Del 1 al 12 de diciembre en Lima, Perú, líderes de 194 países se reúnen en la cumbre del clima de Naciones Unidas (COP20) para negociar la estructura del nuevo acuerdo global que deberá firmarse en la reunión del año próximo, en París, y que tendrá como objetivo evitar los peores impactos del cambio climático. Como guía, los negociadores llevan bajo el brazo el último informe publicado recientemente por la máxima autoridad científica sobre cambio climático, el IPCC, que demuestra que podemos evitar un calentamiento global catastrófico si llevamos a cero la quema de combustibles fósiles alrededor de mitad de siglo. Aún así, algunos países continúan defendiendo la posición de quemar carbón, petróleo o gas, mientras que otros, los pequeños Estados isleños como Nauru, Tuvalu o las Islas Marshall en el pacífico, piden acción climática urgente para no desaparecer bajo el nivel del mar que se eleva aceleradamente.

La COP20 en Lima comenzó con cierto optimismo, luego de algunos movimientos políticos relevantes. Entre ellos se destaca el acuerdo conjunto entre Estados Unidos y China que demuestra que todos debemos actuar en conjunto. Aunque insuficiente, también fue un paso adelante el aporte de US$ 9.700 millones realizado por algunos países para el fondo que busca facilitar la transición de países en vías de desarrollo hacia economías basadas en energías renovables. Incluso vimos señales de los mercados, como el anuncio del gigante energético alemán E.ON de abandonar sus negocios en el carbón, el gas y la energía atómica, para focalizarse en el desarrollo de renovables y la eficiencia energética.

El texto que salga de Lima deberá presentar avances contundentes hacia el abandono de los fósiles. Greenpeace exige que toda la energía mundial provenga del viento, del sol u otras renovables y que el plazo para la concreción de este escenario no ocurra más allá de 2050. ¿Es posible alcanzar esa meta dentro de 35 años? El IPCC demuestra que sí y varios países ya han planteado algo similar en sus posiciones. Pero debemos ser muy ambiciosos y no dejar ningún cabo suelto en este camino. Por eso exigimos que los cambios hacia 2050 se vean reflejados en compromisos quinquenales (cada cinco años), y que se aumente la ambición climática previa a 2020, que es cuando entraría en vigencia el acuerdo de París que se negocia en Lima. Esperamos que Latinoamérica, como anfitrión de esta cumbre, deje una huella indeleble y positiva en las negociaciones para salvar el clima.

Si queremos evitar las cada vez más dramáticas inundaciones que vive la población de Buenos Aires, las intensas sequías que afectan a la zona pampeana y el norte del país, o la disponibilidad de agua potable en la región cordillerana, tenemos que abandonar definitivamente el carbón y el petróleo. Inaugurar plantas de carbón y manifestarse en solidaridad con víctimas de impactos climáticos, es una contradicción que no podemos tolerar.

Uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad en este siglo es evitar un cambio climático fuera de control. Los científicos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) advierten que si la temperatura global aumenta más de 2 °C en relación con los niveles preindustriales, el calentamiento desencadenará procesos de retroalimentación por el derretimiento de las capas de hielo, aumento de nivel del mar y fenómenos extremos más intensos y frecuentes. La comunidad internacional ya ha reconocido este límite en el Acuerdo de Copenhague firmado en el marco de las negociaciones climáticas de la ONU en diciembre de 2009.

La forma en la que generamos, distribuimos y consumimos energía es la principal componente de este desequilibrio climático. De acuerdo a lo publicado por el IPCC en su Cuarto Informe de Evaluación, publicado en 2007, el 57% de las emisiones de gases de efecto invernadero son producto de la quema de combustibles fósiles para generar energía. Esta coyuntura, junto a la mayor disponibilidad de las fuentes renovables, está señalando el fin de la era de las energías sucias. Según un informe de la Agencia Internacional de Energía publicado en junio de 2013, se espera que las energías renovables sean la segunda mayor fuente de electricidad global para 2016, superando al gas y duplicando a la generación nuclear.

En este marco, el fracking aparece como un desesperado intento de statu quo hidrocarburífero por sobrevivir ante una situación global de transición energética. Un círculo vicioso en el que la escasez del recurso que dispara la subida del precio en el mercado internacional hace viable explotar zonas antes impensadas. Así es que los yacimientos “no convencionales” aparecen como nuevas fronteras para seguir haciendo más de lo mismo, alimentar el motor del cambio climático, pero peor, por el enorme consumo de agua –entre 9 y 29 mil m³ de agua por pozo– y el potencial de contaminación de los acuíferos con los químicos inyectados a alta presión. Además, el prontuario de Chevron, condenada en 2011 por la justicia ecuatoriana a pagar 19 mil millones de dólares por graves vertidos tóxicos durante sus operaciones en ese país, genera rechazo en las comunidades de la zona de Vaca Muerta, que ven su seguridad y su futuro en peligro.

A escala local, Argentina depende en un 87% de los combustibles fósiles. Sin embargo, el horizonte de reservas ha tenido una constante tendencia a la baja, ubicándose en torno a los 7 años para el gas natural, y a los 10 para el petróleo. Esta dependencia ubica nuestras emisiones de dióxido de carbono (CO₂) per cápita entre las más altas de la región. Según datos del Banco Mundial, en 2009 las emisiones argentinas fueron  4,4 toneladas de CO₂ mientras que, por ejemplo, México emitió 4,0 toneladas y Brasil 1,9. Aun así, estos dos países han presentado metas de mitigación para 2020, contrariamente a la inacción argentina al respecto.

Para cubrir una demanda energética creciente, Argentina cuenta con un gran potencial renovable. Por ejemplo, los vientos de la Patagonia, la costa de Buenos Aires y las zonas serranas de Córdoba tienen una disponibilidad de entre el 40 y el 45% para generar energía, muy por encima del promedio mundial –en el orden de 25%. En el informe [r]evolución energética presentado por Greenpeace en 2011, documentamos cómo el aporte renovable del país podría cubrir un 85% de la generación de energía y reducir un 80% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2050, apagando las plantas nucleares y dejando la puerta cerrada al fracking.

Greenpeace rechaza el avance de la frontera hidrocarburífera que supone la explotación de recursos “no convencionales”, por sus impactos climáticos globales y la amenaza de contaminación de las zonas afectadas. Argentina debe reorientar los esfuerzos hacia el cumplimiento de la Ley 26.190, que establece una meta de 8% de electricidad renovable para 2016 y es el primer paso para una matriz energética diversificada y sostenible.