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Seis medidas necesarias para recuperar la competitividad internacional

El transcurso del presente año reafirma la tendencia de caída tanto de las exportaciones como de las importaciones de nuestro país, lo que refuerza el hecho de que las ventas externas de la Argentina cerrarán el 2015 cerca de 24 mil millones de dólares por debajo de lo que fueron en el 2011, en un nivel aproximado a los 60 mil millones de dólares.

Y esto es lamentablemente esperable, ya que las políticas públicas castigan a potenciales motores de la economía, tal como lo es el comercio exterior. Tanto el peso impositivo como las impredecibles regulaciones afectan negativamente la competitividad internacional de nuestro país. En un mundo crecientemente global e integrado, la falta de certidumbre institucional constituye un enorme obstáculo para la planificación de largo plazo de las empresas, el cumplimiento con sus clientes, y -en consecuencia- para la inversión productiva orientada al mundo.

Como hemos analizado en un estudio realizado en el marco de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre, diversos países de nuestra región -América Latina- han encontrado en el comercio exterior un importante motor para sus economías. En consecuencia, exportan por habitante sustancialmente más que la Argentina. Tal es el caso de Chile -que triplica las exportaciones per cápita de nuestro país (4358 dólares anuales contra 1671 dólares)-, de México (3160 dólares) y del vecino Uruguay (3077 dólares).

En los tiempos políticos que podrían anunciar el fin de una era (y el inicio de otra) para la economía de nuestro país, esta crisis puede surgir como una enorme oportunidad para dar un giro hacia la sensatez que nos encamine hacia políticas que no son discutidas por los países -tanto desarrollados como en desarrollo- que crecen. Resulta fundamental realizar reformas simples y claras basadas en seis principios para recuperar la competitividad perdida, la previsibilidad y el crecimiento orientado al mundo, a saber:

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La “saladización” de la economía argentina

Basta recorrer distintas zonas de la ciudad –como las cercanías a Plaza Once o la calle Avellaneda- o la provincia de Buenos Aires –como el mercado llamado “La Salada”- así como en diversas áreas del país, para observar la consolidación de la venta informal.

Esta “saladización” de la economía argentina es reflejada en distintos estudios. Entre ellos, el recientemente realizado por la Organización Internacional del Trabajo, basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, que muestran que la informalidad alcanza al 46,8% del total de los ocupados, llegando en el segmento de 15 a 24 años al 61,6%. El número que habitualmente se comunica es que uno de cada tres argentinos trabaja de manera informal, pero este dato excluye a los trabajadores independientes, con los cual esta cifra alcanza prácticamente a uno cada dos.

Los mismos datos del INDEC muestran una caída del empleo formal en los años recientes -que pasó del 35,5% en el 2012 al 33,6% en el 2014- proceso que confluye con una reducción en la cantidad de empleados informales –que cayeron de 3 millones en 2012 a 2,8 en 2014- y un incremento de la cantidad de cuentapropistas -que crecieron desde 2,4 millones de trabajadores en 2012 a 2,6 millones en 2014.

En un contexto en el que la presión tributaria continúa alcanzando niveles récord (según datos de la OCDE ya superaba el 37,3% en el 2012, siendo en 1990 16,1% y en el contexto de la crisis 20,1%) en la Argentina vivenciamos un extraño –o no tan extraño- fenómeno: ante la mayor presión tributaria una porción de la actividad económica no se paraliza, sino que se informaliza y presenciamos una “curva de Laffer de la informalidad”. Mientras que la curva de Laffer original muestra la mayor presión tributaria disminuye el nivel de recaudación como consecuencia de la caída del nivel de actividad (menos producción, menos ventas), en nuestro país observamos un efecto adicional. En el contexto de un bajo cumplimiento efectivo de la ley (enforcement), la mayor presión tributaria se traduce en mayor informalidad.

El fenómeno de la informalidad es una temática profundamente estudiada. Quien ha popularizado esta visión ha sido Hernando de Soto en su clásico libro “El otro sendero”. De Soto explicó cómo el alto costo de cumplir con las reglas de juego formales ponen a una porción importante de los ciudadanos ante el dilema de cumplir con las regulaciones o sobrevivir desarrollando negocios, aún en contextos institucionales endeble. En este contexto de la informalidad, algunos años atrás hemos analizado el caso del surgimiento de los clubes del trueque en la crisis 2001-2002 (“Clubes del trueque en Argentina”, G. Gasave, G. Lazzari y M. Simonetta), –generando monedas privadas, en muchos casos- ante la situación terminal de la economía argentina en el marco del libro editado por Álvaro Vargas Llosa “Lecciones de los pobres. De Perú a Nigeria, los emprendedores combaten la pobreza” (Independent Institute, 2008).

Los datos de la informalidad en la Argentina revelan las dificultades para competir que enfrentan quienes cumplen con la ley, las cuales contemplan no sólo los costos monetarios sino también los altos requerimientos burocráticos a cumplimentar. Por su parte, desde la política se deja hacer porque se asume que es “mejor informal que criminal”. En estas circunstancias, los costos de funcionamiento de un Estado cada vez más grande asfixian a una porción de la población que cumple las reglas del juego.