Uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad en este siglo es evitar un cambio climático fuera de control. Los científicos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) advierten que si la temperatura global aumenta más de 2 °C en relación con los niveles preindustriales, el calentamiento desencadenará procesos de retroalimentación por el derretimiento de las capas de hielo, aumento de nivel del mar y fenómenos extremos más intensos y frecuentes. La comunidad internacional ya ha reconocido este límite en el Acuerdo de Copenhague firmado en el marco de las negociaciones climáticas de la ONU en diciembre de 2009.

La forma en la que generamos, distribuimos y consumimos energía es la principal componente de este desequilibrio climático. De acuerdo a lo publicado por el IPCC en su Cuarto Informe de Evaluación, publicado en 2007, el 57% de las emisiones de gases de efecto invernadero son producto de la quema de combustibles fósiles para generar energía. Esta coyuntura, junto a la mayor disponibilidad de las fuentes renovables, está señalando el fin de la era de las energías sucias. Según un informe de la Agencia Internacional de Energía publicado en junio de 2013, se espera que las energías renovables sean la segunda mayor fuente de electricidad global para 2016, superando al gas y duplicando a la generación nuclear.

En este marco, el fracking aparece como un desesperado intento de statu quo hidrocarburífero por sobrevivir ante una situación global de transición energética. Un círculo vicioso en el que la escasez del recurso que dispara la subida del precio en el mercado internacional hace viable explotar zonas antes impensadas. Así es que los yacimientos “no convencionales” aparecen como nuevas fronteras para seguir haciendo más de lo mismo, alimentar el motor del cambio climático, pero peor, por el enorme consumo de agua –entre 9 y 29 mil m³ de agua por pozo– y el potencial de contaminación de los acuíferos con los químicos inyectados a alta presión. Además, el prontuario de Chevron, condenada en 2011 por la justicia ecuatoriana a pagar 19 mil millones de dólares por graves vertidos tóxicos durante sus operaciones en ese país, genera rechazo en las comunidades de la zona de Vaca Muerta, que ven su seguridad y su futuro en peligro.

A escala local, Argentina depende en un 87% de los combustibles fósiles. Sin embargo, el horizonte de reservas ha tenido una constante tendencia a la baja, ubicándose en torno a los 7 años para el gas natural, y a los 10 para el petróleo. Esta dependencia ubica nuestras emisiones de dióxido de carbono (CO₂) per cápita entre las más altas de la región. Según datos del Banco Mundial, en 2009 las emisiones argentinas fueron  4,4 toneladas de CO₂ mientras que, por ejemplo, México emitió 4,0 toneladas y Brasil 1,9. Aun así, estos dos países han presentado metas de mitigación para 2020, contrariamente a la inacción argentina al respecto.

Para cubrir una demanda energética creciente, Argentina cuenta con un gran potencial renovable. Por ejemplo, los vientos de la Patagonia, la costa de Buenos Aires y las zonas serranas de Córdoba tienen una disponibilidad de entre el 40 y el 45% para generar energía, muy por encima del promedio mundial –en el orden de 25%. En el informe [r]evolución energética presentado por Greenpeace en 2011, documentamos cómo el aporte renovable del país podría cubrir un 85% de la generación de energía y reducir un 80% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2050, apagando las plantas nucleares y dejando la puerta cerrada al fracking.

Greenpeace rechaza el avance de la frontera hidrocarburífera que supone la explotación de recursos “no convencionales”, por sus impactos climáticos globales y la amenaza de contaminación de las zonas afectadas. Argentina debe reorientar los esfuerzos hacia el cumplimiento de la Ley 26.190, que establece una meta de 8% de electricidad renovable para 2016 y es el primer paso para una matriz energética diversificada y sostenible.

La semana pasada, el ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció que los argentinos pagaremos 42 mil millones de dólares para fomentar una fuente de energía que pone en peligro nuestra estructura social, nuestros territorios, e incluso nuestras vidas, como hemos visto luego de los desastres nucleares de Chernobyl y Fukushima. Y lo peor es que nadie nos preguntó si estamos de acuerdo. Una tecnología tan peligrosa no puede avanzar a espaldas de la población.

A más de dos años del desastre nuclear de Fukushima, miles de japoneses siguen sin poder regresar a sus hogares y la usina colapsada sigue contaminando el agua del Océano Pacífico con sucesivas fugas de radiactividad. Hoy, la tercera economía global avanza hacia una desnuclearización completa para la década de 2030. Sin embargo, nuestro país niega las devastadoras evidencias de esta tecnología y promete un crecimiento exponencial de su capacidad atómica bajo el falso paradigma de “seguridad nuclear”.

Las autoridades a cargo de determinar las causas del desastre nuclear concluyeron que lo que generó las condiciones para que Fukushima ocurra fue la debilidad y la connivencia del regulador nuclear; el rol del terremoto y el tsunami fue el de disparador. En Argentina la situación no es muy distinta. La falta de transparencia de la Autoridad Regulatoria Nuclear se evidencia, por ejemplo, cuando permite que se instale un nuevo reactor en la Central Nuclear Embalse, en Córdoba, sin llamar a audiencias públicas ni exigir un estudio de impacto ambiental. Un accidente nuclear puede ocurrir en Córdoba, donde pretende extenderse la vida útil de esta planta que no sería aceptada en muchos países por sus similitudes con el reactor de Chernobyl.

Además, luego de Fukushima, la Agencia Internacional de Energía Atómica convocó a todos sus Estados miembro –entre ellos Argentina– a solicitar auditorías por parte de sus pares para cotejar y mejorar las medidas de seguridad nuclear. Aunque más de 40 países ya lo han hecho –incluso países sin usinas atómicas operativas, como los Emiratos Árabes Unidos–, Argentina todavía no solicitó esta revisión.

Los anuncios de De Vido no pueden pasar desapercibidos. En Greenpeace somos conscientes que no hay energía nuclear segura, pero la mejor forma para transitar el abandono de esta tecnología sin descuidar a la población es cumpliendo los máximos estándares de seguridad, con transparencia regulatoria y participación pública. Argentina no cumple ninguna de estas condiciones.

Greenpeace propone una transición hacia fuentes de energía renovables. Una opción más limpia, segura y actualmente más económica, como hemos demostrado en nuestro escenario energético para el año 2050.