En este contexto, la estrategia de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) permanece fiel a lo que hizo siempre: silenciar el debate público, dificultar la transparencia en la ejecución de sus planes y esconder los verdaderos costos de las usinas atómicas. Su objetivo es lograr aprobaciones que luego terminan costando mucho más caras y que impactan directamente en el bolsillo de los argentinos debido a que el Estado subsidia un 100% la generación nuclear.

En línea con esta estrategia de desinformación pública es que pretende reconstruirse la usina cordobesa de Embalse, que llegó al fin de su vida útil en 2012 pero continúa funcionando. De Vido anunció obras por US$ 1.600 millones, para reconstruir la parte nuclear de la planta de modo que “sobreviva” 30 años más. Lo curioso es que en Canadá, el país donde se creó la tecnología que utiliza Embalse, los costos son cuatro veces mayores de lo anunciado en Argentina. ¿Se esconden los verdaderos costos o se resignan medidas de seguridad nuclear?

Marcan un camino distinto las recientes declaraciones a un medio rosarino del gobernador de Córdoba, José Manuel De La Sota, al manifestar que la construcción de Embalse “ha sido un error que causa perjuicio al turismo de la provincia”. Así, De La Sota se posicionó como el primer opositor al plan nuclear del ministro De Vido, abriendo la puerta al desarrollo de las energías renovables en la provincia mediterránea.

Consultada sobre las declaraciones de De La Sota, la presidenta de la CNEA, Norma Boero, respondió días atrás que “eso es un problema político más que otra cosa” y adujo que el organismo que preside tiene encuestas de los vecinos de las plantas y “todas nos dan favorables (…) la gente está contenta porque tienen trabajo digno y progreso para su provincia”.

Sin embargo, en una encuesta realizada por la consultora independiente MBC MORI en mayo de 2012, el 70% de los cordobeses rechazaron la continuidad de la Central Nuclear Embalse. Este número se incrementa en el Departamento de Calamuchita, donde está ubicada la planta. Allí casi ocho de cada diez personas considera que la energía nuclear es peligrosa y el 73% está específicamente en desacuerdo con la existencia de la usina de Embalse.

Numerosas organizaciones, entre las que se encuentra Greenpeace, nucleadas en la coalición “Córdoba No Nuclear”, presentaron el año pasado un proyecto para cerrar Embalse. El texto fue acompañado con a la firma de 30.000 cordobeses, bajo el mecanismo de iniciativa popular, pero aún así la Legislatura de Córdoba no aceptó las firmas y se negó a debatir el tema nuclear.

Esperamos que la posición del gobernador De La Sota se materialice en la acción concreta de su bloque en la legislatura, para debatir este proyecto que 30.000 cordobeses exigieron con su participación.

La semana pasada, el ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció que los argentinos pagaremos 42 mil millones de dólares para fomentar una fuente de energía que pone en peligro nuestra estructura social, nuestros territorios, e incluso nuestras vidas, como hemos visto luego de los desastres nucleares de Chernobyl y Fukushima. Y lo peor es que nadie nos preguntó si estamos de acuerdo. Una tecnología tan peligrosa no puede avanzar a espaldas de la población.

A más de dos años del desastre nuclear de Fukushima, miles de japoneses siguen sin poder regresar a sus hogares y la usina colapsada sigue contaminando el agua del Océano Pacífico con sucesivas fugas de radiactividad. Hoy, la tercera economía global avanza hacia una desnuclearización completa para la década de 2030. Sin embargo, nuestro país niega las devastadoras evidencias de esta tecnología y promete un crecimiento exponencial de su capacidad atómica bajo el falso paradigma de “seguridad nuclear”.

Las autoridades a cargo de determinar las causas del desastre nuclear concluyeron que lo que generó las condiciones para que Fukushima ocurra fue la debilidad y la connivencia del regulador nuclear; el rol del terremoto y el tsunami fue el de disparador. En Argentina la situación no es muy distinta. La falta de transparencia de la Autoridad Regulatoria Nuclear se evidencia, por ejemplo, cuando permite que se instale un nuevo reactor en la Central Nuclear Embalse, en Córdoba, sin llamar a audiencias públicas ni exigir un estudio de impacto ambiental. Un accidente nuclear puede ocurrir en Córdoba, donde pretende extenderse la vida útil de esta planta que no sería aceptada en muchos países por sus similitudes con el reactor de Chernobyl.

Además, luego de Fukushima, la Agencia Internacional de Energía Atómica convocó a todos sus Estados miembro –entre ellos Argentina– a solicitar auditorías por parte de sus pares para cotejar y mejorar las medidas de seguridad nuclear. Aunque más de 40 países ya lo han hecho –incluso países sin usinas atómicas operativas, como los Emiratos Árabes Unidos–, Argentina todavía no solicitó esta revisión.

Los anuncios de De Vido no pueden pasar desapercibidos. En Greenpeace somos conscientes que no hay energía nuclear segura, pero la mejor forma para transitar el abandono de esta tecnología sin descuidar a la población es cumpliendo los máximos estándares de seguridad, con transparencia regulatoria y participación pública. Argentina no cumple ninguna de estas condiciones.

Greenpeace propone una transición hacia fuentes de energía renovables. Una opción más limpia, segura y actualmente más económica, como hemos demostrado en nuestro escenario energético para el año 2050.