Como cada día la prensa oficialista española, no los pasquines contraculturales, ha publicado una nueva estafa, ilegalidad, corrupción, o simplemente hurto, según como quiera ser tratado a continuación de la noticia. Lo cierto es que es sobre quien fuera el tesorero del Partido Popular, y sobre quien cayesen varias acusaciones de corrupción, de lavado de dinero, de manejo turbio de cuentas, en beneficio del Partido y de sí mismo. En esta ocasión, las cifras del dinero negro que al ex tesorero del partido hoy en el gobierno le fueron descubiertas en diferentes cuentas en Suiza tras un intento de ocultación una vez que estallara el caso Gürtel asciente a veintidós millones de euros. Este señor, Luis Bárcenas, fue defendido a capa y espada por el actual presidente del Ejecutivo español Mariano Rajoy.

Quizás sea hora de empezar a cuidar lo más preciado que tiene cualquier sociedad, el crédito de sus ciudadanos.

Episodios de impunidad de los poderosos como éste corren en paralelo a cientos de otros casos de opacidad, mostrada para juzgar todo tipo de delitos y faltas, algunos de ellos de una profunda gravedad criminal, como los destapados casos de decenas de miles de presuntos bebés robados a sus madres durante el posparto, vendidos posteriormente a los mejores postores, como ya evidencian las pruebas que poseen muchas de las víctimas agrupadas en “Afectados de clínicas de toda España. Causa niños robados”.

En dichos execrables delitos habrían participado representantes de la Iglesia Católica y altos directivos de clínicas, políticos de prestigio, de manera tal que la obstaculización a la Justicia se daba por descontada dada la rabiosa actualidad de aquella famosa frase de Don Quijote a su célebre escudero: “Con la Iglesia hemos dado Sancho”, pero de ahí a que el sistema judicial casi en masa diese la espalda a las víctimas de semejante crimen masivo resulta un espectáculo esperpéntico que dota de una sensación de asfixia al resto de la sociedad.

Miles de niños robados.

El segundo país del mundo con mayor cantidad de fosas comunes después de Kampuchea, pero en el caso de España sin abrir, sin perseguir legalmente a los culpables, lejos de eso dotándolos de toda suerte de ardides que facilitan su impunidad.

El país en que hay mayor flujo de billetes de quinientos euros no declarados. Donde los políticos encausados con pruebas condenatorias resultan a la sazón, ni indultados, ni sobreseídos, ni amnistiados sino absueltos como inocentes para escarnio del erario público e indignación de los contribuyentes.

El país donde recientemente -y no sin escándalo mediante- fueron indultados cuatro mossos d’esquadra, la fuerza policial en Cataluña,  inmediatamente sabida la sentencia condenatoria y por segunda vez consecutiva.

El país donde los mayores causantes del desastre económico actual no solo se “van de rositas” sino que parecen ser premiados por sus hazañas devastadoras escalando socialmente, en la vida pública o privada.

Un país en el cual aún existen personas con imputaciones penales ejerciendo la política.

Casos de robos confesados, como el del Palau de la Música de Barcelona, cuyos culpables continúan en la calle, casos como el del yerno del monarca, del cual lo más probable es que por siempre resulten ilesos del más mínimo arañazo proveniente de las leyes, tanto el susodicho como su esposa la infanta, que alega no tener conocimiento de las actividades del esposo.

El caso Gürtel casi al completo sin aclarar, la presunta compra de diputados socialistas  tránsfugas, los abusos policiales cerrados con rotundas sentencias condenatorias a la acusación, por incitar a la violencia a los efectivos. Golpizas indiscriminadas a adolescentes indignados por protestar pacíficamente, con heridas graves, incluyendo a una mujer que perdió un ojo por una pelota de goma disparada a corta distancia a su cara por los antidisturbios, actos que ni siquiera han merecido una sanción laboral a los culpables.

Ciertamente enumerándolos de corrido producen una sensación de desamparo quizás exagerada por lo alarmante, pero lo cierto es que se van sumando tantos casos de flagrantes faltas al más elemental de los sentidos de la justicia, que comienza a resultar un trago difícil de pasar.

Todo ello aderezado con el hecho de que las cárceles españolas registran el mayor número de presos de Europa con más de 70.000 reclusos, con un común denominador que no nos remite a la nacionalidad, a la raza, a la estatura, al peso, a la religión, a la orientación sexual, ni a las preferencias culturales, sino únicamente refiere a su situación económico social, a las espaciosas oquedades de sus bolsillos y sus apellidos poblados de un intenso y persistente vacío de poder.

España aún tiene la tarea pendiente de la profunda reestructuración del Poder Judicial. Es acaso el poder que menos transformaciones ha experimentado desde el advenimiento de la democracia.

Constituiría  una temeridad innecesaria añadir al descontento de la población causado por la intensa crisis y la injusta distribución de sus efectos, la debacle en el crédito, en la última pizca de confianza que le va quedando al hombre común en los fundamentos culturales y formales que permiten mantener la armonía entre los ciudadanos, mediante la equidad de la dama invidente con la balanza y la espada.

La distracción de veintidós millones de euros, ya fuese cometida por un notable poderoso o por un villano infame, resulta un agravio poco presentable a simple vista. Parecen ser demasiados euros como para seguir desviando la mirada hacia otro lado.