Dependiendo de la antigüedad del trabajador y de si tiene o no cargas de familia, por cada enfermedad o accidente que no tengan como causa la prestación del trabajo, el empleador tiene la obligación de pagar los salarios, durante un período determinado de tiempo que varía entre tres meses y un año.

Finalizado ese período de “licencia paga”, si el trabajador no tuviera el alta médica, el empleador debe reservarle el puesto de trabajo por el término de un año. Si al término de ese año el trabajador aún no ha obtenido el alta médica para trabajar, el empleador puede extinguir el contrato de trabajo sin ningún tipo de indemnización.

El régimen no establece ningún requisito formal para justificar la enfermedad, como tampoco fija un criterio o una autoridad que decida en caso de controversia entre el otorgamiento de una licencia por el médico del trabajador, y la negativa del médico patronal. Existe por lo tanto una laguna legislativa al respecto, que no ha sido llenada por un criterio único por la jurisprudencia.

Las consecuencias de este régimen son negativas, tanto para el trabajador y el empleador, como para el mercado de trabajo en general.

En primer lugar, al no existir un organismo imparcial que dé certeza sobre la posibilidad o no que el trabajador pueda prestar su fuerza de trabajo para la que fue contratado, se generan continuamente situaciones abusivas, por ambas partes. Veamos algunos ejemplos:

En los últimos tiempos, al amparo de este régimen, las licencias por enfermedad psicológica o psiquiátrica han tenido un incremento exponencial, restando una importante fuerza de trabajo al mercado. Si bien en algunos casos la enfermedad es cierta y comprobable, en muchos otros no. Y el empleador queda a merced de lo que determine el facultativo contratado por el trabajador. En la mayoría de los casos, el trabajador obtiene el alta exactamente el día en que vence el plazo de licencia paga… Y el empleador debe retomar al trabajador como si nada hubiera pasado, habiendo duplicado su costo laboral durante el plazo de licencia, ya que en la mayor parte de los casos, el puesto debe ser cubierto por otro trabajador, a quien también se le debe pagar su sueldo, cargas sociales, etc.

También puede darse el caso que el médico patronal considere que el trabajador sí se encuentra en condiciones de trabajar, contradiciendo el diagnóstico y tratamiento del médico consultado por el trabajador. Y sobre esta posibilidad, la Ley de Contrato de Trabajo no dice absolutamente nada. Si bien existe un criterio mayoritario en la jurisprudencia que sostiene que en estos casos debe darse primacía a la opinión del médico del trabajador, ella no es uniforme.

Tenemos entonces un campo propicio, dispuesto por la propia Ley de Contrato de Trabajo, para generar un conflicto trabajador-empleador, cuando ocurren estas situaciones.

Por otra parte, este régimen establece condiciones injustas para cualquiera de las dos partes en el contrato de trabajo.

Tanto el empleador que debe pagar un salario ante una situación de improductividad –debiendo asumir el costo de otro trabajador que reemplace al imposibilitado de prestar el servicio- como el trabajador, que vencido el plazo de licencia paga y del año de reserva de puesto, queda a merced de la voluntad del empleador. Sumado a ello, el haber transcurrido un año sin posibilidad de trabajar, y sin percibir ningún salario ni ningún tipo de subsidio o asistencia estatal.

Estas situaciones conflictivas e injustas tienen una solución: la participación del Estado en el régimen.

¿Cómo? Asumiendo las funciones de control médico y de pago de una suerte de “asignación por enfermedad/accidente inculpable”.

De esta manera se elimina la potencialidad del conflicto, generado por cualquiera de las partes, ya que quien determine la imposibilidad de prestar servicios sería un órgano imparcial, un tercero entre las partes.

Además de su imparcialidad, este tercero (el Estado) tendrá la necesidad de establecer un diagnóstico certero sobre la aptitud del empleado para la realización de su trabajo, para evitar el pago de salarios que, de otra forma, estarán a su cargo.

Es decir, ante una situación de enfermedad –que es la que más propende a la generación del conflicto- o de accidente inculpable, el trabajador es controlado, no ya por un médico patronal, sino por un médico imparcial, que determinará la aptitud o no para el trabajo.

En caso que el facultativo determine que el trabajador no está en condiciones psicofísicas de trabajar, el Estado asume el costo de su salario, por el mecanismo de una asignación, como el caso de la maternidad, liberando al empleador de un costo duplicado para ese puesto de trabajo.

El sistema debe prever asimismo, que durante el plazo del año de conservación del empleo, el trabajador siga percibiendo su asignación, y que en caso de no estar en condiciones de asumir su trabajo al cabo del mismo, se le fije una asignación por discapacidad en forma automática, ya que ha debido ser controlado periódicamengte por el médico estatal, liberando del mismo modo al empleador, de cualquier carga indemnizatoria.

Para la financiación de este sistema se puede establecer una contribución adicional general a cargo del empleador, de modo de no hacer el nuevo régimen más gravoso para el Estado. Esta contribución estará plenamente justificada toda vez que se reducirán costos por ausentismo y por conflictos laborales.

Nuestra Constitución Nacional, como todas las constituciones, a partir de la Carta Magna de 1215, con un extraordinario impulso a partir de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, dictada por la Asamblea General Constituyente francesa de 1789, y sus reválidas por la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, y demás declaraciones en igual sentido tanto en nuestro continente como en el europeo, son consecuencia de una evolución social y de conciencia política del hombre -retomando el concepto aristotélico- que comprendió la importancia, para el desarrollo natural de la personas, de limitar el poder de quien ejerce la autoridad. Es decir, evitando el autoritarismo, que no es otra cosa que el sistema de sumisión incondicional a la autoridad.

Para ello creó una serie de reglas prohibiendo situaciones que permitan el ejercicio del poder en detrimento de los derechos inalienables de los habitantes. Este sistema “constitucional” transformó a los antiguos súbditos -sujetos a la autoridad incondicional de quien detentara el poder- en ciudadanos.

El fundamento filosófico para esta limitación al poder podemos encontrarlo en varios autores de los siglos XVII y XVIII, pero principalmente en Thomas Hobbes y John Locke. Sintéticamente, entendían que él debía limitarse al poder del Estado, puesto que éste, al estar formado por hombres, siendo todos estos criaturas de Dios, y por lo tanto iguales, es decir, ninguno con mayor derecho a otro y considerando que el hombre era lobo del hombre, podía ser vehículo para cometer toda serie de atropellos y tropelías.

Como señalara en un anterior artículo “Todos somos liberales”, los movimientos autoritarios han intentado desde la caída del muro de Berlín, desprestigiar todo este sistema constitucional de libertades y límites al poder. Aun cuando en nuestra Argentina rige el sistema constitucional, innumerables veces los ciudadanos somos tratados como súbditos. La última muestra de ello es la aprobación por parte de ¿¡“nuestros representantes”!? de la limitación de responsabilidad civil del Estado frente a los particulares (léase, ciudadanos) en el nuevo Código Civil y Comercial.

Una vez más los ciudadanos nos veremos en la obligación de tomarnos la molestia -y gasto- de someter a la Justicia las decisiones no consensuadas de quienes dicen representarnos, pero que actúan no sólo en contra de nuestros intereses, sino en contra de la Constitución Nacional -que les otorga autoridad-. Decisiones que ni siquiera fueron expuestas dentro de una plataforma política.

Como moraleja, debemos exigir a las distintas agrupaciones políticas, y a sus candidatos, que expongan públicamente sus proyectos y pedirles cuenta de ello.

Ergo, la ciudadanía es rehén de su propio Estado. Flora, el personaje de Antonio Gasalla, es una clara y clásica derivación de esta situación. Vivimos prisioneros de la voluntad del empleado de turno, de quien dependerá que la petición se cajoneé o siga su curso.

Esto sucede gracias al artículo 10 de la Ley 19.549 de Procedimiento Administrativo, que dice: “el silencio o la ambigüedad de la Administración frente a pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa. Sólo mediando disposición expresa podrá acordarse al silencio sentido positivo. Si las normas especiales no previeren un plazo determinado para el pronunciamiento, éste no podrá exceder de sesenta días. Vencido el plazo que corresponda, el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros treinta días sin producirse dicha resolución, se considerará que hay silencio de la Administración”. A la sazón, la ley dictada fue en 1972 por un gobierno no democrático. Tal vez esto haya sido determinante, pero los gobiernos democráticos que le sucedieron no hicieron mucho por modificar la relación del ciudadano con el Estado.

Gracias a esta norma, el Estado o, mejor dicho, el funcionario de turno, tiene poder absoluto sobre el derecho del ciudadano peticionante puesto que, la falta de resolución sobre la petición tiene como consecuencia la denegación de facto de ésta.

Modificar esta situación resulta imperante, no sólo para agilizar todo el tramiterío burocrático, ya ralentizado por la infinidad de normas que afectan y se aplican a cualquier situación de hecho y derecho que vivimos en la Argentina, sino, y sobre todo, para cargar de responsabilidad y profesionalidad a quienes tienen el deber -más que el derecho- de trabajar por el bien común.

Si se cambiara el vocablo “negativa” inserto en el primer párrafo de la norma, por su opuesto, es decir “positiva”, el rol del funcionario necesariamente debería cambiar, encaminándose hacia la concreción de un Estado ágil, eficiente, profesional y responsable, puesto que el cajoneo de un trámite implicaría la aceptación estatal de la petición del ciudadano, lo que conllevaría varias consecuencias positivas. En primer lugar, se alentaría la creación de nuevas actividades de todo tipo: económicas, sociales y culturales las cuales, actualmente, no se concretan por la falta de respuesta estatal.

En segundo lugar, involucraría y por lo tanto, responsabilizaría en mayor grado a todos los niveles de funcionarios y empleados del Estado, ya que, obligados a expedirse, deberían profesionalizar y jerarquizar su función para no caer en las penalidades por mal ejercicio de la función. Esto traería una tercer consecuencia positiva: racionalizaría los recursos del Estado, considerando racionalizar como lo dice la misma palabra: utilizando la razón, no otros intereses particulares. La cuarta consecuencia positiva es la eliminación de amiguismos y privilegios, o al menos, éstos serían más evidentes.

Y finalmente, la quinta, y tal vez más esperada por la ciudadanía, se prescindiría de la necesidad de “aceitar” las peticiones administrativas, reduciendo con ello uno de los focos de corrupción más grandes que agobian al ciudadano. Claro está que ningún nivel del Estado querría modificar esta situación que es por demás cómoda y conveniente. Sin embargo, confío en que algún dirigente tome esta bandera y proclame así su voluntad de renovación de la Argentina.

En primer lugar, a un modelo de gestión eficiente y no efectista. Quien haya visitado el Tigre de hace 25 años y lo hiciera nuevamente hoy podría pensar que visita otra ciudad. Tigre es el gran capital que tiene hoy Sergio Massa, además de una gestión eficiente de la Anses y una enorme cintura y olfato político cuando ocupó y supo desligarse de la Jefatura de Gabinete.

Uno de los grandes méritos de su gestión municipal es haber continuado la senda que había delineado el anterior gobierno municipal, conducido por uno de los pocos partidos vecinalistas que gobernó una intendencia en la provincia. Este anterior gobierno tuvo como principio rector -como no podía ser de otra manera- la relación con el vecino y la resolución simple de los problemas cotidianos.

Este concepto fue evidentemente tomado por el actual intendente, quien supo transmitirlo a la ciudadanía demostrando con resultados concretos que lo que a la gente le interesa es que los problemas concretos se resuelvan y de ese modo vivir cada día mejor.

Dos méritos entonces para el candidato tigrense: haber continuado con lo que se hacía bien y no haber contagiado con la política nacional el espacio municipal, el de su gestión. Massa supo transmitir claramente al electorado que como gestor exitoso podrá enfrentar los problemas macro económico-políticos que afectan al país. Y sin anuncios altisonantes. Simplemente poniendo sobre el tapete los problemas que afectan el día a día de los argentinos.

No ha hecho nada más -ni nada menos- que mostrar a lo largo de los últimos años, que se ocupó de mejorar la calidad de vida de los vecinos de su partido, especialmente tomando medidas en lo que concierne a la seguridad. Y en la campaña previa a las PASO, que su intención es trabajar con la misma dedicación a resolver los problemas que afectan a toda la población, la inflación, la inseguridad, la defensa de la República. Supo conjugar en poco tiempo las preocupaciones cotidianas del ciudadano. Amen de haber sabido despegarse a tiempo del gobierno nacional.

Aún cuando las elecciones de octubre no correspondan a cargos ejecutivos, su entrada en la contienda por cargos nacionales proyecta la idea de una necesaria renovación política a las provincias y a la Nación.

Esta esperanza de renovación es evidentemente lo que ha atraído no sólo a gran cantidad de electores, sino también a parte de los políticos que pretenden sobrevivir a esta renovación y que deberán mostrarse capaces de ser parte de ella para darle al Estado el rol renovador que vendrá.

A partir de allí, el hombre como ser individual, social y político comenzó un larguísimo proceso de concientización de su esencia como persona objeto y sujeto de derechos. Las obligaciones ya las tenía impuestas por el ejecutor del poder, fuera éste un rey, un señor feudal, un obispo, o quien fuera que ejerciera la autoridad. Sobre la base del principio de autoridad divina, el “soberano” practicaba en innumerables casos abusos y vejaciones muy alejados del objetivo sacro de su ejercicio. Ni que hablar de aquellos soberanos que fundaban su autoridad sobre el principio más básico, el dominio por la fuerza.

Muchísima sangre corrió para que quinientos cincuenta y un años después los americanos del norte desconocieran la autoridad de otro rey de Inglaterra, ejemplo seguido trece años más tarde por los franceses, quienes universalizaron el reconocimiento del individuo como tal en su “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano“. Tanto una como otra, ambas revoluciones actuaron contra un poder que, despóticamente ejercido, no reconocía derechos ni garantías a las personas. El tiempo anterior a estos dos hechos puede resumirse en la conocida frase de Luis XIV, “L’État, c’est moi“, el Estado soy yo. O bien, el Estado es mío.

El tiempo posterior, y hasta la llegada de las distintas ideologías despóticas -comunismo, nazi-fascismo, populismo- fue pródigo en el reconocimiento de los derechos del hombre frente al poder del Estado. Estos derecho fueron reconocidos principalmente en constituciones escritas que funcionaron –y funcionan- como leyes supremas a las que deben ajustarse todas las decisiones de gobierno, las que se basaron en los principios de limitación de poder y balanzas y contrapesos concebido por Montesquieu, y en el reconocimiento del individuo como anterior y creador del Estado. Estos principios sobre los que se fundaron constituciones y estados son los enarbolados por el liberalismo.

Sin embargo, recién caído el régimen comunista totalitario comenzó a acuñarse -no por casualidad- un nuevo vocablo que, pecando de peyorativo, sugería que la acumulación de riquezas frente a un Estado débil era el objetivo del liberalismo. No es hasta una década después, en los primeros años de este siglo, en que comienza a manifestarse el real y verdadero objetivo de la creación del término “neoliberal”. Con él, los idearios del poder concentrado en una oligarquía o casta política intentan asimilar ese mote a los ideales de libertad que tanto trabajo y vidas demandó a personas cuyo objetivo era el reconocimiento de la dignidad del hombre, y no la acumulación de poder y/o capital. Todo lo contrario, el liberalismo propone un reparto del poder, no solo en su ejercicio, sino en el tiempo, y el reconocimiento de la existencia de una ley superior a cualquier ley, como único freno posible a la formación de un nuevo despotismo -acumulador de capital- y de allí a una nueva negación de la dignidad humana.

Es así como se demoniza lo “liberal” para, atacándolo, pretender ese grupúsculo obtener la suma del poder publico y gobernar despóticamente.

¿Quién en su sano juicio puede oponerse a los derechos que acuerda el capítulo primero de nuestra Constitución Nacional? ¿Y quién puede poner las manos en el fuego por otro como para otorgarle el poder sin límites, sin derecho a reclamar? ¿Y quién está dispuesto a que otro tenga poder sobre su vida, honor, bienes y libertad?

Entonces, ¿quién puede negar que es liberal?