Silvina Martínez, la abogada de Margarita Stolbizer, sumará elementos en las próximas horas a la ruta del dinero K. Aportará a la causa datos para que se investiguen al menos dos propiedades en Tierra del Fuego. Con un boleto de compraventa a nombre de Alfredo Benjamín Zárate, un hombre sin recursos propios, y un contradocumento en el que se explicita que Zárate compró como apoderado de Badial S. A., una empresa del grupo Báez, o sea, él deviene el verdadero dueño de la Estancia La Violeta. Una operación que se realizó en 2012 por 800 mil dólares y no por 1.200.000, como figura en el acuerdo complementario que atribuye su titularidad a la empresa del santacruceño.

Según Margarita Stolbizer, este inmueble y otros adquiridos bajo la misma y enrevesada modalidad no fueron inscritos en el Registro de la Propiedad Inmueble, lo que hace muy difícil su rastreo y su localización.

Se sugiere que Zárate, quien no cuenta con capacidad tributaria alguna —se registró como autónomo en 2008 y actualmente está dado de baja por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)—, es el testaferro de Báez en la isla del fin del mundo. Piden que se profundice la investigación.

Si la presentación hecha por los abogados de Leandro, el menor de los Báez, recusando al juez Sebastián Casanello y pidiendo que se investigue a Cristina Fernández, significa un cambio en la estrategia de la defensa de Báez padre, se sabrá en las próximas horas.

Hay quienes aseguran que el ahora detenido empresario K aportará datos sobre el reparto de la obra pública que permitirán conocer los detalles del sistema o el modus operandi con el que consolidó el descomunal patrimonio que actualmente se disputan los legítimos acreedores de Austral Construcciones y otras empresas del grupo, la ex esposa y el juez que lo tiene embargado.

Si aportará a la Sala II de la Cámara la carta en la que la ex Presidente le pide que involucre a Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri, con lo que se meterían de lleno los K en la causa, para iniciar un juego propio, también está por verse.

Esta posibilidad parece haber generado un creciente desasosiego en el sur. Dicen los que saben que quien no la pasó nada bien en la noche del sábado fue el abogado de Leandro Báez, Santiago Viola, quien recibió advertencias y reconvenciones k, y el pedido de retirar la recusación de Casanello, ahora en manos de la Sala II de la Cámara Federal.

Los desvelos alcanzaron también a CFK, quien en la tarde del domingo se despachó en su cuenta de Twitter, abordando el espinoso tema de sus supuestos encuentros con el juez Casanello, hechos que, por supuesto, desmintió.

Norma Calismonte, la hasta hace poco legítima señora de Báez, recurrió presurosa a acogerse en los beneficios del divorcio exprés que le permitirá salir de la escena incendiaria que acorrala a su familia y probablemente poner bajo resguardo la parte ganancial de la millonada en bienes registrados que no cayeron todavía bajo el embargo judicial. Los hijos, agradecidos.

Si el amor terminó o la familia está más unida que nunca en sus objetivos, es también a esta hora una cuestión que espera respuesta.

Mientras el fiscal Guillermo Marijuán llega al lejano sur dispuesto a encabezar nuevos allanamientos con un listado de setenta propiedades detectadas, aquí, en Buenos Aires, una movida en las redes junta firmas para pedir a la Justicia que recupere lo saqueado.

Con la consigna “El dinero es nuestro”, se solicita a los jueces Casanello, Claudio Bonadio y Julián Ercolini la recuperación de los fondos públicos robados en los últimos años a través de actos de evidente corrupción. Entre los firmantes, Santiago Kovadloff y Marta Oyhanarte.

Mucho más limitado pero conmovedor es el pedido elevado por Margarita Stolbizer. En un escrito, la legisladora y su letrada solicitan al juez Casanello que provea al hospital de la pequeña localidad de Los Antiguos de una ambulancia utilizando parte del producto del decomiso de los bienes de Báez y sus empresas. Según queda documentado en el escrito, cuando Austral Construcciones inició, en 2010, la obra de la ruta provincial 41, tramo Los Antiguos, “tomó prestada” la única ambulancia al pueblo, de sólo 4 mil habitantes, para cumplir con el pliego licitatorio que obligaba a disponer de una en el obrador, con lo que dejó a esa localidad sin medio de transporte en la emergencia y obligó a hacer todos los traslados y las derivaciones a Las Heras, distante a 260 km, en autos particulares. La penuria se prolongó durante meses hasta que la ambulancia fue devuelta, en pésimo estado, tras ser arrastrada por vehículos de la empresa constructora.

La obra en cuestión, cuyo valor llegó a los 300 millones, figura en la lista de las que quedaron inconclusas. Con cifras de pobreza que superan el 33% y tanta vulnerabilidad social a la intemperie, repugna ver pasar la plata multiprocesada en las cocinas del dinero fácil y la corrupción.

En la escaldada piel social de los argentinos las revelaciones generaron escozor. El nombre propio del recién estrenado presidente en la nómina de una offshore parida en la megausina de Mossack Fonseca no pegó bien.

En el país de las “casualidades permanentes”, Carlos Menem dixit, que la familia Macri haya recurrido al mismo bufete que los principales actores de la denominada “ruta del dinero k” para activar empresas offshore suena cuanto menos poco elegante.

Si es Macri padre quien “ocasionalmente” puso a su primogénito en tan incómoda situación, a llorar al psicoanalista. En el plano institucional, la estampida no se hizo esperar.

Acorralados por las investigaciones periodísticas que los vinculan una y otra vez a maniobras financieras en paraísos fiscales, los trolls que tuvieron días de gloria e hiperactividad.

Superado por los acontecimientos, la reacción del Gobierno pecó en lo inmediato de flojedad e insuficiencia. No es que las empresas offshore sean en sí misma ilegales, pero no puede decirse que tengan precisamente buena prensa. No hace falta ser un entendido en enjuagues transnacionales para comprender que buena parte de ellas sirven cuanto menos para ocultar y evadir.

Esa inexorable situación de sospecha amerita desde el vamos la inversión de la carga de la prueba. Hubo que esperar a que Mauricio Macri fuera imputado bajo la sospecha de “omisión maliciosa” para que se activaran los saludables mecanismos que recomiendan poner toda la papelería a disposición de la Justicia. Declaración de certeza que le dicen.

Fue un legislador del Frente para la Victoria (FPV), Darío Martínez, el que ofreció esa oportunidad al Presidente en problemas. No hacía falta llegar tan lejos.

Sobresaltados por los remezones, los jueces federales parecieron emerger de un estado de latencia. Sebastián Casanello puso quinta y en un operativo digno de Netflix clavó la foto de la semana. Lázaro Báez con casco, chaleco antibalas y esposado hacia atrás fue mucho más de lo que se podía esperar. Nadie parecía acordarse ya de Ricardo Jaime llegado el miércoles.

El ex ministro de Transporte atravesaba a esta altura de los acontecimientos un inesperado proceso “de adaptación” en el penal de Ezeiza. Estuvo solo algunas pocas horas. El empresario santacruceño y su contador Daniel Pérez Gadín llegaron a hacerle compañía.

La condición de detenido suele recordar al común de los mortales su consistencia de carne y hueso. “No hay mal que por bien no venga”. Todos, ahora padres amorosísimos, parecen preocupados por su cría. Además de bolsillo, tienen corazón.

Báez, atrincherado en una estrategia de defensa acotada a los hechos que se le imputan (lavado de activos por las evidencias del video de La Rosadita), dicen disponer, no obstante, de un plan B. No vacilará en activarlo si el curso de la Justicia arrastra a su hijo Martín, de quien asegura no saber por qué se lo involucra, a pesar de que desde sus veinte integra las empresas de su padre y dispone de probado expertise a la hora de contar billetes.

Si las causas que lo contienen se unifican y las cosas se complican, puede que, tal como lo viene anunciando, “salga a contar su verdad”. Por el momento hace uso de un saludable silencio. Tiempo al tiempo.

No ha trascendido, entretanto, si a Jaime lo desvela el pedido de procesamiento de su hija. La titularidad de una moto de agua la condena. No es la única mujer de la familia que está atrapada por las dificultades. Jaime tiene tres hijas, esposa y ex.

En cuanto a Máximo K , hijo entre los hijos, corre con ventajas. La condición de diputado lo protege con fueros. La banca que da anticuerpos y calma los nervios, los propios y los de la parentela. Que Leonardo Fariña es un hijo extramatrimonial de Néstor es sólo un “mito urbano”.

En tal caso, si es cierto lo publicado, fue un hijo de la vida, de esos que llegan ya criados, para ponerse a la par. Muerto Néstor y traicionado Lázaro, nadie parece hoy velar por su futuro.

El diligente y hasta hace poco glamoroso valijero, lleva dos años preso sin que a nadie se le escape una lágrima. Ni Karina J. llora por él. Tal vez por eso llegó este viernes a Comodoro Py, dispuesto a ponerse en traje de arrepentido y contar todo lo que hizo y sabe.  Un dress code que probablemente lo ayude a acortar su pena y apresure el camino hacia la verdad. Es audaz, temerario y demasiado joven para morir.

Continuará…