Y aquí se encontrará con dos caminos a elegir. El de tratar de corregir los males de la numerosa Policía Provincial, principal encargada de aplicar la ley y pacificar el territorio; y el de terminarlos para dar efectiva solución al ciudadano.

El primer camino es el que todos han transitado y en el que han fracasado, vista la estadística criminal de la provincia. Es el menú de una nueva cúpula policial, un nuevo ordenamiento de la fuerza, nueva capacitación, etcétera. Es un pequeño cambio para que nada importante cambie. La Policía seguirá gobernando el territorio mediante un sistema piramidal de poder —en el que no falta la connivencia con el crimen organizado— y el poder político será tentado —una vez más— por las cuantiosas cajas ilegales recaudadas.

El segundo camino, el que necesitamos los habitantes de la provincia, es el verdadero desafío. Es el quiebre de la verticalidad policial para dar poder horizontal a los buenos policías que sí quieren mejorar la situación y que arriesgan sus vidas a diario mientras ven a sus jefes llevar vidas de millonarios. Este es el camino más difícil, pero el que asegurará el éxito.

El primer paso para lograrlo es la municipalización total de la fuerza. Cada intendente contará con su propia Policía, altamente capacitada, para luchar principalmente contra el delito simple, el que afecta al ciudadano común. También deberá luchar con el complejo, pero aquí sí con el apoyo de una nueva Agencia Provincial contra el Crimen Organizado, de presencia en todos los municipios, formada con el mejor recurso humano que se pueda reclutar y altamente tecnificada. Policía de apoyo y control.

La Policía local actual, independientemente de las quejas por su entrenamiento limitado, es un híbrido que se quedó en el medio, cuasi municipal, pero insertada en la misma dependencia jerárquica piramidal descrita anteriormente y que no la favorece.

Si bien la estadística criminal es escasa y a veces hasta retocada, se sabe que aproximadamente en el territorio bonaerense hay unos diez homicidios cada cien mil personas. Este promedio del total de la provincia nos dice que en el conurbano estamos cerca de los 15. Estos números nos incluyen en el club de los lugares más inseguros del mundo.

Y recordemos que detrás de cada frío punto estadístico en nuestra provincia está la triste equivalencia a 160 personas muertas, 160 familias quebradas, 160 argentinos menos.

Asimismo, la Gobernadora deberá reinventar el vetusto y corrompido servicio penitenciario, construir nuevas unidades capaces de rehabilitar internos para así terminar con los negocios ilegales actuales. Un plan de seguridad que funciona necesita de nuevas cárceles.

Y también, por último, construir un nuevo Poder Judicial, con nuevos jueces y fiscales que se orienten equilibradamente hacia los derechos de las víctimas, inocentes y olvidadas por el abolicionismo penal impuesto desde la nación y desde la misma Procuración General de la Provincia, alineada ideológicamente con la agrupación Justicia Legítima.

En definitiva, veremos, por las medidas que se tomen luego del 10 de diciembre, si la voluntad política del cambio fundamental ha llegado.

La Gobernadora puede pasar a la historia o pasar desapercibida. Todo un desafío.

Con incipientes dosis de garantismo y abolicionismo penal transitaron nuestros gobiernos democráticos desde 1983, con la fortuna de que estos principios eran  sólo tomados por los gobernantes de turno como ensayos catedráticos (ámbito de donde nunca deberían haber salido), y es por ello que no causaron especial efecto negativo en la seguridad ciudadana.

A partir de los últimos 12 años, en cambio, el garanto abolicionismo, este movimiento que representado en el país por Eugenio Zaffaroni (movimiento anacrónico y demostrado fracasado en otras latitudes hace más de 40 años) llegó al poder. Desde la pésima elección del camaleónico Zaffaroni como miembro de la Corte Suprema, sus seguidores en las cátedras y otros oportunistas que ingresaron al Poder Judicial de su mano, han hecho todo lo posible por justificar a los delincuentes y su accionar, abandonando a su suerte a las víctimas, que al contrario de sus contrapartes, no habían elegido serlo.

Mientras en los Consejos de la Magistratura los exámenes eran corregidos por zaffaronianos, los aprobados llegaban a la justicia con sed de liberar delincuentes, cualquiera fuera la razón, para halagar al “maestro” del Supremo titular.

Los que hemos estudiado Seguridad Pública sabemos que, además del sistema policial, el Poder Judicial y el sistema penitenciario completan la ecuación de seguridad (o inseguridad)

En la última década, los 3 pilares funcionaron muy mal.

En la policía, los buenos oficiales se retrajeron: detener delincuentes estaba mal visto, máxime si se usaba la fuerza (que el Estado le otorgó por ley pero no de facto), seguramente el procedimiento terminaba en sumario administrativo y el criminal liberado por teléfono por el garantista de turno.

Y los malos policías aprovecharon esta “nueva onda”, y lo hicieron para lucrar delictivamente con el crimen organizado, especialmente con traficantes de drogas que veían en esta Argentina una tierra fértil para el crimen.

En el Poder Judicial pasó lo mismo, la gente de criterio, la que aplicaba el mismo Código Penal que nos hizo un país seguro sin inventar ni forzar teorías pro delincuente, se fue retrayendo; estos magistrados eran denominados “fachos”, mientras ganaban poder los “garantistas” y otros inescrupulosos que bajo esa fachada aprovechaban para vender excarcelaciones o libertades condicionales a narcos y otras yerbas.

Resta analizar el último de la tríada, el Servicio Penitenciario, que con sus pobres sueldos, las mismas limitaciones en el uso de la fuerza y una alicaída infraestructura, restringe a los buenos mientras los malos negocian informes y o escapes a los pocos presos que por multi reincidentes llegan excepcionalmente a ingresar al sistema.

Pues así hoy llegamos a tener nuestras ciudades más importantes con niveles de violencia y muertos similares a Medellín, como es el caso del gran Buenos Aires, Rosario, y acercándose rápidamente Córdoba y Mendoza.

Estos doce años resultaron así el más grave y sangriento experimento de seguridad pública nunca conocido en el país.

El 18F mostró a la gente en la calle con miedo y buscando respuesta al grave flagelo de la inseguridad, a más de rendir su merecido homenaje al Fiscal Nisman.

Es por ello que el próximo gobierno, del signo que sea, deberá desechar todo lo andado, descartar la participación de todo miembro del experimento Zaffaroni (recordemos a aquellos que firmaron el “Acuerdo de -IN- seguridad democrática”…), y volver al sano criterio de modernizar las leyes teniendo como eje a la víctima, modernizar y purificar sus fuerzas de seguridad, deberá pugnar por un poder judicial independiente en el que legal y rápidamente se someta a juicio a los criminales (promoviendo asimismo el enjuiciamiento de magistrados que así no lo hagan) , para luego alojarlos en nuevas y numerosas cárceles -que deberá construir rápidamente- para así sacar a los ciudadanos honestos de este penal abierto en el que vivimos (siendo victimizados) todos los días.

Esta breve nota pretende arrojar algo de claridad al tema, con cuestiones que son ya probadas en otras latitudes pero que aquí todavía desafiamos.

1) El delito es un fenómeno complejo, por ello va a tardar mucho cambiar la situación

Con esta frase se “gana” tiempo para que luego de varias medidas fallidas todo siga igual. Si bien es cierto que el delito es multicausal (y cada delito tiene su motivación, por lo que las generalidades son inexactas) los criminólogos del siglo XXI partimos con el “beneficio” de saber que el delito violento, el que más preocupa al ciudadano, proviene su relación con el narcotráfico; ello ya ha sido desarrollado por académicos en países que sufren esta realidad antes que Argentina. De un 30 % al 70% (según sea mayor la concentración poblacional, más nos acercaremos al máximo del porcentaje) del delito violento tiene raíz en el narcotráfico, ello por tres grandes razones: primero por los homicidios entre bandas de criminales por la distribución territorial del negocio ilícito (en los que en numerosas veces caen inocentes en medio de ajustes de cuentas); segundo por el delito del adicto que necesita dinero para compra de tóxicos; y tercero, por el delito del adicto bajo influencia, causante de graves hechos de tránsito hasta ataques sexuales. Con lo que sabiendo esto, y apostando a la represión del narcotraficante y la prevención -y eventualmente- cura del adicto, ya estaremos en el buen camino.

2) Primero hay que arreglar la “cuestión social”, el desempleo y la pobreza

Otro mito que carece de sustento en material criminológico científico despojado de ideología. Si bien todos deseamos vivir en un país sin desempleo ni pobreza, ello no es obstáculo para tener una buena política de seguridad pública. También ha sido demostrado que en toda clase social existen individuos que se desvían de la ley, la diferencia radica en que cuanto más educación posee el delincuente, más difícil es su detección, más sofisticado y menos violento su crimen. Y una sociedad -la mayoría lo hace- castigada por el delito violento hace que el gobernante concentre sus esfuerzos policiales y judiciales en prevenir y reprimir el delito violento y no el conocido como “white collar”. Ello no debe relacionar al pobre con el delito. Hay sociedades muy pobres con escaso delito. Un ejemplo es Myanmar (país con menos homicidios cada 100.000 habitantes) y muy ricas con mucho delito como EEUU, lugar que tuvo su pico delictual en la época que ofrecía pleno empleo. Y luego en los EEUU (pese a la crisis del 2007 y que aún está) la tasa delictual baja año a año.

3) Con más policías y patrulleros no se soluciona

Quizás con más policías sin vocación, mal pagos y mal entrenados no, pero con una buena policía entrenada y tecnológicamente equipada sí. No es milagro que Puerto Madero tenga bajos índices delictuales. Es un lugar con mucha cantidad de prefectos y bien vigilada humana y tecnológicamente. Quienes hemos tenido el privilegio de estudiar seguridad pública sabemos que existen diversos estudios científicos que lo demuestran. Hay una relación directa entre población a atender y cantidad de policías y patrulleros necesarios para atenderla. Cuando la relación policía-población aumenta, el delito violento baja. Probado.

4) Tenemos las cárceles abarrotadas de presos y el delito sigue subiendo

Las cárceles argentinas, la mayoría precarias y contraindicadas para tratar de lograr algún tipo de resocialización del delincuente, están abarrotadas porque por décadas no siguieron el paso al crecimiento poblacional ni al poblacional delincuencial desde la entrada masiva del narcotráfico a la región.

El índice de delincuentes presos cada 100.000 habitantes de Argentina es uno de los más bajos del mundo, sólo precedidos por los países que producen mucha menos delincuencia como los nórdicos o Japón (otra cuestión de largo análisis que excede esta nota). Con el índice de delito violento que posee nuestro conurbano bonaerense y el de otras grandes urbes como Córdoba y Rosario debemos pensar en triplicar las plazas carcelarias -y llenarlas- para tener una sociedad segura.

Porque si bien el delito es un fenómeno complejo, la inseguridad no lo es: es la resultante de la relación entre delincuente suelto y delincuente preso y hoy podríamos decir que estamos viviendo en un penal abierto. No por nada Estados Unidos pasó de tener urbes inseguras a seguras, lo hizo pasando detener unos 200 delincuentes presos (Argentina no llega a esa cifra) cada 100.000 habitantes a tener 650 cada la misma cantidad de habitantes. La rehabilitación de delincuentes se debe hacer intramuros.

5) No adoptemos esquemas “de derecha” como aumentar penas y restringir excarcelaciones

El “tridente” de la seguridad pública se compone de: 1) Policía 2) Poder Judicial y 3) Servicio Penitenciario. Y esto presuponiendo que tenemos leyes acorde a los tiempos que tocan. En esto no puede haber “derecha” o “izquierda”, se supone que todos queremos vivir con seguridad. Y ello se logra teniendo leyes que no sólo garanticen los derechos del imputado de delitos sino también de las víctimas, que no eligieron serlo. Con una policía entrenada en prevenir delitos, e investigarlos y dar con sus autores cuando fracase su prevención. Con un Poder Judicial sin ideologías abolicionistas, con sentido común, cuanto más grave el delito más pena, menos excarcelaciones para delincuentes de carrera y menos beneficios de salidas carcelarias a quien se sindique con pronóstico desfavorable.

6) Los vecinos deben controlar a su policía para evitar actos de corrupción

Los vecinos pueden participar en programas específicos de prevención delictual y es ideal que lo hagan, pero la policía debe ser controlada por un departamento de Asuntos Internos diseñado a medida de estos tiempos, no basta con que se escriban sumarios, se necesita gente entrenada en operaciones encubiertas en la calle, verdaderos “cazadores” de delincuentes uniformados.

7) ¿Es la desigualdad? ¿Se sale dando trabajo e inclusión social?

Brasil y Argentina apostaron a que la llamada “inclusión social” solucionaría todos sus problemas, incluido el delito. Y ambos fracasaron en ello, porque sin entrar en discusión sobre si fueron más o menos los incluidos sociales, el delito siguió en alza, ello por lo descripto en el punto 1. Luego, los ideólogos de turno entonces nos dijeron que era la “desigualdad”. Y si bien en algunos casos, sobre todo de menores, pueden ingresar al delito por sentirse desiguales, la realidad es que lo hacen por ser captados por las redes del narcotráfico que les ofrecen el dinero y el ascenso social rápido. Combatiendo el narcotráfico y las oportunidades ilícitas, y proveyendo educación de calidad (factor también demostrado de gravitación en la entrada al delito), no sólo se combate la desigualdad sino se quita oportunidad al proveedor de trabajos ilícitos. Los que hemos estudiado el coeficiente GINI de desigualdades en comparación con el delito llegamos a la conclusión que no existe relación lineal comprobada entre uno y otro.

La conclusión es la siguiente: todos queremos un país más rico y más justo, pero ello no es garantía de seguridad pública per se. Ante las actuales circunstancias Argentina puede (y debe) ser un país seguro. Espero que este breve trabajo lleve un poco de luz a nuestros gobernantes, específicamente a los encargados de velar por nuestra seguridad, ya que es muy difícil -casi imposible- dar tratamiento cuando no se sabe el diagnóstico.