Del 1 al 12 de diciembre en Lima, Perú, líderes de 194 países se reúnen en la cumbre del clima de Naciones Unidas (COP20) para negociar la estructura del nuevo acuerdo global que deberá firmarse en la reunión del año próximo, en París, y que tendrá como objetivo evitar los peores impactos del cambio climático. Como guía, los negociadores llevan bajo el brazo el último informe publicado recientemente por la máxima autoridad científica sobre cambio climático, el IPCC, que demuestra que podemos evitar un calentamiento global catastrófico si llevamos a cero la quema de combustibles fósiles alrededor de mitad de siglo. Aún así, algunos países continúan defendiendo la posición de quemar carbón, petróleo o gas, mientras que otros, los pequeños Estados isleños como Nauru, Tuvalu o las Islas Marshall en el pacífico, piden acción climática urgente para no desaparecer bajo el nivel del mar que se eleva aceleradamente.

La COP20 en Lima comenzó con cierto optimismo, luego de algunos movimientos políticos relevantes. Entre ellos se destaca el acuerdo conjunto entre Estados Unidos y China que demuestra que todos debemos actuar en conjunto. Aunque insuficiente, también fue un paso adelante el aporte de US$ 9.700 millones realizado por algunos países para el fondo que busca facilitar la transición de países en vías de desarrollo hacia economías basadas en energías renovables. Incluso vimos señales de los mercados, como el anuncio del gigante energético alemán E.ON de abandonar sus negocios en el carbón, el gas y la energía atómica, para focalizarse en el desarrollo de renovables y la eficiencia energética.

El texto que salga de Lima deberá presentar avances contundentes hacia el abandono de los fósiles. Greenpeace exige que toda la energía mundial provenga del viento, del sol u otras renovables y que el plazo para la concreción de este escenario no ocurra más allá de 2050. ¿Es posible alcanzar esa meta dentro de 35 años? El IPCC demuestra que sí y varios países ya han planteado algo similar en sus posiciones. Pero debemos ser muy ambiciosos y no dejar ningún cabo suelto en este camino. Por eso exigimos que los cambios hacia 2050 se vean reflejados en compromisos quinquenales (cada cinco años), y que se aumente la ambición climática previa a 2020, que es cuando entraría en vigencia el acuerdo de París que se negocia en Lima. Esperamos que Latinoamérica, como anfitrión de esta cumbre, deje una huella indeleble y positiva en las negociaciones para salvar el clima.

Si queremos evitar las cada vez más dramáticas inundaciones que vive la población de Buenos Aires, las intensas sequías que afectan a la zona pampeana y el norte del país, o la disponibilidad de agua potable en la región cordillerana, tenemos que abandonar definitivamente el carbón y el petróleo. Inaugurar plantas de carbón y manifestarse en solidaridad con víctimas de impactos climáticos, es una contradicción que no podemos tolerar.

En este contexto, la estrategia de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) permanece fiel a lo que hizo siempre: silenciar el debate público, dificultar la transparencia en la ejecución de sus planes y esconder los verdaderos costos de las usinas atómicas. Su objetivo es lograr aprobaciones que luego terminan costando mucho más caras y que impactan directamente en el bolsillo de los argentinos debido a que el Estado subsidia un 100% la generación nuclear.

En línea con esta estrategia de desinformación pública es que pretende reconstruirse la usina cordobesa de Embalse, que llegó al fin de su vida útil en 2012 pero continúa funcionando. De Vido anunció obras por US$ 1.600 millones, para reconstruir la parte nuclear de la planta de modo que “sobreviva” 30 años más. Lo curioso es que en Canadá, el país donde se creó la tecnología que utiliza Embalse, los costos son cuatro veces mayores de lo anunciado en Argentina. ¿Se esconden los verdaderos costos o se resignan medidas de seguridad nuclear?

Marcan un camino distinto las recientes declaraciones a un medio rosarino del gobernador de Córdoba, José Manuel De La Sota, al manifestar que la construcción de Embalse “ha sido un error que causa perjuicio al turismo de la provincia”. Así, De La Sota se posicionó como el primer opositor al plan nuclear del ministro De Vido, abriendo la puerta al desarrollo de las energías renovables en la provincia mediterránea.

Consultada sobre las declaraciones de De La Sota, la presidenta de la CNEA, Norma Boero, respondió días atrás que “eso es un problema político más que otra cosa” y adujo que el organismo que preside tiene encuestas de los vecinos de las plantas y “todas nos dan favorables (…) la gente está contenta porque tienen trabajo digno y progreso para su provincia”.

Sin embargo, en una encuesta realizada por la consultora independiente MBC MORI en mayo de 2012, el 70% de los cordobeses rechazaron la continuidad de la Central Nuclear Embalse. Este número se incrementa en el Departamento de Calamuchita, donde está ubicada la planta. Allí casi ocho de cada diez personas considera que la energía nuclear es peligrosa y el 73% está específicamente en desacuerdo con la existencia de la usina de Embalse.

Numerosas organizaciones, entre las que se encuentra Greenpeace, nucleadas en la coalición “Córdoba No Nuclear”, presentaron el año pasado un proyecto para cerrar Embalse. El texto fue acompañado con a la firma de 30.000 cordobeses, bajo el mecanismo de iniciativa popular, pero aún así la Legislatura de Córdoba no aceptó las firmas y se negó a debatir el tema nuclear.

Esperamos que la posición del gobernador De La Sota se materialice en la acción concreta de su bloque en la legislatura, para debatir este proyecto que 30.000 cordobeses exigieron con su participación.

Ya lo hicimos una vez cuando en el 61 se puso en marcha el Tratado Antártico, con 50 países adherentes, que preserva el territorio para la libre investigación científica y prohíbe la actividad militar en el continente. A fines de la década del 90, con la entrada en vigencia del Protocolo de Madrid, se agregó un área protegida ambiental que impide los desarrollos industriales, petroleros y mineros, y prevé la protección del medio ambiente antártico.

Greenpeace formó parte de la campaña global para establecer el Protocolo de Protección Ambiental y ahora busca crear algo similar en el otro extremo del mundo. Exige un “santuario”, una reserva marina completamente protegida de la actividad pesquera, la extracción de petróleo y la actividad militar. El área cubierta sería el centro del Océano Ártico, más allá de las 200 millas náuticas que involucra las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) de los Estados costeros. Un área bajo protección de las Naciones Unidas, un sitio dedicado a la ciencia y la investigación. No está solo en este reclamo: la acompaña uno de los ocho Estados Árticos, Finlandia, líderes culturales y sociales como el Premio Nobel Desmond Tutu, Sir Paul McCartney o Penélope Cruz, y más de 5 millones de personas en todo el mundo que apoyaron la petición.

El problema que enfrenta es grave: el hielo del Ártico, del que todos dependemos, está desapareciendo. En los últimos 30 años, se derritió el 75 por ciento de su hielo flotante, que cumple la función de reflejar una gran cantidad de calor solar hacia el espacio y evitar así un aún más grave derretimiento de los hielos.

Para perforar el Ártico, las petroleras tienen que apartar los icebergs que sus plataformas encuentran en el camino y derretir el hielo flotante. Si permitimos que lo hagan, un derrame catastrófico es sólo cuestión de tiempo.

Tenemos el conocimiento y la tecnología necesarios para comenzar la transición del petróleo que se extrae de nuestro suelo contaminando gravemente al ambiente, a energías limpias, seguras e inagotables, como la energía del viento, la tierra y el sol. Para cambiar este modelo el primer paso es proteger el Ártico hoy, como hicimos con la Antártida hace más de 40 años.

Uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad en este siglo es evitar un cambio climático fuera de control. Los científicos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) advierten que si la temperatura global aumenta más de 2 °C en relación con los niveles preindustriales, el calentamiento desencadenará procesos de retroalimentación por el derretimiento de las capas de hielo, aumento de nivel del mar y fenómenos extremos más intensos y frecuentes. La comunidad internacional ya ha reconocido este límite en el Acuerdo de Copenhague firmado en el marco de las negociaciones climáticas de la ONU en diciembre de 2009.

La forma en la que generamos, distribuimos y consumimos energía es la principal componente de este desequilibrio climático. De acuerdo a lo publicado por el IPCC en su Cuarto Informe de Evaluación, publicado en 2007, el 57% de las emisiones de gases de efecto invernadero son producto de la quema de combustibles fósiles para generar energía. Esta coyuntura, junto a la mayor disponibilidad de las fuentes renovables, está señalando el fin de la era de las energías sucias. Según un informe de la Agencia Internacional de Energía publicado en junio de 2013, se espera que las energías renovables sean la segunda mayor fuente de electricidad global para 2016, superando al gas y duplicando a la generación nuclear.

En este marco, el fracking aparece como un desesperado intento de statu quo hidrocarburífero por sobrevivir ante una situación global de transición energética. Un círculo vicioso en el que la escasez del recurso que dispara la subida del precio en el mercado internacional hace viable explotar zonas antes impensadas. Así es que los yacimientos “no convencionales” aparecen como nuevas fronteras para seguir haciendo más de lo mismo, alimentar el motor del cambio climático, pero peor, por el enorme consumo de agua –entre 9 y 29 mil m³ de agua por pozo– y el potencial de contaminación de los acuíferos con los químicos inyectados a alta presión. Además, el prontuario de Chevron, condenada en 2011 por la justicia ecuatoriana a pagar 19 mil millones de dólares por graves vertidos tóxicos durante sus operaciones en ese país, genera rechazo en las comunidades de la zona de Vaca Muerta, que ven su seguridad y su futuro en peligro.

A escala local, Argentina depende en un 87% de los combustibles fósiles. Sin embargo, el horizonte de reservas ha tenido una constante tendencia a la baja, ubicándose en torno a los 7 años para el gas natural, y a los 10 para el petróleo. Esta dependencia ubica nuestras emisiones de dióxido de carbono (CO₂) per cápita entre las más altas de la región. Según datos del Banco Mundial, en 2009 las emisiones argentinas fueron  4,4 toneladas de CO₂ mientras que, por ejemplo, México emitió 4,0 toneladas y Brasil 1,9. Aun así, estos dos países han presentado metas de mitigación para 2020, contrariamente a la inacción argentina al respecto.

Para cubrir una demanda energética creciente, Argentina cuenta con un gran potencial renovable. Por ejemplo, los vientos de la Patagonia, la costa de Buenos Aires y las zonas serranas de Córdoba tienen una disponibilidad de entre el 40 y el 45% para generar energía, muy por encima del promedio mundial –en el orden de 25%. En el informe [r]evolución energética presentado por Greenpeace en 2011, documentamos cómo el aporte renovable del país podría cubrir un 85% de la generación de energía y reducir un 80% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2050, apagando las plantas nucleares y dejando la puerta cerrada al fracking.

Greenpeace rechaza el avance de la frontera hidrocarburífera que supone la explotación de recursos “no convencionales”, por sus impactos climáticos globales y la amenaza de contaminación de las zonas afectadas. Argentina debe reorientar los esfuerzos hacia el cumplimiento de la Ley 26.190, que establece una meta de 8% de electricidad renovable para 2016 y es el primer paso para una matriz energética diversificada y sostenible.

La semana pasada, el ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció que los argentinos pagaremos 42 mil millones de dólares para fomentar una fuente de energía que pone en peligro nuestra estructura social, nuestros territorios, e incluso nuestras vidas, como hemos visto luego de los desastres nucleares de Chernobyl y Fukushima. Y lo peor es que nadie nos preguntó si estamos de acuerdo. Una tecnología tan peligrosa no puede avanzar a espaldas de la población.

A más de dos años del desastre nuclear de Fukushima, miles de japoneses siguen sin poder regresar a sus hogares y la usina colapsada sigue contaminando el agua del Océano Pacífico con sucesivas fugas de radiactividad. Hoy, la tercera economía global avanza hacia una desnuclearización completa para la década de 2030. Sin embargo, nuestro país niega las devastadoras evidencias de esta tecnología y promete un crecimiento exponencial de su capacidad atómica bajo el falso paradigma de “seguridad nuclear”.

Las autoridades a cargo de determinar las causas del desastre nuclear concluyeron que lo que generó las condiciones para que Fukushima ocurra fue la debilidad y la connivencia del regulador nuclear; el rol del terremoto y el tsunami fue el de disparador. En Argentina la situación no es muy distinta. La falta de transparencia de la Autoridad Regulatoria Nuclear se evidencia, por ejemplo, cuando permite que se instale un nuevo reactor en la Central Nuclear Embalse, en Córdoba, sin llamar a audiencias públicas ni exigir un estudio de impacto ambiental. Un accidente nuclear puede ocurrir en Córdoba, donde pretende extenderse la vida útil de esta planta que no sería aceptada en muchos países por sus similitudes con el reactor de Chernobyl.

Además, luego de Fukushima, la Agencia Internacional de Energía Atómica convocó a todos sus Estados miembro –entre ellos Argentina– a solicitar auditorías por parte de sus pares para cotejar y mejorar las medidas de seguridad nuclear. Aunque más de 40 países ya lo han hecho –incluso países sin usinas atómicas operativas, como los Emiratos Árabes Unidos–, Argentina todavía no solicitó esta revisión.

Los anuncios de De Vido no pueden pasar desapercibidos. En Greenpeace somos conscientes que no hay energía nuclear segura, pero la mejor forma para transitar el abandono de esta tecnología sin descuidar a la población es cumpliendo los máximos estándares de seguridad, con transparencia regulatoria y participación pública. Argentina no cumple ninguna de estas condiciones.

Greenpeace propone una transición hacia fuentes de energía renovables. Una opción más limpia, segura y actualmente más económica, como hemos demostrado en nuestro escenario energético para el año 2050.