El uso electoralista de la inseguridad es un lugar común de la derecha en la Argentina. Su discurso magnifica los niveles de inseguridad, generando una industria del miedo que tiene fines electorales pero también privados. Nuestra crítica no conlleva la negación del problema. El gobierno nacional lo reconoce y se ha hecho cargo del asunto, como bien lo muestra el Plan Unidad Cordón Sur desplegado en las comunas del sur de la Ciudad de Buenos Aires, y las decenas de nuevos patrulleros que recorren la Ciudad. Lejos estamos aquí de afirmar que los hechos delictivos no existan y que el Estado no deba combatirlos, simplemente que, como en muchas cuestiones que los medios y la oposición levantan como bandera, hay una gran distancia entre el discurso y la realidad.

Dos informes de La Fábrica Porteña ayudan a comprender esta distancia entre el mito y la realidad. En uno de los informes, se muestran las diferencias entre los hechos reales, la construcción mediática y la victimización de las personas por la percepción de inseguridad.

Ese informe destaca por ejemplo que a pesar de que “Argentina tiene una de las tasas de homicidios más bajas de América y Buenos Aires fue elegida como la mejor ciudad de Latinoamérica para vivir pero aún así es el segundo país de la región con el mayor promedio en noticias de inseguridad, a la vez que más del 60% de los porteños siente que puede ser víctima de la delincuencia”.

En una de las tablas del informe, se observa la brecha entre la victimización de las personas al ser encuestadas sobre la inseguridad y la tasa de homicidios, indicador que da cuenta de la cantidad de delitos violentos. Allí, se observa claramente cómo Argentina es el tercer país con menor tasa de homicidios después de Chile y Perú, y sin embargo se ubica tercero en la victimización.

También en el informe se muestra cómo el diario Clarín se posiciona por encima de la media en Latinoamérica en la cantidad de informaciones sobre inseguridad, con un 10 % de noticias sobre el tema, muy por encima de su socio La Nación, maximizando y replicando de esta forma los hechos de inseguridad.

El segundo informe de La Fábrica Porteña es todavía más ilustrativo sobre cómo al PRO le importa (o no) la cuestión de la seguridad ciudadana. La Comisión de Seguridad de la Legislatura, presidida por el PRO que cuenta además con la vicepresidencia y cinco vocalías, tiene desde la creación de la Policía Metropolitana una especificidad funcional clara, que debería permitirles a los legisladores avanzar en diferentes proyectos en la materia.

Sin embargo, la producción legislativa de los miembros de la comisión, así como la designación de personal con conocimiento sobre la materia para asistirlos, fue prácticamente nula. El informe, que releva los proyectos sobre seguridad presentados por los legisladores sobre los proyectos totales que presentaron, muestra cómo el interés y el aporte temático sobre la cuestión para el bloque del PRO es mínimo, lo que deja la seguridad al libre albedrío del Ejecutivo y de los jefes de la Policía Metropolitana.

Más que discursos electoralistas, más que generar pánico en la sociedad, lo que debería hacer el Gobierno de la Ciudad es hacerse cargo. Menos show, y más trabajo, es lo que necesita Buenos Aires.

Como en tantas otras cosas, desde el comienzo de esta década de gobierno kirchnerista, la Argentina, junto con otros países de la región, van a contramano del mundo. Mientras en ciertos países desarrollados se imponían políticas de empleo que bajo el disfraz de la innovación llevaban a una flexibilización que sólo beneficiaba a las grandes corporaciones en detrimento de los trabajadores jóvenes, en Argentina, a lo largo de los últimos diez años, se incorporaron cientos de miles de jóvenes que antes se encontraban desocupados.

Existen algunos sectores políticos y mediáticos que quieren agitar el fantasma del desempleo para imponer intereses corporativos, algunas grandes empresas que quisieran poder tener mano de obra joven, barata, eficiente, pero sin derechos laborales ni estabilidad.

Contra esos fantasmas, los números reales: la ocupación juvenil creció 35 % en diez años. En 2003 la desocupación de los jóvenes superaba el 50 %. Una política activa como el Programa Más y Mejor Trabajo del Ministerio de Trabajo de la Nación permitió que más de seiscientos mil jóvenes entre 18 y 24 años en casi trescientos municipios se capacitaran, adquirieran experiencia en un entorno laboral que los calificaba laboralmente y pudieron concluir sus estudios. Esta política ofrece orientación e intermediación laboral, ayuda económica, asistencia técnica y aportes económicos de hasta $15.000 para que puedan comenzar su propio emprendimiento si luego del proceso de capacitación desean dar los primeros pasos como emprendedores. Desde que comenzó el programa, 374.838 jóvenes participaron de los talleres de orientación en el mundo del trabajo y 337.443 están en vías de finalizar sus estudios. Esta política ofrece una experiencia formativa real y una incorporación al mercado laboral con plenos derechos laborales, con calificación previa.

Como alternativa a esto, el proyecto neoliberal representado por algunos diputados nacionales (véase la nota publicada en este mismo portal por el diputado PRO Julián Obligio) pretende volver a las recetas fallidas que ya llevaron a que en 2003 los jóvenes fueran los más castigados por el desempleo, con la mitad de ellos desocupados, en un país donde el desempleo de toda la PEA llegaba al 24,3 %. Un proyecto presentado por estos días quiere convertir al sistema de pasantías en una forma más de flexibilización que premia a los empresarios y castiga a los jóvenes trabajadores con incertidumbre laboral y desconocimiento de sus derechos.

Hay dos formas de pensar la formación y la inserción de los jóvenes en las empresas. Una, representada por este tipo de proyectos, es a través de pasantías flexibilizadoras de las relaciones laborales; la otra, a través de la figura del aprendiz, del joven como futuro trabajador en formación que adquiere una experiencia específica. Hablar de aprendices supone hablar de relaciones laborales con mayor protección y en nuestro país esa figura surgió con el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, en los años 40, y con el acceso de cientos de miles de trabajadores a un esquema vinculado a la seguridad social y el derecho del trabajo.

La actual Ley de Pasantías, con autoría de los diputados Recalde y Osuna, sancionada en 2008, se alimenta de esta segunda idea, que toma conceptos del modelo dual alemán, que establece que se aprende en la escuela y la universidad, pero también en la empresa, por lo que lo que hay que pedirle a esta instancia de práctica es lo que realmente puede aportar: el aprendizaje.

El proyecto presentado por el PRO pretende duplicar el tiempo de la pasantía, desdibujando su propósito, convirtiéndola en una herramienta al servicio del empresario y no en una forma de aprendizaje del futuro trabajador. Con este proyecto, el empleador consigue mano de obra flexible durante dos años, mientras que con la ley actual, con los 12 meses de tope, se tiene un tiempo suficiente para el propósito formativo. En 24 meses la práctica deja de ser tal y se transforma en trabajo precario.

Además, ese proyecto, en un claro retroceso, pretende prescindir de una institución fundamental del mundo del trabajo, pidiendo explícitamente dejar de lado los convenios colectivos en materia de fijación del estipendio que cobran los pasantes, impidiendo así al Ministerio de Trabajo asegurar el cumplimiento del verdadero objetivo del sistema de pasantías.

Por lo tanto, detrás de una situación que está siendo resuelta exitosamente gracias a políticas de incorporación de los jóvenes al mercado laboral, a la recuperación de sus derechos laborales y a su formación educativa y calificación laboral, se quieren alinear intereses empresarios que bajo la excusa de estar ampliando oportunidades formativas sólo quieren quitar derechos y flexibilizar las relaciones laborales.

El modelo de desarrollo con inclusión social instaurado por Néstor Kirchner y profundizado por Cristina Fernández de Kirchner permitió que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cargo de Carlos Tomada, desarrollara una batería de acciones que han generado importantes resultados, acciones que impactaron positivamente en la inmensa mayoría de las familias argentinas. Ante la andanada de desinformación e injurias que propagan políticos y medios opositores es necesario responder con la realidad incontrastable de los hechos.

En primer lugar, debemos mencionar que en esta década se crearon cinco millones de nuevos puestos de trabajo. Pero no cualquier trabajo. La tasa de empleo no registrado que en 2003 era casi del 50%; diez años después se redujo a un 34.6%, permitiendo que la cantidad de trabajadores registrados que hoy tienen un trabajo legal y con protección social sea la más alta de los últimos treinta y ocho años. Para lograr esto se fiscalizaron novecientas mil empresas y más de tres millones de trabajadores.

Además, en diez años se disminuyó un 26% el índice de accidentes de trabajo y un 27% el de muertes por accidentes laborales.

Se consolidó la negociación colectiva y se afianzó el  Consejo de Salario Mínimo, el cual ha fijado el salario mínimo más alto de América Latina.

Se ha tenido una política activa en lo que respecta al empleo y la formación. Se creó un eficaz servicio público y gratuito de empleo que cuenta con una red de cuatrocientos cincuenta oficinas en todo el país. Se implementó el programa “Jóvenes con más y mejor trabajo” a través del cual cientos de miles de jóvenes de 18 a 24 años han conseguido trabajo, han terminado sus estudios obligatorios o se han formado en oficios.

Para fortalecer la competitividad internacional y la sustitución de importaciones se puso en marcha el Plan 2020 de Formación Continua junto a empresarios y sindicatos que ha permitido capacitar a más de un millón y medio de trabajadores en sintonía con el Plan Industrial 2020. Se han fortalecido más de trescientas instituciones de formación profesional con asistencia técnica y equipamiento.

Asimismo, se ha avanzado al restituir derechos perdidos y al eliminar desigualdades. Se creó el Renatea (Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios) y se sancionó una nueva ley del peón rural que igualó con los demás trabajadores los derechos de estos trabajadores. Se propició a su vez una nueva ley de trabajadoras en casas particulares equiparando los derechos de casi un millón de trabajadoras.

En lo que respecta a los mayores, la moratoria jubilatoria le dio la oportunidad a casi tres millones de personas mayores de sesenta años a acceder a la jubilación. Diez años atrás se encontraban fuera del sistema de seguridad social. Luego se implementó la ley 26.417 de movilidad de los haberes jubilatorios que les garantiza dos ajustes anuales. Hoy el 95% de las personas mayores recibe una transferencia por parte del Sistema de Protección Social.

En lo que respecta a los niños, se puso en marcha la Asignación Universal por Hijo que se acaba de actualizar en un 35% y al día de hoy cubre a casi tres millones y medio de niños. Además, se redujo en un 66% el trabajo infantil, pasando del 6,4% al 2,2% y se sancionó la ley 26.390 en la que se estipula que los niños tienen el derecho fundamental a no trabajar hasta los dieciséis años.

Podría continuar con esta enumeración de acciones vinculadas al mundo del trabajo y la seguridad social, así como también podría hacerlo con las decisiones transformadoras tomadas por Néstor y Cristina que permitieron el desarrollo de estas políticas (la quita de la deuda, la centralidad del Estado en la economía, el fin de las AFJP, la recuperación de YPF, el cambio de rol del Banco Central, entre otras). Frente a esta abrumadora realidad son escasas las propuestas superadoras que escuchamos. Sería bueno que la oposición dejara las operaciones de prensa y pasara a colaborar en la difícil tarea que nos espera a todos, la de profundizar lo realizado, la de hacer un país cada vez más justo e igualitario. Sería muy bueno que dejaran de querer tapar el sol con la mano.

Según un informe realizado por La Fábrica Porteña, portal de los equipos técnicos del espacio que conduce Carlos Tomada, durante el 2012 el GCBA ejecutó en obras sólo $ 4.587 millones de los $ 6.138 millones presupuestados, alcanzando un 74,5% de ejecución, muy por debajo de lo esperado y dejando $ 1.500 millones sin utilizar. Entre las obras comprometidas y no realizadas en su totalidad, se destacan los bajos niveles de ejecución en el programa de expansión y ampliación de la red de subterráneos, en las obras para el desarrollo de la infraestructura de la red pluvial, en el Programa de Gestión de Riesgo Hídrico, la Unidad de Proyecto Especial del Arroyo Maldonado, en infraestructura urbana y escolar, y en mantenimiento y equipamiento de hospitales. Los datos presentados en el informe mencionado se encuentran publicados en la página web del GCBA y corresponden al presupuesto vigente al 31 de diciembre de 2012, al gasto devengado a esa fecha y al porcentaje que ese gasto representa en relación al crédito vigente.

En primer lugar debemos destacar que del dinero destinado a la expansión y ampliación de la red de subterráneos sólo se ejecutó el 59%, dejando sin uso unos $ 354 millones. Esto sucede en un año donde el GCBA incrementó la tarifa del subte de $1.10 a$ 2,50 pesos. Cabe agregar que a pesar de lo expuesto, el GCBA decidió aumentar la tarifa nuevamente a $ 3,50 en marzo de 2013. Todo esto sin inaugurar ni una nueva estación.

También en lo que respecta a la movilidad de los ciudadanos porteños, se debe mencionar que se ejecutó apenas el 3,2% del dinero destinado al programa de Obras de Infraestructura Urbana, programa orientado al mejoramiento de las vías de tránsito en proyectos vinculados al desarrollo de cruces ferroviarios y pasos bajo nivel en distintos puntos de la ciudad.

En segundo lugar, otro punto a resaltar es lo ocurrido en uno de los programas más publicitados por el GCBA, el referido al Programa de Gestión de Riesgo Hídrico, que engloba obras contra las inundaciones tales como la readecuación del sistema de desagües pluviales del Arroyo Maldonado, obras en el sistema de drenaje pluvial  y otros proyectos en restantes cuencas de la ciudad. Allí las obras alcanzaron un nivel de ejecución del 78%, pero si tomamos en cuenta el crédito original, el crédito aprobado por la Legislatura, que fue de $ 242 millones, la ejecución alcanza sólo el 65%, quedando cerca de 85 millones sin ser usados.

En relación a las obras proyectadas para infraestructura de la red pluvial contra las inundaciones, la Dirección General de Obras de Ingeniería ejecutó apenas el 11,8 % de los montos asignados. Las obras subejecutadas de mayor envergadura son las destinadas a la readecuación integral de la cuenca Vega-Medrano, la construcción de sumideros, el desarrollo de tareas en la cuenca Arroyo Vega, bordes costeros de la Isla Demarchi, aliviador Arroyo Cuenca Erezcano y Aliviador Arroyo Ochoa-Elía.

En tercer lugar, pero no menos importante, la ejecución de obras en escuelas alcanzó el 70% en el año 2012. Los cálculos, realizados en base a los informes trimestrales del Ministerio de Hacienda de la Ciudad, confirman además que en 2011 también se subejecutaron los recursos correspondientes al programa de infraestructura escolar. En ese año, de los 728 millones del presupuesto vigente (reajustado por Hacienda a partir de lo aprobado por la Legislatura), el Ministerio de Educación utilizó nada más que $ 487 millones, tan solo el 67 % por ciento de los recursos disponibles. En el 2012 nos encontramos con una situación peor, ya que a pesar de haber alcanzado el 70 % de ejecución, esto significó solo $ 177 millones.

Por último, la ejecución de obras en los hospitales de la ciudad llegó al 71%, en 2012, alcanzando apenas los $ 55,4 millones. Teniendo en cuenta las necesidades de mantenimiento y equipamiento de los hospitales, esa cifra da muestra del poco interés del GCBA por la Salud Pública. Como contraejemplo, y a modo de entender las prioridades de Macri a nivel de obra pública, podemos mencionar que en espacios verdes se gastaron más de $ 372 millones, y  que para la puesta en marcha del Metrobus en la Avenida 9 de Julio, se presupuestaron para el 2013 y 2014 unos $ 166 millones.

Para concluir, corresponde señalar que la baja ejecución de obras es una situación que acompaña a la gestión actual del Gobierno, no en un área puntual, sino en la totalidad de las unidades ejecutoras, afectando los objetivos trazados en los planes de acción presentados y ocasionando atrasos en la solución de problemas que merecen prontas soluciones a fin de garantizar una mejor calidad de vida al ciudadano que habita o transita en la Ciudad. Obras tales como las de mantenimiento e infraestructura contra las inundaciones, las obras nuevas y de refacción de escuelas, y todo lo referente a la expansión y ampliación de la red de subterráneos, entre otras, deben ser prioridad y no existen excusas para su incumplimiento.

¿Qué podemos esperar del discurso? Según un informe elaborado por La Fábrica Porteña, una de las constantes del Jefe de Gobierno en cada uno de sus discursos de apertura anteriores fue la de culpar a otros sobre las problemas de la Ciudad. Lo que fue cambiando año a año, fueron el foco y el actor sobre el que caen esas culpas. A veces las culpas eran de las gestiones anteriores, otras veces del gobierno nacional, de la crisis internacional, de los gremios, e incluso del clima. Por supuesto, lo que nunca hubo fueron respuestas desde la gestión para resolver los problemas.

El mismo informe advierte una curiosidad, pero que en rigor revela una marca de identidad del Jefe de Gobierno. Entre los cinco discursos estudiados en el informe, se registran cada vez más vaguedades: los discursos tienden a ser progresivamente mucho más abstractos, presentan una descripción superficial y sesgada de la realidad y destacan una supuesta vocación por el diálogo y el consenso, pero con muy poco desarrollo de las políticas públicas concretas, indicadores y metas mesurables.

Desde La Fábrica Porteña marcan una excepción. En la apertura del año legislativo de 2008, Macri se animó a las grandes promesas. En el discurso de ese año se pueden contabilizar 44 promesas de acciones concretas, en 2009 son sólo 32, en 2010 son 24, en 2011 son 16, y en 2012 sólo 9.

Aquel 2008, entonces, se anunciaron objetivos en salud, educación, obra pública, políticas de vivienda, transporte, política social, políticas de discapacidad, modernización administrativa, cultura y preservación del patrimonio cultural, tránsito y transporte público, espacio público e higiene urbana.

Tomando como base las promesas del discurso de 2008, el más cargado de promesas, La Fábrica Porteña señala las contradicciones entre los anuncios y los datos concretos de los últimos cinco años, para demostrar que Macri no cumplió ninguno de los grandes objetivos de política pública que decía plantearse.

En ese primer discurso, La Fábrica Porteña encontró a un jefe de Gobierno preocupado por la infraestructura escolar, para la cual en 2013 presupuesta un 52 % menos que el año anterior, aun en medio de un grave conflicto con docentes, padres y alumnos. También lo angustiaba la situación de la infraestructura hospitalaria; sin embargo, esa partida presupuestaria disminuye constantemente año a año. Idéntica situación con la inversión en la red pluvial, cuyo presupuesto se redujo en un 90% para el año 2013.

Los ejemplos son numerosos y el informe avanza en cada área de política, mostrando a un jefe de Gobierno muy pendiente de la vivienda social, para la cual redujo a la mitad su presupuesto, de la higiene urbana, donde se registra un aumento del 28% de los residuos depositados en el Ceamse, y de la extensión de la red de subtes, cuya única novedad no fueron los nuevos kilómetros sino el salvaje aumento del boleto.

De esta forma, se puede entender por qué el jefe de Gobierno nos presenta cada año discursos cada vez más lavados. Ha decidido no exponerse al rigor de la realidad. Ya no puede prometer hechos de gestión, porque ha caído en la certeza de que gestionar lo excede. Lo que queda por averiguar es a quién le echara la culpa esta vez.

Escrito en colaboración con Manuel Socías.

La intención es que este ejercicio nos sirva para evaluar mejor su gestión, pero también para contraponer al modelo de desarrollo con inclusión social que Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández Kirchner han consolidado a nivel nacional.

Sin lugar a dudas, la principal característica de esta gestión ha sido la improvisación, acompañada por la ausencia de sus supuestos equipos, el capricho permanente y la victimización a niveles desesperantes. Todo oculto, como es evidente, por una inédita cobertura mediática capaz de cualquier cosa con tal de consolidar sus múltiples negocios conjuntos y asegurarse en una hipotética futura gestión nacional el retorno de viejos negocios como el fútbol y la marcha atrás de la ley de medios audiovisuales de la democracia.

Por otra parte, y entrando en cuestiones más profundas, debemos señalar la preocupante baja calidad democrática del gobierno local. En una actitud sin antecedentes, el jefe de gobierno vetó cientos de leyes, en general de carácter social, muchas de ellas votadas por unanimidad, es decir hasta por sus propios legisladores. A esto se suma la falta de reglamentación de leyes impidiendo su efectiva implementación y el desprecio por la participación de la ciudadanía, expresada por la falta de una descentralización efectiva y el ninguneo a las comunas, como por la falta de dialogo con cualquier instancia de representación intermedia ajena al poder (estudiantil, sindical, juntas electas de autoridades villeras, barriales, etc).

En cuanto al modelo de Estado que se propone, es claramente represivo y antipopular. Basta recordar al “Fino” Palacios y el modelo elegido para la creación de la Policía Metropolitana (desaprovechando la oportunidad de crear una verdadera fuerza de seguridad de la democracia), la UCEP, el 0800 para denunciar la participación política de los estudiantes, las listas negras, los violentos desalojos y la reciente represión en Parque Centenario. A su vez, muestra un claro abandono de sus funciones básicas como la salud pública y consolida día a día una visión privatista en educación. Por si esto fuera poco, no se ha desarrollado ninguna obra importante de infraestructura, salvo la continuidad de las obras del arroyo Maldonado y se ha llevado a cero la construcción de viviendas abandonando a las miles de personas que viven en villas y barrios vulnerados de la ciudad.

El modelo económico que desarrollan no es una novedad: es el que estuvo vigente entre 1976 y 2001 a nivel nacional: endeudamiento irresponsable con plazos posteriores a la finalización de su gestión, aumentos siderales de impuestos, tasas, peajes, sellos, etc.; una banca pública que concentra su cartera en grandes empresas y distrititos “productivos” que, lejos de atraer nuevas inversiones, son simples rebajas impositivas que huelen a intercambio de favores.

Todos estos aspectos nos muestran una fuerza de derecha, que propone un modelo autoritario y depredador de lo público al servicio de los intereses más concentrados.

La derecha, se sabe, es una alternativa presente en las principales democracias del mundo. Suele canalizar una serie de demandas que también existen en la población: orden y reducción de los espacios de la política en nombre de la eficacia y la eficiencia, para mencionar algunos. El macrismo, sin embargo, no logra ni siquiera satisfacer esa agenda: la ciudad nunca estuvo más sucia, desordenada y canibalizada por internas feroces entre grupos de interés. Eso sí, las disputas no son ideológicas, son de cartel o de presupuesto.

En síntesis, por un lado tenemos un modelo nacional que amplía la democracia para sostener el accionar de un Estado que interviene y planifica una economía más competitiva, protegiendo el ingreso y el consumo de la población. Por otro, vemos una alternativa en la Ciudad que reduce la política a los momentos previos a la república y al desarrollo del Estado de bienestar. De aplicarse un modelo de este tipo a nivel nacional es claro lo que nos espera: pérdida de soberanía por vuelta del endeudamiento, una democracia restringida y un nuevo retroceso en el conjunto de derechos reconocidos.

Nuestra democracia necesita de fuerzas políticas que ayuden a consolidar un sistema político donde convivan diversas expresiones, pero que no hipotequen el proyecto de país que logramos construir en estos años. Claramente no es el caso del macrismo.