Apalancado en datos duros de la realidad, o en la “sensación” fogoneada por la oposición política y sindical, el temor a la pérdida del empleo está instalado.

A la hora de poner los números sobre la mesa todo suena impreciso y hasta contradictorio. Nadie habla con certezas en la mano.

La CTA de los Trabajadores que comanda Hugo Yasky hace propios los datos recogidos por el observatorio de la CTA Autónoma de Pablo Miceli.

Este sector habla de 74.400 despidos, incluyendo en este dato a los del sector público y privado conforme lo relevado en publicaciones periodísticas por el Observatorio Social de esa central sindical.

Pero el a la hora del redondeo llegan a 110.000, incluyendo en esta cifra las suspensiones de las grandes empresas y los no registrados desplazados del ámbito de la construcción por la paralización de la obra pública, y del servicio doméstico, por la caída del salario real de las mujeres trabajadoras.

Un cálculo a “grosso modo” si los hay.

Un poco más enorme y redondo es el número en el que se apoya el kirchnerismo que revolea la cifra de 150.000 trabajadores arrojados a la intemperie laboral en los meses macristas.

El Gobierno se aferra a los números del SIPA ( Sistema Integrado Previsional Argentino) que, según los funcionarios, no muestra  un panorama de destrucción de empleo.  Los más optimistas, el caso de Luciano Laspina y el mismísimo Prat Gay hablan, incluso, de suba de empleo registrado en los dos últimos meses.

El malestar  social gana densidad a medida que se suman datos.

Las consultoras promedian un incremento del 7% de inflación para abril. La más  alta en 14 años y una variación anual del 40%.

De nada sirve hacer cálculos de meta inflacionaria descontando el impacto de la quita de subsidios y reajustes tarifarios. Esta manera de medir sólo  tranquiliza a los funcionarios.

A la hora de las preocupaciones de la gente, el alza del costo de vida va arriba cómodo. Desplazando  a un segundo lugar el tema de los despidos y al tercero la inseguridad.

En este contexto entramos en una semana clave en la que el kirchnerismo pretende aprobar sin modificaciones la ley que prohíbe los despidos y obliga a una doble indemnización, y el oficialismo intenta introducir cambios para dilatar el tratamiento y evitar el anunciado veto presidencial.

Una pulseada en la que todas las partes ponen a prueba sus estrategias políticas.

Los líderes sindicales pegaron el faltazo al debate. Prefieren aplicar dureza en otros ámbitos y habilitar negociaciones en espacios más íntimos. Tiene mucho para perder si bajan la persiana y no precisamente son puestos de trabajo.

Para el inefable Sergio Massa las cosas se complicaron.

Antes que nada tiene que alinear la tropa propia. Las diferencias escalaron en los medios.

Metido en el brete de tener que optar entre acompañar al oficialismo o votar con los K, le llegó el tiempo de elegir  entre la misa o la procesión.

Esto complica sus planes de liderar el paso del PJ hacia un futuro mejor. No está fácil para nadie.

En Cambiemos se trabaja en silencio.

Buscan incluir algunas modificaciones que permitan aliviar el peso de la ley  que bajó del Senado y ganar tiempo.

Admiten que la generación de empleo está parada pero dicen que “no hay un incendio”. Estas conclusiones las sacan de las estadísticas del ANSES y de la AFIP.

Obviamente no se contempla en este análisis el “vía crucis”  de los trabajadores informales y en negro.

Los doscientos despedidos de la ANSES en los últimos días no ayudan al argumento de los legisladores oficialistas que están batallando en silencio para evitarle Macri  el anunciado veto presidencial.

“Los vetos no se comentan, se ejecutan” murmuran fatigados los que  pretenden retomar los modales tradicionales de la política y desde adentro señalan los errores del equipo gubernamental.

“El problema no está en las grandes empresas” aseguran.

Llegado el caso ofrecen retiros voluntarios más que generosos a la hora de tener que desprenderse de personal.

El verdadero problema lo van a tener la PYME que son las que sostienen todo cuando las papas queman.

Lilita, más descreída que nunca de las buenas intenciones, asegura que todos apuestan a limar a Macri para poder seguir gozando de los beneficios de la impunidad.

Algo de razón parece tener.

Tanto el núcleo duro K como los sectores de izquierda argumentan que el tema a discutir no es “la doble indemnización” sino la política económica del gobierno que, según estos sectores, apunta a bajarle el precio a los trabajadores para aumentar la rentabilidad de los sectores concentrados.

A la hora de defender la ley anti-despidos la contradicción es flagrante.

Basta recordar los argumentos de Cristina Kirchner cuando rechazaba en 2010 una ley  como la que ahora se pretende imponer.

La gente del común sigue atrapada en el trasiego de las disputas dirigenciales.

Todos saben que la doble indemnización y la prohibición de despidos no resuelve nada pero al menos calma los nervios y salva la ropa de la opo amiga.

Lejos de desarticular el relato K, las pornográficas imágenes que arroja el paso por la justicia de la corrupción política crispa los ánimos y solivianta a los fundamentalistas.

De eso no se habla porque cuesta admitir públicamente que no son pocos los que justifican con fervor el saqueo de los recursos del Estado en orden a acopiar recursos económicos para un eventual regreso.

La grieta está a full.

La expresión “capturar la renta” a la que se echaba mano con encendida frecuencia para justificar las retenciones móviles en 2008 bien podría aplicarse a la hora de comprender las expoliación de los dineros de todos vía sobreprecio de la obra pública y posterior lavado y blanqueado por las hacendosas manos de los empresarios amigos.

Todo depende del cristal con que se mire.

Si para algunos Mauricio Macri es el regreso al poder de la oligarquía y solo llegó para recuperar riqueza para unos pocos, Baez bien puede ser considerado un patriota.

La realidad sigue su curso. El otoño corre destemplado.

Todo pasa muy rápido, pero las esperadas inversiones tardan en llegar.