París es una ciudad donde sucede de todo. Luego de sufrir los ataques terroristas del 13 de noviembre, se empezó a preparar para ser la sede de la XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático y ante esto algunos ambientalistas comenzaron a hacerse la siguiente pregunta: “¿Cuán verde es París?”. Recientemente, el diario británico The Telegraph ha criticado a esta ciudad por su baja cantidad de espacios verdes. París posee 14,5 m² de espacios verdes por habitante. Si se la compara con Londres, con sus 45 y Roma, con sus 321 m² por habitante, claramente está en desventaja. Sin embargo, París supera los mínimos saludables de entre nueve y once m² por habitante que ONU-Hábitat recomienda.

Frente a este debate que se da entre ciudades europeas en torno a aumentar aún más sus espacios verdes, es válido cuestionarnos qué nos queda a los porteños, con la escasez que nos caracteriza en esa materia. Los números de la Dirección General de Estadística y Censos del Ministerio de Hacienda porteño publicados recientemente muestran que hubo dos momentos de gran crecimiento en la cantidad de hectáreas de verde en la ciudad: entre 1995-1996 y entre 2001-2005. Los datos oficiales evidencian también que la proporción de espacios verdes bajó de 6 a 5,9 m² por habitante entre 2006 y 2014.

Se ha escrito mucho acerca de la importancia de los espacios verdes para la ecología urbana y la salud humana, pero es poco lo que se sabe acerca del efecto que estos poseen sobre nuestro cerebro y, por ende, sobre nuestra conducta. El mundo que nos rodea ha cambiado de forma vertiginosa en los últimos miles de años, pero nuestro cerebro sigue siendo exactamente el mismo. Es cierto que ya no vivimos en cuevas y que ya no somos cazadores-recolectores, que aquellos que vivimos en las ciudades estamos a salvo de ser atacados por otros animales. Los seres humanos fuimos construyendo estas ciudades que nos permitieron organizarnos y estar a salvo de los predadores, pero estas se han vuelto también peligrosas para nosotros mismos de la mano de la inseguridad.

Algunos trabajos científicos interdisciplinarios recientes muestran que cuanto menos espacios verdes públicos tienen las ciudades peor es la salud de sus habitantes y mayores son sus niveles de delincuencia, crimen y violencia doméstica. Los humanos se estresan mucho ante la pérdida de contacto con la naturaleza. La percepción a través de nuestros sentidos de la mala calidad del aire, del aumento de la temperatura en las ciudades y del incremento de nuestros niveles de ansiedad por no poder acceder a espacios verdes desencadenan en nuestro organismo lo que se conoce como respuesta al estrés. Muchos compuestos denominados neurotransmisores comienzan a circular por nuestro cerebro y activan también la secreción de sustancias que viajan por la sangre, que se conocen como las hormonas del estrés: adrenalina y cortisol. Esas hormonas y los neurotransmisores nos preparan para la lucha o para la huida recordando las respuestas de nuestros primeros tiempos como seres humanos, lejos de las ciudades y a merced de predadores.

Estos procesos llevan a un aumento de la glucosa en sangre, de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, que se hacen más notorios cuanto más intensa es la señal de estrés que recibimos. Esta respuesta al estrés está controlada por la parte más ancestral de nuestro cerebro, que se conoce como cerebro reptiliano y que actúa independientemente de las reflexiones y de las habilidades cognitivas que nos permite la parte más moderna de nuestro cerebro, esa que nos hace tan humanos. ¿Pero por qué no siempre tenemos tan acentuada esa respuesta de lucha y huida que impulsa nuestro cerebro reptiliano? La respuesta está en una molécula denominada serotonina.

En una excelente columna publicada recientemente en Los Angeles Times, el destacado neurocientífico Billie Gordon de la Universidad de California escribió acerca de la serotonina y el contacto con la naturaleza, notablemente preocupado por la falta de espacios verdes y el aumento de la violencia en Los Ángeles. El Dr. Gordon compara a la serotonina con la batería de un celular a la que el estrés cotidiano impuesto por la baja calidad y cantidad de parques y árboles le reduce mucho su energía. A medida que se pierde esa energía, el cerebro reptiliano comienza a tomar el control de nuestras acciones y, cuando esa batería se acaba del todo, los seres humanos podemos quedar en estado de alerta demasiado tiempo. Eso puede generar tendencias agresivas, pérdida del control de los impulsos y una percepción distorsionada del peligro.

Las grandes ciudades siguen creciendo a merced de la construcción indiscriminada, con la consecuente reducción de los espacios verdes públicos. Esto está generando centros urbanos superpoblados y cada vez más alejados de la naturaleza que terminan siendo sumamente complejos para el cerebro humano. Sería muy reduccionista creer que sólo la preservación o la construcción de nuevos espacios verdes solucionarían del todo los temas de violencia urbana. Pero también sería muy necio negar los elementos psicológicos y fisiológicos relacionados con las conductas agresivas y violentas y su forma de mitigarlos.

Pero, hasta la fecha, no había ningún estudio que analizara cómo impacta en una sociedad su grado de contacto con la naturaleza. El trabajo utiliza datos nacionales del Reino Unido y un riguroso modelo de pruebas para correlacionar datos objetivos, como el porcentaje de espacios verdes, con datos más subjetivos, como el contacto con la naturaleza, la cohesión de la comunidad, y los crímenes y la delincuencia en la zona de estudio.

Los resultados son bastante contundentes. La calidad de los espacios verdes y la cantidad de tiempo que se pasa en ellos están correlacionadas positivamente con una mayor cohesión en la comunidad y, según interpretan los autores, esa cohesión aumenta el bienestar individual y la responsabilidad social en el cuidado ambiental y de la propia comunidad. Por otra parte, cuanto mayor es la cohesión social generada por la presencia de espacios verdes numerosos y de buena calidad en los que la comunidad interactúa, menor es la criminalidad y la delincuencia en el área de estudio.

Las conclusiones sustentan lo que se conoce como la hipótesis de la biofilia, que sugiere que el cerebro de las personas está estructurado para prestar una atención selectiva a otros tipos de vida y que, como resultado del contacto con otras especies, animales o vegetales, pueden producirse importantes influencias en el conocimiento, la salud y el bienestar.

El análisis de los datos permite concluir que la cohesión social generada por los espacios verdes públicos mejora la cotidianidad de los individuos, ya que su cantidad y su calidad están asociadas con mayores niveles de felicidad, mayor productividad y menor tiempo de exposición a la televisión. Y en cuanto a la relación espacios verdes-criminalidad, se vio que cuanto mayor era el porcentaje de espacios verdes en un área determinada, menor era la tasa de criminalidad. Aquellas sociedades más cohesionadas se protegen mutuamente y tienen mayor capacidad para organizarse, comunicarse y tomar medidas preventivas.

Uno de los aciertos del trabajo es que, si bien es sumamente original en su abordaje, en sus conclusiones marca fuertemente las posibles limitaciones del análisis realizado. Los autores proponen profundizar muchos de los temas en abordajes diferentes y multidisciplinarios. Se tuvieron en cuenta muchos posibles factores de interferencia en el estudio, tales como la depresión socioeconómica, la densidad de la población, las tasas de desempleo, el estatus socioeconómico o los salarios semanales. Algunos interrogantes que aún quedan: ¿Los distintos tipos de ambientes (jardines, praderas, bosques o lagos) tendrán el mismo efecto? ¿Generará la misma cohesión social un ambiente natural cuanto menos intervenido por el hombre esté?

Los científicos deben seguir profundizando estas investigaciones, pero la clase política y el resto de la sociedad deben tomar nota de este tipo de estudios y estimular el cuidado y la creación de espacios verdes públicos. La tendencia hacia la urbanización y la construcción indiscriminada —cada vez más exacerbadas— impacta negativamente en lo ambiental, en la salud y en la cohesión social. La inseguridad se aborda desde muchas aristas, no debemos dejar de lado lo que la investigación científica puede aportar, sobre todo para pensar políticas a mediano y largo plazo.

El mayor problema aquí es que las críticas del ambientalismo son siempre desoídas por considerarlas opositoras a cualquier oficialismo. Luego la clase política queda pasmada ante aludes, inundaciones, plagas e incendios forestales y encuentran en el cambio climático la explicación simplista. Hace más de 30 años que los científicos advierten que el futuro ya llegó y que no hay soluciones mágicas para el cambio climático pero si posibilidad de mitigar sus efectos. Estos cuatro puntos se enmarcan dentro de un modelo que hoy está literalmente bajo el agua: el modelo extractivista. El extractivismo es una forma de organizar la economía, basado en una alta dependencia de la extracción en grandes volúmenes de recursos naturales con muy bajo valor agregado y destinado mayormente para la exportación. El extractivismo consolida modelos monoproductores, destruye la biodiversidad, provoca el acaparamiento de tierras y la reconfiguración negativa de vastos territorios. Con excepción de los partidos de izquierda, ningún otro partido político se aparta de este modelo ni en su gestión ni en sus plataformas electorales.

Se ha hablado hasta el cansancio de falta de obras pero hay también un exceso de obras que son responsables de estas inundaciones: una sucesión de mega-emprendimientos inmobiliarios emplazados sobre humedales con una incidencia clara en los cambios de los patrones de escurrimiento del Río Luján. Los humedales son sistemas intermedios entre ambientes permanentemente inundados y ambientes normalmente secos. Son sistemas ecológicos complejos, que actúan como reguladores del ciclo del agua y los nutrientes, en el control de inundaciones y sequías, en la provisión de agua, como refugio de la vida silvestre y en la regulación del clima.

Los humedales bonaerenses son fundamentales para contener las aguas cuando hay inundaciones evitando que se propaguen a la región de La Plata, del Conurbano Bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires. Funcionan como esponjas que contienen el agua excedente. Si se los reemplaza por una construcción de cemento el agua rebalsa y sobrevienen peligrosas inundaciones en las zonas aledañas y también más allá. Las grandes inundaciones de estos últimos años en la provincia de Buenos Aires no se pueden explicar livianamente aludiendo al cambio climático como si fuese una entelequia y como si no hubiera además responsabilidades políticas y empresariales. La construcción sobre humedales es una de ellas.

El Senado, por unanimidad, ha dado media sanción la Ley de Humedales en noviembre de 2013. El proyecto procura articular el uso racional de los humedales en correspondencia con las necesidades de desarrollo económico y social inclusivos y crea el Inventario Nacional de Humedales, donde se individualizarán todos los humedales de origen natural existentes y la información necesaria para su adecuada conservación, control y monitoreo. Sin embargo, las organizaciones ambientales temen que el proyecto de ley pierda estado parlamentario debido a que aún duerme en la Cámara de Diputados. Tampoco ha sido de ayuda que el nuevo Código Civil en vez de disuadir las construcciones cerca de los cuerpos de agua permite ahora la construcción a 15 metros de las riberas cuando el anterior Código planteaba que se hiciera por lo menos a 35 metros.

Algunos funcionarios en estos días han manifestado que la siembra directa de soja es otra responsable de las inundaciones. El monocultivo de soja en la Argentina se ha instalado con más fuerza que nunca y es apoyado -con tires y aflojes en cuanto a las retenciones a la exportación- por la mayoría de los partidos políticos. Sólo se plantean resistencias al mismo desde organizaciones campesinas e indígenas, junto con unos pocos intelectuales y activistas.

El efecto de la siembra directa sobre la impermeabilización de los suelos es un tema muy discutido por los expertos. La Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), explica que este método ayuda a evitar escurrimientos de agua e inundaciones. Plantean que este sistema de cobertura mantiene las condiciones de la tierra y hace que el suelo se convierta en una esponja que absorbe y guarda el agua de lluvia. Un estudio reciente de la Facultad de Agronomía de la UBA -en 45 sitios de la Pampa Ondulada- advierte sobre los problemas de compactación que presentan muchos suelos agrícolas manejados con siembra directa en la región pampeana. Los resultados muestran que, si bien podrían esperarse mejoras en la tasa de infiltración en los suelos francos bajo siembra directa, no ocurre lo mismo en los suelos franco-limosos y franco-arcillo-limosos. En las conclusiones del estudio se propone revertir los efectos adversos de la siembra directa con prácticas de manejo que incluyen cultivos de cobertura, uso de descompactadores y control del tránsito de maquinaria.

De todos modos no se puede dejar de considerar que la tala de 4 millones de hectáreas de bosques nativos en los últimos años (un árbol de porte medio consume entre 200 y 300 litro de agua por día), el monocultivo y la falta de rotación han influenciado los regímenes pluviales de regiones altamente urbanizadas que no dejan de ser parte del ecosistema por más cemento que tengan. No hace falta ser un científico avezado para desconfiar de que sólo el azar explique que las grandes inundaciones de los últimos años -como las de Tartagal, Santa Fé o Buenos Aires- se hayan dado justamente en los territorios sojeros. Y también es claro que la siembra directa, por sus características permite ampliar la frontera agropecuaria sobre humedales y zonas no tradicionales para la agricultura. Falta mucha investigación y consenso para poder sacar conclusiones precisas.

El tiempo apremia y la combinación entre el cambio climático y el modelo extractivista es explosiva. Ya no se trata sólo de pérdidas materiales, se  va la vida de muchas personas en esto. Ojalá que el paisaje catastrófico resultante del modelo extractivista, nos impulse a reflexionar y cambiar y que no sea apenas una triste escenografía para los spots de las campañas políticas.

El león macho es el encargado de mantener el territorio, campear y marcarlo para que no entren otras familias de leones a robarles las presas. En época de celo es también el responsable de pelear con otros machos para mantener sus derechos sobre la manada de hembras. Cuando un animal social muere, la noticia no solo es triste en sí misma, por la pérdida individual, sino que provoca también una conmoción en la estructura social en la que el individuo estaba inmerso. Es muy frecuente -en algunos felinos y primates- que al quedar vacante el lugar del macho alfa otros machos periféricos intenten ocupar ese lugar y que, una vez que lo han obtenido, cometan infanticidios con las crías preexistentes para borrar todo rastro genético de machos anteriores. En este caso, Cecil dejó 24 cachorros de su linaje que probablemente hayan corrido o corran esa suerte durante la lucha por el control del harén de hembras. Como podemos ver, el problema va mucho más allá de la muerte de Cecil.

Además de la intensa sensación de bronca e injusticia que muchísimas personas manifestaron, el hecho puso en evidencia algunos debates interesantes. Por un lado, se hizo conocido para muchos que la caza de grandes felinos todavía es legal en varios lugares de África. Se hizo público también que esa caza legal deja a los Estados africanos cuantiosas sumas de dinero que, en teoría, forman parte de los aportes para proyectos de conservación que permitirían proteger a estas especies en sus ambientes naturales. Se estima que esa actividad genera unos 130 millones de dólares al año en toda África para programas de conservación. Muchos ambientalistas proponen razonablemente que con los miles de millones que generan los recorridos de observación de la naturaleza y los safaris fotográficos sería suficiente y habría que suprimir la caza legal definitivamente.

Si bien el ecoturismo no es inocuo para el medio ambiente, podemos pensar que tiene por lo menos el valor agregado de generar conciencia ambiental entre quienes tienen la fortuna de hacer esas visitas -que son cientos de miles de personas- y recuperar cada vez más territorios naturales para que se conviertan en recursos estratégicos. Obviamente en ese caso estamos debatiendo solo sobre la caza legal. Existe otro mercado de caza ilegal-furtiva que también moviliza millones de dólares. En el borde difuso de esos dos tipos de caza es que se sitúa el caso del odontólogo estadounidense Walter Palmer, que terminó con la vida de Cecil y que mantuvo en vilo a la opinión pública internacional y local.

Muchas veces nos apasionamos con estos hechos que suceden en lugares lejanos y no nos ponemos a pensar que cerca, en nuestro país, se dan sucesos equivalentes en magnitud al caso Cecil. Si nos vamos hacia la Provincia del Chaco nos encontramos con el Parque Nacional El Impenetrable-La Fidelidad, creado en octubre de 2014 -gracias al impulso de más de 18 ONG- por el Congreso Nacional. Hace pocas semanas ese parque fue declarado como una de las diez joyas naturales más hermosas del mundo. Sin embargo, hoy se encuentra abandonado a su suerte ante la indiferencia del Ministerio de Turismo y la Administración de Parques Nacionales y del Poder Judicial, que reparte medidas cautelares sin control que impiden el cercado y el cuidado del parque, lo que beneficia a los traficantes de fauna. Diversas notas periodísticas y denuncias de ONG ambientalistas -posteriores a la creación del parque- han sido realmente muy alarmantes. Los tapires, los zorros colorados muertos y los esqueletos de yacarés despellejados por la caza ilegal son postales cotidianas.

En algún momento se creyó que este parque podía ser un recurso natural importante para la Provincia del Chaco por el ecoturismo que podría desarrollarse en él. Hasta se llegó a hablar de él como el potencial Parque Kruger argentino (la mayor reserva de Sudáfrica). Hoy sería inimaginable una visita guiada a ese sitio sin volverse con un sabor amargo, el mismo que nos dejó el asesinato de Cecil. No solo la caza ilegal es el problema. También hay pesca ilegal de surubíes, dorados y bogas, y tala indiscriminada de árboles como algarrobos, chañares y palos borrachos. Además de caza ilegal con fines extractivos de pieles y cueros o para obtener presas como trofeos, hay caza de animales vivos que pasan al comercio ilegal de fauna con sus cuatros eslabones: 1. Extracción de los animales de su ambiente natural, 2. Transporte, que les genera enfermedades relacionadas con bajas defensas por estrés, 3. Acopio en condiciones deplorables, que facilita la transmisión de enfermedades infecciosas y 4. Venta en mercados ilegales, muchas veces emplazados en las grandes ciudades. El precio y la mortalidad de los ejemplares aumentan de manera exponencial desde la extracción hasta la venta; esto es sumamente notorio en el caso de las aves.

No hace falta estar atentos a los avatares de los leones de la sabana africana, de los osos panda de los bosques de bambú chino o de las focas del Ártico para avergonzarnos de los atropellos de nuestra especie hacia otras. Basta con mirar en nuestro país cómo cazadores furtivos, coleccionistas de fauna, terratenientes poderosos, jueces de medida cautelar fácil y políticos desinteresados se amalgaman para que nuestros ambientes naturales no puedan ser utilizados como recursos turísticos estratégicos, porque la caza, el acopio de animales y la tala de árboles se hacen a la vista de todos, impunemente. Sería casi como un paseo por el tren fantasma, pero sin lugar para la fantasía.

En cuanto a políticas ambientales, el PRO ha tenido una historia poco feliz en sus ocho años de gestión en la ciudad y en el debate PRO contra ECO de la segunda vuelta electoral esta fue una de las disidencias entre ambos partidos. Si bien ECO surgió como una especie de lista complementaria al PRO, a la hora de decidir ir a la segunda vuelta y dar el debate político -pese a la presiones del macrismo y destacados columnistas-, su candidato Martín Lousteau ha sido muy crítico, entre otras cosas, de las políticas ambientales del PRO y ha presentado propuestas diferentes que deberían ser tenidas en cuenta.

El PRO, entre lo dicho y lo hecho. En el año 2014 el Gobierno de la ciudad presentó el programa Buenos Aires Verde. Un programa absolutamente marketinero, ya que en ningún lado -ni al anunciarlo, ni después, ni antes- se dijo cómo iban a poner en vigencia un plan que plantea aumentar los metros cuadrados de espacio verde de la ciudad en forma tan exponencial: construir 78 nuevas plazas, ampliar 30 ya existentes y construir 12 grandes parques. Particularmente hoy los vecinos del parque Chacabuco y el parque Sarmiento se encuentran en estado de alerta a fin de proteger sus espacios verdes de las políticas extractivistas del PRO.

El parque Chacabuco será el primer espacio verde en el que se establecerá un bar que estaría terminado para octubre y será concesionado por un privado, de acuerdo con la ley de bares en parques y plazas sancionada en la Legislatura porteña en mayo de 2014. El pliego licitatorio especifica que la obra dispondrá de una superficie total de 260 m² y contará con un espacio para venta de bebidas y comidas, sanitarios, áreas para mesas y sillas, estacionamientos para bicicletas y una biblioteca. Se estima que hay lugar en el parque para tres bares más, pese a que solo quedan 8 hectáreas de espacio verde de las 20 que tenía cuando se inauguró en 1903. ¿Estas son políticas destinadas a aumentar los espacios verdes? Cuando diferentes organizaciones ecologistas y vecinales se manifestaron contra esta ley, en la Legislatura se les dijo que “hacían demasiado lío por unos barcitos” y luego se los echó a empujones. Ahora estamos viendo los primeros frutos de esta errada ley.

El parque Sarmiento también está en peligro. La Unión Argentina de Rugby, en concordancia con el Gobierno de la ciudad, tiene planeada la construcción de un microestadio de rugby en el parque. La Agrupación Vecinos por la Ecología ha manifestado su oposición rotunda a dicha construcción y a cualquier modificación en el parque con el solo objeto de concesionar, enrejar o privatizar de algún modo este o cualquiera de sus sectores, o modificar ediliciamente sobre espacio parquizado. No es la primera modificación que se hace en ese espacio. Ya en el año 2011 el jefe de gobierno anunció allí el proyecto llamado -paradójica o irónicamente- Golf para Todos. Un emprendimiento, si bien fue resistido, terminó por ocupar 6,5 hectáreas del parque con confitería, estacionamiento y noventa gateras. Si consideramos al espacio público como el espacio democrático por excelencia: ¿Creerá nuestro jefe de gobierno que la igualdad se obtiene desparramando sus gustos personales entre los ciudadanos, en desmedro de otras necesidades, como espacios verdes necesarios para la socialización, el control natural de la contaminación del aire, la oxigenación y la regulación térmica de una ciudad cada vez más calurosa? ¿Por qué un parque público como el Sarmiento tiene privatizadas o tercerizadas el 70 % de sus instalaciones?

ECO y una postura diferente. Martín Lousteau ha admitido, con bastante sobrestimación, que la ciudad cuenta con 6 m² de espacios verdes/habitante, lejos del mínimo de 11 m²/habitante que recomienda la Organización Mundial de la Salud y además manifestó que en los últimos años ciertas concesiones con precios irrisorios, diversos proyectos inmobiliarios y cambios de zonificación de las urbanizaciones han generado una reducción aún mayor. En sus propuestas, planteó la rezonificación de espacios para incorporarlos como parques, propició la participación comunal y vecinal en el plan de manejo de los grandes parques, propuso el cuidado de las superficies absorbentes de los espacios verdes y un control de estos espacios por guardaplazas y guardaparques. En una entrevista reciente citó un relevamiento de la Asamblea por los Espacios Verdes Urbanos (Apevu) que plantea la posibilidad de incrementar la superficie de parques y plazas en 1 m²/habitante a través de un rol activo del Estado. También, y a diferencia de lo que ha hecho el PRO, ECO se manifestó en contra de demandar judicialmente a organizaciones de la sociedad civil que velan por el interés colectivo como Basta de Demoler, que luchan contra la destrucción del patrimonio de la ciudad y protegen los espacios públicos. ¿El PRO y ECO eran entonces “lo mismo”, como plantearon los partidos políticos que quedaron afuera de la segunda vuelta? Si bien PRO y ECO coincidían en muchas cosas, hay matices diferenciadores, como es el caso de las políticas ambientales y así lo demostró el electorado porteño en su elección de este domingo, más allá de las diversas interpretaciones del resultado hechas con el diario del lunes en la mano.

Perspectivas futuras. Esperemos que la nueva gestión de la ciudad, que llevará adelante el economista Horacio Rodríguez Larreta, haga suyas algunas de estas propuestas y lleve adelante una gestión superadora de la de Mauricio Macri en materia ambiental. Para lograrlo deberá contar con una mejor planificación urbana, una mayor sensibilidad social, un mayor respeto por el patrimonio histórico de la ciudad, un mejor asesoramiento en temas de ecología de las ciudades, una mejor capacidad de escuchar a los vecinos organizados y a los especialistas (biólogos, arquitectos, urbanistas, agrónomos, sociólogos y abogados ambientalistas, entre otros). El cambiemos bien entendido empieza por casa.

sino a la producción de dinero.

(Bruce Mollison, investigador y naturalista australiano)

El 2 de Julio de 1948 se sancionó la Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales que posibilitó que los pequeños arrendatarios accedieran a la propiedad de la tierra. En esos años del primer gobierno de Perón las cooperativas agrarias tenían una fuerte presencia y desde entonces son un pilar del desarrollo del campo. Ese mismo año se fabricó en Argentina el primer tractor del Cono Sur llamado Pampa, lo que puso al país en la vanguardia tecnológica agraria.

Sesenta y siete años después podemos afirmar con preocupación que en nuestro país la agricultura ha cambiado mucho y colisiona con la integridad del medio ambiente. Los principales problemas actuales son la contribución de la actividad agrícola a la extinción de humedales, bosques nativos y al desgaste de la tierra. En nuestro país el monocultivo de soja tiene también severas consecuencias: la falta de rotación resulta en una inadecuada reposición de los nutrientes del suelo y requiere el uso de algunos agrotóxicos con los que se envenenan los campos y los poblados cercanos. El debate sobre el modelo sojero es un tema muy difícil de instalar, ya que representa el 60 % de las exportaciones a nivel nacional y es la cuarta herramienta de recaudación con la que cuenta el fisco. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha tomado partido acerca de los problemas ambientales por la agricultura manifestando que: “A la vez que la agricultura garantiza la seguridad alimentaria de la población mundial y un medio de sustento a millones de personas, en particular a los pobres, también tiene que proporcionar servicios del ecosistema al medio ambiente, servir de sumidero para el carbono y satisfacer la futura demanda de biocombustibles y bioplásticos”.

En la reciente y combatida encíclica ecológica Laudato sii se toca el tema de los cultivos genéticamente modificados (transgénicos), no por su uso en sí o por su origen, sino por sus consecuencias económicas y sociales. En muchos lugares, tras la introducción de estos cultivos, se constata una concentración de tierras productivas en manos de pocos debido a la progresiva desaparición de pequeños productores que, como consecuencia de la pérdida de las tierras explotadas, se han visto obligados a retirarse de la producción directa. El jefe del Estado del Vaticano, Jorge Mario Bergoglio, manifestó, en el capítulo 3 de esta encíclica, que “Los más frágiles se convierten en trabajadores precarios, y muchos empleados rurales terminan migrando a miserables asentamientos de las ciudades. La expansión de la frontera de estos cultivos arrasa con el complejo entramado de los ecosistemas, disminuye la diversidad productiva y afecta el presente y el futuro de las economías regionales. En varios países se advierte una tendencia al desarrollo de oligopolios en la producción de granos y de otros productos necesarios para su cultivo, y la dependencia se agrava si se piensa en la producción de granos estériles que terminaría obligando a los campesinos a comprarlos a las empresas productoras”. No por nada esta encíclica es criticada por grupos relacionados estrechamente con el capitalismo más salvaje, el libre mercado y las grandes empresas biotecnológicas.

La socióloga Norma Giarracca, recientemente fallecida, planteaba en sus textos un debate que recorre el mundo occidental y se centra en la posibilidad de coexistencia entre la llamada “agricultura familiar” y el pujante “agronegocio”. El problema del agronegocio es que no quiere esta coexistencia, ya que busca expandirse sin control y en esa expansión arrasa con los bosques, el agua y la biodiversidad, y a su vez promueve que se patenten las semillas y todo ser vivo. Si bien al agronegocio se lo enmarca dentro de lo que se denomina neoliberalismo, la mayoría de los gobiernos de Latinoamérica hoy denominados posneoliberales sigue formando parte de los agronegocios que describía Giarracca en sus textos.

Por otra parte, se tiende a pensar erradamente que la agricultura es una práctica cuyo control deber ser extremadamente cuidadoso, porque su objetivo final es la alimentación de los seres humanos. Pero no es así. En su libro Vegetarianismo en el debate político, el médico Ezequiel Arrieta nos muestra que el avance de la frontera agrícola sobre la mayoría de los ecosistemas no está siempre relacionado con la producción de alimento de origen vegetal para seres humanos, sino para abrir terrenos para la cría de ganado y para alimentar a los animales criados en feedlot (engorde a corral). Es decir, que las principales causas de deforestación en los países con modelo agroexportador son aquellas actividades relacionadas con la producción de carne roja. La obra en cuestión acerca a la población general información muy valiosa y novedosa basada en evidencia científica sobre la necesidad de establecer un debate serio, con argumentos sólidos, sobre la insostenibilidad del actual sistema de producción de alimentos de origen animal y la posibilidad de obtener beneficios sanitarios y ambientales derivados de la adopción de una dieta vegetariana, o al menos, de una reducción significativa del consumo de carne roja.

La biología, la sociología y la medicina tienen mucho que decir, que investigar y que preguntar sobre las políticas agrarias. ¿Qué modelo agrícola piensan seguir Scioli, Macri, Massa y Stolbizer? ¿Piensan seguir sosteniendo un modelo sojero peligroso pero atractivo por la alta rentabilidad que genera para algunos sectores: exportadores, grandes productores, rentistas y proveedores de los insumos involucrados en la producción sojera? ¿Piensan soslayar los costos sociales, económicos, ambientales e incluso en la salud pública involucrados en esta producción? ¿Piensan tomar alguna medida con el glifosato, uno de los herbicidas más usados en nuestros campos, luego de que 17 expertos científicos de once países lograron que la OMS lo categorice como “probablemente cancerígeno”, la segunda categoría más alta vinculada a la enfermedad? ¿No creen que sea necesario impulsar una ley que fomente el buen uso de los suelos y otra que regule el uso de agroquímicos? ¿Qué relaciones piensan establecer con Apresid, Expoagro, los grandes exportadores Monsanto y Grobocopatel? ¿Por qué creen que en este siglo que transitamos los temas ambientales son evadidos de la agenda pública y del discurso político? Como verán, aquel “queremos preguntar” -surgido en 2012 en el programa de Jorge Lanata- no es propiedad exclusiva del periodismo. Ojalá antes de octubre tengamos respuestas para algunas de estas preguntas.

Cuando los Poderes Ejecutivo y Legislativo dejan de atender problemas ambientales, nuevos actores entran en el juego político generando muchas fricciones con los representantes del pueblo. En muchos países el Poder Judicial, por ejemplo, está empezando a tomar partido de manera activa a favor del medio ambiente y el Derecho Ambiental está creciendo cada vez más. También adquieren cada vez más fuerza las organizaciones vecinales en las ciudades amenazadas por el extractivismo urbano o los grupos de resistencia en otros territorios donde el medio ambiente se encuentra amenazado por la contaminación del agua y el aire, por la impermeabilización de los suelos debido a la construcción desenfrenada que resulta en tremendas inundaciones, por el aumento de la temperatura del planeta por emisión de gases de efecto invernadero, por el envenenamiento del agua y el suelo con agrotóxicos, por la desertificación causada por los desmontes y por los incendios intencionales producto también de la especulación inmobiliaria.

Y ahora, uno de los actores políticos más importantes de la década, Jorge Mario Bergoglio, ha dado a conocer Laudato Sii, una Encíclica sobre Ecología. La Ecología bien entendida es una rama de las Ciencias Biológicas que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio en el que viven. Una de las ideas centrales de esta Encíclica es aludir a las responsabilidades de la política internacional y a cierto modo de entender la economía como causantes de la degradación del medio ambiente en el que vivimos. Uno de los puntos más destacados del texto señala a los países desarrollados como los principales responsables del calentamiento global y de la contaminación pero no en sus propios territorios sino en los de los países donde hacen inversiones y que pertenecen al llamado Tercer o Cuarto Mundo. Laudato sii pone de relieve que existe una “deuda ecológica” entre el Norte y el Sur del planeta debido a desequilibrios comerciales con consecuencias ecológicas. Esto coincide plenamente con lo manifestado el año pasado durante la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático en Lima (COP20) acerca de cómo las Naciones Unidas, conducidas por los países desarrollados,  utilizan estratégicamente la “condena ambiental” para frenar el crecimiento de los países en desarrollo para su propio beneficio y sin hacerse cargo de sus responsabilidades en el pasivo ambiental que nos dejaron. La Encíclica propone también que ciertos elementos de la naturaleza, como el clima y el agua potable son bienes comunes y que eso debería reflejarse en políticas de Estado, algo que sólo suele ser manifestado en nuestro país por partidos de izquierda con escasa representatividad.

Científicos y religiosos podemos no acordar en nuestras disputas racionales y emocionales acerca de la teoría de la evolución postulada por Charles Darwin, o acerca de la teoría del Big Bang, entre muchas otras. Incluso podemos no acordar con las políticas llevadas a cabo por Jorge Bergoglio como arzobispo de la Arquidiócesis de Buenos Aires en el pasado o como jefe de Estado del Vaticano en la actualidad. Pero no podemos negar la importancia de que un Jefe de Estado y líder religioso en el que el mundo entero deposita su mirada se involucre con la Ecología siendo políticamente incorrecto con los más poderosos. Los científicos podemos ser ateos, religiosos practicantes o sólo creyentes pero no podemos ser necios.

El tema de la Ecología comunicado por nuevos actores comenzará a tener seguramente mayor relevancia ahora y es por eso que debemos seguir trabajando para demostrar con datos concretos cómo se está modificando nuestro planeta, para comunicarlo de manera clara a los demás. Esto nos ayudará a hacer entrar en razón al poder político y económico ya que es necesario empezar a trabajar muy fuerte junto a ellos con ideas innovadoras para obtener soluciones concretas para poder vivir mejor y para evitar la constante y acelerada degradación a la que se somete al planeta.

Stephen Jay Gould un reconocido paleontólogo estadounidense, biólogo evolutivo e historiador de la ciencia, manifestó cierta vez con acierto que “la ciencia intenta documentar el carácter objetivo del mundo natural y desarrollar teorías que coordinen y expliquen tales hechos; la religión, en cambio, opera en el reino igualmente importante de los fines, significados y los valores humanos”. Los roces surgen, según Gould, cuando una esfera se entromete en la otra. En mi opinión, que es apenas la de un científico ateo, Laudato Sii no se entromete con la Ecología como ciencia sino que la pone en el debate político internacional amplificando las voces de muchos que hoy no tienen tanto volumen. Pone también en evidencia a los verdaderos responsables de los problemas ambientales. Es algo para celebrar.

¿Y sobre qué puede reflexionar un biólogo en esta época? En mi caso veo con preocupación que diferentes partidos políticos que se han impuesto en distintos distritos responden a un denominador común que los congrega: el modelo extractivista. Se trata de un modelo que atraviesa transversalmente a todos los partidos políticos con la excepción de algunos que ya no son lo que eran (como Proyecto Sur) o de algunos partidos de izquierda que están creciendo en algunos distritos aunque históricamente tienden a atomizarse víctimas del personalismo y la intransigencia de sus dirigentes. El extractivismo es una forma de organizar la economía de un país, basado en una alta dependencia de la extracción intensiva (en grandes volúmenes) de recursos naturales con muy bajo procesamiento (valor agregado) y destinado mayormente para la exportación. Según la filósofa y socióloga Maristella Svampa el extractivismo consolida modelos monoproductores, destruye la biodiversidad, provoca el acaparamiento de tierras y la reconfiguración negativa de vastos territorios.

En las PASO de Salta ganó el extractivismo del FPV  con el 47% de los votos. Los depredadores de los montes salteños no dan tregua. Con el visto bueno del Estado provincial, que autoriza la tala en áreas protegidas, se desmontaron en esta provincia más de 7000 hectáreas que estaban amparadas por la Ley de Bosques. La segunda fuerza política representada por Juan Carlos Romero y Alfredo Olmedo, el rey de la soja, se han apoyado mutuamente en la explotación de miles de hectáreas de bosque, sometidas a un desmonte masivo. Las especies boscosas se transforman rápidamente en postes, carbón y madera empleados en los establecimientos de la empresa Olmedo Agropecuaria.

En Neuquén el Movimiento Popular Neuquino retuvo la gobernación con casi el 38% de los votos dándole también un triunfo al extractivismo representado por Chevrón y su interés en el yacimiento de Vaca Muerta. Claramente es un recurso que deber ser explotado pero: ¿Qué pasa con Chevron? Hasta el Presidente de Ecuador Rafael Correa que se enfrenta con vehemencia a los grupos ambientalistas (que muchas veces hay que admitir que son intransigentes, improvisados y autoritarios) ha manifestado: “La prepotencia de esas transnacionales que creen que con los dólares pueden destrozar países, pueden destrozar la selva, pueden destrozar la vida. Esto es 30 años después, de que Texaco ahora Chevron dice que remedio lo que daño que no debió dañar si utilizaban técnicas más amigables con el medio ambiente, pero por ahorrarse unos cuantos dólares utilizó las peores técnicas”. Es sabido también que Chevron es uno de los principales responsables del calentamiento global y uno de los mayores emisores de gases contaminantes. Pedir controles estrictos y alertar sobre los peligros posibles no implica paralizar el desarrollo sino tener cuidado y atención de quienes son nuestros socios estratégicos, sobre todo cuando éstos son tan poderosos y tienen estos antecedentes.

Y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -de la mano del PRO con el 47,3% de los votos- ha ganado también un representante del extractivismo en las ciudades: la empresa constructora IRSA conspicua representante de los depredadores de la construcción. El abogado ambientalista Enrique Viale sostiene que existe un extractivismo urbano y que la especulación inmobiliaria en las ciudades equivale a la megaminería o a la soja transgénica en otros territorios. La especulación inmobiliaria provoca desplazamientos de territorio en las ciudades, concentra riqueza, se apropia de lo público y disminuye la cantidad de espacios verdes en nuestra ciudad, una de las más grises de América Latina por la bajísima cantidad de espacios verdes que alberga y que se reducen cada vez más. Enrique Viale hace también una interesante analogía en la que plantea que IRSA es a la CABA lo que la Barrick Gold es a la cordillera o lo que Monsanto es al campo. Pero el macrismo es un partido con asombrosas y efectivas estrategias comunicacionales que desvían la atención hacia temas relacionados con aspectos verdaderamente positivos de su gestión y alejados de las discusiones políticas más clásicas y más alejados todavía de estas temáticas. Este victorioso partido de las últimas 5 elecciones porteñas posee un habilidoso y efectivo discurso político caracterizado por un “gentismo generalista” que no es más que una forma moderna de populismo que apela permanentemente a “la gente”. El gentismo del PRO plantea una íntima relación de su líder con la gente, sin ninguna organización intermedia o mediación institucional posible. Tanto es así que los sucesores del líder se eligen a dedo. Puede no agradarle a muchos pero es innegable que el gentismo fue efectivo hasta el momento tanto en la CABA desde 2007 como en la provincia de Santa Fe desde hace menos tiempo.

Nadie quiere pagar la cuenta del pasivo ambiental provocado por la fiesta del consumo de los últimos años que llevó a darle cada vez más fuerza al modelo extractivista. Este modelo resulta hoy victorioso por su transversalidad política y su efectividad a corto plazo para la economía de un puñado de poderosos. Es hora de que más voces nos sumemos para alertar y dejar testimonio de sus peligrosas consecuencias.

Si visitamos el sur de nuestro país, en la zona de los grandes lagos y la cordillera, es posible que nos topemos con animales que llamarán nuestra atención como las majestuosas truchas o los simpáticos ciervos colorados. Si nos vamos más al sur, a la provincia de Ushuaia, nos sorprenderíamos con la estructura de las sociedades de castores y los diques que construyen con barro, troncos y ramas de árboles que derriban con sus poderosos dientes. Para los porteños son muy conocidas las carpas, grandes y coloridos peces, que habitan el conocido Jardín Japonés del barrio de Palermo. Además de ser muy vistosas y conocidas estas especies presentan un denominador común: son especies exóticas.

El Convenio sobre Diversidad Biológica utiliza el término “especie exótica” para referirse a las especies introducidas fuera de su área de distribución natural. Una especie que se introduce desde otro país puede ser exótica. A su vez, dentro de un mismo país, una especie cuya distribución está limitada a un ámbito biogeográfico concreto puede volverse exótica si es introducida, voluntaria o involuntariamente, en otra zona del mismo país donde no se encontraría de forma natural. A esto se contrapone el concepto de especies nativas o autóctonas, que son aquellas cuya presencia en una región se da como resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Todos los organismos naturales, en contraste con los organismos domesticados, tienen su área de distribución dentro de la cual se consideran nativos.

El puma, el dorado, el yaguareté, el hornero y el escuerzo son ejemplos de especies nativas y muy populares de diferentes regiones de nuestro país. El gran problema con las especies exóticas es su gran capacidad para competir y desplazar a las autóctonas. Esto es debido a su importante poder de adaptación a diferentes ambientes, a la falta de predadores naturales, a la resistencia a patógenos locales (virus, hongos y bacterias) que sí afectan a las especies nativas y a la gran capacidad para reproducirse aún en condiciones adversas.

Una de las especies exóticas que más daños ha causado en nuestro país es la trucha arco iris. Esta especie es originaria de los ríos y lagos del Oeste de Norte América y fue introducida en los lagos del sur de nuestro país a principios del siglo pasado. Actualmente su distribución se ha ampliado mucho llegando a lugares como La Rioja, Córdoba o La Puna. Hay distintos reportes sobre daños que han realizado las truchas sobre especies de peces y anfibios ya que son muy voraces y devoran huevos, larvas y renacuajos. Han puesto en peligro las poblaciones de especies endémicas como la mojarra desnuda.

Otra especie exótica que ha puesto en peligro al huemul, uno de nuestros ciervos nativos, es el ciervo colorado que proviene del Hemisferio Norte y fue traído a principios del siglo pasado a la región cordillerana. Esta especie se alimenta vorazmente de hierbas desplazando al huemul y dado que su población crece con los años es percibida por algunos productores como una competencia para la ganadería. Hoy hay interesantes proyectos de investigación en curso a fin de mantenerlos en una densidad lo más baja posible. En cuanto a los castores canadienses sabemos que en el año 1946 veinticinco parejas fueron introducidas en Tierra del Fuego para el desarrollo de la industria peletera. El proyecto no prosperó y el castor, sin depredadores naturales, rápidamente se expandió como plaga por otras islas de la región. Se estima que han llegado a más de 100.000 individuos. Los castores han alterado lo que se conoce como bosque de ribera ya que roen la corteza de los árboles y construye diques con superficies de hasta 2500 metros cuadrados.

Las plantas exóticas también pueden volverse invasivas y traer serios problemas ambientales pero además hay consecuencias culturales cuando se extranjeriza la flora. Un claro ejemplo de esto es la vegetación que se elige para parquizar, por ejemplo, los barrios cerrados de la Zona Norte de la Provincia de Buenos Aires o las más recientes “torres country” de la ciudad de Buenos Aires, que prometen una naturaleza privada en balcones y terrazas con seguras rejas para un segmento premium de la sociedad. Se escogen para estos sitios especies exóticas como abedules, plátanos y robles europeos que pueden volverse invasoras, generar alergias en la población o que pueden requerir del uso excesivo de agroquímicos para su crecimiento y bienestar. Se utiliza también césped artificial con unos colores intensos y patrones de crecimiento nada naturales. Este recambio de flora autóctona por flora exótica borra la historia natural de los ambientes y los despoja de su pasado. Es por eso que estos ciertos barrios cerrados son iguales en su aspecto en cualquier lugar del mundo en que se ubiquen, no sólo por su arquitectura sino también por este tipo de vegetación genérica que se impone y que muchos autores denominan  “naturaleza bonsái”.

No debemos caer en posiciones ecologistas extremas y anacrónicas y tenemos que aprender a coexistir con estas especies animales y vegetales que ya han sido introducidas. Muchas de ellas son también recursos estratégicos para nuestra alimentación (truchas, jabalíes y muchísimas plantas) y es por esto que estas actividades deben realizarse con sumo cuidado. Es aquí donde entran en juego las políticas llevadas a cabo por las Gobernaciones y Legislaturas provinciales para manejar los recursos naturales con el asesoramiento de los científicos, técnicos y pobladores para la protección de las especies autóctonas. Debería ser un compromiso ineludible para ellos evitar que continúe el proceso de extranjerización de la naturaleza disminuyendo y controlando el ingreso de nuevas especies exóticas, tanto animales como vegetales. Sería interesante saber durante este año electoral cuáles son las posturas en estos temas de los candidatos a gobernadores y legisladores ya que cada provincia tiene sus especies autóctonas y exóticas en delicados equilibrios y ellos deberían saberlo.

Extranjerizar la naturaleza puede ser algo muy peligroso porque se generan riesgos ambientales severos pero además porque este proceso puede cambiar el paisaje, la cultura y hasta la historia de una región. Esto no implica perder cultivos o cría de especies animales económicamente redituables, pero me da la sensación de que no estamos aún muy preparados para abordar esta compleja tarea por desconocimiento, por ambición desmedida de algunos, por el modelo extractivista imperante en nuestro país y por el ocultamiento del tema de la agenda política.

Tenemos que considerar dos aspectos en los cuales enmarcar las políticas ambientales. Uno son los ambientes naturales propiamente dichos tales como bosques, montañas, selvas, ríos, playas y humedales. El otro aspecto está representado por la ecología urbana donde el énfasis está puesto en la relación de las ciudades con sus espacios verdes. Tenemos malas noticias para la Ciudad de Buenos Aires al respecto: ONU-Hábitat tomó como parámetro una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para establecer en su informe “El estado de las ciudades de América Latina y el Caribe 2012” que las urbes tienen que disponer “como mínimo entre 9 y 11 m² de área verde/habitante”. Cálculos desarrollados por la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que también asumen la recomendación de la OMS, colocan a Buenos Aires entre las peores de la región en este aspecto: 2,69 m² de área verde/habitante, apenas un 25% del mínimo recomendado. Ciudades como Rosario, en cambio, están mucho mejor en ese aspecto presentando 10,4 m²/habitante. Estudios similares muestran a la ciudad de Córdoba con 6,5 m²/habitante y a Mar del Plata con 3,38 m²/habitante

Podríamos decir que frente a las políticas ambientales cada partido político tiene sus luces y sombras. Si hablamos del Frente Para la Victoria es indiscutible el énfasis puesto en políticas científicas que han generado una masa crítica de profesionales que estudian nuestros recursos naturales, sus problemas y los modos de hacer un uso racional de los mismos. No obstante nos encontramos ante una paradoja: el FPV no ha cambiado el modelo extractivista imperante en gran parte de nuestro continente que se basa en una alta dependencia de la extracción intensiva de los recursos naturales. Por otra parte tenemos al PRO, que a mediados de 2014 reconoció el déficit que tenemos los porteños en la cantidad y calidad de parques y plazas y lanzó el Plan Buenos Aires Verde para revertir el estancamiento en la construcción de espacios verdes. El plan hablaba de “adaptar la ciudad a los desafíos de cambio climático” desligándose así de cualquier responsabilidad en los últimos ocho años de gestión. Pasados varios meses de aquel anuncio queda la sensación de que fue una medida totalmente marketinera ya que en ningún lado (ni al anunciarlo, ni después, ni antes) se dijo cómo iban a poner en vigencia ese plan que plantea aumentar los metros cuadrados de espacio verde de la ciudad en forma tan exponencial. El Partido Socialista que gobierna la provincia de Santa Fe siempre ha llevado la protección del medio ambiente entre sus banderas y ha tenido aliados políticos que son importantes militantes ambientales, pero tampoco han logrado superar el modelo extractivista basado principalmente en el monocultivo de soja. En la provincia de Córdoba, gobernada por el Partido Justicialista hace muchos años, las últimas grandes lluvias combinadas con la deforestación, los incendios y el avance inmobiliario sobre las sierras provocaron terribles inundaciones. Esto ha dejado en evidencia la torpeza serial de las últimas gestiones en esa provincia que generaron un preocupante deterioro ambiental. Parecería ser que los oficialismos y las oposiciones en todos los distritos comparten el núcleo duro del modelo extractivista, sobre todo en lo que se refiere a los agronegocios y sus graves consecuencias sobre el medio ambiente, la economía y la salud humana

Cuando los Poderes Ejecutivo y Legislativo dejan de atender problemas ambientales, nuevos actores entran en el juego político generando muchas fricciones con los partidos tradicionales. Uno de esos actores son las organizaciones vecinales. Un reclamo presentado en 2004 por un grupo de vecinos que se conoció como la “Causa Mendoza”, logró que en 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación intime a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) a implementar un plan de saneamiento en el que hoy trabajan en conjunto el Gobierno Nacional, el de la Provincia de Buenos Aires y el de la Ciudad. En el año 2012, en un fallo inédito, un tribunal cordobés condenó a tres años de prisión en suspenso a dos personas acusadas de afectar la salud del barrio Ituzaingó por uso indebido de endosulfán (un insecticida) y glifosato (un herbicida). La organización Madres de Ituzaingó, se convirtió así en un símbolo de los reclamos contra la contaminación de las poblaciones humanas con agrotóxicos. En 2014 más de 10 mil vecinos de San Isidro se movilizaron y, tras una presentación de una concejal opositora al intendente, un juzgado frenó con una medida cautelar la construcción de oficinas y viviendas sobre 43 mil metros cuadrados los espacios verdes del Hipódromo de San Isidro que, estratégicamente, está por ser declarado “Espacio Verde de Interés Provincial” por la Legislatura para evitar su desaparición.

La contaminación del agua y el aire, la impermeabilización de los suelos por la construcción desenfrenada que resulta en tremendas inundaciones, el aumento de la temperatura del planeta por emisión de gases de efecto invernadero, el envenenamiento del agua y el suelo con agrotóxicos, la desertificación por los desmontes y los incendios intencionales producto también de la especulación inmobiliaria, son todos procesos peligrosos y de consecuencias impredecibles que están avanzando a una velocidad inusitada en nuestro país.

Argentina cuenta con unas 985 especies de aves, 345 mamíferos, 248 reptiles, 145 anfibios y 710 de peces. Más de 530 de todas ellas están amenazadas por la caza, el mascotismo y la destrucción de su hábitat. Y también hay en nuestro territorio 40 millones de personas, y muchas más por venir, que merecen que se mejoren profundamente las políticas ambientales aunque a los dirigentes políticos esto los haga sentir incómodos, más aun en años electorales.