El mayor problema aquí es que las críticas del ambientalismo son siempre desoídas por considerarlas opositoras a cualquier oficialismo. Luego la clase política queda pasmada ante aludes, inundaciones, plagas e incendios forestales y encuentran en el cambio climático la explicación simplista. Hace más de 30 años que los científicos advierten que el futuro ya llegó y que no hay soluciones mágicas para el cambio climático pero si posibilidad de mitigar sus efectos. Estos cuatro puntos se enmarcan dentro de un modelo que hoy está literalmente bajo el agua: el modelo extractivista. El extractivismo es una forma de organizar la economía, basado en una alta dependencia de la extracción en grandes volúmenes de recursos naturales con muy bajo valor agregado y destinado mayormente para la exportación. El extractivismo consolida modelos monoproductores, destruye la biodiversidad, provoca el acaparamiento de tierras y la reconfiguración negativa de vastos territorios. Con excepción de los partidos de izquierda, ningún otro partido político se aparta de este modelo ni en su gestión ni en sus plataformas electorales.

Se ha hablado hasta el cansancio de falta de obras pero hay también un exceso de obras que son responsables de estas inundaciones: una sucesión de mega-emprendimientos inmobiliarios emplazados sobre humedales con una incidencia clara en los cambios de los patrones de escurrimiento del Río Luján. Los humedales son sistemas intermedios entre ambientes permanentemente inundados y ambientes normalmente secos. Son sistemas ecológicos complejos, que actúan como reguladores del ciclo del agua y los nutrientes, en el control de inundaciones y sequías, en la provisión de agua, como refugio de la vida silvestre y en la regulación del clima.

Los humedales bonaerenses son fundamentales para contener las aguas cuando hay inundaciones evitando que se propaguen a la región de La Plata, del Conurbano Bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires. Funcionan como esponjas que contienen el agua excedente. Si se los reemplaza por una construcción de cemento el agua rebalsa y sobrevienen peligrosas inundaciones en las zonas aledañas y también más allá. Las grandes inundaciones de estos últimos años en la provincia de Buenos Aires no se pueden explicar livianamente aludiendo al cambio climático como si fuese una entelequia y como si no hubiera además responsabilidades políticas y empresariales. La construcción sobre humedales es una de ellas.

El Senado, por unanimidad, ha dado media sanción la Ley de Humedales en noviembre de 2013. El proyecto procura articular el uso racional de los humedales en correspondencia con las necesidades de desarrollo económico y social inclusivos y crea el Inventario Nacional de Humedales, donde se individualizarán todos los humedales de origen natural existentes y la información necesaria para su adecuada conservación, control y monitoreo. Sin embargo, las organizaciones ambientales temen que el proyecto de ley pierda estado parlamentario debido a que aún duerme en la Cámara de Diputados. Tampoco ha sido de ayuda que el nuevo Código Civil en vez de disuadir las construcciones cerca de los cuerpos de agua permite ahora la construcción a 15 metros de las riberas cuando el anterior Código planteaba que se hiciera por lo menos a 35 metros.

Algunos funcionarios en estos días han manifestado que la siembra directa de soja es otra responsable de las inundaciones. El monocultivo de soja en la Argentina se ha instalado con más fuerza que nunca y es apoyado -con tires y aflojes en cuanto a las retenciones a la exportación- por la mayoría de los partidos políticos. Sólo se plantean resistencias al mismo desde organizaciones campesinas e indígenas, junto con unos pocos intelectuales y activistas.

El efecto de la siembra directa sobre la impermeabilización de los suelos es un tema muy discutido por los expertos. La Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), explica que este método ayuda a evitar escurrimientos de agua e inundaciones. Plantean que este sistema de cobertura mantiene las condiciones de la tierra y hace que el suelo se convierta en una esponja que absorbe y guarda el agua de lluvia. Un estudio reciente de la Facultad de Agronomía de la UBA -en 45 sitios de la Pampa Ondulada- advierte sobre los problemas de compactación que presentan muchos suelos agrícolas manejados con siembra directa en la región pampeana. Los resultados muestran que, si bien podrían esperarse mejoras en la tasa de infiltración en los suelos francos bajo siembra directa, no ocurre lo mismo en los suelos franco-limosos y franco-arcillo-limosos. En las conclusiones del estudio se propone revertir los efectos adversos de la siembra directa con prácticas de manejo que incluyen cultivos de cobertura, uso de descompactadores y control del tránsito de maquinaria.

De todos modos no se puede dejar de considerar que la tala de 4 millones de hectáreas de bosques nativos en los últimos años (un árbol de porte medio consume entre 200 y 300 litro de agua por día), el monocultivo y la falta de rotación han influenciado los regímenes pluviales de regiones altamente urbanizadas que no dejan de ser parte del ecosistema por más cemento que tengan. No hace falta ser un científico avezado para desconfiar de que sólo el azar explique que las grandes inundaciones de los últimos años -como las de Tartagal, Santa Fé o Buenos Aires- se hayan dado justamente en los territorios sojeros. Y también es claro que la siembra directa, por sus características permite ampliar la frontera agropecuaria sobre humedales y zonas no tradicionales para la agricultura. Falta mucha investigación y consenso para poder sacar conclusiones precisas.

El tiempo apremia y la combinación entre el cambio climático y el modelo extractivista es explosiva. Ya no se trata sólo de pérdidas materiales, se  va la vida de muchas personas en esto. Ojalá que el paisaje catastrófico resultante del modelo extractivista, nos impulse a reflexionar y cambiar y que no sea apenas una triste escenografía para los spots de las campañas políticas.

sino a la producción de dinero.

(Bruce Mollison, investigador y naturalista australiano)

El 2 de Julio de 1948 se sancionó la Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales que posibilitó que los pequeños arrendatarios accedieran a la propiedad de la tierra. En esos años del primer gobierno de Perón las cooperativas agrarias tenían una fuerte presencia y desde entonces son un pilar del desarrollo del campo. Ese mismo año se fabricó en Argentina el primer tractor del Cono Sur llamado Pampa, lo que puso al país en la vanguardia tecnológica agraria.

Sesenta y siete años después podemos afirmar con preocupación que en nuestro país la agricultura ha cambiado mucho y colisiona con la integridad del medio ambiente. Los principales problemas actuales son la contribución de la actividad agrícola a la extinción de humedales, bosques nativos y al desgaste de la tierra. En nuestro país el monocultivo de soja tiene también severas consecuencias: la falta de rotación resulta en una inadecuada reposición de los nutrientes del suelo y requiere el uso de algunos agrotóxicos con los que se envenenan los campos y los poblados cercanos. El debate sobre el modelo sojero es un tema muy difícil de instalar, ya que representa el 60 % de las exportaciones a nivel nacional y es la cuarta herramienta de recaudación con la que cuenta el fisco. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha tomado partido acerca de los problemas ambientales por la agricultura manifestando que: “A la vez que la agricultura garantiza la seguridad alimentaria de la población mundial y un medio de sustento a millones de personas, en particular a los pobres, también tiene que proporcionar servicios del ecosistema al medio ambiente, servir de sumidero para el carbono y satisfacer la futura demanda de biocombustibles y bioplásticos”.

En la reciente y combatida encíclica ecológica Laudato sii se toca el tema de los cultivos genéticamente modificados (transgénicos), no por su uso en sí o por su origen, sino por sus consecuencias económicas y sociales. En muchos lugares, tras la introducción de estos cultivos, se constata una concentración de tierras productivas en manos de pocos debido a la progresiva desaparición de pequeños productores que, como consecuencia de la pérdida de las tierras explotadas, se han visto obligados a retirarse de la producción directa. El jefe del Estado del Vaticano, Jorge Mario Bergoglio, manifestó, en el capítulo 3 de esta encíclica, que “Los más frágiles se convierten en trabajadores precarios, y muchos empleados rurales terminan migrando a miserables asentamientos de las ciudades. La expansión de la frontera de estos cultivos arrasa con el complejo entramado de los ecosistemas, disminuye la diversidad productiva y afecta el presente y el futuro de las economías regionales. En varios países se advierte una tendencia al desarrollo de oligopolios en la producción de granos y de otros productos necesarios para su cultivo, y la dependencia se agrava si se piensa en la producción de granos estériles que terminaría obligando a los campesinos a comprarlos a las empresas productoras”. No por nada esta encíclica es criticada por grupos relacionados estrechamente con el capitalismo más salvaje, el libre mercado y las grandes empresas biotecnológicas.

La socióloga Norma Giarracca, recientemente fallecida, planteaba en sus textos un debate que recorre el mundo occidental y se centra en la posibilidad de coexistencia entre la llamada “agricultura familiar” y el pujante “agronegocio”. El problema del agronegocio es que no quiere esta coexistencia, ya que busca expandirse sin control y en esa expansión arrasa con los bosques, el agua y la biodiversidad, y a su vez promueve que se patenten las semillas y todo ser vivo. Si bien al agronegocio se lo enmarca dentro de lo que se denomina neoliberalismo, la mayoría de los gobiernos de Latinoamérica hoy denominados posneoliberales sigue formando parte de los agronegocios que describía Giarracca en sus textos.

Por otra parte, se tiende a pensar erradamente que la agricultura es una práctica cuyo control deber ser extremadamente cuidadoso, porque su objetivo final es la alimentación de los seres humanos. Pero no es así. En su libro Vegetarianismo en el debate político, el médico Ezequiel Arrieta nos muestra que el avance de la frontera agrícola sobre la mayoría de los ecosistemas no está siempre relacionado con la producción de alimento de origen vegetal para seres humanos, sino para abrir terrenos para la cría de ganado y para alimentar a los animales criados en feedlot (engorde a corral). Es decir, que las principales causas de deforestación en los países con modelo agroexportador son aquellas actividades relacionadas con la producción de carne roja. La obra en cuestión acerca a la población general información muy valiosa y novedosa basada en evidencia científica sobre la necesidad de establecer un debate serio, con argumentos sólidos, sobre la insostenibilidad del actual sistema de producción de alimentos de origen animal y la posibilidad de obtener beneficios sanitarios y ambientales derivados de la adopción de una dieta vegetariana, o al menos, de una reducción significativa del consumo de carne roja.

La biología, la sociología y la medicina tienen mucho que decir, que investigar y que preguntar sobre las políticas agrarias. ¿Qué modelo agrícola piensan seguir Scioli, Macri, Massa y Stolbizer? ¿Piensan seguir sosteniendo un modelo sojero peligroso pero atractivo por la alta rentabilidad que genera para algunos sectores: exportadores, grandes productores, rentistas y proveedores de los insumos involucrados en la producción sojera? ¿Piensan soslayar los costos sociales, económicos, ambientales e incluso en la salud pública involucrados en esta producción? ¿Piensan tomar alguna medida con el glifosato, uno de los herbicidas más usados en nuestros campos, luego de que 17 expertos científicos de once países lograron que la OMS lo categorice como “probablemente cancerígeno”, la segunda categoría más alta vinculada a la enfermedad? ¿No creen que sea necesario impulsar una ley que fomente el buen uso de los suelos y otra que regule el uso de agroquímicos? ¿Qué relaciones piensan establecer con Apresid, Expoagro, los grandes exportadores Monsanto y Grobocopatel? ¿Por qué creen que en este siglo que transitamos los temas ambientales son evadidos de la agenda pública y del discurso político? Como verán, aquel “queremos preguntar” -surgido en 2012 en el programa de Jorge Lanata- no es propiedad exclusiva del periodismo. Ojalá antes de octubre tengamos respuestas para algunas de estas preguntas.