientes, sino que tampoco a los narcotraficantes. Lo máximo que sufría el “consumidor” era una citación a un juzgado federal, donde se le notificaba que su causa había sido archivada. Continuar leyendo