En la era de la imagen y de la telepolítica, un debate televisivo con reglas, pautas y temáticas a exponer es un gran paso para que la ciudadanía pueda, de manera masiva y acorde con los tiempos que corren, conocer qué propone cada candidato y espacio político. Recordemos que en el último debate previo a las elecciones generales, el candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, no participó de esa instancia.

Así, el debate entre Mauricio Macri y Daniel Scioli en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires genera gran expectativa, y esto es una buena noticia. El próximo paso, y espero no pecar de optimista, es normar los debates televisivos para que sean públicos y obligatorios por ley a nivel nacional y local.

En este sentido, como legislador porteño he presentado en el 2012, y nuevamente este año, un proyecto de ley para implementar el debate público, televisivo y obligatorio entre los candidatos a jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su principal objetivo es dar a conocer las propuestas políticas de los candidatos y sus plataformas electorales, de manera que los ciudadanos puedan valorarlas en un ámbito neutral, democrático y republicano.

Desde mi experiencia política en la ciudad de Buenos Aires, puedo afirmar que la sociedad porteña espera campañas electorales competitivas y propositivas. Esta situación nos lleva a encontrar nuevas formas de interactuar con la gente y generar procesos electorales incluyentes, transparentes y equitativos. Crear un marco normativo que regule la organización y la difusión de los debates tiene un rol importante en una república democrática.

El debate debe ser público, porque su carácter colectivo y su difusión desde medios públicos estatales son medulares a la hora de la organización de las discusiones que nos incumben a todos. Televisivo, porque se sustenta en el lugar central que la televisión tiene como medio de comunicación masivo y su importancia para el acceso a la información de la mayoría de la población. La obligatoriedad apunta a que no sean las estrategias coyunturales de los candidatos las que determinen cuándo los ciudadanos pueden ver un debate de sus futuros gobernantes y cuándo no.

En el derecho comparado, la práctica del debate televisivo no tiene una regulación jurídica específica. En Estados Unidos, España o México la práctica consuetudinaria del debate no requirió una regulación previa. No obstante, se dictaron posteriormente algunas normas y jurisprudencia en cuanto a controversias específicas, como, por ejemplo, cuándo es posible para las organizaciones no gubernamentales organizar debates o cómo participan los partidos minoritarios, por problemas de logística.

De ser aprobado nuestro proyecto de ley, Buenos Aires tomaría la delantera en materia de regulación de debates en medios de comunicación audiovisuales a nivel internacional.

La práctica de debatir con fundamentos e igualdad de posibilidades debe ocupar un lugar esencial en una república democrática. Este domingo veremos cómo dos candidatos presentan sus propuestas, diferencian políticas e ideas, con el plus de su carácter histórico, porque será la primera vez que tendremos un ballotage presidencial.

Asumo que el debate televisivo es una gran responsabilidad para nuestro sistema político, genera transparencia, eleva la discusión, produce más derechos y se compromete con la sociedad, y con uno de los artículos más importantes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que sostiene: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, asimismo, que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

Ayer nos despertamos con la noticia, que despertó inmediatamente protestas y críticas en las redes sociales  sobre una resolución oficial que detalla cómo el ente recaudador de la Ciudad a partir de  noviembre aplicará un
impuesto a la contratación de servicios de internet, que afectará a las compañías Netflix, Spotify y Amazon, y a los juegos de Facebook, PlayStation y xBox. Lógicamente, esto será trasladado a los clientes, o sea, nosotros, los ciudadanos usuarios.

Hoy el uso de internet es extenso y necesario. No sólo genera insumos para trabajar sino también entretenimiento, y más en una ciudad como Buenos Aires, donde muchísimos ciudadanos hemos transformado a internet en un consumo cultural.

Los últimos registros del Banco Mundial (mayo de 2014)  indican que nuestro  país lidera la región en cantidad de usuarios de internet y telecomunicaciones. Los usuarios llegan al 55,8 por ciento de la población y un 47,5 por ciento de los hogares tienen internet, según el mismo informe. Por otro lado, datos del Indec ubican en 30,6 millones los usuarios de internet, de los cuales 12,6 millones son cuentas radicadas en hogares. En cuanto a usos, al menos 12,4 millones de los más de 30 millones de usuarios frecuentes de internet en la Argentina son además compradores de bienes y servicios online. Si bien estas son cifras nacionales, podemos hacer una proyección a la Ciudad de Buenos Aires y empezar a vislumbrar que estamos ante un importante número de usuarios.

Esto no se le escapa a Macri, que pareciera ser muy poco creativo en su vocación por recaudar. Y una vez más le toca el bolsillo a los porteños. El gobierno de la Ciudad está en una situación complicada en materia de recaudación, lo que Macri debería resolver sin aplicar un impuesto a empresas que luego, seguramente, trasladarán al precio de servicios que usan los porteños. Es evidente que  hay pocas ideas sobre cómo generar recursos genuinos. Así, nos encontramos frente a una carga tributaria más que afectará al consumo cultural, sobre todo a los jóvenes, por su extensivo uso de las redes sociales y nuevas tecnologías.

Además la situación se agrava debido a que este tipo de  impuesto propuesto por el Ejecutivo debió ser  aprobado por la Legislatura porteña, ya que en materia impositiva la Constitución establece que el Poder Ejecutivo no tiene competencia para imponer impuestos ya que es una facultad del Poder Legislativo. Esta falta de respeto a la Constitución nos obliga como legisladores a una presentación judicial.

Los porteños ya sentimos la elevada presión tributaria con el impuesto a los Ingresos Brutos que necesita urgente una mayor segmentación de tasas y un debate en la Legislatura de Ciudad.

En definitiva, este tributo al consumo cultural online es parte de la misma política que el PRO tiene como eje de su accionar: impuestazo a los porteños.