Claro, esta vez fue diferente: nadie aplaudió ni defendió la nueva aberración. Y esperemos que desde ahora se cumpla el Nunca Más.

Nunca más jueces que nos digan que una violación no es grave si tiene lugar con la luz apagada (Zaffaroni) o que un infante de 6 años tiene una tendencia sexual definida que lo hace inmune a los ultrajes, o que un pastor violador de menores no debe recibir tanto reproche penal porque la “iniciación sexual temprana”, en su comunidad, es casi aceptada (Piombo-Sal Llargues).

Corregir esto debe ser política de Estado. A la Corte, sabemos, le falta un penalista. Que el próximo gobierno piense bien en esa nominación. Porque si elegimos a alguien que piense que al delincuente “lo tratamos de zafar” o, caso contrario, de “hacérsela lo más liviana posible” (Zaffaroni dixit), los delitos en los que aquel reincidirá los sufriremos todos.

Lo positivo, si algo de positivo dejó este caso, es que la comunidad en su conjunto se levantó contra este fallo, sin distingos partidarios, etarios, de sexo, clase ni de ninguna naturaleza. Porque cuando el derecho es torcido por actos maquiavélicos de juristas, la gente lo reconoce.Y esto es buen signo.

Quedaría por revisar, en este caso específico que conmovió al país, cuál fue la ingeniería abolicionista que implementó, primero, el Tribunal Oral que juzgó originariamente al violador y que sólo impuso la liviana pena de 6 años de prisión al autor de un delito aberrante, cuando también podían agregársele unas cuantas agravantes. En Cuba o en Estados Unidos –por mencionar dos países en las antípodas-, este depravado se hubiera llevado una pena 3 ó 4 veces mayor.

También habrá que revisar la institución del Jury de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia y su eficacia. Hace ya 4 años que el diputado Raúl Joaquín Pérez pidió el juicio político de Piombo y Sal Llargues por el caso del pastor violador. ¿Cuántas sentencias perversas más hay que esperar para una destitución?