De víctimas y victimarios

El linchamiento es el nuevo fenómeno que ha estallado en la Argentina. El diccionario de la Real Academia Española define el verbo linchar como la ejecución sin proceso o tumultuosamente de un sospechoso o un reo. Implica la ruptura del contrato social de Thomas Hobbes, a través del cual el hombre resignaba parte de su libertad en favor del Estado para salir de su primitivo estado de naturaleza y alcanzar la felicidad. En definitiva para que deje de ser el lobo del hombre que se termina por fagocitar a sí mismo. Sencillo y fácil de entender. Una discusión superada en todo el mundo civilizado desde hace décadas.

Los casos de linchamientos que sucedieron en los últimos días demuestran de la manera más brutal y explícita la ausencia del Estado, de ese tercero al cual se le cede parte de la libertad para convivir en base a las reglas establecidas por un contrato social. En definitiva, termina siendo un nueva gran contradicción de un gobierno que por años hizo gala de privilegiar un Estado presente pero que en los casos de inseguridad está irremediablemente ausente. El kirchnerismo tiene esa rara habilidad de convertir en un problema lo que ya se resolvió.

A los fines de evitar cualquier mala interpretación, es necesario aclarar que nadie puede estar a favor de matar a una persona a golpes aunque sea el autor del más aberrante de los crímenes. Porque justamente eso es lo que nos hace vivir bajo las reglas de un contrato social y nos convierte en una sociedad civilizada. No cabe duda que aquellos que toman la justicia por mano propia se convierten en victimarios y por ende en delincuentes peores que aquellos a los que ejecutan. Ahora bien, hechas las aclaraciones de rigor es importante entender el fenómeno.

El kirchnerismo a lo largo de una década ninguneó el reclamo de seguridad de una enorme mayoría de la sociedad como sucede con la inflación, al punto que ni siquiera se atreven a nombrar ninguna de las dos palabras. Desde hace mucho tiempo las encuestas una y otra vez arrojan como resultado que la falta de seguridad es el principal reclamo de la gente. No se trata de una sensación, ni tampoco de una conspiraciónón mediática que pretende esmerilar a un gobierno que se jacta de sus logros, muchos de los cuales terminan siendo incomprensibles, y que jamás admitió una autocrítica por temor a mostrarse débil. La gente siguió reclamando y la única respuesta del poder político fue alumbrar un proyecto de Código Penal que deja la amarga sensación de proteger más a los delincuentes que a la sociedad. Claramente fue la respuesta de un gobierno y de parte de la oposición que nunca ha demostrado un verdadero interés por el problema. Finalmente, la gente se cansó y el hombre empezó a degradarse en lobo de sí mismo, convirtiendo a las víctimas en victimarios.

“Esta es una nueva arista de la inseguridad que es la reacción de la gente”, explica el Fiscal de Cámara Ricardo Sáenz al analizar los linchamientos.

Las declaraciones del secretario de seguridad Sergio Berni son al menos curiosas, cuando dice que la gente reaccionó con cierto hartazgo. Parece ser más un analista político que uno de los necesarios protagonistas del problema y le arroja el problema a la justicia como si los jueces fueran los responsables exclusivos de la inseguridad. Berni no se acuerda de que los jueces sólo entran en el juego una vez consumado el delito. Desafortunadamente, el secretario sigue la misma lógica del gobierno. No puede ser menos, Cristina Fernández de Kirchner, en una de sus últimas cadenas nacionales, llamó a la paz utilizando una frase remanida: “La violencia engendra más violencia”, para luego hacer una triste comparación con la “Noche de los Cristales Rotos”. Es evidente que la Presidente no entiende que lo que está generando violencia es la omisión del Estado en darle soluciones a la sociedad y la carencia de una política integral en materia de seguridad. Está claro que el proyecto de reforma del Código Penal no es la respuesta ni tampoco la banalización del problema resumiéndolo a un frívolo debate sobre la mano dura. Sería bueno que Cristina Fernández explicara su mirada política de la cuestión y cuál es la solución que puede implementar, algo que también sería útil en el caso del secretario Berni. La sociedad no necesita más comentaristas de la realidad, está exigiendo soluciones urgentes y menos retórica.

El gobierno no entiende el problema de la inseguridad y siempre se guió por prejuicios que terminaron por agravar el problema. El principal error del kirchnerismo es equiparar la represión del delito a la salvaje represión de la dictadura divorciada del Estado de Derecho. La doctora Diana Cohen Agrest explica: “El Estado se quedó aferrado a un único tipo de violencia que es la violencia del Estado. Después de cuarenta años estamos condenando a los victimarios de la dictadura y liberando a los victimarios de hoy”, declaró en Contrapunto (Fm Identidad 92.1).

El gobierno decidió transitar el camino de un mal llamado garantismo cuyo principal exponente es el juez Eugenio Raúl Zaffaroni, que propone un cambio de paradigma en el cual el delincuente no es un victimario que con su conducta lesiona ese contrato social acuñado por Hobbes, sino una víctima de la sociedad que lo excluye. Es más, incluso hasta podría encontrarse un cierto grado de justificación en su accionar. La teoría del juez adolece de varias inconsistencias, pero la principal es que en su afán de garantizar y hasta justificar a un delincuente ignora a las víctimas.

El kirchnerismo siempre se ha caracterizado por reaccionar sólo cuando se encuentra ante situaciones extremas. En ese momento aflora el pragmatismo que todo peronista lleva en su ADN y arría sus banderas ideológicas que muta de acuerdo con la coyuntura política. Los cambios en la economía son el mejor ejemplo. Ahora llegó el momento de hacerse cargo de la seguridad porque los linchamientos demuestran que la situación es extrema.

Echale la culpa a Massa

“Lo que le pasó a Massa no es grave, es un hecho de inseguridad. Lo que es grave es cómo manipuló la información”, declaró Sergio Berni y acusó al intendente de Tigre de utilizar el robo a su domicilio con fines electorales. Además, responsabilizó a la Justicia por no haber difundido la denuncia.

El explicación de Berni es por lo menos extraña y al igual que Horacio Verbitsky, quien reveló el episodio, busca responsabilizar a Massa. A medida que pasan las horas la polémica crece. Todavía el gobierno no se ha animado a decirlo explícitamente, pero da a entender que el robo en la casa del intendente de Tigre fue armado por él mismo como una acción de campaña. En cambio, los medios que responden a la Casa Rosada han ido más allá y prácticamente acusan a Sergio Massa de ser el autor intelectual del robo a su casa y su posterior ocultamiento para revelarlo en la veda electoral y conseguir atención mediática cuando el resto de los candidatos estaría obligado a permanecer callado.

El argumento es por lo menos rebuscado, porque si se sigue el razonamiento Massa debió convencer al prefecto Alcides Díaz Gorgonio de montar un show mediático para sus propias cámaras de seguridad, a riesgo que el oficial de la Prefectura termine preso, como está en estos momentos. Sergio Berni, en el programa 6 7 8 dijo que Massa debió decir que Díaz Gorgonio era su empleado, lo acusó de querer vender cámaras de seguridad y aclaró que se trataba de un hecho de inseguridad más. En línea con el gobierno, el senador Aníbal Fernández aportó lo suyo revelando que en 2007 fue el propio Massa quien le pidió que el prefecto, hoy detenido, fuera designado para hacer adicionales en el barrio cerrado donde vive y que la mujer del oficial trabajaba como empleada doméstica en la casa del candidato. Sin embargo, el secretario de Seguridad de Tigre, Diego Santillán, dijo que María Martínez, no la mujer del prefecto, desde hace quince años trabaja en la casa de los Massa como empleada doméstica. “Andan carpeteando y poniendo datos de la inscripción de una persona que trabaja hace 15 años como doméstica en la casa de Sergio y la quieren mezclar con esta persona y no tienen nada que ver”, le retrucó Santillán a Fernández.

Es muy llamativo que al secretario Berni, en rigor de verdad el verdadero responsable del Ministerio de Seguridad, no le parezca grave el episodio y crea que sólo se trata de un hecho de inseguridad más. En primer término el detenido no se trata de un delincuente común. Es un oficial de la Prefectura Naval Argentina, que integraba un organismo de enlace con otras fuerzas; esta sola circunstancia hace que no sea un hecho de inseguridad más. Por las dudas si Berni no lo sabe, es importante recordar que la Prefectura depende del Ministerio de Seguridad, que casualmente es la cartera donde él es el segundo. Entonces, ya no sólo es grave que el único detenido se trate de un oficial de una fuerza de seguridad, lo más preocupante es que a Berni le parezca que la cuestión no sea grave cuando se supone que mínimamente el Estado debería al menos controlar el personal que debe cuidar a la población. La suegra de Sergio Massa, Marcela Durrieu, declaró en FM Identidad que Díaz Gorgonio era un oficial de inteligencia. Si este dato se confirma, sería otra cuestión complicada.

Es raro que a Berni no le llamara la atención que el oficial de Prefectura portara un arma con silenciador y mucho menos que entre las cosas que se llevó del domicilio se contaran tres CD y dos pendrives. Díaz Gorgonio también sustrajo $ 65.000 y U$S 1.200; además de lapiceras, relojes, gemelos, aros y hasta una imagen con la figura de la Virgen. Decididamente un botín magro. Ni siquiera una computadora o un plasma, ni un mero electrodoméstico, todos artículos que fácilmente podía cargar porque había ido con su auto. Nada de todo esto es importante para Sergio Berni.

La principal preocupación para el secretario de Seguridad parece ser que Sergio Massa no haya denunciado el robo en los medios. Probablemente, si lo hubiera hecho el propio Berni habría dicho que trataba de victimizarse en el final de la campaña. Claro que esto se trata de una conjetura. Sergio Massa explicó que no hizo público el hecho porque se lo había pedido el fiscal hasta que terminara la investigación, algo que no parece demasiado extraño especialmente si quien está detenido es un oficial de una fuerza de seguridad en el contexto de una campaña electoral. Por su parte Durrieu afirma que Massa se comunicó el mismo día con Berni para explicarle lo sucedido y que el secretario estuvo de acuerdo con el fiscal en mantener en reserva la difusión del episodio. El mismo Berni admitió que estaba en conocimiento de los hechos desde antes que Página 12 los revelara el domingo pasado. Si es cierto lo que cuenta la suegra de Massa, sería importante saber por qué Sergio Berni cambió de opinión. Algo que todavía es un misterio.

Suponiendo que Sergio Massa fuera el “autor intelectual” del robo, que para ello hubiera convencido a Díaz Gorgonio y que todo se tratara de una acción campaña; no se entiende por qué iba a montar la escena con dos semanas de antelación. Perfectamente podría armar el “show mediático” del que ahora hablan los voceros del oficialismo esta misma semana y tener toda la atención de los medios. No cierra.

Pero aún cuando hubiese sido así, Berni seguiría siendo el responsable político que un efectivo de una fuerza de seguridad se prestara a semejante montaje. Es probable que por lo menos la Prefectura necesite cambiar su responsable de recursos humanos.

Si Massa esperaba el momento justo para utilizar políticamente el robo de su casa, habrá que convenir que la jugada le salió muy mal porque hasta ahora parece que el oficialismo es el único beneficiario. No cabe ninguna duda que toda esta trama, que por el momento genera más dudas que certezas, le ha servido al kirchnerismo para disparar todo tipo de críticas sobre su principal adversario electoral en el distrito más importante del país e involucrarlo en una suerte de conspiración propia de Dan Brown, el autor del Código Da Vinci.

Es preocupante que para el principal responsable en materia de seguridad como es Sergio Berni, el robo a la casa de Sergio Massa no sea grave y sólo se trate de un hecho de inseguridad más. El primer problema es que todo hecho de inseguridad es grave aunque Berni no lo crea. El segundo es que el único detenido se trata de un efectivo de la Prefectura, que con total impunidad irrumpió en la casa de un candidato y disparó hacia una cámara de seguridad una pistola con silenciador. Pero nada de todo esto es grave. ¿No habrá llegado el momento de preguntarse qué sería un hecho de inseguridad grave?

Malena Massa se preguntó “quién puede ser el hijo de puta que puede creer que esto nos benefició”. Es muy probable que ella misma tenga la respuesta.