Un primer paso sería otorgarles la reiterada e incumplida promesa del 82% móvil, así como también plantear en el próximo proyecto sobre impuesto a las ganancias que los jubilados estén exentos de tal pago. Ambas propuestas fueron impulsadas por el Frente Renovador y presentadas por su líder político, Sergio Massa; el actual Presidente se comprometió en varias ocasiones a cumplir con ello durante el año electoral.

Un segundo paso es la normalización del funcionamiento del PAMI. Durante los ocho años de Gobierno de Cristina Kirchner, fueron abundantes las denuncias que se efectuaron en la Justicia de cómo los funcionarios nacionales tomaron fondos de este organismo público.

Con la llegada del nuevo director ejecutivo, quedó demostrado con varias auditorías que el anterior titular dejó deudas millonarias con proveedores, en su mayoría instituciones públicas, además de haber instalado una conducción en el que sólo importaba su deseo; dejó de lado lo primordial, que es la atención de los adultos mayores. En consecuencia, esta institución padece hoy de unos doscientos millones de pesos en el déficit operativo y unos cinco millones de pesos en la deuda.

Es necesario, de una vez por todas y para siempre, el funcionamiento apropiado de este organismo. Desde hace años los afiliados esperan meses para ser atendidos por un médico; la mayoría se pasa de hospital en hospital buscando una solución a sus problemas de salud. La falta de medicamentos, la entrega tardía de prótesis demuestran que el PAMI dejó de ser funcional para la medicina preventiva.

Con la llegada de la nueva gestión, el PAMI se enfrenta a varios desafíos, además de demostrar qué es lo que se hizo con el dinero que el Estado bajaba para el organismo y que la Justicia se encargue de juzgar a los responsables. Carlos Regazzoni va a tener que implementar varias políticas que mejoren radicalmente el funcionamiento de la institución.

El tercer punto es la violencia en adultos mayores, que fue aumentando en los últimos años de manera exponencial. Claramente, las estrategias preventivas orientadas a reducir el maltrato en personas de tercera edad no están funcionando de manera eficaz y dejan una gran cantidad de muertes en el camino.

Se necesita un ejercicio más eficiente y eficaz de los recursos públicos, que sólo requiere voluntad política de los legisladores y de quienes ocupan cargos en los sectores públicos de tercera edad. Políticas de protección y apoyo, programas educativos y censos que describan la calidad de vida de los adultos mayores tienen que tomar protagonismo de manera urgente en la agenda legislativa.

La perspectiva social actual de Argentina muestra una deuda enorme con los adultos mayores. Con la llegada del nuevo Gobierno, nace la oportunidad de plantear una renovación institucional de largo plazo que busque mejorar la calidad de vida y la prevención de los más vulnerables.

Son grupos vulnerables quienes por sus características de desventaja requieren un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y la convivencia. Por ello, son más propensos a sufrir algún tipo de maltrato a sus derechos humanos, siendo el deber indiscutible de las políticas públicas impulsar acciones tendientes a su protección. Vayan entonces algunos datos que hemos podido colectar como muestra de lo dramático de la situación.

Las estadísticas a las que tenemos acceso demuestran que, en la actualidad, las principales víctimas de delitos son los adultos mayores. Son quienes suelen ser más confiados por no haber sufrido tantas estafas durante el pasado y creen que tampoco ahora las sufrirán, actuando en función de las experiencias vividas.

Generalmente los delincuentes utilizan maneras afectuosas de persuadirlos. Esto es debido a que los adultos mayores son mucho más susceptibles a experimentar emociones intensas, sobre todo si están relacionadas a perder algo querido dado que, en la mayoría de los casos, su principal sostén y su vida giran en torno a ello (un familiar, el cobro de una jubilación o pensión, recuerdos preciados, etc.).

A modo de ejemplo, los últimos datos arrojados por la Procuración Bonaerense informan que en el año 2012 hubo 1196 crímenes dolosos en la Provincia de Buenos Aires, de los cuales el 7.5 % fueron cometidos a adultos mayores. De igual manera, el último informe publicado por el Ministerio de Seguridad, arroja que durante el 2013 se registraron 1268 hechos y un 8% tuvo como víctima a adultos mayores de 65 años (nótese el claro aumento de porcentajes verificado de un año al otro).

Asimismo, dichos crímenes  fueron efectuados en un 64 % mediante armas, un 5% mediante objetos contundentes, un 22% mediante armas blancas y un 9% por otros medios.

Entre este último porcentaje se podría ubicar aquella agresión efectuada mediante la propinación de golpes de puños, que es, en muchas oportunidades, debido a la debilidad física e imposibilidad de defensa, la manera de amedrentar o maltratar a los adultos mayores durante la comisión de los delitos.

Otros datos a destacar arrojan que el 26 % de los crímenes son efectuados en casas particulares y el 52% en la vía pública.  Una práctica común de este grupo etario producto de las costumbres que tenían de más jóvenes, cuando las estadísticas de delincuencia eran mucho más bajas, es el guardado del dinero y objetos preciados dentro de sus propias viviendas, lo que incentiva a los delincuentes a ingresar a sus casas, mediante el engaño o a la fuerza, y maltratarlos hasta que logran la entrega de dichos valores. Durante este año, los últimos  casos conocidos fueron efectuados con esta metodología delictual.

También es destacable el informe elaborado por la Corte Suprema de Justicia, de donde se desprende que en el ámbito de la Capital Federal y el Conurbano Bonaerense asesinaron en un año a 55 adultos mayores -a un promedio de uno cada 159 horas- y que un adulto mayor es asesinado cada 96 horas en el resto del país.

Dentro de todos estos casos, que son objeto de estadísticas, sería dable mencionar aquellos que no son tomados en cuenta como tal,  produciéndose la muerte de los adultos mayores víctimas de la agresión días y hasta meses más tarde a causa de los golpes o sumergidos en un estado depresivo y de temor que finalmente les afecta físicamente.

En consecuencia de todo lo expresado anteriormente, y teniendo especial consideración a la importancia del desarrollo de políticas públicas de protección social destinados a los grupos vulnerables de la sociedad, es que se exhorta a que los organismos públicos con competencia específica en el abordaje de las temáticas de personas mayores, disponga las acciones que resulte menester para mitigar la grave situación imperante en la actualidad.

Palabras mas o menos estos han sido los fundamentos con los que he presentado un proyecto de Resolución en la Cámara de Diputados de la Nación solicitándole al Poder Ejecutivo Nacional  que, a través del Organismo Competente, o sea el Ministerio de Seguridad, y con la colaboración de entes como la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses ) y Pami, se articulen acciones preventivas para mitigar esta ola delictiva que asola a toda la ciudadania  y particularmente a nuestros mayores.

Un granito de arena y  un pequeño aporte para ocuparnos de quienes tanto dieron por el futuro de nuestra patria y, que en su vejez  y con sus magras jubilaciones, no puedan ni siquiera tener la tranquilidad de pasear con sus familiares, llevar nietos a su colegios o seguir integrados de alguna manera a los quehaceres cotidianos fuera del hogar.

No me acostumbraré y hago votos a que la sociedad no se acostumbre a estas realidades. Trabajaré sin descanso para revertir junto a mis pares estas penurias sociales, empezando por uno mismo, demostrando que siempre es posible hacer algo por el prójimo y en especial  si ellos han dado tanto por nuestro futuro.